la asambleísta Johnny Lavallén. Muchas gracias, señorita presidenta, compañeros asambleístas, medios legislativos, ciudadanía, en especial a mis hermanos migrantes a quienes represento. Hoy quiero agradecer a este pleno en especial a mis colegas asambleístas, no solamente de nuestra bancada, sino de todas las bancadas que representamos a los migrantes en el exterior. Muchas gracias por recibir a nuestros hermanos migrantes y condecorarlos en esta asamblea. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por permitirnos estar aquí, en este espacio que representa la voz del pueblo. En un momento donde el país no necesita discursos, necesita decisiones, y hoy una de esas decisiones tiene nombre y apellido que se llama seguridad. El Ecuador atraviesa uno de los momentos más complejos de la historia reciente. La violencia dejó de ser una estadística lejana y se convirtió en una realidad cotidiana que se siente en los barrios, en las comunidades y en los hogares. Cuando la inseguridad se normaliza, el Estado pierde presencia en la vida cotidiana de la gente. En ese escenario, reaccionar después del daño ya no es suficiente. La obligación del Estado es anticiparse, prevenir y recuperar el control. Asimismo, es como actúa el Ecuador distinto. Por eso, hoy, hablar del tratado sobre comercio de armas, no partimos de una teoría ni de una agenda internacional abstracta. Partimos de un trabajo incansable que realiza el gobierno del presidente Daniel Novoa. Porque el Estado retome el control sobre aquello que alimenta la violencia, como lo ha señalado Antonio Gutiérrez, actual secretario general de las Naciones Unidas. En el siglo XXI, la paz y la seguridad dependen de la cooperación internacional, esa cooperación que se vuelve indispensable cuando falla el control, cuando no hay reglas claras ni rendición de cuentas y la impunidad termina favoreciendo a la violencia. Ahí es donde el crimen organizado se fortalece cuando las armas circulan sin registro, se desvían sin trazabilidad y terminan sembrando miedo en nuestros barrios y en nuestras familias. Frente a esta realidad, el Tratado sobre el Comercio de Armas no es un gesto simbólico, es una propuesta concreta del Estado, basada en una idea simple pero poderosa. Las armas no pueden seguir circulando sin control ni responsabilidad. Por eso establece reglas claras para enfrentar una de las mayores debilidades que hoy se aprovecha del crimen organizado, la falta de trazabilidad. Hablamos de registros, de información que se conserva en el tiempo, de saber dónde viene un arma, por dónde circula y en manos de quién termina. Porque cuando el Estado tiene esa información, el desvío deja de ser el mercado ilegal pierde terreno pero el tratado va más allá del registro introduce algo fundamental que es la prevención. Antes de autorizar una transferencia de armas, el Estado debe evaluar riesgo, riesgo de desvío, riesgo de uso indebido, riesgo de esas armas que terminan alimentando la violencia o el crimen organizado. Eso es actuar compañeros legisladores, es actuar con responsabilidad, es adherirse a un tratado que nos permitirá gobernar con anticipación, no con reacción. Aquí no estamos hablando de desarmar al Estado ni de alimentar su capacidad de defensa, estamos hablando de cerrar los espacios por donde hoy se cuelan las armas ilegales, controlar los corretajes y el tránsito y el transbordo y de asumir que la seguridad se construye con reglas claras y decisiones firmes. Además, este tratado convierte la cooperación internacional en una herramienta efectiva, no en un saludo protocolario, intercambio de información, asistencia técnica, coordinación real entre Estados frente a un problema que no reconoce fronteras. Este tratado ha sido revisado por la Corte Constitucional del Ecuador y cuenta con el pronunciamiento claros y obligatorios en ese marco. La Corte determinó, primero, que el tratado requiere aprobación de esta Asamblea. Segundo, que es plenamente compatible con la Constitución de la República. De manera expresa, la Corte señaló que este tratado no implica cesión de soberanía, no crea instancias supranacionales, no afecta la legitimidad de defensa del Estado, no condiciona la actuación de nuestras Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Tampoco compromete la política económica del país, ni genera obligaciones financieras que pongan en riesgo los recursos del Estado. Es decir, compañeros, compañeras asambleístas, aquí no hay ningún salto al vacío y frente a un pronunciamiento claro y vinculante esta Asamblea actúa conforme al marco constitucional con responsabilidad institucional. Compañeros y compañeras asambleístas, esto no es un debate ideológico ni una discusión lejana a la realidad del país. Es una decisión de Estado que tiene efectos concretos en la realidad, en el control y en la capacidad del Ecuador para enfrentar amenazas que nos golpean todos los días. La violencia y el crimen organizado no se combaten con improvisación ni con respuestas aisladas, se combaten cerrando vacíos y fortaleciendo el control y actuando con anticipación. Este tratado forma parte de un esfuerzo multilateral impulsado en el marco de las Naciones Unidas para enfrentar de manera coordinada este problema que no conoce fronteras. Hoy esta asamblea tiene la oportunidad de dar un paso responsable y necesario, permitir que el Ecuador se adhiera a un instrumento internacional que fortalece el control, la previsión, la cooperación frente a la violencia. Por esas razones, pensando en el interés nacional, mi voto será afirmativo, colegas asambleístas. Y esto lo menciono también desde el lugar que represento, desde la voz de quienes están fuera del país, pero nunca dejan de pensar en él. Colegas asambleístas, señora Presidenta, cuando un migrante habla, todo un país avanza. Muchas gracias.