María del Cisne Molina. Gracias, presidente, pueblo ecuatoriano, muy buenas tardes. Realmente, hoy nos convoca la humanidad en su estado más puro, más frágil y a la vez más valiente. Hoy estamos aquí para conocer el informe para el primer debate del proyecto de la ley orgánica de la eutanasia en Ecuador. Una normativa que no es solo jurídica o médica, sino que es, ante todo, un acto de amor, de respeto y de profunda dignidad. Miremonos a los ojos y reconozcamos una verdad ineludible. La ciencia ha avanzado de una forma impresionante, permitiéndonos prolongar la vida a través de la tecnología. Pero también debemos preguntarnos con honestidad, ¿estamos prolongando la vida o estamos, en muchos casos, simplemente extendiendo una agonía? Existe un límite, colegas, donde la medicina deja de ser la cura para convertirse en ensañamiento terapéutico. Cuando los tratamientos son costosos, invasivos y poco dignos, la medicina deja de servir al ser humano, y el ser humano se convierte y termina sirviendo a la técnica. En muchos de estos casos, colegas, duele decir, pero a veces la vida deja de ser vida. Porque el sufrimiento total de una persona nubla cualquier rastro de existencia plena. Como ya lo dijeron algunos colegas que me antecedieron, en febrero del 2024, la Corte Nacional marcó un hito al despenalizar la eutanasia. Pero esta decisión sin regulación es un camino a medias. Actualmente, el Ministerio de Salud cuenta con un reglamento, pero esto es insuficiente. Los vacíos legales generan incertidumbre y miedo. Temor en el paciente que quiere partir e incertidumbre en el médico que teme a represalias legales. Estos vacíos se traducen en realidades desgarradoras, colegas, que no podemos ignorar. La falta de conocimiento, ciudadanos que sufren en silencio por no saber que tienen este derecho. El prejuicio y el estigma, una sociedad que a veces prefiere mirar hacia otro lado en vez de abrazar la autonomía del paciente. Una debilidad institucional, un sistema que no sabe cómo garantizar este derecho y que se cumpla con la celeridad que el dolor requiere. Recordemos con dolor y con mucho respeto, compañeros, el 8 de mayo del 2025. Ese día se registró la primera eutanasia en nuestro país para una mujer que padecía de cáncer terminal. Pero no olvidemos del costo humano previo, una espera de seis meses, trámites burocráticos, de incertidumbre y de un dolor que no entiende los plazos legales. Colegas, yo les pregunto a ustedes, ¿es justo que una persona, por más doloroso que se escuche, está muriendo, deba dedicar sus últimas fuerzas a pelear contra la burocracia del Estado? Espero que se contesten ustedes desde lo más profundo de su corazón. Este proyecto unifica cuatro propuestas, demostrando que esta es una necesidad nacional que surge de múltiples sectores. No estamos aquí para promover la muerte, buscamos evitar el sufrimiento innecesario. Estamos aquí para legislar sobre casos concretos y muchas veces en casos dolorosos, como existen las enfermedades catastróficas. Enfermedades terminales, con pronósticos de vida limitados, donde el dolor físico y emocional es inmanejable. Enfermedades neurodegenerativas, como la ELA, donde el cuerpo se convierte en una prisión día tras día. El deterioro irreversible, donde la calidad de vida ha desaparecido y solo queda a la sombra de lo que la persona un día fue. Nuestra responsabilidad, como legisladores, es dar certezas. Por esto, esta ley debe garantizar protocolos humanos y seguros, que la eutanasia voluntaria se dé en pleno uso de facultades. O que la eutanasia, en caso de personas en estado vegetativo, sea respetada si dejaron su voluntad expresa previamente. Celeridad y empatía. No podemos permitir más esperas de seis meses. Necesitamos plazos razonables que representen y presten el tiempo del paciente. Capacitación médica. Nuestros profesionales de salud deben estar protegidos y formados para acompañar este proceso con ética y ciencia. Consentimiento informado. Asegurar que cada decisión sea libre. Sea consciente y sin presiones externas. Colegas, más de 16 personas han solicitado información sobre este procedimiento en los últimos meses. No son números, son nombres, son familia, son ecuatorianos que enfrentan el deterioro irreversible en su calidad de vida. Ignorar este debate no es una opción, es una falta de responsabilidad con quienes hoy sufren. Vivir con dignidad implica necesariamente poder decidir cómo partir. Hagamos de este tema una corresponsabilidad nuestra, actuando con sensibilidad y profundo respeto para la autonomía de cada ser humano. No permitamos que el último recuerdo de una vida sea una batalla perdida contra la burocracia del Estado y la indolencia. Legislemos con compasión, legislemos por la libertad y legislemos sobre todo por la dignidad humana. Hasta aquí, presidente, mi palabra. Gracias, colegas.