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Mireya Katerine Pazmiño Arregui (100%)
Gracias, señor presidente. Antes de comenzar con mi exposición, quisiera un aplauso a la ciudadanía que estaba reclamando y defendiendo sus derechos a las afueras de esta universidad. Colegas, asambleístas, señor presidente. Este proyecto de ley que analizamos es sobre el contexto macrofiscal. Es desastroso y empobrecedor. Resultado de los 26 meses de gobierno que administra el señor Daniel Novoa. Los resultados son de espantos, terroríficos para el presente y el futuro del pueblo ecuatoriano. Una deuda pública de casi 90 mil millones de dólares, de los cuales alrededor de los 47 mil millones son de deuda externa, entre organismos financieros internacionales y casi 12 mil millones de bonos privados para banqueros y otros que tienen el dinero en el exterior. Regreso, regresó el negocio de los tenedores de deuda externa. Ese es el negocio de los ricos que tienen el dinero en el exterior o en los paraísos fiscales, a los cuales el SRI cada vez los va sacando de la lista de las jurisdicciones tributarias especiales o simplemente de los paraísos fiscales. El Estado y sus instituciones cómplices son los que andan ocultando el dinero que los sacan del trabajo, la producción y de la economía ecuatoriana. En ese contexto de negocios de ricos para ricos, para banqueros y para los que sacan las riquezas del pueblo ecuatoriano sobre la pobreza del pueblo ecuatoriano, la falta de educación, de salud y la reducción de los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados, demuestran que lo que codician no se queda conforme con el negocio de tener y manipular los bonos de la deuda externa. Van por las riquezas de los sectores estratégicos del Estado ecuatoriano, del patrimonio nacional y para explotarlos de la manera más ruin, de la forma más miserable en contra de la naturaleza, las fuentes de agua. Pero lo más grave, en contra de las comunidades agrícolas, las comunidades de campesinos que producen los alimentos para la mayoría de los ecuatorianos, en contra de las ciudades que afectan y que están afectadas por la contaminación de sus fuentes de aguas potables y de la destrucción de los paraísos turísticos y del explotamiento social. El proyecto de ley económico urgente sobre minería y energía, que en la Comisión de Desarrollo Económico se ha tardado, se ha tratado y lo que estamos conociendo en este pleno, en primer debate, solamente ocho días para que se cumpla el plazo de los 30 días, es muy preocupante, lo que implica este proyecto. Reducir los estándares ambientales cuando cambian de licencia ambiental, que es lo que actualmente está, por una simple autorización ambiental, que es la propuesta. Simplemente es poner la normativa ecuatoriana a las órdenes de las empresas mineras transnacionales y las de capitales de dudosa procedencia que serán legalizados en el Ecuador. Escuché a una legisladora que hablaba sobre las minerías ilegales. Con esta propuesta actual de una simple autorización ambiental, esas mineras, ahora, esas mineras ilegales, ahora serán mineras legales. Y así está la trampa. Con este cambio, se limitan también las capacidades de control y sanción por afectaciones ambientales, mientras liberan de responsabilidades a los concesionarios privados respecto a las garantías, para que mantengan más niveles de contaminación ambiental, pero el objetivo del proyecto es quitar toda norma que estorbe a los supuestos inversionistas de las minerías. Además, vulnera el principio de precaución y el derecho a la consulta ambiental, especialmente en las fases exploratorias donde el riesgo ambiental es elevado. Este proyecto de ley, además, pone en serio riesgo al Estado frente a los supuestos inversionistas internacionales, porque limitaría la capacidad de regular, reclamar y, peor todavía, sancionar a las empresas que afecten las fuentes de agua u otras reservas del ecosistema, porque limitan al Estado y a la sociedad con la amenaza de demandas de arbitrajes internacionales por supuestas afectaciones a las inversiones de los actores a los que el gobierno, con este proyecto de ley, pretende garantizar la seguridad, usando a las fuerzas armadas como guardias privados de intereses privados y transnacionales. ¿En qué situación va a quedar la institución encargada de defender la soberanía nacional? Que escuche el pueblo ecuatoriano. Bueno, con este proyecto de ley, Novoa y ADN pone a las fuerzas armadas como guardias privadas de intereses transnacionales o, peor, intereses manchados de ilegalidad, todo en contra de la soberanía nacional. La soberanía no es solo cuidar las fronteras que están mal desguardadas, porque el negocio no le da ni los recursos económicos necesarios, ni el apoyo adecuado técnico ni político que las fuerzas armadas necesitan. La soberanía es cuidar al pueblo ecuatoriano, cuidar su economía ante los buitres nacionales y extranjeros. Cuidar la soberanía es defender el medio ambiente y los espacios donde el pueblo desarrolla su vida comunitaria. Pero esto no queda ahí. Con este proyecto de ley, deben garantizar la provisión de electricidad y de combustible a las empresas mineras. Las empresas públicas estatales, SELEC o CENEL, tienen que invertir para tener las ruedas eléctricas para que las mineras tengan acceso al sistema interconecto de electricidad.
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Mireya Katerine Pazmiño Arregui (100%)
Petroecuador tendrá que instalar centros de almacenamiento para combustible para las empresas mineras transnacionales. El Estado y sus recursos al servicio de los intereses de las transnacionales y lo que es más grave, el Estado al servicio de las empresas de capitales de dudosa procedencia. Compañeros, escuchen bien, este proyecto de ley menciona que el Estado ecuatoriano debe garantizar electricidad, combustible y seguridad. Mientras tanto, aquí en el Ecuador tenemos más de 16 mil muertes violentas en dos años. Esto es inaceptable. Muchas gracias, compañeros.