Dina Farinango. Gracias, señora presidenta. Primero que nada, quiero saludar a todos los colegas asambleístas, a todo el pueblo ecuatoriano y que nos siguen a través de los medios legislativos. De igual manera, como es mi primera vez la intervención, saludar a los siete cantones de la provincia de Pichincha. Antes que nada, quisiera solidarizar y exhortar sobre todos los actos que en realidad quieren callar por este gobierno nacional a varios actores líderes indígenas. Y esta solidaridad va en especial de parte de los tres colegas asambleístas del movimiento Pachacuti, como es Mariana Yumbay, Alex Tuapanta y mi persona, esperando de que en este caso no podemos tampoco tener toda la confianza y la certeza ante la justicia, ante las instituciones públicas.
Esperemos que se pueda transparentar del por qué existe esta persecución a un ex dirigente, a un expresidente de la CONAIE que siempre ha velado aquellos intereses de todo el pueblo ecuatoriano. Por eso es importante que también la Asamblea Nacional no sólo puede pasar con ex dirigentes, también con algunos políticos, actores que quieren callarnos. Pero no van a poder, por eso nuestra voz, siempre estaremos apegados a los intereses de las grandes mayorías. Es importante debatir esta ley, pero a pesar de que ha llegado muy tarde, pero no puede llegar débil, esta ley es muy importante, es una deuda histórica que a varias mujeres de las tres regiones de nuestro país ha sido importante para poder garantizar a través de este instrumento y sobre todo con los datos que nosotros hemos tenido, que al menos como a las mujeres indígenas, hemos visto realidades, sobre todo que no ha habido el apoyo por parte del gobierno nacional, por parte del Estado.
Es importante ver los números que no podemos ignorar, en Ecuador sólo el 12 por ciento de las tierras agrícolas están en manos de mujeres, mientras que ellas representan y representamos del 65 por ciento de la población económicamente activa, sea en agricultura, sea en ganadería, en emprendimientos que en realidad ha sido el sustento de aquellas familias. En el 2024, según el INE, el 76 por ciento de las mujeres rurales pertenecen al sector informal del empleo y sólo apenas con el 11 por ciento cuentan con un empleo digno.
Eso quiere decir que no existen oportunidades, no sólo para mujeres rurales, sino a nivel nacional, mujeres que en realidad necesitan tener un empleo digno no acceden. Lo cual se vuelve más complejo debido a que Ecuador mantiene como el tercer país de la región de América Latina y el Caribe que tiene mayor índice de desnutrición infantil. Y nosotros hemos visto datos alarmantes desde la Comisión Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, que no ha habido inversión pública a este sector tan importante. Aquellos niños que tienen desnutrición infantil se encuentran en las zonas rurales.
Estas cifras retratan una realidad que no podemos seguir esquivando en las comunidades, en las montañas y sobre todo en la selva. Por eso es importante que se pueda garantizar, pero también que sean recogidas estas propuestas desde los verdaderos actores para poder nosotros fortalecer este instrumento legal y que pueda también, en este caso, ser efectiva a través de políticas públicas. Sin embargo, lo he hecho desde la invisibilidad, desde la precariedad y muchas veces desde la violencia. Este proyecto recoge además esas necesidades, esas demandas de todos los sectores de las tres regiones, reitero, por eso es importante seguir enriqueciendo.
Mientras debatimos nosotros cómo empoderar a las mujeres rurales, qué hizo el presidente Daniel Novoa, eliminó el Ministerio de la Mujer, cumpliendo órdenes del Fondo Monetario Internacional, recortando el presupuesto que no podemos permitir. ¿Cómo vamos a garantizar derechos sin institucionalidad? Me pregunto aquí, y hay muchas compañeras mujeres que venimos de los sectores rurales. ¿Cómo vamos a defender si es que no existe esa verdadera institucionalidad? La fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno es incongruente. No tiene sentido, mientras nosotros queremos aprobar una ley aquí en la Asamblea Nacional, no vamos a tener derechos.
No podemos aprobar una ley de mujeres rurales, mientras se desmantelan las instituciones, mientras existe recorte de presupuesto, supuestamente aquellas instituciones que nos protegen nuestros derechos, por eso exigimos que exista coherencia. En Ecuador, legislar desde el territorio implica reconocer la diversidad cultural, social, territorial del país, que no puede ser reducida a una visión única del Estado, que desde los territorios reproducen saberes de técnica, de semilla, de cultura, de tradiciones. Es importante ampliar la integración de la mesa técnica de la propiedad intelectual, incluyendo de forma permanente. ¿Por qué nosotros hacemos mención a que se pueda ampliar esta mesa de integración?
Para que aquellas mujeres que siempre salen a las ferias, como hacía mención el presidente de la comisión, ferias que no hay apoyo, sobre todo no existe el apoyo estatal, en el tema de créditos, en el tema de capacitación y otros aspectos que es muy necesario para seguir fortaleciendo el empoderamiento de las mujeres. Y sólo vemos con datos que el 87% de las mujeres indígenas rurales no tienen acceso a servicios públicos básicos en su lengua o bajo esquema culturalmente, y permanente, según el informe de las Naciones Unidas, que lo hace de los derechos de los pueblos indígenas en el año 2023.
Por ello, propongo que se incluya en el artículo 4, el principio de flurinacionalidad para reconocer la diversidad cultural y territorial de nuestras mujeres. De igual manera, solicito que se incorpore en el artículo 5, varios objetivos en la capacitación técnica, el apoyo financiero y la protección de la propiedad intelectual colectiva, incluyendo obtenciones vegetales de marcas colectivas, saberes ancestrales con el enfoque cultural y territorial. Esto permite a eliminar aquellas barreras que han tenido nuestras compañeras mujeres a nivel de las tres regiones. Y sólo un dato, sólo el 16% de emprendimientos rurales liderados por mujeres acceden a un financiamiento formal.
Y menos del 2% cuentan con el registro de propiedad intelectual. Sobre todo, estos datos se han recogido de acuerdo al tema que refleja por el Ministerio de Agricultura y el Senadi. O sea, existe menos del 2% de compañeras mujeres que pueden acceder a este recurso tan importante y así fortalecer en sus emprendimientos comunitarios. En Ecuador, las decisiones sobre la producción se toman sin participación efectiva de quienes sostienen conocimientos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Es importante de igual manera que se pueda incluir en el tema de que se articulen políticas de propiedad intelectual y sobre todo se tenga un enfoque territorial y comunitario, sean acompañados por procesos de marcas colectivas, saberes ancestrales y obtenciones vegetales.
Es importante también que en el artículo 34 de esta ley se pueda incluir términos de educación financiera adoptadas a sus realidades de manejos de crédito, de ahorros comunitarios, economía solidaria y sobre todo la formación sobre propiedad intelectual, que así puedan comprender los derechos sobre productos, semillas, recetas, artesanías y conocimientos ancestrales. Finalmente, debo de resaltar que la ley debe ser construida desde el territorio, con la participación de la gente, con las comunidades, con los pueblos y nacionalidades. Por ello, es indispensable que se pueda realizar el tema de la consulta prelegislativa de acuerdo al artículo 57, numeral 17 de la Constitución, para fortalecer este proyecto de ley.
Sin justicia para las mujeres no habrá justicia social. Hasta ahí mi intervención. Gracias, señora presidenta.