Gracias, presidente. Saludo a los colegas asambleístas, a los ciudadanos que siguen presencialmente o por los medios virtuales este debate. Yo quiero iniciar mi intervención expresando mi solidaridad con las personas que han sido víctimas de la delincuencia, con quienes han perdido un ser querido, con quienes resisten mientras la inseguridad, las vacunas y el abandono del Estado siguen pasando dolorosas, sin ciertos casos, irremediables facturas. La política de austeridad de este gobierno y la sujeción a las recetas del Fondo Monetario Internacional constituyen un cóctel profundamente regresivo para la calidad de vida de las personas, más aún en un contexto de crisis sistémica. El Ecuador que hoy debate este paquete de reformas al Código Orgánico, Monetario y Financiero es un país golpeado por el bajo crecimiento económico, la pobreza extrema, la inseguridad y el abandono estatal. En definitiva, el Ecuador que debate estas reformas es el mismo que resiste el legado de sangre, hambre y miedo del neoliberalismo del gobierno de turno. Como todos conocemos, el Código Orgánico, Monetario y Financiero se compone de tres libros. Libro 1, Código Orgánico, Monetario y Financiero. Libro 2, Ley de Mercado de Valores. Y el libro 3, o Ley General de Seguros. Y el proyecto de ley que hoy debatimos contiene 10 reformas al libro 1 y 12 reformas al libro 2 del Código Orgánico, Monetario y Financiero. Por eso quiero referirme principalmente a tres elementos de importancia para este debate. El primer elemento, sobre el trámite del paquete de reformas, el principio de publicidad y deliberación democrática. Colegas asambleístas, los que revisaron el informe pudieron notar que los cuatro proyectos de ley unificados proponen reformas únicamente al libro 1, es decir, al Código Orgánico, Monetario y Financiero. Ningún proyecto de ley abocado por la Comisión y considerado en el informe plantea reformas al libro 2, es decir, a la Ley del Mercado de Valores. En consecuencia, la incorporación de reformas al libro 2 rompe la trazabilidad en el procedimiento de creación de la ley y vulnera el principio de publicidad, el principio de unidad de materia y el principio de deliberación democrática. Principios mediante los cuales la Corte Constitucional ha declarado inconstitucionales algunas leyes, entre ellas, la Ley Orgánica de Integridad Pública. Por estas razones, en un ejercicio de responsabilidad legislativa, debería retirarse de este informe el artículo 2, que contiene reformas al libro 2 que carecen de iniciativa legislativa. El segundo elemento, sobre las reformas al libro 1 del Código Orgánico, Monetario y Financiero, todos hemos sido víctimas, en algún momento, de esas zonas grises del sistema financiero. Por eso, toda regulación encaminada a proteger a los usuarios, que son la parte más débil de esta relación jurídica, debe ser analizada e impulsada, que quede claro. Evitar el anatocismo es un paso importante. Establecer reglas claras para el cálculo de intereses y prohibir el cobro de interés de mora cuando se cancelan pagos mínimos, también constituye un avance. Sin embargo, lamento que junto a estas reformas positivas, se incorporen disposiciones que debilitan, por ejemplo, a la Corporación Financiera Nacional, y a la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias. En la práctica, esto puede traducirse en menos irrigación de recursos desde la banca pública de segundo piso. Y el problema de fondo es que se elimina la regla que obligaba a transferir activos, pasivos, patrimonio y otras obligaciones no liquidadas a un fideicomiso administrado por estas instituciones financieras públicas. Y el tercer elemento sobre el cual quiero referirme, son las reformas al libro 2 del Código Orgánico, Monetario y Financiero. Por otro lado, me permito reiterar que por respeto al principio de unidad de materia, al de publicidad y de liberación democrática, todo este grupo de reformas al libro 2 debería ser eliminado de este informe. Dicho esto, quiero expresar dos preocupaciones sobre estas reformas, que podrían presentar incluso vicios de inconstitucionalidad por la forma. La primera preocupación, que es de fondo. Si revisamos los acuerdos suscritos por el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, las reformas al mercado de valores aparecen ya dentro de la ruta de los compromisos que tiene el país con el FMI. Y esta ruta tiene dos movimientos claros. Por un lado, flexibilizar el mercado de valores y por el otro, abrir condiciones para que el sector público participe en ese campo. La flexibilización se produce cuando se redefine el alcance al mercado extrabursátil, es decir, un mercado que opera fuera del mercado bursátil tradicional. Y el segundo objetivo se concreta cuando se viabilizan condiciones para que el Estado y sus instituciones realicen operaciones en el mercado extrabursátil. Hasta ahora las operaciones de títulos valores del Estado, por ejemplo, los bonos se realizan entre instituciones públicas de manera directa o de forma indirecta, pero dentro del mercado bursátil. Ahora, con esta reforma, estas operaciones podrían trasladarse al mercado extrabursátil mediante plataformas de negociación. En definitiva, con esta reforma, las operaciones de los títulos valores de instituciones del Estado se realizan en el mercado extrabursátil, lo cual eleva riesgos, entre otras razones, porque subsume o traslada estos títulos a las leyes, y ojo, no del mercado bursátil, sino extrabursátil. Y la segunda preocupación, todavía más delicada, este paquete de reformas podría abrir la puerta a eventuales conflictos de interés. Por un lado, se flexibiliza el mercado bursátil para dar paso a operaciones en el mercado extrabursátil, y por otro lado, consta en el listado de administradoras de fondos y fideicomisos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Fideval S.A., administradora de fondos y fideicomisos, vinculada como representante legal del Fondo Colectivo de Inversión Inmobiliaria, NOVIS. Y a quien pertenece NOVIS, como se dijo alguna vez en este Pleno, habrá que investigar. Pero cuidado y un paquete de reformas que se presenta como beneficioso para los usuarios del sistema financiero, se esconda un lucrativo y escandaloso conflicto de intereses y negociados. Colegas asambleístas, el país nos pide leyes para la gente, no para los grupos económicos, no para el Fondo Monetario Internacional, no para la familia presidencial. El país nos exige responsabilidad y es hora de diferenciar la gestión pública de los negociados, las obras reales de los TikToks, las acciones concretas de las promesas vacías. Y aunque desde el gobierno repitan que algo maravilloso está ocurriendo, recordemos una cosa, el país no cambia bajando el precio de la biela. Gracias.