🕒 0:00 Rebeca Viviana Veloz Ramírez (100%)

Gracias, presidente. Creo que este proyecto de ley representa un avance importante para la legislación ecuatoriana y creo que precisamente cuando tratamos estos temas que son tan sensibles, que es una deuda pendiente, una asignatura pendiente que se tiene desde el Estado con las infancias, deberíamos tratarlo con absoluta responsabilidad, seriedad, aquí en el Pleno y poder también presentar nuestros aportes, nuestras observaciones, más allá de las diferencias ideológicas que tengamos y coincido con mi compañera Pamela Aguirre, es necesario tener ideología, es necesario saber de dónde somos, es necesario saber dónde pertenecemos, incluso para defender nuestras causas y parte de nuestras causas como bancada de la Revolución Ciudadana precisamente siempre ha sido defender a la niñez de nuestro país. Y también es necesario señalar que durante mucho tiempo la gente, la sociedad ecuatoriana ha empezado a normalizar e incluso acostumbrarse a ver en las noticias jóvenes que son asesinadas, asesinados, niñas que son secuestradas, desaparecidas, jóvenes que se vinculan al crimen organizado. Y allí nace una pregunta fundamental para todas y todos, y esto sí va más allá de cualquier ideología o gobierno que se esté defendiendo, es ¿en qué momento el Estado dejó solos a nuestros niños? Esa es la primera pregunta que debemos tener como punto de partida. Luego, no sólo estamos hablando de un tema de seguridad, sino que también de madres, de madres que viven en la desesperanza, que esperan toda la noche que sus hijos lleguen a casa con el temor que puedan haber sido cooptados por el crimen organizado, de hogares fracturados, colegas legisladores por la pobreza, por la inseguridad, por la violencia, también de niños que crecen viendo cómo en sus barrios hay más armas que oportunidades. Eso debe llamar y tocar nuestra conciencia, porque en los barrios existen ahora, en los barrios olvidados, más armas que oportunidades. También de adolescentes que tienen que dejar la escuela porque no tienen en sus hogares ni siquiera para un plato de comida, y de niñas que están siendo captadas también por las bandas del crimen organizado a través de redes sociales para la explotación sexual, que es uno de los temas que debemos abordar. Y allí quiero ser muy clara, colegas legisladores, ningún niño nace queriendo ser criminal, ningún niño nace queriendo ser sicario, ninguna niña nace para ser explotada sexualmente. Y por eso este proyecto de ley es importante. Creo que tenemos que coincidir todos en que los temas de niñez hay que profundizarlos y hay que apoyarlos. Uno de los avances precisamente de este proyecto de ley es que deja de limitar el reclutamiento infantil únicamente a contextos de guerra o conflicto armado y lo extiende ahora a estructuras criminales y delincuencia organizada. Por eso creo que la tipificación, lo que se está cambiando en el COVID, debe establecerse como un delito autónomo, como tienen en otros países, Chile, Colombia, Francia, Suecia, como un delito autónomo. Las bandas reclutan a nuestros niños para varias actividades, como han mencionado aquí los colegas que me antecedieron en la palabra, para sicariato, para inteligencia territorial, para cobros de vacuna, para almacenamiento de armas, para la explotación sexual, para la trata de personas, para el transporte de drogas. Y por eso coincido en que incluso es positivo que se incorpore protección digital, salud mental, la continuidad de la escolaridad y también es necesario tener presente que ahora la cooptación de nuestros niños ya no es únicamente en el territorio, sino también a través de las redes sociales, como el TikTok, donde la violencia empieza a reemplazar a la esperanza y por eso también es necesario y urgente poder regular estos temas. Organismos como la UNICET, y yo me tomo todo el tiempo para leer los proyectos de ley, de hecho, de forma antigua acostumbro a imprimir los proyectos de ley, a leerlos, a hacer mis propias ayudas memoria, a poder tener también información sobre estos temas que son tan neurálgicos, y por eso dentro de la búsqueda de la información sobre esto que hoy íbamos a debatir, precisamente encontré un informe de la UNICET sobre la aproximación al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el Ecuador, que deberíamos todos leerlo, tiene 78 páginas, y allí dentro de esta ayuda memoria que levanté sobre este tema, nos dice que el Ecuador está perdiendo a sus niños, que entre el 2019 y 2024 los homicidios de niñas, niños y adolescentes aumentaron en un 627.5%, que en el 2021 hubo 79 homicidios de menores de 18 años, y que en el 2024 esta cifra se incrementó a 412 asesinatos, un incremento del 521.5% en apenas tres años. La tasa de homicidios de adolescentes pasó de 2.9% a 19.1% por cada 100.000 entre 2021 y 2024. Las bandas criminales comenzaron a captar niñas y niños desde los 9 años. Desde los 12 años ya son utilizados para transportar droga y cuidar casas de seguridad. Desde los 16 años muchos terminan vinculados al sicariato y al secuestro. Las niñas reclutadas enfrentan un alto riesgo de explotación sexual dentro de las estructuras criminales. En el 2024, solo en seis provincias del país hubo 1.466 desapariciones de menores de edad. Guayas 685, Los Ríos 198, Manaví 190, El Oro 186, Esmeralda 120, Sucumbíos 85. Guayas registró 202 homicidios de menores de 18 años en un solo año. El Oro y Los Ríos tienen las tasas más brutales de asesinatos adolescentes. El Oro 46.3 homicidios por cada 100.000 adolescentes. Los Ríos 42.4. Y la UNICEF advierte que muchos de nuestros niños y niños son reclutados porque están creciendo en contextos de violencia dentro de hogares en los que se empieza a naturalizar estos hechos, pero que también son golpeados porque no hay inversión desde lo social. Y allí radica la inversión en lo social. Países como Colombia, la legislación comparada, también nos dejan que creo que una gran demostración de políticas efectivas cuando se combina la seguridad, la sanción penal, pero también la inversión social. Porque no se puede erradicar el problema solo con sanción penal. También tiene que ir acompañado de la inversión en lo social, prevención comunitaria y la recuperación territorial. Hay que volver a recuperar la autoridad del Estado. Hay que volver a recuperar a nuestras niñas y a nuestros niños. Y precisamente, colegas legisladores, porque esta ley puede marcar un antes y un después dentro de nuestra legislación y que no solamente debe quedar en una ley que se aprueba de las tantas que aquí se emiten en la Asamblea Nacional o como un instrumento decorativo. Se tiene precisamente que establecer dentro de este proyecto de ley la política económica en materia de niñez, porque no es solamente que se va a invertir y luego se plasma en la reforma presupuestaria, sino garantizar que ese dinero se ejecute, porque luego eso a veces no sucede. Se necesita fortalecimiento institucional, como también la prevención. Si queremos prevención, no podemos exigirle a las instituciones que en este momento carecen de presupuesto, de psicólogos, de trabajadores sociales, de equipos territoriales, ni de capacidad operativa. Hay que cumplir con la deuda que se tiene con los centros de desarrollo infantil, que son los primeros centros o accesos que tienen las familias más vulnerables para proteger y garantizar la primera infancia en nuestra niñez. Luego, también hay una contradicción en el proyecto de ley sobre las juntas cantonales que mis colegas ya abordaron, porque por un lado se le piensa trasladar o exigir a los municipios y a las prefecturas. Y por otro lado, con la ley de GAPS, también se hace un recorte a la inversión en lo social. Entonces, esa contradicción hay que revisarla precisamente para que eso no quede dentro del proyecto de ley. Y estas observaciones las hago con el ánimo de que se mejore el proyecto, porque precisamente estos espacios de primer debate son para eso, para aportar, para observar. Y remitiré, como en todos los proyectos de ley, mis observaciones por escrito a la mesa legislativa, porque no les podemos pedir a los municipios que rescaten a la niñez de la violencia, mientras se les está quitando estas herramientas para invertir en lo social y por eso hay demandas de inconstitucionalidad en este momento a la ley de GAPS. Finalmente, colegas legisladores, creo que también necesitamos un sistema nacional de alerta temprana que permita identificar deserción escolar, desaparición de menores, violencia intrafamiliar, consumo problemático y territorios de alto riesgo. Y cierto es que está plasmado dentro de las reformas a la ley de educación superior, así como al Código Ingenius, entre otros, la entrega de becas, pero no se establece cómo, cuántas y desde dónde saldrá este presupuesto y si este se ejecutará, que también debe quedar plasmado en la ley. Colegas asambleístas, vamos todos a coincidir que no podemos permitir que el crimen organizado siga criando a nuestras niñas, a nuestros niños, que el crimen organizado siga arrebatando de los brazos de sus madres a esos niños su inocencia, su infancia, porque si se sigue permitiendo eso, entonces estamos también destruyendo el alma misma de un país y en eso todos tenemos responsabilidad, todas las funciones del Estado, principalmente la ejecutiva que es la encargada de la inversión presupuestaria, luego la función legislativa y las otras instituciones como la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura. Que los temas de niñez siempre sean el punto de encuentro en esta Asamblea Nacional, más allá de las diferencias ideológicas, de pensamientos e incluso también de afectos y desafectos que se tengan. Muchas gracias.