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Liliana Elizabeth Durán Aguilar (75%)
La obesidad constituye uno de los principales desafíos de salud pública que enfrenta el Ecuador. No estamos hablando de una condición estética ni de una decisión individual, estamos hablando de una enfermedad crónica, compleja, multifactorial y progresiva, asociada a la diabetes, a enfermedades cardiovasculares, distintos tipos de cáncer, discapacidad, deterioro de la salud, salud incluso mental de las personas que lo padecen, deterioro de la calidad de vida y muertes prematuras. Por ello, saludo que finalmente en esta Asamblea se abre el debate sobre una normativa específica, como dice mi colega, que se está tratando por patologías, pero de vital importancia en el Ecuador este proyecto de ley. Mientras no contemos con un código orgánico de salud que responda a las necesidades actuales y reales de la gente. Sin embargo, también debo señalar que este primer informe todavía presenta vacíos que deben corregirse e incorporarse al informe para segundo debate, porque una ley que reconoce derechos, pero que no establece mecanismos claros para garantizarlos, corre el riesgo de convertirse en una declaración de buenas intenciones. Antes de referirme al contenido del informe, considero de vital importancia comentar cómo nació esta iniciativa legislativa. El proyecto de ley que he trabajado y he presentado junto al asambleíste Eliana Correa, se lo trabajó con absoluta responsabilidad ética y legislativa. No fue una propuesta improvisada ni construida sobre percepciones o mal copiada de alguien o encontrada en algún lado. De ninguna manera. La construcción de este proyecto, la construcción de este proyecto inició muchos meses atrás y está respaldada por un proceso riguroso de investigación y análisis técnico especializado, incluso multidisciplinario, sustentado en requerimientos de información a instituciones públicas, revisión de evidencia científica y derecho comparado. Respuestas oficiales de evidencia científica, como les decía, de organismos competentes, así como de múltiples mesas de trabajo y reuniones con organizaciones de la sociedad civil. Pacientes profesionales de la salud y médicos especialistas vinculados al tratamiento integral de esta enfermedad, la obesidad. Para identificar la dimensión real de la problemática, se solicitó información a la Defensoría del Pueblo sobre vulneraciones de derechos asociados a la obesidad, al IES sobre cobertura y atención a personas con obesidad, al ARSA sobre etiquetado y control de productos procesados, al INEC sobre estadísticas nacionales, al Ministerio del Trabajo respecto a la discriminación laboral, al Ministerio de Educación sobre prevención y entornos escolares, al Ministerio de Salud Pública sobre políticas públicas y tratamientos, y al CONASA, que es el Consejo Nacional de la Salud, sobre lineamientos institucionales relacionados con esta enfermedad y sobre la tabla de medicamentos. Es decir, este proyecto no surgió de una coyuntura política, surgió de la evidencia de las realidades de cientos y miles de personas que viven en condición de obesidad. Surgió de la identificación de vacíos normativos, surgió de la constatación de que miles de ecuatorianos y ecuatorianas viven diariamente barreras de acceso a la salud, discriminación y ausencia de atención integral. Por ello, preocupa que varios de los elementos, los más sólidos del proyecto original, no hayan sido recogidos con la misma profundidad y sobre todo rigurosidad dentro de este informe para primer debate. El proyecto original que he presentado incorporó una visión integral basada en derechos humanos, prevención, diagnóstico oportuno, atención multidisciplinaria, protección contra la discriminación y reconocimiento de las personas que viven con obesidad como un grupo que enfrenta barreras estructurales en el acceso a la salud. El informe para primer debate se aproxima más a una lógica programática y administrativa, debilitando varios elementos garantistas que constituían el principal aporte en la propuesta original. Todavía no existe claridad suficiente respecto de los estándares mínimos de cobertura, por ejemplo, los mecanismos de exigibilidad de derechos, los criterios de priorización para acceso a tratamientos, los mecanismos de reparación frente a vulneración de derechos, la coordinación efectiva entre las instituciones, los mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados. Y estos son aspectos fundamentales cuando hablamos de garantizar el derecho a la salud y a una vida digna. Desde una perspectiva de técnica legislativa también preocupa que varios aspectos sustanciales sean remitidos a reglamentos o normativa secundaria. La Asamblea Nacional no puede delegar indefinidamente al Ejecutivo aquello que corresponde definir con claridad en la legislatura. Los elementos esenciales de una garantía legal deben constar en la ley, porque cuando la ley guarda silencio sobre aspectos fundamentales, la garantía termina dependiendo de decisiones u omisiones administrativas futuras. Y justamente por esa razón anuncio que volveré a remitir observaciones técnicas, incluso especializadas, por escrito para el tratamiento y construcción del informe para segundo debate, con propuestas concretas de mejora del articulado. Esperamos que en esta ocasión dichas observaciones sean efectivamente analizadas e incorporadas dentro del informe correspondiente para el segundo debate. Estaré presente todas las veces que sea convocado para el tratamiento de este proyecto, porque el proceso legislativo no puede limitarse a recibir observaciones para cumplir una mera formalidad. La deliberación democrática exige que estas observaciones sean evaluadas, sean discutidas y consideradas dentro de la construcción del texto final. Y precisamente aquí quiero referirme a un tema que trasciende el contenido de este proyecto. Me preocupa la forma en que se ha desarrollado la deliberación democrática durante el tratamiento de esta iniciativa. La Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Jurisprudencia Constitucional, reconocen que la deliberación democrática constituye uno de los elementos esenciales del procedimiento legislativo. La calidad de una ley depende directamente de la calidad del debate que antecede a su aprobación. Sin embargo, durante el tratamiento de este proyecto hemos observado limitaciones reiteradas para la participación de legisladores que aún sin ser parte de la Comisión hemos solicitado intervenir para formular observaciones técnicas y políticas. No se trata de un reclamo personal, colega Reyes, de ninguna manera. Se trata de defender el principio democrático de participación y deliberación. La deliberación democrática no consiste únicamente en escuchar comparecencias. La deliberación democrática exige escuchar también a quienes tienen observaciones, cuestionamientos o propuestas alternativas. Las comisiones especializadas son espacios de construcción colectiva de las leyes. No pueden convertirse en espacios donde únicamente se validan posiciones previamente definidas. Colegas, las mejores leyes nacen del debate, las mejores leyes nacen cuando todas las voces son escuchadas. Y justamente en este proyecto ocurrió un hecho que merece ser mencionado. Coloco un caso solamente como ejemplo. Durante el tratamiento de esta iniciativa por mi solicitud, la Comisión convocó a la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria para que compareciera dentro del tratamiento para la construcción del primer informe. Sin embargo, ante su inasistencia, durante la sesión se señaló que dicha institución no había comparecido porque no tenía competencias relacionadas con la materia objeto del análisis. Esta afirmación generó duda razonable. Considerando que el proyecto regula aspectos vinculados a cobertura de atención integral por esta razón, mediante oficio el 21 de mayo se remitió un requerimiento formal de información a la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria solicitando que aclare tanto el alcance de sus competencias como las razones de su inasistencia a la convocatoria realizada por la Comisión. La respuesta la recibí el 29 de mayo, mediante la cual la Junta confirmó que sí posee competencias regulatorias en materia de seguros de salud, medicina prepagada y servicios de atención integral de salud prepagada. Adicionalmente, la propia institución reconoció que su ausencia obedeció a una confusión administrativa. Esto, colegas asambleístas, es solamente un ejemplo. ¿Cuántos aportes dejamos de escuchar durante el tratamiento de este proyecto? ¿Cuántas observaciones pudieron haberse incorporado si todas las instituciones profesionales de la salud sugeridos y que tienen competencia hubieran sido convocados y participado oportunamente? Porque cuando una institución con competencias directas queda fuera del debate, quien pierde no es la oposición, no somos nosotros, quien pierde tampoco es el oficialismo, quien pierde realmente es la gente por la calidad de ley que luego les entregamos. Y esta reflexión también debe hacernos revisar cómo estamos conduciendo los procesos legislativos dentro de las comisiones especializadas. Escuchar, colegas asambleístas, no debilita una comisión ni el liderazgo de quien lo preside. Escuchar fortalece la legitimidad de la ley que se pretende aprobar. Por ello, considero muy importante que para la construcción de este segundo debate se tome en cuenta todas las competencias necesarias y que han sido sugeridas en su oportunidad. Al mismo tiempo, decirles, colegas asambleístas, debemos incorporar criterios claros de seguimiento y evaluación, debemos garantizar una verdadera atención integral en este tema y debemos sobre todo asegurar que para el segundo debate exista una deliberación más amplia, más plural y más democrática y desde luego respetuosa. Porque las personas que viven con obesidad no necesitan una ley simbólica o declarativa, necesitan una ley efectiva, una ley aplicable, una ley exigible y una ley que transforme sus realidades. Esa es la responsabilidad que hoy tiene la Asamblea Nacional. Gracias, presidente, por cederme luz a la palabra.