Sesión No. 138-AN-2025-2029 del pleno de la Asamblea Nacional

Asamblea en Pleno. Bienvenidas, bienvenidos.

Ataque a la reincidencia también, los grupos de delincuencia organizada tienen esto de la pertenencia funcional, hacen distintas cosas dentro del crimen organizado, unas veces secuestran, otras veces vacunan, otras veces matan, otras veces trafican y cuando se les juzga, se les juzga como delitos individuales.

Sí, ahora lo que vamos a hacer es justamente que cuando cometan delitos distintos a los que ya fueron juzgados, sean juzgados con reincidencia también. Es decir, además de los agravantes que se les pone en el incremento de penas que hemos puesto, se les ponga como agravante la reincidencia. Así es que nosotros estamos trabajando fuertemente para golpear en los delitos y, por supuesto, en la economía criminal.

Ellos no son proporcionales con el ataque a la ciudadanía. Los grupos de delincuencia organizada no tienen problema en matar, en violar, en quebrar locales, en desmembrar gente. Así es que nosotros no tenemos por qué cuidar las formas. Y adicionalmente aquí lo que estamos haciendo es poniendo un agravante. Antes la pertenencia a las bandas del crimen organizado no era delito. Ahora lo es como delito autónomo, pero al mismo tiempo se incrementará la pena cuando se cometa cualquiera de los delitos que ya están tipificados dentro de los del crimen organizado con una extensión adicional por pertenecer a las bandas.

Así es que aguanten nomás.

Bueno, ya en el segundo debate están las cosas prácticamente echadas, salvo que algo salga sobre la marcha que sea trascendente, eventualmente podría volver ocho días a la comisión, pero no es una opción ahora. El Ecuador necesita una ley antimafia, necesitamos comenzar a trabajar, necesitamos entregarle a los jueces los suficientes argumentos para que sancionen a los criminales. Así es que nosotros no vamos a esperar más, de nuestra parte está levantado todo.

Gracias por la invitación.

Señor secretario, por favor informe si se han presentado solicitudes de modificación del orden del día.

Demos inicio con el primer punto, por favor.

Señor secretario, siguiente punto del orden del día.

Debate del proyecto de ley antimafia El informe íntegro remitido será parte del acta de la presente sesión

Gracias, señor secretario. Se abre el debate.

Buenos días, señora presidenta, compañeros legisladores. Un saludo afectuoso al pueblo ecuatoriano que sigue esta sesión. Las mafias no son invencibles. Tuvieron un comienzo y tendrán un final. Esa fue una de las frases más representativas del juez italiano Giovanni Falcone, un magistrado reconocido por su lucha contra el narcotráfico. Esta frase, señores legisladores y pueblo ecuatoriano, es más que un recordatorio histórico. Es el mensaje directo e imperativo y que hoy debe quedar grabado en este pleno de la Asamblea Nacional, así como en la memoria de los ecuatorianos.

El tiempo de las mafias se acabó. El tiempo de los estados cómplices se terminó. Esa era del cínico garantismo y de las falsas ideologías que canjaban seguridad por impunidad llegó a su fin. La ley antimafias, impulsada con valentía por nuestra presidenta, la asambleísta Michelle Mancheno, constituye una pieza estratégica fundamental que se ancla directamente en el plan de seguridad del gobierno de nuestro presidente, Daniel Novoa. Esta lucha es definitiva, ecuatorianos. Esta lucha que encabeza el presidente de la República en contra del crimen organizado. Y debemos entender de una sola vez que no podemos combatir a los grupos de delincuencia organizada con leyes del pasado.

A las mafias no se las contiene, compañeros de agua tibia. A las mafias se las destruye, asfixiando su financiamiento, arrebatándoles del territorio y eliminando en todos y en cada uno de sus eslabones la impunidad. La ley antimafias hoy se constituye como una ley medular para nuestro país. Le ponemos fin a la impunidad para los delincuentes de cuello blanco. Sí a los que se camuflan en organizaciones políticas, con ideologías y envían cargamentos a través de sus empresas. Se rompe el esquema tradicional de perseguir únicamente al ejecutor material e introducimos la figura de pertenencia funcional, sancionando a quien cumple una función estratégica, logística, de mando o de facilitación dentro del engranaje criminal.

Quienes integren estas estructuras con pertenencia funcional pagarán penas de 13 a 16 años de cárcel, las cuales se elevarán drásticamente de 22 a 26 años cuando la organización cometa delitos gravísimos, como sicariato o terrorismo. Que lo escuchen bien, no necesitamos que el capo o el operador lleven un fusil en la mano para meterlos presos. Si su rol hace posible que la mafia funcione, pagará hasta con 26 años de prisión. Además, rompemos los techos penales convencionales mediante la acumulación excepcional de penas. Si bien mantenemos la regla general de 40 años ante la concurrencia de tres o más delitos dolosos e independientes, cuya suma individual supere los 40 años, la pena acumulada podrá alcanzar de forma excepcional hasta los 60 años de cárcel.

Se acabaron los beneficios acumulativos para los criminales. Quienes ordenen sicariatos, financien el terrorismo y desestabilicen el país, pasarán hasta seis décadas tras las rejas. Paralelamente, aplicamos una asfixia logística total, castigando a quienes prestan bienes o reclutan para la delincuencia. Se sancionará con penas privativas de libertad de 10 a 13 años y de 13 a 16 años en presencia de gravantes. A quien facilite, conscientemente, escúchese bien, conscientemente, bienes inmuebles, vehículos o infraestructuras para la operación de grupos criminales, al tiempo que se tipifica el reclutamiento de personas.

Se acabó el negocio rentable de alquilar casas de seguridad o logística al crimen. Quien preste su infraestructura a las mafias será considerado parte de la mafia. Esta ley tampoco tolera escuderos de cuello blanco ni impunidad profesional. Se establece la inhabilitación profesional definitiva para abogados y contadores que utilicen dolosamente su profesión para acometer, facilitar o ocultar delitos de la delincuencia organizada. Si bien respetamos de forma irrestricta el derecho a la defensa y el libre ejercicio legal o contable lícito, un título universitario no volverá a ser patente de corzo para lavar dinero ni para diseñar impunidad delincuencial.

Metástasis, el caso del señor Harrison Salcedo, que nunca nos falte memoria ecuatorianos. Recuperamos del territorio y protegemos a las familias ecuatorianas. Mediante la creación de los delitos de desplazamiento interno forzado, sancionando con 7 a 10 años de prisión y confinamiento forzado, sancionando de 5 a 7 años. Las mafias no van a seguir expulsando a nuestras familias de sus barrios y encerrando a comunidades enteras. Recuperar el control territorial es recuperar la soberanía de nuestro país. Golpeamos la estructura financiera, el combustible y el dinero del crimen organizado.

Creamos un marco jurídico contra la comercialización indebida, desvío y sustracción de hidrocarburos, exigiendo la reparación integral al Estado por los subsidios y daños causados. A esto se suma la agilización de la venta anticipada de bienes incautados, bajo riesgo de deterioro o costos desproporcionados de custodia, logrando asfixiar financieramente a las estructuras y transformando estos recursos del crimen en liquidez para la seguridad pública. Fortalecemos la justicia mediante la cooperación eficaz reforzada y el vindaje a nuestros juzgadores. La cooperación eficaz exigirá información verificable para la captura de los mandos superiores o desarticular la estructura criminal, impidiendo que los líderes accedan a beneficios a menos que entreguen a jerarquías iguales o superiores, y excluyendo totalmente de este beneficio a delitos contra la vida e integridad sexual de menores.

A la par, protegemos a nuestros operadores de justicia, restringiendo la difusión de datos de ubicación de jueces y familias en situación de riesgo, y aseguramos el control procesal, imponiendo la retención y custodia inmediata de pasaportes para evitar la fuga del país. Compañeros legisladores, hoy la votación de este pleno no debe considerarse un cálculo político. Es la línea divisoria entre estar del lado del país o estar del lado de la gente que siembra la violencia criminal en las calles, o estar del lado de las mafias. Señora Presidenta, señor Presidente encargado, antes de finalizar mi intervención, quiero hacer un llamado al pueblo ecuatoriano en esta votación.

Que la ciudadanía sepa cómo hoy votarán sus representantes. La oposición del todo no, aquella o la misma que dejó infiltrar al narcotráfico con sus políticas fallidas y amigables con los narcos. Y a las mafias, hoy ha anunciado un informe de minoría. Que la gente sepa, ecuatorianos y legisladores, que este informe es la clara muestra de la demostración de su complicidad con las mafias. No quieren cárcel para los traficantes de combustibles, pregunto aquí, espíritu de cuerpo para el alcalde preso. No quieren que se sancione la pertenencia funcional, es decir, compañeros legisladores y pueblo ecuatoriano, que las estructuras criminales no caigan, que se atrape al capo, que se atrape al líder y que la organización siga intacta.

Eso es lo que hoy propone la oposición del todo no, deben responderle al país. No quieren que el Estado administre los bienes de los delincuentes para que puedan seguir operando. ¿Acaso nos queda una sola pregunta, ecuatorianos? ¿A qué intereses responden? ¿De qué lado están? ¿Del lado de la patria o del lado de la mafia? Gracias, señora presidenta. Gracias, compañeros legisladores.

Gracias, Presidente, por darme el uso de la palabra. Vivir tranquilos no debería ser un privilegio. Cuando una madre tiene que salir con sus hijos y una maleta, abandonando su casa por las amenazas del crimen organizado, no solamente es una familia que pierde esa casa, es un grupo de delincuencia organizada que se cree con el derecho de decidir quién entra y quién sale de nuestros barrios. Nuestros ecuatorianos no trabajan para financiar a los grupos de delincuencia organizada, no levantan un negocio para mantenerlo a punte vacunas y no construyen una casa para después tener que entregarle la misma a los GDOs.

Y voy a dar datos significativos. Entre el primero de enero y el tres de octubre de este año, el Ministerio del Interior incautó aproximadamente nueve mil armas de fuego, trescientas mil municiones y más de ciento cuarenta y un mil kilogramos de cocaína. Y detrás de esos resultados, detrás de estos números, detrás de estas cifras que estoy mencionando, hay policías y militares que se juegan la vida todos los días.

por nosotros.

Mientras los GDOs, mientras las mafias, siguen buscando la forma de reforzar sus estructuras, de conseguir mejor armamento, de seguir lavando su dinero y sobre todo de seguir reclutando gente para que cumplan sus órdenes. Y por eso, si la respuesta termina en sancionar o solo en determinar una pena en quien dispara, estamos dejando viva a toda la organización criminal. Y justamente es eso lo que quiere atacar la ley antimafias. Busca enfrentar al cabecilla, al campanero que alerta cuando las autoridades están por entrar a los barrios, al transportista que mueve las armas, al que recluta a la gente, es decir, toda la organización completa.

Y aquí yo quiero ser enfática, compañeros. Nosotros no podemos exigirle al bloque de seguridad que continúe jugándose la vida si es que desde esta asamblea dejamos sin respuesta todas las formas que tiene el crimen organizado para operar. Y esta lucha también tiene que llegar al dinero, al dinero de las mafias, al dinero del crimen organizado. Porque detrás de esas amenazas, detrás de ese adelantamiento, hay propiedades, hay negocios, hay empresas, hay vehículos y hay maquinaria que ellos usan para seguir moviendo todas sus ganancias de carácter ilícito.

Un claro ejemplo es el caso Blanqueo Fito, que todos aquí conocemos, seis sentenciados y dos empresas por lavar aproximadamente 17.3 millones de dólares. Se les incautó 46 bienes inmuebles y cerca de 104 bienes muebles. Pero aquí viene la parte curiosa o, digamos, la injusta. Esa sentencia se demoró en llegar porque existía la discusión de qué hacer con los bienes de estos delincuentes. Porque dos de los seis pidieron que se les devuelva algunas casas. Entonces, mientras se mantenía esta discusión, no se podía ejecutar una sentencia. Y mientras se discute, las cuentas avanzan, las cuentas no paran y esas cuentas son las que pagamos todos los ecuatorianos, todos los que estamos aquí presentes.

Y voy a dar datos y cifras. Entre octubre del 2025 y noviembre del 2026, el Estado gastó 2 millones 500 mil dólares en empresas de seguridad para cuidar los bienes de los narcotraficantes. Desde mayo de 2025 a noviembre de 2026, destinó otros 68 mil dólares en contratar empresas de seguros para asegurar los bienes de los narcotraficantes. Estamos hablando aproximadamente de 2 millones 600 mil dólares que todos nosotros pagamos por cuidar los bienes de la mafia. Y esta ley permite que esos bienes de la mafia, de los grupos de delincuencia organizada, sirvan temporalmente a la comunidad, a las organizaciones que tienen un fin social y de ser el caso que exista una venta anticipada dispuesta por un juez.

Y aquí tiene que quedar claro, incautar no convierte al Estado en dueño, pero respetar los derechos de propiedad de un presunto delincuente tampoco obliga a dejar que esos bienes se dañen o estén obsoletos mientras nosotros seguimos pagando. Y por eso vamos a usar esos bienes. La bandera de esta ley es investigar a las mafias como lo que son, organizaciones criminales que distribuyen tareas y recursos para poder mantener sus actividades ilícitas. Entonces, vamos a ver la diferencia, exponer la problemática, mencionar qué consta en la ley actual y qué propone la ley antimafia.

El primero, el campanero, el transportista de las armas, actualmente no tiene una sanción determinada. La ley antimafia propone hasta 26 años. Segundo, el reclutador de personas. Nosotros aprobamos aquí en la Asamblea Nacional hace poco la ley en contra del reclutamiento de menores. Pero, ¿qué pasa con las personas que están en situación de vulnerabilidad? La ley antimafia propone hasta 16 años para quien recluta, aprovechándose de la autoridad, de la confianza, de la dependencia. Tres, el colaborador que presta su garaje, su casa, su carro, una bodega a la mafia.

La ley antimafia actualmente no tiene una sanción determinada como organización criminal. La ley antimafia propone hasta 16 años de prisión. Cuarto, un tema bastante debatido, los abogados y los contadores que prestan su contingente intelectual para ayudar a las mafias, para ayudar a delinquir. No existe una regla específica para que ellos ya no puedan seguir trabajando. Y en la ley antimafia, a más de ir presos, tendrán inhabilitada su licencia como contador o como abogado por el tiempo que determine el juez. Quinto, el extorsionador que amenaza a una familia para que abandone su casa o le impida regresar a ella.

Tampoco existe una sanción actual. La ley antimafia propone hasta 10 años por impedirle regresar a su casa o por arrebatarle su casa. Y aquí, a la par, sexto, los extorsionadores que con esa casa que le arrebataron a nuestras familias, hacen negocio, centro de acopio, almacenan armas, también tendrán un mayor castigo por ganar dinero ilegal con esta casa arrebatada o este bien inmueble de nuestros ecuatorianos. Séptimo, un tema importantísimo, el tráfico ilegal de combustibles. ¿Consta en nuestra ley? Sí consta, cinco años. La ley antimafia propone hasta 10 años de cárcel y 13 cuando el delito se cometa en una provincia de frontera, en aguas del Ecuador o en un puerto.

Por supuesto, esta pena aumenta si ese combustible sirve para la organización criminal. Octavo, el funcionario cómplice. Lastimosamente hay funcionarios, hay servidores públicos que no sirven al país, sirven a las mafias, sirven al crimen. Y eso con la ley antimafia se les acabó. Porque ahora sí va a existir una pena de hasta cinco años cuando entreguen información, cuando avisen sobre la operación para facilitar a que cometan estos delitos. Y por último, el tema de los bienes. La casa incautada, el carro sin uso, actualmente, ¿qué sucede con la normativa que tenemos?

Pasan deteriorándose, pierden su valor y nosotros seguimos pagando tanto la seguridad como el seguro. Y la ley antimafia propone que se los pueda utilizar para ayudar a la comunidad cuando tengan un fin social o tener una venta anticipada. Y se preguntarán ¿qué va a pasar con el dinero de esa venta anticipada? Pues va a estar resguardado hasta que termine la causa o se resuelve el caso. Para construir esta propuesta, quiero decirlo aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, hemos contado con la cooperación italiana y con la experiencia de un país que combatió a las mafias.

Y estas autoridades se encuentran hoy presentes en el Pleno de la Asamblea Nacional. A la diputada Chiara Colóssimo, presidenta de la Comisión Parlamentaria Antimafia, muchísimas gracias por acercarnos la experiencia de su Parlamento a este Pleno. A Giorgio Sili, secretario nacional de la ILA por la cooperación y el intercambio con nuestras instituciones. Al embajador Giovanni Davoli por sus gestiones y su compromiso con el Ecuador y sobre todo con la seguridad del Ecuador. Al embajador Esteban Moscoso, embajador del Ecuador en Italia, gracias por impulsar esta agenda de alto nivel y también por la cooperación en estos dos países hermanos.

Al magistrado Paolo Dichuba, director del programa Itayus, por el tiempo y sus aportes técnicos a esta normativa. Y quiero reconocer a alguien que no pudo estar presente, pero también fue parte fundamental de la construcción de este proyecto y es Giovanni Melillo, procurador nacional antimafia y antiterrorismo, a quien hacemos llegar nuestro reconocimiento por toda una vida de lucha contra el crimen organizado. Y aquí decirles que en nuestra bancada, Independientes, Pachacuti, también la Revolución Ciudadana han aportado a esta ley. En la bancada, Adrián Castro, Marco Olmedo, Andrés Castillo, Grace Suárez, Cristian Benavides, Luigi, María Paula.

Gracias porque ustedes se dieron el tiempo de estudiar este proyecto y de dar los aportes necesarios para combatir al crimen organizado. Y a mis compañeros de Pachacuti, quiero decirles que sus preocupaciones fueron escuchadas. Ellos tenían la preocupación referente al combustible en lo que corresponde a pueblos y nacionalidades. Y yo decirles que este propósito, esta ley, quiere enfrentar a quienes hacen del tráfico de hidrocarburos un negocio criminal. No poner en duda las actividades de las comunidades en cuanto a la necesidad de combustible para sus tractores o para sus actividades diarias.

Alfredito Serrano, igual su sugerencia fue acogida en cuanto a que la gravedad de las penas tenga que ver con el tipo de delito, ahora se supera excepcionalmente el límite de 40 años hasta 60 años. Y también a los compañeros de la revolución ciudadana, el asambleísta Gerardo Machado sugirió distinguir el trabajo legítimo de los abogados que quieren defender a presuntos delincuentes, pues la respuesta está en el artículo 369. La compañera Viviana Veloz también pidió que se distinga lo que significa la pertenencia para que los fiscales y jueces puedan no tener ambigüedades desde el momento de aplicar la ley, también está en el artículo 369.4.

Esa misma predisposición que ustedes tuvieron en aportar a esta ley, en sumar los comentarios, tiene que ser la misma cuando tengan que votar. Que respalden las propuestas que ustedes mismos las dieron para ayudar a construir esta ley. Después del valioso trabajo de la Comisión de Seguridad liderada por nuestra compañera Inés Alarcón ha llegado el momento de asumir con responsabilidad esta decisión. Votar para que el Estado tenga una herramienta más frente a la lucha contra el crimen organizado porque quien vote en contra tendrá que responderle al país y que regresen a sus territorios y les vean a la cara a sus mandantes y les expliquen por qué votaron a favor de las mafias y no a favor de nuestro país.

Yo voto por el Ecuador yo voto en contra de las mafias y les pido a todos ustedes que aprobemos esta ley antimafias y que lo hagamos con la firmeza que el momento nos esté exigiendo. El país necesita seguridad y necesita herramientas para seguir combatiendo el crimen organizado y esto justamente para que quienes han convertido el miedo a un negocio se encuentren un estado que los persiga y no una asamblea que retroceda cuando tengamos que decidir. Muchísimas gracias.

Un abrazo cordial para todos ustedes, de verdad, qué alegría poder contar con ustedes para una ley que es tan importante y que justamente es para ustedes y por ustedes. Que tiembla la mafia es y debería de ser, en este caso, el objetivo principal de esta ley. Que no tiemblen las familias ecuatorianas, sino la mafia. Y hacia allá tenemos que ir. Felicito este proyecto de ley porque cura esos vacíos legales que teníamos. Un excelente trabajo de parte de la comisión que recibió las distintas observaciones. Y ha salido uno de los proyectos de ley, creo yo, de los mejores que tenemos este año.

Porque justamente habían delitos que no se observaban. Otros que tenían ciertos vacíos legales. Se acogieron sugerencias que muchas veces nosotros, por desconocimiento, no entendemos lo que pasa en los territorios. Pero no podemos tratar a una persona que almacena su combustible para que la guadaña, para que su motito funcione, donde no hay gasolineras, como un traficante. Pero a los traficantes sí hay que darles con todo, definitivamente. Esta ley creo que dentro de los ejes principales, y sobre todo para el conocimiento de la gente, porque vamos a hablarle, como digo yo, a los ecuatorianos, no a los políticos.

Esta ley es para los ecuatorianos. Tiene ejes principales que tienen que conocer. Habían miedos que hoy se están subsanando, bien lo dijo la señora Presidenta. Y hay muchos temas que ustedes tienen que conocer y que seguramente van en contra de la mafia y vamos a lograr ese objetivo en este, valga la redundancia, objetivo de devolverle la paz a los ecuatorianos. Para eso estamos aquí. Como primer punto, creo que el tema de hidrocarburos marca un eje referencial en el endurecimiento de agravar delitos de paralización, extracción clandestina, comercialización y transporte ilícito de combustibles.

Creo que graduarlo es importante. Y como bien decía, se aceptó una recomendación por parte, en este caso, de los independientes, de los territorios, para que las personas que no tienen gasolineras cercas y tienen su canequita no sean en este caso tratados como un traficante, sino que se respete también el derecho a poder trabajar de ellos. De esta manera, temas que en la frontera también podría ser un problema. Las estructuras criminales, creo que en las reformas del artículo 369, 369.2, 369.4. ¿Qué pasa? Vamos a diferenciar y vamos a ir contra los capos.

No solamente es necesario que en este caso quienes operan dentro de la estructura tengan pena, sino que hay que capturar a los capos. Esos capos que a veces están aquí, en la política. Esos capos que nunca se los toca y que el gobierno actualmente lo está haciendo y eso tenemos que aplaudirlo. Esos capos que hoy Estados Unidos también nos presenta y que muchas veces no conocemos. Y ahí es donde esta ley también entra a participar. Entender que es distinta a una pertenencia funcional, porque trataron de vender los cucos de que solamente por conocer a un delincuente ya podía ser procesado.

No. La pertenencia funcional define un marco operativo funcional constante. No porque conozcas o vivas en un barrio con un delincuente, vas a ser procesado penalmente. Esa diferencia es importante. Pero eso sí, si se ve, si se analiza y si se identifica que hay una pertenencia funcional operativa, claro que tiene que ser el hecho de pertenecer a una banda, porque no van a jugar pelota, ni a jugar play, ni a hacer fiestas. Pertenecer a una banda tiene un fin delictivo. Y eso tiene que ser, en este caso, procesado por parte del Estado.

Otro de los temas que me parece importantísimo, lo refirió en algún momento Alfredo, y creo que todos los que estamos en contra de la delincuencia, estamos de acuerdo con que se aumenten las penas hasta un máximo de 60 años, en temas excepcionales, no va a ser un aumento automático. Pero ¿por qué los delincuentes pueden hacer uno, dos, tres delitos, pero resulta que a los niños solo se los puede mandar presos hasta 40 años? Pero pueden reincidir, pero pueden seguir. Y eso a los ecuatorianos hoy se les soluciona con este tema, porque a los delincuentes que cometen uno, dos, tres delitos, son reincidentes y son delitos graves, hay que tratarlos como lo que son.

Tienen que irse presos más años, esta ley también pone eso sobre la mesa y soluciona este tema. La protección territorial, mis queridos amigos, hoy las extorsiones, las extorsiones y las vacunas no solamente afectan el bolsillo de los ecuatorianos, también les quita su casita, lo que con tanto esfuerzo se ha logrado construir. Pues esta ley tiene un delito puntual que me parece muy bueno porque no estaba en la ley, y es el desplazamiento interno forzado. Que nadie te quite lo que con tanto esfuerzo se ha logrado construir.

Tu casita, este proyecto de ley tiene el desplazamiento interno forzado con 7 a 10 años para estas estructuras criminales. Esas son las buenas noticias que trae. Otra de las cosas es la prescripción de delitos graves. Los aumenta, porque no puede ser que existan delincuentes cobardes que no enfrentan la justicia, que no dan la cara, se van a esconder tratando de que este tipo de delitos prescriban. Tienen que dar la cara. Y si no, pues aumenta también este tipo de prescripción. La cooperación eficaz, hemos visto mucho como delincuentes, cuando ya están presos, tratan de cooperar.

Pero tiene que existir un resultado. No puede ser que digan cualquier cosa y en base a eso se beneficien de este presupuesto. Tienen que colaborar y en base a resultados se va a medir esa colaboración. Eso también lo pone dentro de este proyecto de ley. Las medidas cautelares que no les mientan. Prisión preventiva automática no existe. Pero lo que tiene que existir es que se garantice, en este caso, el riesgo de fuga. Ya sabemos que existen muchos cobardes que no dan la cara. Ahora, este proyecto de ley tiene una especificación muy importante, que se pueda quitar en base al riesgo de fuga el pasaporte.

Entonces, con eso también vamos a garantizar que se presenten a los procesos penales. El tema de los profesionales que a muchos les daba miedo. Escuché a muchos colegas, abogados, decir que básicamente se va a criminalizar la profesión. Mentira. Ahora, si eres determinado como uso doloso con una sentencia porque estás beneficiando a una mafia y existen, no se hagan los sanos, existen abogados que se dedican a eso, existen contadores que se dedican a eso, y eso se tiene que acabar. Pero no simplemente por defender, que es un ejercicio legítimo profesional, sino por colaborar y ser identificado dentro de una sentencia por el uso doloso de la profesión.

A esos sí, en este caso, se los va a procesar, no a cualquiera, que no les mientan. Y creo que finalmente los bienes y extinción de dominio. Señores, hoy por hoy se capturan los bienes de estos delincuentes, grandes mansiones, y al final al Estado le toca cuidar, invertir y administrar esos bienes y perder dinero. Con esta ley lo que se busca es la incautación excepcional inmediata, para que estos bienes, en este caso, puedan ser vendidos, ese dinero esté en una cuenta que no se pueda tocar, pero sirva para la administración, y sobre todo estos bienes puedan servirle a los ecuatorianos, a los niños sin hogar, a estos hogares donde nuestros viejitos merecen tener atención del Estado.

Eso busca este proyecto. Repito, e inicié con esto. Que tiemble la mafia, no el pueblo ecuatoriano. Eso busca este proyecto. Nuevamente, mi felicitación por este proyecto de ley, señora Presidenta. Vamos a votar por el Ecuador. Que quien vote en contra, diga que está en contra de la mafia de frente. Que quien realmente quiere colaborar con los ecuatorianos, le dé hoy el sí al Ecuador y un no a la mafia. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias.

Y valga la pena recordarlo hoy día. Una ley que combata al crimen organizado, a la delincuencia, no puede tener votación en contra. Para mí ese es un lema desde hace muchísimos años. Esta ley es importante, sin duda alguna. Y felicito la iniciativa suya, Presidenta, y de la Comisión que ha hecho un buen trabajo en elaborar este informe. Me sorprendió sobremanera en la Comisión la amplia socialización que tuvo este proyecto de ley, que contrasta, por cierto, con la aprobación del Presupuesto General del Estado, que lo hicieron en forma express de apenas cuatro días.

Así debería ser, señora Presidenta, en la aprobación de las leyes, para que nosotros podamos hacer uso de lo que siempre hacemos uso, como partido político, la coherencia política. Siempre respaldamos los proyectos de ley que vayan en la línea de acumular y de sumar y de endurecer las penas contra la delincuencia. Tan bueno es este proyecto, por ejemplo, en el artículo 31, que si hubiera estado aprobada más antes, al juez Carlos Serrano no hubiera tenido que salir porque el sinvergüenza de Godoy le quitó la protección policial.

Hoy le damos protección a los jueces, como tiene que ser. Si este artículo hubiera estado, Godoy no hubiera podido perjudicar al juez Carlos Serrano, que hoy está fuera del país precautelando su vida. Nosotros hemos respaldado y hemos venido sosteniendo desde hace muchos años, señores legisladores, que se debe incrementar ese tope de los 40 años para la acumulación de penas. Vean ustedes, en esta misma Asamblea hemos aprobado la ley orgánica contra la trata de personas con penas de 30 a 35 años cuando hay la muerte de la víctima.

Es decir, si yo trafico a una persona, hago trata de personas, y muere la víctima 35 años. Si hay la segunda víctima, ya no sería 30 años, solamente 15. Y si hay una tercera, sería cero. Ya no hay cómo subirle la pena a esa persona que trata, a ese delincuente que hace trata de personas. En esta misma Asamblea aprobamos la ley reformatoria para la prevención y erradicación de reclutamiento o utilización de niños y niñas adolescentes, con una pena de 26 años para quien recluta a esos niños.

Y lo aprobamos, creo que fue hace 15 días. Pero recluta a un niño 26 años. Cuando recluta a un segundo niño ya no son 26 años, sino solamente son 18. Y cuando recluta al tercer niño ya es gratis. Ya no se le sube pena, ya no se lo sanciona. Hemos aprobado aquí, y claro, los reclutadores, que son las personas que tienen rango incluso en estos carteles, no reclutan uno, ni reclutan dos, sino reclutan a varios. Luego aprobamos la ley de la consulta popular, que bueno, no fue de esta Asamblea, sino de la anterior, donde se aumentó la pena hasta 30 años por temas de asesinato.

Y claro, la delincuencia organizada no mata a uno, pues. No mata a dos, mata a varios. Al primero que matan 30 años, al segundo que matan 10 años, y ya llegamos a los 40 años. Y al tercero ya es gratis. Miren ustedes, compañeros, recientemente en estos meses han capturado al famoso que le llaman alias La Muerte, un hombre que sometía a sus víctimas a total cueldad, los de... Fue en el Cantón Naranjal, aquel que desmembraba a las víctimas, les tomaba fotos y videos, y luego los enterraba.

¿Cuántos años le van a poder dar a este señor? Apenas 40 años. ¿Sí? ¿Ustedes creen que ese salvaje tiene recuperación alguna? No, no tiene. ¿Qué más sucedió en estos días? En la provincia de Los Ríos, videos decapitaciones entre las pruebas contra 13 delincuentes. Igual van a tener una pena máxima de 40 años en el mejor de los casos. ¿Sí? Porque eso es lo que permite nuestra legislación. Aquí están los famosos descuartizadores de Pozorca. Tenemos otra noticia. El famoso Erín Fernando L.H. en Quevedo, que era un venezolano, que es un venezolano, por cierto, que era otro de los que descuartizaba a las víctimas y grababa videos y fotos.

Máximo 40 años. ¿Estas personas merecen 40 años? ¿Este tipo de delincuentes merecen sanciones de 40 años? Por supuesto que no. Hemos logrado ahora que la Comisión ha recogido gran parte de nuestras observaciones y entre esto, esta, que se aumente la acumulación de penas hasta 60 años. Ahora vamos a estar al nivel de Colombia. Colombia tiene el 50% menos de crímenes que nosotros, lo que es la vida, más antes era al revés. Entonces, esta vez vamos nosotros a dar un avance, vamos a tener un avance sin duda alguna en este tema.

Tenemos 40 años de acumulación, ahora vamos a tener 60. Es positivo, sin duda alguna. Pero lamentablemente cometió un error la Comisión. Puso a partir del tercer delito. Yo le hubiera puesto a partir del segundo delito. A partir del segundo delito. Es decir, el que descuartiza, tiene derecho a descuartizar dos veces. Yo por lo menos le hubiera permitido que tenga una. Y desde ya quiero comprometer a la Presidenta de la Comisión de Justicia, nuestra asambleísta, Rosy Torres, para que corrijamos este tema. Y no sea desde el tercero, del tercer delito, sino a partir del segundo.

Que lleguen a los 60 años de acumulación de penas. Esto es positivo, pero claro que es positivo. ¿Por qué no lo podemos respaldar? No hay argumento para no respaldar porque estamos hablando del crimen organizado. Porque estamos hablando de quienes tienen con miedo a la sociedad ecuatoriana. A ellos hay que combatirlos. Esta lucha que hemos comenzado hace muchos años de querer incrementar esta pena. Es más, nuestra propuesta es eliminar el tope. Que no sean 40, ni 60, ni 80. Sino que si tú matas 10 veces, tienes que ser sancionado 10 veces.

Si tú violas 10 veces y matas a la víctima, tienes que ser sancionado 10 veces por violador y asesino. Solamente con ese tipo de penas vamos a lograr en algún momento que tengan miedo estos delincuentes en el país. ¿Por qué el pueblo ecuatoriano votó a favor de la consulta popular respecto a la extradición? Porque creen que en Estados Unidos sí los pueden asometer a penas de esta naturaleza. De manera que hay un pueblo que ya nos pronunciamos en las urnas de acuerdo en este tema. Y que hay que seguir en esta lucha.

Yo voy a continuar. Nuestra organización política va a continuar en esta lucha para combatir férreamente desde nuestras curules. No en nuestra facultad el combate en las calles, pero sí con este tipo de leyes. Y es por eso que insistiremos en la Comisión de Justicia que está tramitando las reformas al Código Orgánico y entregar al penal para que no sea a partir del tercer delito, sino a partir del segundo delito. No le podemos permitir a un violador de niñas que aparte de que la viola, incluso la termina matando, ese tiene derecho a uno más para que le den solamente 40 años.

Tendría que cometer la violación y el asesinato tres veces para que recién le den los 60 años. Yo creo que en eso, lamentablemente, se cometió un error, debió haber sido el segundo. Pero hay avances. Es cierto que en política no se puede conseguir la ley perfecta. No existe la perfección. Pero hay un avance. Y este tipo de leyes son las que realmente permiten o una asamblea decir que estamos legislando en favor del pueblo ecuatoriano que vive en este momento la tragedia del miedo. Porque es un pueblo permanentemente en los últimos años cobijado por una cortina negra llamado miedo que ya no le permite a la gente salir de las casas.

Y al menos como asamblea, al menos como asamblea, nuestra respuesta tiene que ser a través de leyes. Y esta es una ley que va en ese sentido. Me opongo a las leyes negativas, sin duda alguna, y aquí lo he hecho con discurso formalmente, como lo hice la semana pasada con el presupuesto y con la ley del cotado porque estaba en contra. Pero cuando hay algo positivo, aquí estoy para respaldarlo. Aquí estamos para respaldarlo. Porque lo más importante, señores, cuando se legisla con decencia, honestidad y con convicción, es que la primera razón de ser de un legislador cuando aprueba una ley debe ser el beneficio principalmente de sus electores y de todo el pueblo ecuatoriano.

Este tipo de leyes, y ojalá vengan varias en ese sentido, tiene que tener la venia, sin duda alguna, también de nosotros. Vamos a respaldar también el Código Orgánico Integral Penal. Ya lo hicimos en primer debate. Y en segundo debate, donde van a sumarse una serie de iniciativas que están recopilando, nosotros vamos a apoyar. Y ojalá se corrija este error que se cometió de que solamente sea a partir del tercer delito y no del segundo. Pero eso no puede ser un obstáculo esta vez para que nosotros respaldemos este tipo de iniciativas.

Señora Presidenta, compañeros legisladores. Señora Presidenta, compañeros legisladores.

Vicepresidente Esteban Torres, Carmita, a cada uno de ustedes compañeros asambleístas de las diferentes bancadas, y en especial a mi provincia de Pastaza, una de las siete nacionalidades. Previo a mi intervención, señora Presidenta, pido su autorización para que se reproduzca un video que ha sido ingresado mediante DTS a la Secretaría General, por favor.

Autorizado.

Vengo de Pastaza, de una tierra de ríos y selva, donde viven siete nacionalidades y donde la gente todavía se saluda por su nombre. Y vengo a decirles con el corazón, en la mano, vamos a respaldar esta ley. Gracias, Presidenta, por escucharnos, por haber incluido las observaciones. Nos dicen ex Pachacuti, somos Pachacuti y aquí estamos poniendo en orden la casa. Lo hago porque el miedo se ha metido en nuestras casas. Hoy una madre no duerme tranquila como tú lo dijiste, Presidenta. Mi madre no sabe qué va a pasar con su hijo asambleísta.

Un comerciante abre su negocio pensando en cuánto le van a cobrar. Un joven recibe en su teléfono una oferta para trabajar con una banda. Eso no puede ser normal en este Ecuador. Las cifras duelen. En 2025 el Ecuador perdió 9.216 vidas por homicidio. La cifra más alta de nuestra historia es reciente. Son más de 9.000 familias con una silla vacía en su mesa. Y casi 9 de cada 10 de esas vidas se apagaron. ¿Por qué? Por un arma de fuego. Mientras esos hogares lloran, las mafias cuentan el dinero.

Solo el año pasado se detectaron más de 1.500 millones de dólares vinculados a presuntos lavados de activos. Durante años hemos visto caer al sicario, al que dispara. Pero ¿quién da la orden? Y quien paga siguen libres. Y al día siguiente ya hay otro muchacho con un arma en la mano. Frente a esta realidad, el Estado tiene la obligación de actuar con firmeza y dentro del marco constitucional. ¿Qué cambia con esta ley? Se lo digo en palabras sencillas. Va por ustedes. Va por los de arriba. ¿Quién manda?

¿Quién financia? Una banda podrá pasar hasta 3, 30 años en prisión. Y hasta 34 si su negocio es la droga. El sicariato. El secuestro. La trata de personas. O la minería ilegal. Y también responderá a quien le sirve de forma permanente. El testaferro. El que vigila. El que transporta. El que esconde las armas. Lo que el crimen le quitó a la gente. Puede volver a servir a la gente. Y servirá a la gente. Protege a la gente honesta. Nadie irá preso por ser hermano, vecino o compañero de trabajo de alguien.

Habrá que probar que formaba parte de esa banda. Y cada decisión la tomará un juez explicando sus razones. Mucha gente dice que la ley se la hizo de la noche a la mañana. Son 19 sesiones de trabajo. Escuchando a jueces, fiscales, defensores, gremios y ciudadanos. Y ahora quiero hablarles de mi gente. En Pastaza hay comunidades a las que no llega una carretera. Para ingresar hay que navegar horas por el río o esperar una avioneta. Allá no hay una gasolinera en la esquina. La más cercana puede estar a una o dos días de camino.

Pienso en el padre de familia, que guarda unas canecas de gasolina para el motor de su canoa. Con ese combustible lleva a sus hijos a la escuela. Saca un enfermo hacia el hospital. Lleva el plátano y la yuca a vender al mercado. Ese hombre no es un delincuente. Es un ecuatoriano que trabaja y que quiere salir adelante. Por eso hoy puedo decirle con tranquilidad a cada familia. Quichua, Chuar, Achuar, Chivuar, Waurani, Anduas. Esta ley los reconoce. Guardar combustible para el transporte en las comunidades donde no hay donde abastecerse.

Queda fuera del delito. Así está escrito. Y vale también para Pastaza como provincia de frontera. Y nadie será acusado de pertenecer a una banda. Solo por la cantidad de combustible que transporta. Almacenar combustible para movilizar a una familia por los ríos de Pastaza no es lo mismo que traficar hidrocarburos para financiar una organización criminal. Y lo digo con claridad desde esta tribuna. Vamos a estar vigilantes. La disposición transitoria segunda otorga a la Agencia de Regulación de Control de Hidrocarburos un plazo de 60 días para expedir la normativa que fijará las escalas y cantidad de combustible permitidas para su transporte y almacenamiento.

Ni un galón para las mafias. Pero tampoco un galón menos para quien vive de su trabajo honrado. Colegas, ninguna ley por sí sola devolverá la paz. Hace falta investigaciones serias, instituciones fuertes y jueces valientes. Pero esta ley es un paso que el país necesita dar hoy. Yo quiero un Ecuador donde una madre vuelva a dormir tranquila. Donde un joven sueñe con estudiar y no con un arma. Donde un niño de la Amazonía pueda cruzar el río hacia su escuela sin que nadie le robe su futuro.

Agradezco también al gobierno central por escucharnos. Por primera vez un presidente invierte en la Amazonía ecuatoriana. Gracias, Michelle. Gracias a las diferentes bancadas. Porque usted nos ha ayudado que los pueblos y nacionalidades sean escuchados en este hemiciclo. Y seamos fuertes ante esa mafia, ante la narcodelincuencia, ante jueces corruptos, ante políticos huidos. Con eso quiero terminar mi intervención, señora Presidenta. El crimen organizado debe enfrentar a la justicia. Las familias ecuatorianas deben recuperar su tranquilidad. Y nuestros pueblos y nacionalidades deben contar con la protección que les corresponde.

El jaguar amazónico ha hablado. Muchas gracias, señora Presidenta.

a cargo del legislador Isaac Solano. ...y al pueblo ecuatoriano que nos está observando y escuchando en estos momentos. Darles la bienvenida a quienes nos acompañan en las barras altas el día de hoy. Darles la bienvenida a las autoridades italianas que nos acompañaron también hoy, en este día tan importante. Seré breve y directo en mi discurso el día de hoy. Esta ley es una herramienta importante y fundamental que ha tratado también la Comisión de Seguridad y felicitarla a usted, Presidenta, porque ley es así. Señores asambleistas, son dignas de aplaudir, porque van en beneficio de la paz de las familias ecuatorianas.

Esta ley va en contra de quien manda, y ya lo dijeron algunos, de quien manda, de quien financia, de quien presta la bodeguita, el combustible, la información. Castiga a quienes reclutan, a quienes expulsan a familias, a quienes tienen a barrios encerrados bajo amenazas. Y claro que también persigue el dinero de las mafias, porque a las mafias no solo hay que quitarles la libertad, también hay que tocarles el bolsillo, hay que quitarles los recursos que tienen, y esta ley garantiza eso. A los asambleístas de la Revolución Ciudadana decirles también que su informe de minoría deja fuera la figura de pertenencia funcional.

Dicha figura que castiga a quienes completan tareas operativas a favor de las mafias. Sus delegados se abstuvieron en la comisión, tanto en el primer informe, y con mucha pena lo digo, también lo hicieron en el segundo. Cuando el país necesitaba respuestas, ustedes respondieron con una abstención. Y no los acuso de servir a nadie, sino por lo que está escrito en su texto, en su informe de minoría, la cual propone liberar determinados contenedores en un plazo improrrogable de 24 horas, pero sin desarrollar una excepción expresa por necesidades investigativas justificadas.

También exige solicitar aclaraciones antes de determinar ciertas operaciones mineras. Deben reportarse como sospechosas. Esto podría retrasar alertas si no se especifica, si no se establece, si no se precisa, plazos y salvaguardas. Las intenciones de su informe solo las conocen ustedes. Pero los cambios los sufre el país. Y sí, hablemos un poco del pasado para entender un poquito la temática. Les voy a exponer un caso que tiene fuente, pero antes que nada les quiero preguntar, ¿ustedes creen que el crimen organizado nació el día de ayer? Por supuesto que no.

Y hay un informe del diario Primicias que nos dice que la red de Telmo Castro, algunos recordarán esto de aquí, que estaba ligada al cartel de Sinaloa en el año 2010. ¿Quiénes gobernaban el país en ese tiempo? Ustedes gobernaban. En el año 2013 cae Castro y también cae su amigo, su mano derecha, Wilder Sánchez Farfán, alias El Gato. En octubre del año 2015, cuando ustedes seguían todavía en el poder, ese mismo criminal narcotraficante, alias El Gato, sale de la cárcel por la decisión de un juez cuestionado.

Ese narcotraficante, hoy los Estados Unidos de América lo declaran como una de las personas más peligrosas de todo el mundo. Es decir, cayó el capitán, pero su mano derecha salió caminando. Lo que quiero decir, asambleístas y pueblo ecuatoriano, yo no vine aquí a mirar atrás. Yo vine aquí el día de hoy a votar por una ley que va a beneficiar a ese niño, a ese padre trabajador, a esa madre, a nuestros policías, a nuestras fuerzas armadas, para que con toda la seguridad de la ley combatan el crimen organizado y puedan exterminar a las mafias que tanto daño le han hecho a este país.

Porque la pregunta del día de hoy no es de quién es esta ley, es de qué lado está cada uno de nosotros para que miremos a las familias que hoy en día están desplazadas, para que podamos mirar a ese comerciante que es extorsionado y a la madre que aún no duerme. Y si hay que pulir un artículo, por supuesto, se lo pule. Pero lo que no podemos permitir es seguir debatiendo mientras una familia esté empacando sus maletas. Mi voto, presidenta, mi voto, asambleístas, mi voto, pueblo ecuatoriano, será a favor para que un país esté libre de las mafias y que cada quien responda ante el pueblo ecuatoriano por lo que vote el día de hoy.

Mi palabra, señora presidenta. Gracias.

Qué orgullo que esta ley antimafias venga de parte de una riobambeña y chimboracense. Y el día de hoy, ¿sabe qué, Presidenta? No solamente su gente y su pueblo la están mirando. Nos están mirando los ecuatorianos, pero también nos están mirando las mafias. ¿Y saben lo que las mafias quieren que salga de este debate? El no en la votación. Y hay que preguntarle al pueblo acá arriba presente. ¿Queremos una votación favorable o una votación en contra de esta ley? Les pregunto a ustedes, ¿a favor o en contra?

El día de hoy, quienes voten a favor de esta ley propuesta por usted, Presidenta, estarán a favor de los intereses del pueblo. A favor de esas 300 mil personas que, según cifras de ACNUR, están siendo desplazadas de su territorio. A quienes les han golpeado las puertas de sus casas y les han obligado, bajo violencia, que abandonen las mismas, que abandonen su barrio y sus territorios. El día de hoy, como ya pasó con la ley de extradición, la Revolución Ciudadana pretendía votar en contra de ese proyecto de ley.

Pero fue la presión ciudadana, la presión de la gente, del pueblo, quien les obligó a votar en el pleno de esta Asamblea Nacional a favor. Pero algo que me preocupa, Presidenta, acabé de revisar declaraciones de la bancada de la Revolución Ciudadana en las afueras del pleno de esta Asamblea Nacional y ya han anticipado su voto en contra de este proyecto de ley. Permítame hacer mías las palabras de otro exlegislador chimboracense. El día de hoy, Presidenta, ¿es la patria o es la mafia? Y lo dijo el asambleísta Solano.

En el año 2009, Presidenta, recordemos, que inició un proceso entre comidas de pacificación de las cadres y se logró dar vida jurídica a los Latin Kings, ¿ah? No olvidemos de ese precedente. Y recordemos qué bancada, la que ahora está al lado izquierdo del hemiciclo, logró inclusive posesionar a uno de los miembros de los Latin Kings como miembro del Consejo de Administración Legislativa. Y fue esa misma bancada de la Revolución Ciudadana la que posicionó como asambleísta en este periodo legislativo a un exlegislador que nos llena de vergüenza a este Pleno de la Asamblea Nacional que el día de hoy está siendo procesado por un delito de violación.

Y no conforme con eso, ¿ah? Ya está detenido otro exasambleísta de la Revolución Ciudadana en Panamá por delitos relacionados al narcotráfico y al crimen organizado. No es uno. Son tres casos de legisladores de esta, sobre todo en este periodo legislativo, de la bancada de la Revolución Ciudadana involucrados en temas de delitos organizados. Por eso, Presidenta, no solamente cerca de un bidón de dólares que mueve el crimen organizado según los datos de la UAFE, 300 mil ecuatorianos desplazados de manera forzada de su territorio, y también, como bien lo plantea este proyecto de ley, casos como plaga, metástasis, purga, que no pueden volver a repetirse, sancionan el ejercicio ilegítimo de la profesión de abogados y contadores.

Pero esto no solamente cuando existan las causales o no se trata de criminalizar la profesión, y hay que ser claros con respecto de ello. Se va a sancionar la conducta del mal ejercicio de la profesión cuando existan causales de integrar, financiar, encubrir o facilitar al crimen organizado con lavado de activos, de inducir documentos falsos, de ingerir sobre decisiones judiciales. Esa es la ley antimafias, una ley que el pueblo, su pueblo, le está pidiendo. Y los legisladores que el día de hoy, como ya lo han anunciado, voten que no, tendrán que dar la explicación y la cara a sus electores.

Porque para respaldar propuestas legislativas, cuando la persona que está acusada a delito de violación presentó con respecto de consentir las violaciones de adultos con menores de edad, ahí sí, inclusive una legisladora de Chimborazo respaldó esa propuesta. Y para cerrar, Presidenta, quiero reconocer también el trabajo del Presidente de la República. Chimborazo pasó de tener un 40% en temas de desnutrición crónica infantil a una reducción del 21%. Chimborazo, su provincia, Presidenta, ya no es la primera provincia del país en desnutrición crónica infantil. Mi palabra, Presidenta.

Había indicado que en la anterior sesión relacionada con este tema, y había el primer debate, había indicado que era prudente que...

No se genere.

genere zozobra respecto de que se están creando nuevas conductas, sino en función de un propósito. Que no se genere especulación respecto del endurecimiento de las penas, pero hay una realidad que debe ser vista por todos. No sólo desde el análisis dogmático en la construcción de la normativa, sino en la reflexión de lo que verdaderamente pasa actualmente en el Ecuador. Hace días pasados el ministro Reimberg había en esa acertada gestión de combate contra la inseguridad y contra las bandas organizadas, entrevistado a dos muchachos. Y le decían uno de esos, tú eres aquí el que le corta la cabeza.

Él decía, no, yo sólo le disparé varias veces. Y al otro que le pregunta si él era el que le había disparado, dice, no, yo sólo me encargué de cortarle la cabeza y mutilarlo. Cuando pensamos en la dimensión de lo que significan los actos de horror, de terror, de miedo, nosotros tenemos la responsabilidad moral y legal desde acá, en el cumplimiento de nuestras funciones de equilibrar y dosificar el poder punitivo que debemos tener. Ellos no miden la percepción que tenemos. Y sí, en esta frecuencia de ideas, cuando hablamos en concreto de lo que significa el concurso real de infracciones, estamos de acuerdo.

Vamos a explicar esto a la ciudadanía ecuatoriana para que entienda que esta reflexión del concurso real tiene que ver exclusivamente en función de conductas autónomas, en varios delitos. Y esta percepción cuando se roba, se viola, se mata, se mutila, se causa dolor, no puede ser sancionado únicamente con una pena. Debe generar este abordaje. Y no estoy pensando más allá de lo que podríamos establecer que este tipo de personas no pueden vivir en sociedad, que este tipo de personas tienen que estar recluidas y privadas de la libertad.

Y el límite cuando se había construido el Código Orgánico Integral Penal era de 40 años. Hoy sí vale la pena establecer esto, no solo en los 60 años, sino en una cadena perpetua que permite establecer que estas personas no pueden vivir en una sociedad civilizada. Este entendimiento hay que tenerlo más allá del abordaje técnico, hay que entenderlo sobre la base de la realidad. Me honro en representar a Sucumbíos, una provincia amazónica, petrolera, fronteriza y hoy minera. No hace mucho se había generado la publicitación de un video en el cual se ponía de manifiesto por parte de las bandas estructuradas.

¡Prepárense sectores de Gonzalo Pizarro!

Cascales y la frontera, porque vamos a pasar a cobrar.

las coimas. Vamos a pasar a cobrar las cuotas, vamos a vacunarlos. Y esto es el desplazamiento forzado. ¿Por qué? Porque efectivamente nuestra provincia, la riqueza natural que nos ha concedido, la Pachamama, nos da la oportunidad para tener vertientes naturales, tener en este caso bosques que nos permiten vivir con dignidad. Y cuando este tipo de alertas generan, genera zozobra, alarma social. Y todo mundo en función del accionar de terror es susceptible del miedo. Y el miedo ocasiona este desplazamiento obligatorio, del cual, por supuesto, en relación a la construcción del tipo penal del 163, que en función de los propósitos de violencia, amenaza, intimidación, coacción, despojo, ocupación ilícita, destrucción de la vivienda, del lugar del trabajo, sea considerado como delito.

Pues sí, señora Presidenta, es adecuado, porque esa es la realidad. Los amigos campesinos, los amigos agricultores, los de las diferentes nacionalidades, no pueden vivir intimidados ni acosados. Y es por esto que en relación a la construcción del tipo, sí, efectivamente, debe armonizarse la punidad de este tipo de conductas. Había creído pertinente que en el reconocimiento de las circunstancias agravantes que generan este tipo de delitos, se puede establecer una protección, voy a decir una protección, aunque está determinado como una concurrencia agravante respecto de los dirigentes, de quienes trabajan en función de la defensa de los derechos humanos por el bien de las personas de bien, de los docentes, de los periodistas, de los servidores públicos, de los denunciantes, para que se pueda establecer la concurrencia de que se agrave la conducta cuando ellos sean quienes pueden actuar.

Porque estos actores son los que primero actúan y ponen en conocimiento de la autoridad en la salvaguarda de la protección de los territorios que son parte de un ecosistema en la Amazonía. Y sí, cuando la determinación de la reparación integral en los delitos hidrocarburíferos, creo que es pertinente que más allá de un bien jurídico afectado, cuando una persona aisladamente es agraviada en su patrimonio, se puede hablar de reparación integral. Pero ahora, con este proyecto de ley que seguro va a tener la concurrencia de todos, se habla también de la reparación y la compensación ambiental, porque esto es importante establecer lo que significa reparar el daño ocasionado a la naturaleza, reparar con compensaciones ambientales que deben ser tomadas en cuenta por parte de los señores jueces.

Y en este orden de ideas, había un artículo que le había propuesto, señora Presidenta, de que hay un parámetro que debe crear sensatez en las operadoras que realizan actividades de exploración y de explotación en mi provincia. El artículo 262, respecto de la paralización o suspensión del abastecimiento y el transporte expende y distribución de hidrocarburos o sus derivados. La norma establece que procederá, en este caso, la penalización de la conducta sólo cuando exista injustificación respecto de los verbos rectores. Entonces, Petroecuador y todas aquellas estatales y todas aquellas privadas que realizan la operatividad en la Amazonía, esto no va a ser una patente de corcho para ustedes, es la garantía para el pueblo de la Amazonía.

Porque cuando no paguen las remuneraciones, cuando exista afectación y contaminación a la naturaleza, cuando exista incompensación respecto de los reclamos colectivos, no va a ser criminalizada esta conducta. Porque la norma establece como una causa de exclusión de la antijuricidad de la conducta, cuando de manera injustificada. Y finalmente, en relación a algo que sí, lo promovimos con los compañeros amazónicos y los compañeros de frontera, cuando dimensionamos el alcance y el endurecimiento de las penas en los delitos concretos de transporte de los derivados de los carburos. No se puede penalizar la conducta en relación a aquel campesino, aquel amigo de la nacionalidad, aquel amigo transportista que lleva cantidades mínimas en función de un propósito lícito.

Generar un agravamiento en la conducta era una afectación que está determinada en el 265 y que conlleva penas de hasta cinco años. Y se ha creado en la particularidad y en la construcción normativa para que, en aquellos casos que sean inclusive menores a lo que se consideraría la mínima escala, hasta antes de que sea delito, sea considerado como una contravención, con una contravención con una pena de 30 días. Y no sea considerado como delito. ¿Por qué? Porque aquel amigo que lleva 10 galones, 15 galones, 20 galones, aún por la imprudencia de no haber gestado la obtención de los permisos respectivos, no puede ser sancionada ni criminalizada una conducta que no podría caer únicamente en el elemento doloso, sino también en el elemento culposo por la negligencia y la falta de acusosidad al momento de determinar en este caso la obtención de los permisos.

Me parece un buen alcance para entender que la reforma del 264 y el 265 del Código Orgánico Integral Penal va dedicada exclusivamente para aquellos propósitos ilícitos, no para la gente de bien. En función de esta determinación y de haber acogido los aportes que hemos realizado desde los independientes, señora Presidenta, desde ya anticipo mi voto a favor de este importante proyecto de ley. Muchísimas gracias.

Tiene la palabra la asambleísta Zajaira Urresta.

diplomático

y de la manera más profunda con el pueblo que se encuentra en la parte superior de la platea del hemiciclo de la Asamblea Nacional. Pues bien, señores legisladores, el día de hoy no venimos a hablar un tema cualquiera. Estamos dando un golpe rotundo a la mafia organizada. En un mundo de falsos, los verdaderos terminamos siendo los malos siempre. Y realmente es cruel ver como una madre, un joven, un niño, es captado por quienes aparentemente les dan dinero para que vivan bien, pero a la vuelta de la esquina les espera una muerte trágica, les espera una banda organizada, les espera un juez que no tiene capacidad operativa para distinguir su dinero de su sueldo y realmente tiene cantidades y cantidades de propiedades, incluso dinero en el extranjero.

Quiero tomarme unos minutos para felicitar a la valiosa Comisión de Seguridad a la cual yo pertenezco. Hemos tenido largas jornadas de trabajo, gracias señora Presidenta Alarcón, por permitir que la sociedad civil, los cuerpos diplomáticos internacionales, que las observaciones de este Pleno de la Asamblea sea parte de un cotidiano vivir. Pues bien, las cifras han golpeado a nuestro país, no solamente por la mafia organizada de aquellos chichipatos que nacieron en cuna de tierra y creyeron que podían nacer en casas de oro, sino también de esos políticos de cuello blanco que ahora están en Panamá y están siendo procesados porque en el atún llevaban algunas cositas más.

Esto tiene rostro humano, señores asambleístas. Nos reportan extorsiones, malditas vacunas dentro y fuera de las instituciones públicas y en las calles. Creció un 900% de la superación de la mafia organizada con nuestros niños gatilleros. Tenemos un 16.130 casos denunciados en la Fiscalía y que la Fiscalía tiene que tener dentro del observatorio procesos incluso en defensa, en defensa de esas familias que van y denuncian. Tenemos un 98% de sentencias que han tocado el bolsillo del crimen organizado en nuestro país y que ahora es una terrible realidad.

Pues bien, es momento que la primera función del Estado diga basta a las mafias. Como bien lo dijo mi compañero Kevin Gallardo, el día de hoy no solamente nos ve el pueblo ecuatoriano, también está pendiente las mafias organizadas. También están temblando porque saben que se les acabó el botín de la sangre ecuatoriana. El día de hoy les decimos gracias a esos valiosos militares y policías que están en las calles dando sus vidas para que esas mafias organizadas dejen de contribuir aparentemente entre ellos y sus familias, pero dejen de contrabandear ese oleoducto, ese petróleo, esa gasolina que es nuestra.

Vuelvo y repito, la semana anterior dos militares casi pierden incluso su vida, uno de ellos casi su pierna, por la mafia organizada. Primero, vamos por la cadena del crimen organizado, el campanero, el que vende la droga dentro de los barrios, el que vende la droga a nuestros niños en los colegios, aquello que tiene la radio para decir quién pasa y quién no pasa a los barrios. A ellos les decimos basta, 30 años de cárcel. Justamente a ellos que pertenecen en mandos medios de la mafia, les decimos de 22 a 26 años de cárcel.

Vamos a cortar el oxígeno económico a las bandas organizadas. Sus bienes y combustibles robados serán parte ya de una cadena de custodia seria y obviamente que el Estado ecuatoriano sea parte de este proceso con cooperación internacional. Hoy tenemos 583 inmuebles incautados al narcotráfico, tenemos 1.5 y 2.2 millones de dólares para guardianía privada para estos bienes inmuebles, dinero que puede sustentar la salud de nuestro país. Vamos a devolver la paz a los hogares, a esos barrios, a esas tiendas, a esa señora que vende las empanaditas a las 6 de la tarde a la salida de las universidades públicas, para que ya no le estén vacunando, para que sus hijos puedan ir tranquilamente a las escuelas.

Tipificamos como delitos autónomos el desplazamiento interno forzado, con una pena de 7 a 10 años, un confinamiento de barrios por violencia criminal de 5 a 7 años. La Comisión de Seguridad, señores asambleístas, no ha actuado de manera visceral ni tampoco ha actuado de manera perpleja ante esto. Hemos celebrado 19 sesiones, hemos escuchado a más de 40 expertos académicos, gremios e instituciones de la sociedad civil. Hemos procesado 53 observaciones internas de la Comisión y más de 83 observaciones externas a la Comisión. La extinción de dominio ya es una prueba fiacente dentro del acto de la Fiscalía y promueve obviamente un plazo máximo de 24 meses para justificar y ratificar la inocencia de quien sea inocente, pero también ratificar la sentencia de quien sea un criminal.

Vamos a proteger a los jueces honestos con una protección de su ubicación, de su rostro y datos. Realmente esta Asamblea Nacional frena y doblega al crimen organizado. Concluyo, señora Presidenta, por respeto a la palabra de todos mis compañeros y obviamente del cuerpo diplomático que nos acompaña. El día de hoy, este curul habla junto a sus compañeros independientes. Este curul habla como legisladora de la Comisión de Seguridad, habla como pichinchana, habla como ecuatoriana que ha visto a sus compañeros también caer en la calle porque una banda perdida estuvo en un barrio, se apoderó, se pusieron un nombre y fueron y extorsionaron a las familias.

No queremos en nuestro Ecuador, señores legisladores pueblo ecuatoriano, Pablo Escobar, no queremos en nuestro país, pipos, fitos, choneros, ni tampoco, escúchese bien, no queremos más estradas, cuatro pelos y ranas que nos gobiernen la vida de todos. Gracias, señores asambleistas.

y también a la ciudadanía ecuatoriana presente en las barras, pero que también nos ven a través de las diferentes plataformas y medios telemáticos y que serán testigos de la aprobación de este instrumento jurídico a favor de cada una de las familias ecuatorianas, la Ley Antimafias. Combatir el crimen organizado es uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro país, que enfrenta Ecuador. No estamos hablando solamente de bandas delictivas o de personas que cometen delitos. Hace años ya hablamos de estructuras criminales que han construido verdaderos sistemas económicos.

Organizaciones que se financian, que acumulan bienes, que lavan dinero, que penetran nuestras instituciones y que utilizan esos recursos para seguir expandiendo el miedo, la violencia y la inseguridad en nuestro país. Si queremos combatir efectivamente el crimen organizado, no basta con perseguir a quienes ejecutan sus órdenes. Tenemos que atacar aquello que les permite operar. La economía criminal. El Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Y ese poder debe ejercerse con toda la capacidad institucional, policial, judicial, administrativa que la ley nos permite, de manera legítima y respetando los derechos y garantías constitucionales.

Porque hay una diferencia fundamental. El Estado está obligado a actuar conforme a la ley, conforme a la Constitución. Las organizaciones criminales no. No conocen Constitución, no conocen ley, no conocen límites, no respetan derechos y no tienen ningún reparo en destruir vidas y familias enteras. Precisamente por eso necesitamos leyes fuertes, clares y eficaces. No podemos permitir que nuestro ordenamiento jurídico se convierta en una desventaja frente a quienes se aprovechan de vacíos, de sus debilidades y de lentitud de nuestras instituciones. Por eso además quiero felicitar a la proponente de este proyecto, a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Michelle Mancheno.

Y quiero hacerlo porque esta iniciativa, señora Presidenta, guarda coherencia con una línea de trabajo que usted ha sostenido desde diferentes espacios de responsabilidad pública. Recordemos que una de las primeras leyes económicas urgentes que presentó el Presidente Daniel Novoa es la Ley de Ahorro y Monetización para la Lucha contra la Corrupción, que ya tenía reformas a la Ley de Extinción de Dominio, que ya se conocía que era una herramienta jurídica para combatir las economías criminales. Y en ese entonces usted fugía de Secretaria Jurídica de la Presidencia, señora Presidenta hoy de la Asamblea Nacional.

Hay, por tanto, una coherencia en el tiempo, desde diferentes responsabilidades. Ha existido una misma comprensión de lo que significa enfrentar estructuras criminales. No es suficiente desarticular sus operaciones. También hay que quitarles los recursos que les permiten financiarse, crecer y volver a delinquir. La extinción de dominio es esa herramienta. La extinción de dominio permite que el Estado actúe frente a aquellos bienes cuyo origen o destino se encuentran vinculados al crimen organizado. Es una herramienta... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!

Asambleísta Farinango, permítanme unos minutos. Asambleísta González, estamos debatiendo un tema importante para el país. Tome en serio el tema. Tenga la amabilidad. Continúe, asambleísta.

Gracias, señora Presidenta. Y decía, es la extinción de dominio una herramienta que se utiliza en distintas partes del mundo. Es una herramienta efectiva, es una herramienta que necesita fortalecerse. Porque el crimen organizado no solo produce violencia, también produce y acumula riqueza. Detrás de esos bienes que no pueden justificar su procedencia, hay familias extorsionadas, comerciantes amenazados, jóvenes reclutados, personas asesinadas y comunidades enteras sometidas al miedo. Por eso, cuando hablamos de extinción de dominio, hablamos también de justicia para las víctimas y de impedir que el dinero obtenido mediante actividades ilícitas continúe financiando más violencia.

Estamos frente a una herramienta que debe ser eficaz, pero también debe respetar las garantías del debido proceso. Y justamente es la responsabilidad que tenemos hoy y que ha tenido la Comisión de Seguridad que nos trae este proyecto. Y quiero referirme rápidamente a aspectos que quiero destacar de la reforma. Primero, la carga probatoria sobre la procedencia ilícita de los bienes. La propuesta que se incorpora en el artículo 5.1 de la Ley de Extinción de Dominio establece que cuando la Fiscalía General del Estado acredite mediante elementos objetivos y suficientes del carácter injustificado del bien, su relación con los presupuestos de extinción de dominio corresponde al titular o beneficiario final aportar elementos que permitan justificar su procedencia ilícita o el origen ilícito de los recursos utilizados para adquirirlo.

Esta disposición no libera a Fiscalía de su obligación de acreditar los presupuestos de la acción. Tampoco establece la falta de documentos por sí sola que ya establece la extinción de dominio, sino que es una carga dinámica de la prueba. La reforma al artículo 29 de la Ley de Extinción de Dominio establece que la fase de investigación tendrá un periodo de seis meses y se puede pedir prórrogas por un periodo que no podrá ser más de 24 meses. Fortalecer la capacidad de administración y recuperación de los recursos.

La reforma al artículo 69 incorpora la capacidad de la ejecución coactiva para la entidad administradora que pueda recaudar las obligaciones económicas derivadas del cumplimiento de sus atribuciones y competencias, incluidas aquellas relacionadas con la administración y enajenación de los bienes incautados. Cuarto, evitar que los bienes incautados se deterioren y pierdan su utilidad. Y esto es de bastante importancia porque no basta con incautar un bien, también hay que administrarlo, custodiarlo y conservarlo mientras se determina su situación jurídica. Y mientras se determina su situación jurídica, esos bienes pueden destinarse temporalmente mediante convenios de uso a fines sociales, comunitarios, productivos, educativos, sanitarios, asistenciales, culturales, ambientales.

Con ello se permite conservar su valor y su utilidad, sobre todo para un fin social. Proteger a las comunidades frente al control territorial de las organizaciones criminales. El crimen organizado no solamente asesina, extorsiona o amenaza. El crimen organizado también expulsa a las familias de los hogares. Y eso ya se ha referido a nuestros compañeros legisladores. A esas familias hay que protegerlas. Y mediante esta ley antimafia también les protegemos. Combatir las redes de apoyo que permiten que las mafias operen. El crimen organizado no funciona únicamente con armas y violencia.

Puede aprovechar conocimientos especializados, servicios profesionales y redes de colaboración para facilitar sus actividades ilícitas y afectar la administración de justicia. Por eso se contemplan medidas cautelares e inhabilitación profesional frente a las conductas, preservando las garantías del debido proceso y el ejercicio legítimo de los profesionales. Proteger a quienes tienen la responsabilidad de investigar y administrar justicia. Y es algo que se ha pedido mucho, porque si hemos tenido también una lucha de frente contra aquellos jueces que se prestan para proteger a delincuentes, aquellos jueces que sí hacen justicia con la potestad constitucional que tienen de administrar justicia, también hay que protegerlos.

Esta ley también les protege. El Ecuador necesita instituciones fuertes, pero también necesita leyes que estén a la altura del momento en que vivimos. La firmeza del Estado no significa actuar al margen de la Constitución. Significa entender que debemos aplicar la ley, investigar con rigor, sancionar a los responsables y proteger a los ciudadanos. Por eso respaldo el fortalecimiento de estas herramientas legales. Lo hemos respaldado desde el primer momento que estamos en la Asamblea Nacional. No podemos permitir que las mafias tengan más capacidad para organizarse, financiarse y adaptarse que el Estado para combatirlas.

Gracias, señora Presidenta.

Mar Colmedo

Gracias, Presidente, por permitirme el uso de la palabra. Un saludo cordial a los compañeros asambleístas, un saludo cordial también al cuerpo diplomático y a las personas que están aquí en nuestras barras altas. Antes de iniciar mi exposición, Presidenta, permítanme recordarle a varios de los asambleístas aquí presentes que la educación y la formación viene del hogar y en el hogar nos enseñan desde niños a tener conducta y esa conducta la expresamos permanentemente en las acciones que tenemos todos los días en todos los ámbitos. Solamente esa conducta es una muestra de lo que hacemos todos los días en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestras actividades personales.

Nada más recordarles eso a los compañeros asambleístas, porque aquí es donde efectivamente se da el ejemplo a 18 millones de ecuatorianos. Con esto quiero iniciar mi intervención, compañera Presidente, y decirles que atacar la estructura criminal sin duda es el mayor acierto. La mafia no funciona únicamente con sicarios, existe una cadena, financistas, jefes, reclutadores, proveedores, transportistas, testaferros, operadores logísticos, corruptores, lavadores y ejecutores. ¿A qué nos suena todo eso? Yo lo he denominado como una verdadera empresa del crimen y del terror. Por eso, cuando el Estado detiene únicamente a quien ejecuta un delito, deja intactos los mandos, las finanzas y los bienes de la organización y el problema no está resuelto.

La estructura criminal empresarial permanece y vuelve a operar. Y eso es precisamente lo que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia. Por esta razón, quiero expresar mi reconocimiento a nuestra Presidente Michelle Mancheno, que no solamente el Presidente tiene el reconocimiento de esta sala, de este pleno, sino, sin duda, de 18 millones de ecuatorianos. Felicitar también el trabajo de mi compañera Presidente de la Comisión de Seguridad. Muy buen trabajo a ti y a todo el equipo, Inesita. Ese es muestra, este es la muestra, la semilla que nos va a dar frutos y que el Ecuador necesita, sin lugar a dudas, porque está orientado a enfrentar al crimen organizado con herramientas jurídicas más eficaces y contundentes.

Colegas asambleístas, el proyecto que hoy debatimos tiene un propósito fundamental, atacar no solamente a quienes ejecutan los delitos, sino también a quienes dirigen, financian, protegen y sostienen las estructuras criminales. Y aquí, uno de sus principales aportes, diferenciar las responsabilidades de quienes integran estas organizaciones, de quienes ejercen funciones de dirección, de quienes financian permanentemente sus operaciones y de aquellos colaboradores externos que desde distintos espacios facilitan su funcionamiento. Porque no todos cumplen el mismo papel dentro de una organización criminal. Y por lo tanto, la respuesta penal debe ser proporcional a la responsabilidad de cada uno de ellos.

La ley antimafias no busca solamente encarcelar delincuentes, busca quitarles del dinero las empresas, los bienes, las armas, la logística, los territorios, los colaboradores y la capacidad de corromper al Estado. Esto es fundamental porque no podemos permitir que las instituciones del Estado se conviertan en instrumento de servicios a las mafias. La lucha contra el crimen organizado también exige combatir la corrupción y la infiltración institucional. Otro aspecto fundamental de esta propuesta es enfrentar el control territorial que ejercen las organizaciones criminales. Porque al crimen organizado no se lo derrota únicamente con policías en las calles, se los derrota desmantelando la economía que lo financia.

Colegas, durante demasiado tiempo hemos normalizado una realidad inaceptable. Barrios y comunidades donde la delincuencia pretende decir a qué hora pueden salir una familia de su casa, dónde se puede trabajar a un ciudadano quien puede permanecer en su propio barrio y hasta qué puede hacer con sus bienes. Eso no es libertad, eso es sometimiento criminal. Por eso es importante que esta ley reconozca sanciones en las conductas como el desplazamiento forzoso, el confinamiento provocado por la violencia criminal y la explotación económica de las viviendas de las víctimas.

Detrás de cada uno de estos hechos hay familias que pierden su tranquilidad, comerciantes que abandonan sus negocios, trabajadores que dejan sus hogares y ciudadanos que terminan convirtiéndose en desplazados dentro de nuestro propio país. El Estado no puede permanecer indiferente frente a esta realidad. También debemos destacar el fortalecimiento, los mecanismos de investigación y recuperación de activos mediante la extinción de dominio. Porque debemos entender algo, las mafias no solamente se fortalecen con armas y violencia, se fortalecen con dinero, vehículos, maquinaria, propiedades, recursos económicos que les permiten expandir sus operaciones.

Por eso es indispensable que las autoridades competentes cuenten con instrumentos jurídicos eficaces para investigar, asegurar y recuperar los bienes vinculados a las actividades criminales, respetando siempre, eso sí, el debido proceso y las garantías establecidas en la Constitución y en la ley. Y quiero insistir en algo, Esta lucha también exige fortalecer la actuación de fiscales y jueces, garantizar investigaciones sólidas y evitar que las organizaciones criminales encuentren espacios de impunidad. Colegas asambleístas, endurecer las penas, establecer responsabilidades diferenciadas y perseguir las estructuras financieras de las organizaciones criminales no es una decisión ideológica, es una responsabilidad del Estado frente a millones de ecuatorianos que hoy exigen seguridad, justicia y tranquilidad.

No podemos olvidar a las familias que viven bajo amenazas, a los jóvenes reclutados por las mafias, a los comerciantes detorsionados, a los ciudadanos que han...

perdido sus negocios y a quienes han perdido lo más valioso, la vida.

de un ser querido. A ellos nos debemos. Y hoy, ecuatorianos, ecuatorianas, ustedes también tienen la oportunidad de evaluar a quienes ocupamos de estos curules. Observen quiénes están dispuestos a respaldar herramientas para combatir las organizaciones criminales y quiénes están dispuestos a obstaculizar una respuesta firme del Estado. Lo veremos en este Pleno. Nuestra obligación no es proteger intereses políticos ni cálculos electorales. Nuestra obligación es defender a los ciudadanos. Como asambleísta nacional, debemos entregar al Estado instrumentos jurídicos contundentes, eficaces y constitucionalmente responsables para recuperar los territorios, proteger a las familias y devolverles a los ecuatorianos el derecho de vivir en paz.

Por todas estas razones, mi voto sin duda será a favor de este proyecto de ley. Y quiero terminar con una reflexión. Las mafias no pueden tener más poder que el Estado, ni más derechos que los ciudadanos, ni más protección que las familias ecuatorianas. Esta no es una batalla de partidos políticos ni de ideologías. Esta es una batalla por el Ecuador y para los ecuatorianos. Porque no podemos mirar hacia otro lado. No podemos acostumbrarnos a vivir con miedo. No podemos permitir que las mafias decidan el futuro de nuestros hijos.

Es momento de actuar con firmeza, con unidad y con responsabilidad. Que quede claro, el Ecuador no se rinde, el Ecuador no se arrodilla y el Ecuador no entregará el futuro de su gente a las mafias. Mi palabra, señora Presidenta.

Un saludo al pueblo ecuatoriano que nos mira con mucha atención hoy, porque hoy estamos respondiendo a ese voto popular, a esa confianza que el pueblo ecuatoriano depositó en nosotros. Y quiero felicitar su iniciativa, señora Presidenta, porque el pueblo ecuatoriano nos eligió para hacer leyes a favor del pueblo, para proteger al pueblo y una vez por todas cerrarle la puerta a los grupos de la encuesta organizada. Esas puertas que legislaciones anteriores y gobiernos anteriores le abrieron de par en par. Esta ley que estamos hoy debatiendo y que espero va a ser aprobada, tuvo cerca de 40 sesiones.

Aplaudo el buen manejo de la misma por parte de la Comisión y quienes encabezan dicha Comisión de Seguridad, mi compañera Inés Alarcón y mi compañero Andrés Castillo. Dentro de las diferentes reformas que presenta este proyecto de ley denominado Antimafias, me quiero referir a varias en particular, principalmente al tema de los hidrocarburos. Porque, si bien es cierto, la Constitución actual, y me permito leer el artículo 313, indica que los recursos como los hidrocarburos y recursos naturales no renovables son sectores estratégicos del Estado. Por eso este proyecto de ley va más allá, va a reforzar esta normativa vigente en nuestra Constitución.

Pero anteriormente se utilizaba quizás solamente para un tráfico de combustible y abastecer a nuestros países vecinos, puesto que nosotros teníamos subsidios. Pero eso ya pasó, ya las economías criminales no ven el tráfico de combustible solamente para esto, sino que lo utilizan para el procesamiento de sustancias sujetas a fiscalización, lo utilizan también para la minería ilegal, y precisamente por eso es que se vuelve neurálgico endurecer las penas para este tipo de delitos. Y como lo indica el artículo 265 del Código Orgánico Tribunal Penal, endurece la respuesta cuando el tráfico ilegal de combustible ocurre también en fronteras, en puertos o en mar territorial.

De igual manera, estas economías criminales han visto en este tráfico de combustible una manera también de poder lucrarse en contra del Estado. ¿Por qué? Recordemos que anteriormente el Estado ecuatoriano subsidiaba este combustible que antes o que ahora se sigue utilizando para los grupos de lincuentes organizados. De igual manera, me quiero referir al artículo 13 y 9, de penas de 26 a 30 años de prisión para quienes financien los grupos de lincuentes organizados. Porque como lo han dicho mis compañeros anteriormente, estas estructuras criminales no solamente son los campaneros, no solamente son quienes transportan sustancias sujetas a fiscalización, no solamente son quienes lastimosamente asesinan o descuartizan a las personas, no, estas estructuras criminales funcionan como una empresa y tienen financiistas, tienen testaferros, tienen personas que brindan sus negocios para poder de esa manera maquillar el dinero de todos estos grupos de lincuentes organizados.

Finalmente, quiero referirme al pueblo ecuatoriano, que sé que atentamente nos está viendo el día de hoy. Ustedes son nuestros mandantes, ustedes son quienes nos pusieron en esta Asamblea Nacional para legislar, para fiscalizar, por y para ustedes. No para obedecer a caudillos que desde algún látigo desde Bélgica nos vengan a decir cómo o por qué votar, nos eligieron para que ustedes tengan por fin unos representantes que demuestren que ese voto popular que ustedes confiaron en nosotros no fue al tacho de la basura. Y hoy, al menos, la bancada de Acción Democrática Nacional va a demostrar que ese voto, que esa confianza ha sido validera porque en este proyecto de ley les vamos a dar a ustedes las herramientas que necesitan nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional para que una vez por todas podamos ganar esta guerra contra el crimen organizado.

Esta guerra que valientemente nuestro presidente Daniel de Boazín la está enfrentando. Muchas gracias, señora Presidenta.

Felicitarla por ser proponente de este proyecto que sin duda alguna es sumamente importante para el país. También a la Comisión de Seguridad, liderada por Inés, nuestra compañera Inés, que también nos ha demostrado que con responsabilidad, con voluntad y que con mucha madurez política podemos llegar a obtener buenos resultados. Sin duda alguna, la bancada de Acción Democrática Nacional siempre ha sido coherente. Y cuando hablo de coherencia, estamos hablando de una hoja de ruta clara, de varios cuerpos legales enfocados a mitigar, erradicar y combatir al crimen organizado.

No solo se trata de cerrar vacíos legales, sino también darle herramientas a un gobierno nacional y a cualquier gobierno, sobre todo este gobierno, el presidente Daniel Lobo, que ha sido enfático en combatir el crimen organizado. Esa es la hoja de ruta de esta bancada. Y esa es la coherencia que el día de hoy, con esta votación, señora presidenta, vamos a demostrar al país que estamos de lado de los millones de ecuatorianos que necesitan seguridad. Que nosotros, aquellos asambleístas como yo, que represento una provincia que es sumamente violenta, que vemos, y no vemos con indiferencia, y tampoco con una especie de egoísmo o politiquería, cuál es la realidad que viven muchas familias.

Mi provincia, Los Ríos. Una provincia que está sumamente golpeada por el crimen organizado. Donde lamentablemente cogen a nuestros niñas, niñas y adolescentes para continuar en esta cadena logística del crimen organizado. Y señora presidenta, por eso es tan específica esta ley importante. Porque esta ley no solo habla de quien comete el delito, está hablando de toda una cadena delictiva, de quienes financian, de quien está detrás del que aplasta o el que aprieta un gatillo. Siempre hemos hablado de crear herramientas para llenar estos vacíos legales. Y sobre todo, insisto en dotar a este gobierno, del presidente de la República, al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, esta esperanza de que estos asambleístas, indistintamente de su bandera política, están trabajando por ellos.

Que los ecuatorianos sientan que estos asambleístas están trabajando por ellos. Y nosotros, como Comisión de Justicia, señora presidenta, de hecho, lo estamos haciendo porque entendemos que una ley no cambia la realidad de un país, pero sí armonizar todo un marco jurídico. Lo mencionaba nuestro compañero Alfredo Serrano. De hecho, felicitó el proyecto. Y también nos conminó aquí públicamente a la Comisión de Justicia a tramitar, a continuar tramitando. Tenemos varias leyes conexas que van de la mano y que son una cadena, son un eslabón que permiten realizar una estrategia integral en materia de seguridad.

Ley antimafias, una de ellas. Código orgánico de entrar al penal a través de la ley cero impunidad. Señora presidenta, la ley antimafias, como lo mencionó usted, es una ley integral. Una ley que lamentablemente hemos escuchado algunos compañeros que deciden o han decidido públicamente distorsionar el sentido, diciendo que solo se concentran las penas. Pero eso sí yo quiero enfatizar aquí en este pleno. Como presidenta de la Comisión de Justicia, y luego de estar aproximadamente un año y medio como asambleístas, hasta el día de hoy, señora presidenta, he recibido un proyecto de ley en esta Comisión de Justicia encaminada a combatir a las mafias, a combatir el crimen organizado.

Entonces, ¿de qué interés están hablando? ¿El interés a las pantallas? ¿O qué interés estamos hablando? ¿O la preocupación se genera el día de hoy solo para llevar la contraria a una ley que realmente va a generar beneficios al país? Por favor, compañeros, los ecuatorianos nos están viendo el día de hoy. Y muchos ecuatorianos mirarán o con esperanza o con indignación la votación que tendremos el día de hoy. Insisto, hay asambleístas que representan provincias sumamente vulnerables. Y cuando hablo de esto, hablo que no, nosotros hablamos del sentir, no del privilegio.

Hay provincias como Manaví, como El Oro, como Los Ríos, como Guayas, que sienten de primera mano qué significa vivir el miedo. Y por supuesto, yo no soy, no tengo ninguna excepción a aquello. Señora Presidenta, reconozco su iniciativa al impulsar esta ley de antimafias, también aprovechar, agradecer y felicitar a la Embajada Italiana que también se ha personado en este proyecto de ley. Porque este proyecto de ley no nace, no nace de una preparación, nace de un equipo de trabajo que hay por detrás. Y eso es lo que realmente hay que mencionar al pueblo ecuatoriano.

Esto no es una iniciativa que ha nacido de la noche a la mañana, no. Al contrario, viene de un trabajo aunado y esforzado de muchos de los asambleístas. Reconocer todo el trabajo que hay por detrás para fortalecer la justicia en beneficio a los ecuatorianos y como representante de las provincias más golpeadas por el crimen organizado, evidentemente, pues respaldar este proyecto de ley. Eso se llama congruencia. Eso se llama responsabilidad. Y el resultado de esta ley, eso se llama voluntad. Señora Presidenta, compañeros legisladores, pero sobre todo pueblo ecuatoriano.

Esta ley determina responsabilidades claras dentro de una organización. Sobre todo porque he sido clara. He dicho, ahora el crimen organizado funciona como una empresa. Tiene gerentes, subgerentes, directores. Y eso es lo que busca este proyecto de ley. Es todo este ecosistema criminal poder atacarlo, poder cerrar la puerta al crimen organizado, pero sobre todo cerrarle la puerta a la impunidad, que por mucho tiempo y lamentablemente, por muchos vacíos legales, el crimen organizado lo utilizó a su favor. Este proyecto, es importante mencionar aquí a la Cámara y a los ecuatorianos para que no haya distorsión de ninguno de nuestros compañeros, distingue a quién da las órdenes, a quién aporta el dinero, a quién facilita un vehículo o un inmueble sabiendo que el grupo lo va a usar para delinquir.

De eso estamos hablando de un flujo criminal. La Fiscalía deberá probar cuál fue el papel de cada persona. ¿Y por qué es tan importante esta distinción? Porque quien financia los cobros puede sostener toda la operación sin haber pisado jamás el negocio de un comerciante. La justicia debe poner y debe poder exigirle cuentas por el papel que cumple dentro de la organización. También hay algo importante que mencionar y que habla este proyecto de ley, la verdad, muy específicamente y es justamente los bienes incautados. Cuando la justicia determine que los bienes provienen de cometer delitos, de actos ilícitos, el Estado debe poder recuperarlos.

Ese es el compromiso real que debemos asumir con las familias ecuatorianas. Que los recursos recuperados del crimen organizado se pongan al servicio del país. Porque no solo basta con judicializar a los cabecillas criminales, no solo basta que sentencien a los cabecillas criminales, a los líderes gedeos, sino, insisto, quien está debajo de esa cadena de mando. Ahí va el enfoque y ahí va esta ley que está enfocada en cerrar estos vacíos legales. El presidente de la República, Daniel Lobo, ha hecho de la seguridad una prioridad de este gobierno, de su gobierno.

Desde nuestra bancada estamos impulsando cambios trascendentales en materia de seguridad. Nuestra responsabilidad en esta Asamblea Nacional es convertir esa prioridad en leyes que la Fiscalía pueda aplicar, que los jueces puedan hacer cumplir y cuyo alcance de la gente pueda ser la primera en beneficiarse. Por eso, hago público, evidentemente, y esta bancada ha hecho pública también el respaldo de esta ley antimafia, pero también esto será un respaldo a aquel comerciante de Los Ríos que denuncia una vacuna, le debemos nosotros justicia, una justicia eficiente y eficaz, capaz de seguir el caso, hasta la persona que dio la orden y hasta el dinero que permite repetirla.

Esa es la decisión que hoy le corresponde tomar ese pleno. Y también quiero puntualizar, señora presidenta, porque de verdad, escuchando la rueda de prensa, creo que en verdad pueden confundir a muchos ecuatorianos. Y es nuestra responsabilidad hablarle con la verdad al pueblo ecuatoriano. Esta ley antimafia afirma, no solo afirma que únicamente se endurecen las penas, sino también contempla mucho más que las sanciones. Establece mecanismos de cooperación eficaz, distingue las responsabilidades de quienes dirigen, financian o colaboran con organizaciones criminales. Incorpora respuestas frente al desplazamiento y confinamiento forzado y fortalece las medidas sobre los bienes vinculados a las actividades ilícitas.

Y finalmente, compañeros, discrepar no está mal. Al final del día, para eso es el pleno, para debartir, para fortalecer, para mejorar los proyectos de ley. Pero siempre hay que hacerlo desde un cuestionamiento técnico. Corresponde señalar los artículos específicos y explicar por qué las soluciones propuestas serían insuficientes, según algunos compañeros. Reducir el contenido de la ley antimafia a un aumento de penas es una afirmación que no resiste la lectura y que no obedece a la naturaleza del proyecto. La seguridad del país exige argumentos técnicos y no descalificaciones sin sustento alguno.

Señores asambleístas y señora presidenta, con esto voy a concluir, pero sobre todo los ecuatorianos. Este voto, el día de hoy, no pasará desapercibido. Está en juego la seguridad de millones de ecuatorianos. El día de hoy, dejé más a un lado la politiquería y el día de hoy, pongámonos la camiseta del Ecuador. Compañeros asambleístas, sobre todo, insisto, aquellos que representan provincias sumamente golpeadas por el crimen organizado, ustedes, quienes de primera mano y sus familias han vivido el resultado que significa cuando el crimen organizado se toma territorios, el día de hoy es el momento de dejar un gran mensaje para todos los ecuatorianos.

Hasta aquí, mi palabra, señora Presidenta.

colegas legisladores y a quienes nos están observando por los medios de la Asamblea Nacional. Primero quiero enviar un saludo muy especial a los habitantes de la provincia del Cañar, que el pasado 3 de noviembre conmemoramos 146 años de provincialización y por supuesto a mi amado Asoes, que conmemoró el pasado 4 de noviembre 206 años de independencia. Hoy tratamos una ley fundamental para el país y estamos hablando de la ley antimafias. Este proyecto va encaminado en combatir a las organizaciones criminales que operan con estructuras permanentes que incluso han cometido actos ilícitos en entidades privadas y públicas.

Durante demasiado tiempo el Estado persiguió delitos aislados, mientras las bandas operaban como verdaderas empresas criminales, con financiamiento, logística, abogados, contadores, bodegas y ejércitos para reclutar a nuestros jóvenes. Esta ley por fin entiende esa realidad y deja de golpear solo a la punta del iceberg para ir a la raíz del problema. Su importancia radica en que cambia el enfoque. Ya no se trata solo de capturar al sicario o al expendedor, sino en desarticular por completo a la organización. Es una ley que ataca donde más les duele a las mafias, su bolsillo y su estructura.

Al permitir la venta anticipada y el uso de los bienes incautados, la extinción de dominio y el rastreo de las redes financieras, les quitamos los recursos con los que compran armas, corrompen y mantienen el control territorial. Pero sobre todo, esta ley le devuelve al Estado la capacidad de actuar de forma articulada y contundente. Le da al bloque de seguridad, a la Fiscalía y a la Justicia las herramientas jurídicas ágiles que necesitan para no llegar tarde. Fortalece la inteligencia, endurece las penas hasta 30 años para los crímenes graves, sanciona a los profesionales que se prestan para lavar dinero y de manera crucial castiga el reclutamiento de menores, cerrándole la puerta a la cantera más dolorosa de la criminalidad.

Una de las reformas al COIP se enfoca en los delitos relacionados con la paralización del abastecimiento, transporte, comercialización y sustracción de hidrocarburos. Esto es fundamental porque el combustible es usado por el narcotráfico y la minería ilegal. Uno de los pilares de esta reforma es tipificar de forma autónoma también la pertenencia a una organización criminal. Hoy existen individuos que sin aparecer como cabecillas sostienen a los grupos narcoterroristas mediante un vínculo operativo permanente y funcional. Son quienes realizan labores de campaneros, de custodios de rutas, facilitadores de movilidad y comunicaciones, abastecedores logísticos y control de accesos, esa colaboración que hasta ahora quedaba en la impunidad.

Debe ser sancionado con todo el peso de la ley. El proyecto apunta a una gestión estratégica del patrimonio ilícito, golpeando directamente el músculo financiero de las mafias. Para ello, la reforma a la ley de extinción de dominio incorpora la figura de enajenación anticipada y agiliza el proceso de extinción con el fin de impedir que los bienes decomisados en operativos contra el crimen organizado se desprecien, se destruyan y se conviertan en una carga económica para el Estado. Por ello, se plantea como sanción la inhabilitación para el ejercicio profesional de aquellos abogados que con sentencia ejecutoriada en firme sean declarados responsables de haber instrumentalizado golosamente su profesión para cometer, facilitar o encubrir delitos.

Esto incluye la creación de empresas de papel, la elaboración de contratos ficticios, el uso de documentación falsa, la filtración de información reservada o la intermediación en pagos ilícitos. Queda plenamente garantizado, por supuesto, el libre ejercicio de la legítima defensa técnica y la prestación lícita de servicios jurídicos siempre dentro del marco de la ley. Porque así como hay abogados buenos, también hay otros que por sus relaciones con el narcotráfico y el crimen organizado han comprado la conciencia de jueces y fiscales. Ya hemos visto en el país casos como metástasis, purga y plaga.

Además, en estas últimas semanas hemos sido testigos de cómo las mafias y el crimen organizado se han inmiscuido en la política. Claro ejemplo, un exasambleísta que se sentaba al otro lado de este hemiciclo está investigado por la DEA, precisamente por sus nexos con el narcotráfico y eso, compañeros, no debemos permitir que se repita. Más aún ahora que se desarrollará la campaña electoral, debemos mirar bien a los candidatos. Por ejemplo, en mi provincia, quienes ya ocuparon cargos de alcaldes, todavía pretenden volver, que salieron de sus cargos convertidos en los nuevos millonarios, cuando antes no tenían ni siquiera para comprar una caja de fósforos.

Y ahora disfrazan sus fortunas con fundaciones fantasmas, auspiciando artistas, regalando materiales de construcción, ropa y muchas cosas más. Ojo con esas campañas que no tienen propuestas, sino el derroche de dinero que la misma ciudadanía indica serían de dudosa procedencia. Apoyar la ley antimafia es apoyar al Estado en su deber más básico, proteger a la ciudadanía. Es darle al país un marco legal moderno, valiente y adaptado a la complejidad de las mafias transnacionales para desarticular a las bandas, recuperar los territorios y devolverle a los ecuatorianos la tranquilidad de vivir y emprender sin miedo.

Dejemos de lado esas disposiciones de votar no y salvemos al pueblo ecuatoriano. Gracias, Presidenta. Hasta aquí mi palabra.

Tiene la palabra el asambleísta Jorge Chamba.

Está atento en las decisiones que se tomen el día de hoy aquí en el Pleno. Buenos días a los ciudadanos que nos acompañan en la parte alta de la platea. Hoy será un día histórico para la patria. Hoy vamos a ver quiénes apoyan y respaldan proyectos que van en beneficio de los ecuatorianos. Hoy el país se va a enterar por lo que vienen reclamando hace mucho tiempo. Paz, tranquilidad en sus hogares. Yo que transito los sectores populares, cada vez que tengo la oportunidad de llegar a territorio, la gente me dice, asambleísta, ¿por qué no hacen leyes?

¿Por qué no endurecen las leyes? Estamos vacunados, tenemos los negocios cerrados, hemos quebrado. Aquí habemos varios colegas que pertenecemos a la provincia del Guayas. La provincia del Guayas ha sido la más sacrificada, la del mayor índice delincuencial. Guayaquil y Durán, las más peligrosas del mundo. Cuando antes vivíamos en paz, cuando antes no había estas bandas delictivas, cuando se podía salir a comer en familia, hoy, hoy por hoy es un alto riesgo, es jugar con la vida misma. Hay momentos que quedan para la historia. Salvador lo pudo con Bukele, que era un país con bandas delictivas, igual como lo vive hoy Ecuador.

¿Por qué Ecuador no puede? Allá se unieron todos para poder salvar a los buenos. Se unió el presidente, se unieron las cámaras, se unieron los ciudadanos. ¿Por qué en el Ecuador no podemos quitarnos las banderas políticas y luchar juntos, cogidos de la mano, para salvar a nuestros hermanos que hoy reclaman libertad? Hoy este proyecto, presidenta, debe ser un homenaje para aquellos que cayeron muertos secuestrados. Debe ser un homenaje para mis hermanos de los sectores populares que están vacunados. Debe ser un homenaje para todos aquellos que hoy no pueden laborar o no pueden salir a las calles porque me dicen, vivimos de una manera diferente.

Los buenos estamos tras las rejas y los delincuentes comunes en la calle. Eso no puede volver a pasar. Por ello, hoy será un día histórico. Cuando terminó el gobierno de la Revolución Ciudadana, hubo quienes tuvieron la oportunidad de solucionar este problema que ya se había originado en el país con las 40 bandas delictivas que hoy heredó este gobierno, tuvo la oportunidad histórica para poderlo hacer el presidente Lenín. Lenín, y no lo hizo. Tuvo la oportunidad histórica. El presidente Lazo, el más nefasto de los presidentes ecuatorianos, tampoco lo hizo.

Pero hubo un presidente valiente que se puso al frente, como Daniel Dovazín, para asumir esta responsabilidad que otros lo hicieron y él lo heredó. Y hoy se oponen con su voto. Hoy le dicen no al país y le dan la espalda. Ahora, aquí hay que debatir, aquí hay que decirle al pueblo dando la cara por qué no votan por este proyecto, para mis hermanos que reclaman paz y tranquilidad en los hogares ecuatorianos. Por ello, presidenta, hoy felicito al presidente Daniel Dovazín, ese hombre valiente. Hoy felicito al ministro Reimberg, que se está jugando la vida.

Hoy felicito a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que batallan día a día por darle tranquilidad a mi pueblo. Yo no vengo a hablar por el aumento de penas o por los títulos que pierdan los abogados o contadores que están inmersos en negocios oscuros. Vengo a hablar de mi pueblo, que reclama paz. Vengo a hablar de mi provincia, que reclama paz. Por ello, mi voto será en favor de este proyecto que beneficie a los ecuatorianos. Gracias, presidenta. Gracias, colegas asambleistas.

responsable tiene que construir la norma a partir de sus fuentes. El derecho es una ciencia que se nutre de varias fuentes, la constitución, los tratados internacionales, la doctrina, los principios generales del derecho y también se nutre del derecho comparado, lo que sucede en otros países, lo que sirve en otros países, lo que vale en otros países para resolver un problema. Jaime Roldós, aquel gran presidente que tuvo el país, decía que hay que nacer del pueblo o partir del pueblo y sus posibilidades para tomar las medidas económicas y del pueblo y de sus necesidades para tomar las medidas sociales.

Yo quiero aumentar algo más, hay que partir del pueblo y de las amenazas que éste tiene para tomar las medidas de seguridad. Así lo hicieron en otros países, así lo hizo Italia, por ejemplo, para enfrentar a la mar.

para enfrentar a la camorra, a la cosa nuestra y a la...

Y por supuesto que eso trajo resultados positivos y ahora han reducido a la mafia su mínima expresión. Si es que eso sirvió en el derecho comparado, por supuesto que hay que adaptar al derecho ecuatoriano. Y para que se adapte al derecho ecuatoriano necesitamos la voluntad política de hacerlo. Enfrentar a la mafia no es fácil, ponerle el pecho a las balas no es fácil. Fácil es salir de aquí, acoger a los medios de comunicación y decir que van a votar en contra por cualquier cosa, como lo han venido haciendo ahora.

Pero yo aquí sí quiero romper el protocolo, lo quiero romper y me van a disculpar, distinguidos compañeros. Pero yo sí quiero felicitarte, no como presidente de la Asamblea, como amiga, como patriota, como abogada, como esa persona que no tiene miedo de enfrentar, Michelle, al crimen organizado, a la delincuencia y a las mafias. Mi saludo cariñoso para ti, gracias por haber presentado este proyecto de ley y sin duda lo tramitamos dentro de la Asamblea Nacional y dentro de la Comisión.

absoluta responsabilidad porque el pueblo ecuatoriano lo merece.

Aquí vamos a entrar un poco en lo técnico, que es hablarles en sánscrito antiguo, a ellos de hablarles ya técnicamente del derecho, no sé si es sánscrito o si es que es japonés, por eso es que ni siquiera han hablado hoy día, pero si se trata de los amiguitos, de los compañeros banderita negra, nos ponen acá adelante a decir que estamos en dictadura. Yo no sé con qué cara van a ir a hablar donde sus electores cuando siga creciendo este tema del narcotráfico. Felizmente no va a crecer y el que caja, otorga.

Pertenencia funcional. ¿En qué consiste la pertenencia funcional? Para todos es común ver cómo el crimen organizado trabaja desde distintas aristas, desde distintos puntos de vista. Un día roban motos, al día siguiente con esas motos van a hacer sicariato, al día siguiente con esas motos vacunan, al día siguiente trafican droga, al día siguiente hacen pornografía infantil y forman parte de un mismo grupo. Por lo tanto, hemos incorporado como regla fundamental que cuando se juzgue a los miembros del crimen organizado por delitos concurrentes o pertenecientes a la mafia, se tendrá que aplicar la reincidencia.

Como bien decía Alfredo Cerrano en su momento, aquí debemos comenzar a sancionar a los delincuentes, ya no como ciudadanos que requieren rehabilitación. No, ya no es así. No estamos enfrentando a la delincuencia común, sino al crimen organizado. Por lo tanto, tenemos que aplicar, señores jueces, de aquí en adelante, lo que se conoce como el derecho penal de segunda velocidad. Aquel que reconoce a estos pícaros como enemigos del Estado. Y como enemigos del Estado son, así les vamos a tratar. Respetando los derechos humanos, por supuesto. Respetando los procedimientos también.

Pero entendiendo que si es que ellos no tienen compasión del pueblo ecuatoriano, el Estado y sus instituciones tienen que irse con todo en contra de aquellos. Y ahora yo quiero recordarles algo que de pronto para el otro lado les genera ardencia. Hay que repartir una botecita de caladril en todo lado, pero lo que sí debo decirles aquí es que el crimen organizado llegó a tal punto de que se llevaban las casas de la gente honesta, de que se metía a las urbanizaciones. Yo recuerdo cuando el ministro Reinberg hizo uno de los operativos dentro del Estado de Excepción.

Llegaron a un barrio donde no había nadie. Todos se fueron. ¿Qué será que se fueron de vacaciones en pleno toque de queda? ¿Qué será que ya no estaban ahí? No, señor. Pasaba que en muchos barrios, particularmente de la costa, el crimen organizado les robaba las casas a la gente. Les confinaba en sus casas. Por lo tanto, ahora hemos puesto sanciones ejemplificadoras para aquellos que les roban la casa a la gente o que les confinan de manera involuntaria y les tienen sometidos al miedo. Ese es un gran avance de esta ley porque estamos golpeando al crimen desde ese lado.

salen a los medios

de comunicación a decir que esto es incompleto, que esto no soluciona nada, que los delitos ya estaban tipificados desde la época del mamotreto del Código Orgánico Integral Penal que aprobaron en su momento, olvidándose que el derecho penal es una ciencia que requiere especialidad. Cuando estamos hablando del crimen organizado, no solamente hablamos del narcotráfico, no solamente hablamos del sicariato, no solamente hablamos de la extorsión, no solamente hablamos del secuestro extorsivo, sino pertenecer a la banda. El solo hecho de pertenecer a la banda, presidente, ya es un delito en sí mismo.

Y si cometen delitos gracias a esta ley, les vamos a poner agravante, se van a quedar más años en la cárcel. Y si se quedan los 60 años, que se queden, decían que cómo así es someter prácticamente a la gente a una cadena perpetua a 60 años. ¿En serio? ¿En serio que nosotros tenemos que pensar en aquel que descuartiza la primera vez, que viola la segunda vez, que asesina la tercera vez para darle gusto al delincuente? Yo me rehuso. A mí no me interesa aquello, y felizmente la Comisión de Seguridad, correctamente dirigida por la asambleista Inés Alarcón, lo entendió así, más allá de la fantochada aquella del informe de minoría que le hicieron entre gallos y medianoche, pobrecitos, para tener algún discursito que dar aquí.

El transporte y el refinamiento de combustibles, presidente, y lo leí dos veces en el debate del día viernes, porque no querían entender, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. El artículo 313 de la Constitución reconoce el transporte y refinamiento de combustibles como un sector estratégico de la economía, y por lo tanto el Estado tiene que garantizar una protección mayor. Esa protección de los sectores estratégicos implica que tengamos no más que meter preso a cualquier fulano que se dedica al tráfico de combustibles, aun cuando después se quiten los grilletes, y aun cuando después del abogado de robo de gallinas que tiene, salga a decir que se quitaron el grillete para poner a cargar.

Y aquí en adelante habrá que sancionar con más fuerza, porque nos están robando a todos, no es de un delito pobrecito como que van y asaltan en una calle. El tráfico de combustibles requiere un deolo superior, mayor ánimo de dañar, mayor interés de dañar a la sociedad, y nos están robando a todos, felicito que así sea. En buena hora que hemos puesto normas en torno a eso, porque de una buena vez el tráfico de combustibles, si bien estaba antes tipificado, ahora tiene una sanción mayor para evitar que nos roben a todo el pueblo ecuatoriano.

Presidente, en otra de las poesías que decían durante este tiempo...

Es que lo que pasa es que no se garantiza.

a la presunción de inocencia cuando les quitan los bienes a los pobrecitos narcos? ¿Cómo les van a vender los bienes antes de hora? ¿Y dónde está la presunción de inocencia? Decían. Oigan, puede ser que nosotros los ecuatorianos, ustedes, nosotros, la gente que nos ve a través de los medios legislativos, la gente que nos escucha en la televisión, en la radio, nos tengamos que convertir en síndicos del crimen. Es decir, que nosotros mantengamos haciendas, mantengamos mansiones, caballos, carros clásicos, carros de alta gama, pinturas, cuadros y todo para que no se dañen, porque si no, después vienen por el vuelto.

Es decir, inclusive sancionados, después vienen a pedir que se les devuelva los bienes. Sí me queda un poquito de tiempo para contarles la anécdota. ¿Se acuerdan cuando don Pedrito Delgado, el primo del economista Correa, andaba con la patita rota? ¿Se acuerdan? Andaba con la patita rota porque él era el gerente del fideicomiso ajedeno más de impunidad y se fue a una de las haciendas de uno de los banqueros de los que les quitaron el ganado y se metió de torero, malo resultó de torero. Le rompieron la patita porque le bajaron el ganado, que no era de él, que era del pueblo ecuatoriano y que el pueblo ecuatoriano tenía que mantener para que no se enflaquezca el torito.

Luego anduvo con la patita rota y hasta ahora no regresa del matrimonio al que dijo que se iba a ir. Esta es una ley importante para el país, esta es una ley que vamos a sacar adelante, esta es una ley que encarna el principio fundamental de que debemos ir a favor de las víctimas y no de los delincuentes. Quiero concluir, presidente, además de agradecerle a usted y a ustedes, compañeros, por esta ley, recordando aquella frase de ese gran ecuatoriano que a mí me motiva y me impulsa, don Gabriel García Moreno.

Él decía, hay que lanzar al Ecuador con mano vigorosa por la escena del progreso, restableciendo el imperio de la moral por encima de cualquier miramiento y con la intervención oportuna del crimen. Con esta ley antimafias en el Ecuador del siglo XXI, vamos a golpear con fuerza de la mano con el presidente Novoa esta Asamblea Nacional, la función judicial y que ese orgullo narco se acabe de una buena vez en el Ecuador y comiencen a tener terror del pueblo ecuatoriano. Devuelvo la palabra a usted, señora presidenta.

Es una de las ocupaciones, o es la ocupación, más desprestigiada y más desacreditada. Con justa razón, casos de corrupción, narcotráfico, diezmos, incluso hasta violaciones. Pero a la vez, legisladores, es la ocupación más importante de todas. Nuestras decisiones afectan o benefician la vida de nuestros ciudadanos en todos los ámbitos. Nos corresponde dignificar la política. ¿Cómo? Aprobando leyes como estas, que atacan la principal preocupación de los ecuatorianos, la inseguridad. En un país golpeado por la violencia, homicidios, extorsiones, los ecuatorianos esperan que sus representantes mínimamente hagan lo que le corresponde desde las competencias, legislando a favor de los ecuatorianos y en contra de los delincuentes.

La ley antimafias marca un hito histórico para nuestro país. Marca una línea en donde le decimos a los delincuentes que se acabó ese país de la impunidad y decirles a la oposición, cuando no tienen poder, destruyen. Cuando se callan, encubren. Y cuando hablan, mienten. Y cuando tienen que votar a favor del país, lo hacen en contra. Por eso, señora presidenta, hoy mociono la aprobación de la ley antimafias. Porque es el momento de que el Ecuador salga de ese oscuro pasado en donde se entregó nuestra seguridad a cambio de beneficios políticos.

Gracias, señora presidenta.

La moción presentada por la asambleísta Inés Alarcón ha sido ingresada por escrito.

Señores asambleístas, ¿tiene apoyo la moción? Señor secretario de lectura de la moción presentada y tome votación.

Proclame resultados, señor secretario.

En el artículo 150 de la ley orgánica de la función legislativa se suspende la sesión para declararnos en comisión general. Señor secretario, por favor dé paso a la comisión general.

TVL y la Radio de la Asamblea Nacional presentaron Asamblea en Pleno.