🕒 0:00 Lenin Alejandro Lara Pérez (100%)

Buenos días, presidente, colegas, asambleístas. Saludar también a todos los medios de comunicación y a la gente que nos sigue a través de los medios de comunicación y, cómo no, especialmente a la gente de mi querida provincia de Tungurahua, a toda la gente que conforme sus nueve cantones, les envío un abrazo fraterno. Pero, nuevamente, he pedido participar en este debate, que es el informe que ha enviado la Comisión de Desarrollo Económico acerca del proyecto de ley reformatoria del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, porque semanas atrás me encontraba terminando en el territorio y comenzaba con amigos empresarios y también emprendedores, en donde ellos manifestaban que una de las preocupaciones mayores que ellos tenían era trabajar con una incertidumbre frente a un sistema que ya no estaba funcionando. Pero, ¿cuál es el problema? Es que cuando un insumo o una mercancía llega a un puerto, a un terminal portuario, muchas veces el empresario o el emprendedor no tiene certeza de los plazos ni de los costos, es decir, el empresario o el emprendedor llega a perder incluso clientes, dinero y muchas veces el patrimonio que tal vez lo lograron construir durante años. Y es por eso precisamente lo que hoy estamos discutiendo con esta reforma, que habla directamente, hablando personalmente, por ejemplo, de Tungurahua, del empresario pelileño, del artesano, del cartón ceballos, por ejemplo, de los productores o incluso de los que se dedican al tema microempresarial y toda la gente, obviamente, que su cadena de suministros en algún momento llegó a pasar por algún terminal portuario del país. Y es por eso que el informe de la Comisión de Desarrollo Económico, cual no honra formar parte, ha presentado datos que son de empleadores, y hay que decirlo con toda la contundencia, porque existen a día de hoy 339 contenedores que están represados simplemente en tres terminales portuarias de Guayaquil, de los cuales el 65% de esos contenedores va a inmovilizar incluso cinco años. Hay algunos, como lo dijo ya mi colega, presidente, vicepresidente de la Comisión, Diego Franco, que incluso llegan a estar 18 años dentro de una bodega de un terminal portuario. Es decir, un niño que nació el mismo día que entró un contenedor dentro de ese terminal portuario, hoy está cumpliendo la mayoría de edad. Y esa mercancía sigue en esos terminales portuarios, ocupando espacio, generando costos y bloqueando infraestructura que debería estar al servicio del comercio activo del país. Y a nivel nacional se registran, como ya lo dijo mi colega, más de 12 mil contenedores dentro de los terminales portuarios abandonados, y eso representa en dólares un costo de mercancía de 450 millones de dólares. ¿Y saben cuánto es el costo de demora que tiene un contenedor por año? Hablando de contenedores secos, por ejemplo, son 70 mil, 76 mil dólares anuales que cuesta, y un contenedor, por ejemplo, refrigerado, llega incluso a costar 160 mil dólares anuales. Esos números y esos datos precisamente son el retrato de un sistema que ya quedó sin norma cuando más claridad se necesitaba. De hecho, la legislación vigente ya contempla figuras jurídicas, como el abandono, la adjudicación o la subasta de mercancías, pero la experiencia acumulada nos dice que estas figuras no tienen procedimientos suficientemente ágiles, no cuentan con brazos claros y tampoco cuentan con herramientas para resolver esa situación jurídica, que tienen estos bienes que pasan indefinidamente dentro de los puertos, es decir, bajo custodia aduanera. Pero ¿cuáles son esos resultados? ¿Qué es lo que pasa dentro de los militares portuarios? Existen varios bloqueados, bodegas que están saturadas, y contenedores que quedan fuera del servicio del circuito operativo. Pero eso es precisamente lo que viene a corregir. Esta reforma establece que los bienes almacenados por más de un año bajo custodia, que estén bajo custodia aduanera, entran en un proceso de inventario y de avalúo, seguido de publicaciones que alargan el plazo por 15 días, para que las personas que tengan derechos sobre esas mercancías las puedan acreditar. De lo contrario, si no lo hacen, esas mercancías entran en un proceso de adjudicación y de subasta o de subasta. Y por otro lado, si existe un proceso penal vinculado, también se detalla y existe un procedimiento claro. Y es por eso que desde Tungurau, por ejemplo, la productiva, la provincia trabajadora, una provincia comercialmente también al mercado internacional, desde el calzado, los textiles, la agroindustria, la metalmecánica, los tejidos, las artesanías, es decir, esa economía que genera, que madruga, esa economía que genera empleo, que explota, también depende de la eficiencia de los terminales portuarios. Porque cuando un terminal está congestionado, cuando no se presentan contenedores disponibles, o cuando los costos logísticos se elevan por ineficiencias normativas, que sí tienen solución, el que termina pagando esos costos es el mismo productor. Y aquí hay algo importante que decirles, que la eficiencia portuaria no solamente tiene que ver con las provincias que son costeras, todo lo contrario. Esta es una condición estructural para mejorar la competitividad del Ecuador hacia el mundo. Y hay algo también importante que merece ser dicho en este debate, y es que entre esas mercancías que están retenidas, esos insumos, esos bienes que llevan años inmovilizados, sin destino, pueden también recibir su segunda vida útil. Y por eso, la reforma le abre la puerta a la adjudicación gratuita a favor de esas instituciones del servicio público. Y eso significa que un equipo tecnológico, tal vez alguna computadora, algún insumo electrónico que está dentro de esas bodegas aduaneras, podría llegar, por ejemplo, a una escuela rural en Tungurahua. Es decir, que los bienes que hoy están representando un gasto, un costo innecesario al Estado, podrían llegar a formar parte de esas comunidades que más lo necesitan. Aquí no se trata solamente de descongestionar los patios portuarios y no se trata de dar lo que el país tiene al servicio de la gente. Por lo tanto, esta reforma, pienso yo que llega a tiempo porque, por un lado, descongestiona la infraestructura, reduce los costos que son innecesarios, se establecen también procedimientos y plazos establecidos y reales y fortalece también la capacidad operativa de la SENAE. Y es por eso que yo le llamo a ustedes, colegas, asambleístas, a ser responsables, no solamente hablando yo desde Tungurahua, sino con todas las provincias del país, porque esta es una ley también que contribuye al sistema aduanero para que funcione, para que este sistema aduanero ecuatoriano sea un facilitador del comercio exterior y no lo que está pasando ahora que sea o termine siendo un cuello de botella. Mi palabra, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra.