🕒 0:18 Marco Patricio Olmedo Arias (100%)

Muchísimas gracias, señora presidenta, por permitirme el uso de la palabra. Compañeros legisladores, yo quiero decirle al compañero de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, resumiendo en pocas palabras lo que le ha dicho mi compañera presidenta, la compañera presidenta de la comisión, decirle que la verdad, soberanía no consiste en proteger delincuentes, sino en garantizar la justicia para nuestro pueblo. Y creo que eso está bastante claro, por qué razón trabajamos de esa forma dentro de la comisión. Y quiero recordarles también que han pasado 26 años para que el Ecuador vuelva a debatir una reforma a su ley de extradición. En este tiempo, el país cambió, pero también cambió la forma en la que opera el crimen. Lamentablemente, durante muchos años, el Ecuador ha tenido un contubernio con el narcotráfico y los grupos delincuenciales de espacios políticos. Por eso, en primera instancia, saludo que finalmente un texto normativo de tanta relevancia sea ajustado a la realidad que vive nuestro país. También felicito el trabajo realizado por la comisión, que ha actuado con compromiso y responsabilidad para honrar una deuda pendiente con la seguridad del Ecuador. La ley de extradición, tal como está hoy, es un instrumento caduco e insuficiente frente al contexto delictivo al que nos enfrentamos como nación. Si bien la globalización ha incrementado las oportunidades de progreso, desarrollo y conexión entre los países, también ha generado mayores riesgos para que la delincuencia organizada traspase fronteras y cometa delitos en distintos estados. Desafortunadamente, en el Ecuador, redes de narcotráfico y organizaciones criminales han asentado estructuras que se conectan con organizaciones en países como México, Colombia, Bélgica y Venezuela. Esto nos obliga a contar con instrumentos jurídicos adecuados que permitan una gestión de justicia efectiva y fortalezcan la cooperación internacional para combatir la criminalidad transnacional. El 21 de abril del 2024, más de 6 millones de ecuatorianos aprobaron la reforma constitucional propuesta por el presidente de la República, mediante la cual se habilitó la extradición. La reforma que hoy se debate respeta ese mandato constitucional y busca crear el marco legal necesario para garantizar seguridad jurídica en los procesos de extradición. Durante el tratamiento de este proyecto, se recibieron criterios de varios catedráticos, juristas, autoridades judiciales que permitieron aclarar dudas y fortalecer el texto que hoy está conociendo este pleno. En los últimos años, varios ciudadanos ecuatorianos vinculados con esas estructuras criminales han sido requeridos por la justicia dentro y fuera del país. Y quiero mencionar algunos nombres que les van a resultar bastante familiares. Roberto Álvarez, alias Gerente. Omar Auseno, alias Llanero. Nirama Chávez, alias Nirama. Adolfo Macías, ya extraditado, alias Fito. Wilmer Chavarría, alias Pipo. Y Leonardo Cortázar. Creo que les suena bastante familiar, sobre todo al grupo de la izquierda de mi lado. Todos ellos, gracias a que hoy se permite la extradición en el Ecuador, han pedido, han podido ser expuestos a órdenes de las autoridades para enfrentar la justicia aquí y en los Estados Unidos. Sin embargo, al no contar todavía con una regulación moderna, con criterios estandarizados y lineamientos claros, muchos de otros delincuentes que deben responder ante la justicia siguen todavía fuera del país. Algunos continúan delinquiendo y otros incluso siguen moviendo los hilos de sus estructuras criminales desde el exterior. Por eso, el nuevo texto de la Ley Orgánica de Extradición resulta indispensable para que el ordenamiento jurídico ecuatoriano cuente con una normativa sólida y contundente, coherente sobre todo. Porque en el Ecuador, muchas veces, los delincuentes se sienten por encima de la ley y peor aún, se sienten intocables. Creen que siendo prófugos, nunca serán judicializados. Esta ley pone fin a esa lógica de impunidad. Un aspecto importante de este proyecto es haber planteado esta normativa como ley orgánica, de tal manera que, alineada jerárquicamente con el Código Orgánico Integral Penal, forme parte de un bloque jurídico más robusto que facilite los procesos de extradición. Esto se justifica, además, porque se trata de una norma vinculada con el desarrollo de los derechos y garantías constitucionales. Hoy, los procesos de extradición ya no tienen únicamente una dimensión política, sino también una dimensión jurídica que cada vez es más relevante. El derecho internacional exige precisión, garantías y procedimientos claros. Y eso es lo que este proyecto busca establecer. La extradición fortalece la cooperación entre estados para enfrentar la criminalidad que cada vez actúa con mayor complejidad y sofisticación. Finalmente, en esta ley, también requerirá de la firmeza de las autoridades judiciales para que los procesos de extradición se tramiten con la celeridad y la responsabilidad que este país exige. Por lo expuesto, señora Presidente, este proyecto constituye un paso importante para fortalecer la cooperación internacional en materia penal y para mejorar la capacidad del Estado ecuatoriano en enfrentar el crimen transnacional. Estoy seguro de que pronto podremos contar con esta norma como ley de la República. Mi palabra, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias.