🕒 0:03 Arisdely Paola Parrales Yagual (75%)

Muchas gracias, Presidenta. Buenos días con todos, asambleístas, también al pueblo ecuatoriano que hoy nos ve a través de las diferentes redes de la Asamblea Nacional. Una vez más, se intenta convertir el pleno o una sesión del pleno de la Asamblea Nacional en otra función más del teatro del absurdo. Teatro que ya hemos visto repetidas veces dentro de este periodo. Por eso hoy quiero hablar de hechos, porque los hechos no mienten, aunque los informes de comisión muchas veces las distorsionen. Cuando el alcalde Pavel Muñoz asumió la alcaldía de Quito en mayo del 2023, lo que encontró en los patios de la empresa de pasajeros era una catástrofe silenciosa. Unidades con 26 a 30 años de antigüedad, con fiabilidad del sistema de trolebus de apenas el 45%, es decir, más de dos tercios de la flota fuera de servicio o con fallas. Una disponibilidad del 28% y del sistema Volvo V10, con fiabilidad del 24-79%. Eso, asambleístas, se traducen en quiteños y quiteñas que perdieron productividad, que llegaron tarde a sus trabajos, a la universidad, a las escuelas, porque el sistema simplemente colapsaba. El 51% de los desplazamientos en el distrito metropolitano de Quito dependen del transporte público. Por eso, el haber hecho una gestión para modernizar y resolver este problema no responde a un capricho administrativo, sino a la necesidad de prevenir el colapso de la movilidad en la capital. La pregunta que hoy debemos hacernos es, ¿qué hubiera pasado si no se actuaba? La flota completa de que hoy, de los trolebuces que existen, que operan, han recorrido alrededor de 3.5 millones de kilómetros y han servido a casi 32 millones de viajes. El sistema moviliza 380 mil viajes cada día, casi 10 millones de veces al mes. Y no solo eso, cada bus articulado tiene una capacidad de 160 pasajeros con espacios de sillas de ruedas, cámaras de seguridad, señalética inclusiva, con enfoque de género, botón de pánico, porque, señores, la movilidad en Quito también es segura para las mujeres de esta ciudad. Entonces, podemos decir que la renovación del transporte en Quito ha sido un fracaso cuando ha sido reconocido a nivel internacional siendo el proyecto finalista del Premio Global de Adquisiciones de la ONU en septiembre de 2025. Y ha tenido el reconocimiento en el Foro Internacional de Transporte Rápido de la UITP en Curitiba. Por eso, vamos a ir en este momento al fondo del informe. La adquisición se realizó mediante acuerdo con UNOPS de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, una agencia con presencia en 120 países. El mismo, el mecanismo tiene base constitucional expresa en los artículos 416, 419 y 425 de nuestra Constitución y está habilitado por el artículo 3 de la propia Ley de Contratación Pública. Es decir, no es una figura nueva, no es una trampa, como aquí asambleístas lo han querido decir, sino, y es el mismo mecanismo utilizado por el Estado durante este gobierno. Utilizado por el IES y utilizado por el Ministerio de Salud Pública, donde adquirieron ambulancias a través de UNOPS. Y en ese caso, la Contraloría General del Estado no formuló observaciones equivalentes. Entonces, la pregunta en este momento es, ¿por qué el mismo mecanismo es bueno para las ambulancias y es un escándalo para los troll buses en Quito? ¿Cuál es la diferencia? ¿Será acaso el color político del alcalde que las adquirió? Pero, llegamos al absurdo que la Contraloría y el CERCOP consideran a los troles como bienes normalizados. Es decir, como si fueran mesas, si fueran llantas, computadoras, sillas, así como ustedes lo escuchan, como bienes normalizados. Que se los puede encontrar en el catálogo electrónico del CERCOP, pero que, obviamente, por la complejidad y por las especificaciones técnicas de la movilidad en Quito, no se los puede encontrar ahí. La licitación internacional ITB 2024 5068 se difundió a más de 320 empresas, embajadas y cámaras de comercio y se publicó en el sistema United Nations Global Marketplace de Naciones Unidas y también en diarios nacionales. Aquí hablan de opacidad, hablan de falta de transparencia y los números y los hechos les dicen absolutamente lo contrario. Y aquí viene el punto que más me preocupa de este debate. La manipulación del alcance del examen especial de Contraloría. La Contraloría determinó un perjuicio de 2.552.307 dólares con 83 centavos por costos de implementación e indirectos de la UNOPS. Eso es lo que dijo. Pero este informe parlamentario va más lejos y habla de indicios de sobrecostos en el precio de los trolebuces. Lo infirió la Comisión a través de una comparación metodológicamente inválida. Confrontaron una oferta comercial de Yutong de abril de 2025 con fechas distintas, condiciones de entrega distintas, mientras que la oferta ganadora, producto de este debate el día de hoy, incluye transporte hasta destino, seguros y gestión aduanera. Comparar estas dos cifras como si fueran equivalentes es como comparar la compra de un departamento sin acabados con uno llave en mano y decir que hay sobreprecio. En ese sentido, cuando acudió la representante de la Contraloría a nuestra comisión, le consulté si el proceso de control determinó sobreprecio. Y la respuesta fue clara. Dijeron que no. Que lo que se observaba era el mecanismo de adquisición. Entonces aquí hay que ser muy directos con lo que está pasando. Estamos a meses de elecciones seccionales de noviembre de 2026. Y lo que observamos es un patrón sistemático de uso del control institucional como arma política contra alcaldes que no responden al poder central. El alcalde de Guayaquil, Aquildes Álvarez, con los casos AAA y goleada, recluido sin sentencia en la cárcel del encuentro, donde se le han negado todos los recursos para defenderse en libertad. El alcalde de Cuenca, que mantiene los niveles más altos de popularidad, suspendido para la contienda electoral. Se fiscaliza y se investiga a quien políticamente conviene desgastar hasta noviembre del 2026. No se fiscaliza para encontrar la verdad. Se fiscaliza para fabricar titulares. Y hoy, asambleístas y pueblo ecuatoriano, Quito tiene una nueva línea de metro en operación. Tiene 60 buses completamente eléctricos. Tiene repotenciadas 82 de las 84 paradas del sistema. Tiene 9 kilómetros de carril exclusivos rehabilitados. Tiene un nuevo sistema integrado de recaudo. El sistema ha representado alrededor de 2 millones de dólares por la no utilización de diésel como combustible. Y además, la operación de esta flota evita la emisión de 8.700 toneladas de carbono por año. Es decir, equivale a haber plantado 40.000 árboles o haber retirado 11.000 vehículos del tráfico. Eso, asambleístas y pueblo ecuatoriano, se llama gestión. Eso se llama gobernar para la gente. Gracias, Presidenta.