Señora Presidenta, señoras y señores legisladores, en primer lugar voy a hacer uso del tiempo que se me ha dado de intervención para un tema que los ecuatorianos creo que estamos de acuerdo y es el tema de la lucha contra el crimen organizado y sobre todo la lucha contra la delincuencia. Y aquí en esta asamblea hablamos de la cooperación internacional y hablamos la necesidad de articular entre diversos estados, la necesidad de trabajar en la lucha del crimen transnacional y el día de hoy se ha dado la captura de una de los cabecillas de la banda criminal Los Lobos, Ángel Esteban Aguilar en la Ciudad de México, por lo cual quiero iniciar mi intervención solicitando un aplauso al trabajo de los Estados Unidos mexicanos en la lucha contra el crimen organizado y sobre todo también contra lo que significan las estructuras criminales internacionales. Quiero también hacer extensivo el trabajo del gobierno de Colombia, el gobierno de México y creo que eso es lo que en la práctica permite precisamente la lucha contra las estructuras criminales internacionales. Ojalá los procesos de extradición que están pendientes, que están en una reforma aquí, puedan ser lo suficientemente ágiles para que se investigue todo y se sancione a los responsables. En segundo lugar, y ya refiriéndome al punto en concreto, creo que el país merece un baño de verdad, el país merece un baño de verdad aquí para saber qué hay detrás de esta ley urgente en materia económica, porque aquí nos vienen a hablar de la necesidad de generar incentivos tributarios para las viviendas de interés social, hay asambleístas que confunden la regularización de los barrios y de los predios y de los asentamientos humanos con proyectos de vivienda de interés social y creo que eso tiene que quedar claro. Pero también tiene que quedar claro que mientras en este momento el Pleno de la Asamblea Nacional discute una ley económica urgente, en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados está listo el informe de segundo debate de una ley importante, la Ley de Uso de Suelo y la modificación de la Ley de Uso de Suelo. ¿Y qué sorpresas nos trae esta ley? En primer lugar, que no bastó con la urgente económica para quitarles presupuesto a las alcaldías y a las prefecturas, ahora les quieren quitar competencias, porque resulta que ahora va a ser la superintendencia de uso de suelo la que asuma la competencia de aprobar las modificaciones al uso de suelo para la expansión urbana en los sectores rurales. Entonces díganle al país que mientras por el un lado se presentan y que pretenden encontrar soluciones para la tecnificación del campo, por el otro lado están mermando esa posibilidad con la expansión urbana en el sector rural. Y les quitan competencia a las alcaldías para que sea la superintendencia quien acepte o no la modificación del uso de suelo. Y adivinen para qué lo solicitan. Para la promoción de planes de viviendas de interés social en los sectores rurales. Entonces resulta que ahora ya no quieren que el municipio, ya no quieren que los municipios aprueben los planes de uso de suelo, ya no quieren que los municipios aprueben las urbanizaciones, sino sea la propia superintendencia de uso y control de la tierra quienes sean los competentes para resolver este tema. Y entonces luego decimos una vez que está modificado el uso del suelo, una vez que la superintendencia es la que autoriza, ya no los municipios, entonces ahora sí queremos entregar incentivos a las grandes inmobiliarias. Díganle al país la verdad que los intereses económicos están en las grandes inmobiliarias, que esta es una ley necesaria para cerrar lo que se quiere hacer en esta asamblea con la modificación de la ley de uso de suelo. Eso es lo que tienen que decirle al país. No le vengan a decir al país que existe interés, que existe la necesidad de fortalecer la vivienda de interés social, porque si voluntad política existiera para ello, me permito decirle, colega Chamba, la competencia del COTAD establece que el Ministerio de Obras Públicas no es competente en materia de vivienda de interés social. Son las alcaldías. Y colega Chamba, si queremos modificar, y yo estoy de acuerdo con usted, con que la gente que tiene más de 40 años sin un título de propiedad lo pueda hacer, pero entonces modifiquemos del 596, expropiación especial con fines de interés social, modifiquemos del 496, que tiene que ver con la posesión en caso de bienes de asentamientos humanos no regularizados. Y sabe qué, asambleísta Chamba, asignémosle los recursos a los municipios para que puedan cumplir la competencia. Otorguemosle los más de mil millones de dólares que les debemos a las prefecturas o que les debe el gobierno central y que el Ministerio de Vivienda otorgue y realice los trámites ya no burocráticos para entregar los lotes de terreno que pertenecen al Ministerio de Vivienda para que hagan las alcaldías estos planes de vivienda de interés social. Es decir, esto es lo que debe debatirse en este momento, no venir a hablar aquí de incentivos tributarios, porque recordemos que en las anteriores urgentes económicas ya se establecieron incentivos para este sector. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que hayan planes de vivienda de interés social? ¿Disminuir la brecha que existe en este momento? ¿O lo que queremos es prácticamente que las inmobiliarias no cubran impuestos? Y entonces ahí tendrá que decirnos el servicio de rentas internas y los organismos del gobierno competentes, ¿quiénes son los que se van a beneficiar? Porque aquí yo no veo beneficiarios a los asentamientos irregulares o a los planes de vivienda de la ciudad de Quito que tienen en este momento problemas. Porque yo no veo en este momento una transitoria que diga que se les otorgue a las alcaldías y a las prefecturas los presupuestos para invertir en temas de vivienda de interés social. Y yo no veo en este momento del Ministerio de Obras Públicas la necesidad de tener una política y una ejecución presupuestaria adecuada. Entonces, digámosle al país la verdad y digámosle al país que lo que se quiere aquí es generar beneficios, es modificar el uso del suelo y quienes se van a beneficiar son las grandes inmobiliarias. Al final, los que perdemos es la gente que no tiene vivienda, la gente que necesita una escritura. Pero no se puede venir aquí a confundir elementos esenciales, regularización de barrios con viviendas de interés social. No se puede venir aquí a decir que para esta competencia tiene el gobierno central cuando sabemos que es una competencia exclusiva de las alcaldías. No vendamos humo y digamosle al país la verdad. Mi palabra, señora Presidenta.