🕒 0:07 Guschmer Tamariz (100%)

Gracias, Presidente. Bueno, uno de los grandes problemas que enfrenta el país es precisamente el crecimiento desordenado en las ciudades, por lo general en las grandes ciudades. Esto genera presiones adicionales a los gobiernos autónomos descentralizados para la provisión de servicios públicos, además en el lugar en donde la gente termina sentándose, en donde termina decidiendo a levantar su hogar, genera muchas veces condiciones de vida que no son las adecuadas y en algunas ocasiones estos espacios crecen de manera incontrolable, justamente con condiciones debajo de lo mínimo que necesitaría una familia. Una de las principales causas es precisamente la desconexión que existe entre la planificación local y la mirada en la planificación nacional. Por ello es deber de esta Asamblea, señor Presidente, dotar de herramientas jurídicas y técnicas que permitan a los GATS y al gobierno nacional tratar siempre el crecimiento de cualquier tipo de población de manera articulada. En este sentido propongo a la Comisión de Gobiernos Autónomos descentralizados que se incluyan las disposiciones para poder llevar de una manera mucho más armónica el crecimiento y esta mirada que se le pueda dar en el Plan Nacional de Desarrollo. Por otro lado, la norma lo que tiene que lograr es un equilibrio, buscar, intentar un equilibrio que tiene que ser efectivo con una capacidad coercitiva, pero que también sea equitativa. No puede ser que los municipios pequeños se vean desproporcionalmente afectados por sanciones que representan una altísima carga significativa para sus arcas, para sus finanzas, mientras que los municipios grandes, esas mismas multas resultan prácticamente insignificantes y por eso toman las decisiones que toman. Esto no es solo injusto, y lo conversaba con algunos otros asambleístas, no es solamente injusto para los cantones pequeños, sino que también deja en indefensión a sus ciudadanos, a los ciudadanos de las comunidades pequeñas, pero también a los ciudadanos de las ciudades grandes, en donde algunos municipios impulsan la ley porque pueden pagar las sanciones con menos recursos públicos y sin tener prácticamente ninguna consecuencia de sus actos. Ahora bien, es importante señalar que esta ley también contempla procesos de repetición, es decir, ya basta de la ineficiencia o de la negligencia que pueda existir de las autoridades y terminen siendo pagados por bolsillos de los ecuatorianos. Esa es mi palabra, señor Presidente.