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Inés Margarita Alarcón Bueno (100%)
Gracias, señor presidente. Señor presidente y compañeros legisladores, al país hay que hablarle con la verdad, sin titubeos. El fantasma del espionaje de la década robada sigue operando en el país, a través de los municipios que hoy controlan, lamentablemente. Y lo que es peor para nosotros como ecuatorianos, esta vez financiado con los impuestos locales. El pasado 23 de junio, en la Comisión de Seguridad, recibimos al ministro Reinberg, quien nos ha dado una información sumamente grave. El ministro Reinberg, en primer momento, ha hecho una referencia clave sobre el secuestro de los sistemas de videovigilancia en Guayaquil, que no estaban apuntando a las bandas criminales, no estaban previniendo delitos, estaban redirigidas ilegalmente como sala de espejo para vigilar y espiar a los ciudadanos. El ministro Reinberg ha sido claro ante la Comisión, la existencia de indicios sólidos que este modus operandi propio de una estructura criminal organizada. Estaría inquistado en los municipios gobiernos locales que la revolución ciudadana hoy controla. El objetivo es macabro, señores legisladores y pueblo ecuatoriano, extender los tentáculos del espionaje y constituirse en una red de inteligencia paralela, clandestina a escala nacional, para blindar la impunidad de sus líderes y así poder vigilar a los ciudadanos. El caso más crítico y más vergonzoso ocurre aquí mismo, en la capital de la República. Resulta que quienes manejan los hilos de la seguridad tecnológica y el monitoreo en la administración municipal son nada más y nada menos que el desmantelado brazo operativo de la extinta SENAIM. Sí, la misma Secretaría Nacional de Inteligencia que Correa creó en el año 2009, con un solo propósito real, perseguir, hackear, interceptar a periodistas activistas y adversarios. La misma de los millones de dólares de gastos reservados que terminaron en peculado. La misma estructura criminal que, como lo dije hace un inicio, ejecutó el secuestro de Fernando Valda. Sí, esa misma SENAIM, hoy, señores legisladores y pueblo ecuatoriano, opera desde los GAS. Pero ¿quiénes son estas figuritas? Diario El Universo menciona al menos cinco ex agentes de esa nefasta institución. Dentro de estos agentes, constan en el distributivo del personal de la alcaldía de Pavel Muñoz. Y que están estratégicamente ubicados en áreas títicas. En la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos y la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Quiénes son ellos? Carolina Andrade, Washington Martínez, Ernesto Ancieta, Silvia Burgos, Paul Andrés López. Y aquí nos queda, ecuatorianos, de hacernos la pregunta de rigor. ¿Qué funciones específicas cumplen estos técnicos del espionaje en el municipio de Quito? ¿Para qué fueron contratados con el dinero de los quiteños? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y para eso, señor presidente, este debate debe ser bastante amplio. El señor Pavel Muñoz ha recurrido ya al viejo libreto correísta, lavarse las manos, bajo el pretexto de que la seguridad ciudadana y el orden interno son competencias exclusivas del gobierno central. Sin embargo, cuando se trata de suscribir contratos o nombramientos para exfuncionarios de la inteligencia correísta, en puestos clave, guardan silencio absoluto. El doble rasero debe ser inadmisible, señor presidente. Se declaran incompetentes para proteger al ciudadano en las calles, pero se muestran ágiles para centralizar información y operar cámaras con fines oscuros e irregulares. Esta Asamblea no va a permitir que se revivan las épocas del terrorismo del Estado desde las alcaldías. Por eso, exigimos, señor presidente, compañeros legisladores y pueblo ecuatoriano, que la Contraloría General del Estado inicie de inmediato exámenes especiales a los contratos del personal del municipio de Quito y al uso de los servidores de videovigilancia. Asimismo, exhortamos al Ministerio de Trabajo a activar inspecciones rigurosas sobre el cumplimiento de los perfiles del cargo a estos exmiembros de la SENAIM. La descentralización de poder no puede transformarse en descentralización del espionaje y la impunidad delincuencial. Y por eso, también, desde la Comisión de Seguridad, iniciaremos un proceso de fiscalización por las posibles afectaciones a la seguridad ciudadana, a la seguridad pública, pero sobre todo, a lo que se ha vulnerado de manera flagrante en esta administración. La protección de la información estratégica. Señor presidente, he enviado una moción y una resolución para que se abra este proceso de fiscalización. Se inste a la Contraloría General del Estado, así como al Ministerio de Trabajo, para que tome las acciones correspondientes. Porque, como lo dije hace un momento, esta Asamblea Nacional no va a permitir que se sigan utilizando a los GATS como centros de espionaje. Gracias, señor presidente.