🕒 0:00 Nathaly Estefanía Farinango Delgado (100%)

Farinango. Buenos días señor presidente, gracias por concederme luz a la palabra, buenos días colegas legisladores y por supuesto a la ciudadanía ecuatoriana que mira con atención a este importante debate. Y quiero iniciar diciendo que es importante este debate porque la importancia de este proyecto radica que enfrenta problemas profundos que no pueden seguir siendo tratados de manera aislada, sino que necesitan respuestas integrales y sostenibles. He escuchado con atención a la presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Educación y mi reconocimiento a su trabajo así como a todos los integrantes de esta comisión porque este debate nace de una necesidad técnica, pero sobre todo de una realidad que viven miles de familias dentro de nuestro país. Porque las decisiones técnicas no tienen que ser concebidas como algo frío o distante cuando responden a realidades, cuando los datos muestran sobre endeudamiento, falta de educación financiera o decisiones mal informadas. En realidad se está hablando de hogares en dificultades, de oportunidades que se pierden y de futuros que se vuelven lamentablemente inciertos. Por eso hoy no discutimos legisladores sólo una ley, sino la posibilidad de formar ciudadanos capaces de tomar decisiones responsables y construir un mejor futuro para sí mismos y para el país. La educación financiera tiene el potencial de convertirse en una herramienta de equidad y de inclusión. Es un mecanismo importantísimo para reducir brechas, prevenir el sobreendeudamiento, fomentar el ahorro y promover una cultura de planificación que impacte directamente en la calidad de vida de las y los ecuatorianos. Por eso este proyecto de ley orgánica de educación financiera debe ser entendido como una herramienta para construir políticas públicas integrales, estructurales, con efectos a mediano y largo plazo. Quiero destacar la iniciativa de nuestro colega legislador y uno de los proponentes de esta propuesta legal, Juan José Reyes, porque también a este proyecto se sumaron otras voces, por eso también es importante mencionar que no nace de una voz única o de una visión única, sino que también contó con un amplio debate participativo recogido de instituciones públicas, organismos de control, expertos en el ámbito financiero y varios asambleístas que estamos comprometidos en fortalecer esta normativa. Y es justamente en ese marco que quiero hacer énfasis en un aspecto fundamental del trabajo legislativo, la importancia de las observaciones y los aportes de nosotros como asambleístas, porque entendemos que legislar no es sólo aprobar normas, es construirlas colectivamente, es revisar, es cuestionar, es mejorar y perfeccionar cada uno de los artículos de las propuestas de ley que se traigan a este pleno de la Asamblea Nacional. Argumentar nuestros votos, tanto sean a favor o en contra, las dos posturas son válidas siempre y cuando estén debidamente sustentadas. Y en mi calidad de asambleista he presentado observaciones concretas a este proyecto, con el objetivo de fortalecer su alcance, mejorar su técnica legislativa, armonizar con otras normas y asegurar su aplicabilidad real. Me honra y agradezco que estas observaciones no sólo hayan sido escuchadas, sino también acogidas por las y los asambleístas integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales. Y en particular quiero destacar la incorporación de aportes en la segunda disposición reformatoria, lo que evidencia que cuando el debate es técnico, cuando las propuestas son responsables y existe la apertura institucional, se pueden lograr consensos que enriquecen el trabajo legislativo y las leyes que se aprueban en este pleno. En este sentido, he propuesto puntualmente que con el objetivo de fortalecer el marco normativo de este proyecto de ley, se incorpore de manera expresa a la inclusión financiera como una política pública prioritaria. La reforma al artículo 18 del Código Orgánico Monetario y Financiero no sólo orienta a la autoridad a fomentar el acceso a servicios financieros, sino que también reconoce que este objetivo no puede alcanzarse de manera aislada. Por ello establece una necesaria coordinación entre el sector público, el sector privado y de manera muy relevante, también con los entes rectores de la educación del país. Esto permitirá sentar las bases para una verdadera cultura financiera en el país, a través de programas de educación no formal, que doten a la ciudadanía de herramientas prácticas para la toma de decisiones responsables. Así también, colegas legisladores, he propuesto la incorporación del artículo 152.3 del Comip, que representa un avance sustancial al reconocer a la inclusión y educación financiera como un instrumento clave para mejorar la calidad de vida de las personas. No se trata únicamente de ampliar el acceso, debe existir un acceso real, debe garantizarse que este acceso sea de manera adecuada, responsable y sostenible, evitando el sobreendeudamiento y promoviendo una relación sana con el sistema financiero, al establecer que la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria incorpore estos lineamientos dentro de una política nacional. Estamos asegurando una visión integral, articulada y a largo plazo, que permita impulsar iniciativas tanto públicas como privadas, como una estrategia clara y concreta en materia de educación financiera para las y los ecuatorianos. Este proyecto de ley se encuentra en segundo debate, es una muestra que el trabajo legislativo serio sí da resultados. Es la prueba de que esta Asamblea Nacional, cuando actúa con compromiso, puede responder a las necesidades del país con normas sólidas, claras y precisas. Colegas legisladores, la educación financiera debe empezar en las aulas, por supuesto, pero no puede quedarse ahí. Debe llegar a los jóvenes, a los emprendedores, a las familias, a los sectores rurales del país, a los emprendedores, quienes históricamente han sido excluidos. Este proyecto de ley precisamente tiene esta visión integral, pero más allá del contenido, existen decisiones financieras que pueden convertirse en problemas para familias enteras, por ejemplo, el sobreendeudamiento, las estafas, el uso irresponsable de crédito o incluso la falta de cultura de ahorro, que no pueden entenderse como hechos aislados. En gran medida son consecuencia de la ausencia estructural de educación financiera en nuestra sociedad. Frente a esta realidad, el Estado debe promover la educación y este proyecto de ley orgánica de educación financiera tiene un valor fundamental. No reacciona al problema, lo previene. Es una ley que apuesta por la formación, por la información, por la capacidad de que cada ciudadano pueda tomar decisiones responsables a lo largo de su vida. Debemos entender que la educación financiera no se trata sólo de números, se trata de decisiones de vida. Es la diferencia entre caer en prácticas ilegales como el chulco o acceder a un crédito formal. Es saber diferenciar cuando una página web ofrece créditos falsos y otros productos financieros fuera del reconocimiento formal de las instituciones de control. Jugando con nuestras necesidades, jugando con nuestras ilusiones para convertirse luego en delitos como estafa, en lágrimas y sufrimiento de quienes han sido objeto de estas actividades ilegales. Compañeras y compañeros legisladores, nuestro país ya ha vivido momentos profundamente dolorosos que evidencian la falta y la importancia sobre todo de este tema. Hemos atravesado tormentas financieras que no sólo afectaron cifras sino que destruyeron la vida de miles de familias del país. Este proyecto nace para que eso no se repita, para que nunca más la falta de conocimiento financiero deje a nuestros ciudadanos en indefensión, sin saber cómo acceder a un producto financiero, cómo reclamar sus derechos o cómo exigir condiciones justas. Porque el reconocimiento también es protección y hoy conocemos la responsabilidad y hoy tenemos la responsabilidad sobre todo de garantizarlo. Un país con ciudadanos financieramente educados es un país más fuerte, es un país con mayor ahorro, con mejor acceso al crédito, con mayor inversión y con mejores condiciones para el crecimiento económico. Porque no hay desarrollo sostenible sin educación financiera y hoy apostamos esa educación financiera para nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, para las familias del país, para los sectores rurales. Por eso nuevamente me ratifico en el apoyo a este proyecto de ley y en el apoyo a los asambleístas de la Comisión Especializada Permanente de Educación que han tramitado este importante proyecto. Muchísimas gracias, señor presidente.