Muchas gracias, señora Presidenta, por otorgarnos el uso de la palabra, colegas asamblistas, pueblo ecuatoriano, queridos hermanos orenses que nos ven, nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Colegas asamblistas, no aceptemos que otra vez nos cambien el nombre del problema para imponer una mala ley. Este es ya el noveno proyecto urgente en materia económica remitido por el gobierno desde mayo de 2025. Dos leyes urgentes ya fueron declaradas inconstitucionales y otras tantas, al menos seis, siguen acumulando demandas de inconstitucionalidad. Ese no es un detalle menor. Revela una forma de gobernar con apuro, con propaganda, con improvisación y con poca deliberación democrática. Y hoy quieren repetir la receta usando una necesidad real, dolorosa y humana, la vivienda, para vender una solución que no resiste un análisis serio. Aquí no está en discusión si el Ecuador necesita vivienda digna. Claro que la necesita. Lo que está en discusión es si este proyecto sirve para eso. Y la respuesta, por supuesto, que no, colegas asamblistas. El propio Estado reconoce que en el 2024 el déficit habitacional llegó al 57.4%, equivalente aproximadamente a 2.8 millones de viviendas. Y que la mayor parte del problema es cualitativo en vivienda precaria, hacinamiento, ampliación, rehabilitación y servicios. No solo casas nuevas. Sin embargo, el informe y el proyecto insiste en una sola idea. Usar un incentivo tributario para movilizar capital privado, ampliar oferta formal y reactivar la construcción. Entonces, hay que ser honestos. Si de verdad les importara a la familia que vive en precariedad, no habrían traído una ley pensada casi exclusivamente para vivienda nueva y para dinamizar el negocio de unos pocos. Además, esta ley no pone primero a la gente, pone primero al donante. Crea una rebaja del impuesto a la renta causado equivalente al 100% de valor donado. Con un tope del 30% del impuesto causado y sin devolución. Es decir, el beneficiar inmediato no es la familia sin casa. Es el contribuyente que tiene suficiente utilidad y suficiente impuesto para pagar menos al Estado. Y eso ocurre. Además, en un sector que ya tiene beneficios relevantes, como devolución del IVA, tarifa 0% del IVA para servicios de construcción de viviendas de interés social, tarifa del 5% del IVA en la elaboración o comercialización de materiales de construcción. Por eso, esta no es una verdadera política de vivienda social. Es una ventaja tributaria envuelta en un discurso social. Nos hablan de solidaridad, pero el beneficio es inmediato para el donante y una promesa vacía para el necesitado. Nos hablan de donación, pero sin reglas fuertes de adicionalidad, control, no duplicidad y reversión del beneficio. Esto puede terminar siendo una oportunidad tributaria para pocos mientras cientos de miles de familias siguen fuera de su puesto beneficio. Y como no le mientan y que no le mientan al país diciendo que la revolución ciudadana se opone a la vivienda digna. Nosotros sí propusimos una salida real, ampliar el proyecto a soluciones habitacionales de interés social, incorporar mejoramientos integral, ampliación, rehabilitación, reposición por desastres, acceso al agua, saneamiento y energía. Meter cláusulas también ante abuso, transparencia, control y garantizar que esto no reemplace la obligación del Estado. Pero lamentablemente se rechazó lo medular y dejó intacto el corazón del proyecto. Por eso hoy decimos, con responsabilidad y de frente al país, no vamos a levantar la mano para que la necesidad de la gente que se convierta en la ventaja tributaria de unos pocos empresarios. No vamos a legitimar una ley que socialice el discurso y privatiza buena parte del beneficio. Muchas gracias, señora presidenta.