Gracias señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas, un cordial saludo a la provincia de Loro, a la ciudad de Machala y por supuesto pues a la Amazonía ecuatoriana y en particular a mi provincia de Sucumbios. Entonces, siempre en la reflexión de todos los temas que transitan en función de la responsabilidad que tenemos como asambleístas y como parte de este órgano de legislación, creo que lo imperante es precisamente resolver los problemas que en este caso aquejan al país. Y yo siempre me voy a referir a la Amazonía con cierta particularidad, estableciendo que somos la región más pobre del país y que los datos advierten que en necesidades insatisfechas también encabezamos estos procesos estadísticos, que en la distribución de la riqueza también encabezamos estos listados de pobreza. Y una de aquellas garantías que es obligación del Estado, en este caso, es el de garantizar la vivienda para quienes en efecto requieren del asistencialismo del Estado y que nace precisamente de una obligación. Y que el rol de legisladores en este caso tiene que estar en cierta forma armonizado también con lo que genera la política pública en este caso a partir de quien tiene la obligación, que es el Ejecutivo, a través de todos y cada uno de los estamentos, de los ministerios que deben propiciar un escenario que permita en cierta forma, a través de los niveles de desconcentración, acercar la respuesta a las necesidades que tienen los territorios. La Amazonía, por la particularidad, tiene una ley especial que nos permite, en cierta forma, tener la misma parte dogmática que establece en la Constitución. Es decir, la argumentación declarativa de derechos es casi la misma, solo que dice que tiene que ser atendida con preferencia, con prioridad y sobre todo con diferencia. Y aquí sí vale la oportunidad que tiene en este caso el señor presidente como colegislador para este tipo de iniciativas. Y le veo interesante y voy a exponer las razones por las cuales me parece que podría, podría generar algún tipo de solución respecto de este índice o de esta brecha, de esta necesidad fundamental para la garantía, no solo de quienes nos consideramos amazónicos como tal, sino para aquellos que son los dueños del territorio y que tiene que ver precisamente con el reconocimiento de estas once nacionalidades que son parte de un contexto cultural que basados en el reconocimiento de sus saberes ancestrales, de sus costumbres y de sus formas de vida, es que efectivamente es posible que la cosmovisión no sea la misma que podamos entender quienes nos consideramos en este caso como arrendatarios del territorio. Y hablo de ellos precisamente porque en este proyecto de ley, que como digo, podría generar una respuesta o una solución, sin embargo, la particularidad de esta normativa jurídica es que sí, hace énfasis en lo que significa el reconocimiento de la vivienda como uno de los derechos de los amazónicos. Y concretamente el artículo veintinueve refiere que el Estado con todos los niveles de gobierno debe diseñar y ejecutar programas para garantizar una vivienda digna y adecuada. Y en el proyecto de ley yo había establecido alguna especie de sugerencia respecto del proceso de focalización de este beneficio que tendrían en este caso todos los ecuatoriales, pero hablo en particular de los amazónicos. Porque ya que esta fusión del Ministerio de Vivienda con el Ministerio de las Públicas, hoy el ente rector sería el encargado quien tiene que elaborar los catálogos o la determinación de dónde se prioricen los territorios para generar, en este caso, la garantía de este derecho. Y quiero que bajo esta percepción, en los mismos criterios de este proyecto de ley, cuando se hable de dónde exista el mayor déficit habitacional o de pobreza, que los criterios de estas necesidades básicas y satisfechas los van a encontrar precisamente en la Amazonía. Y entonces, si el propósito es de que este beneficio que se lograría a través de este proyecto de ley pueda garantizar una distribución o una participación territorial equilibrada, creo que sí es imperiosa la oportunidad para también que, cuando pensemos en la Amazonía y en relación a la aplicación de este proyecto, el ente rector pueda considerar que buena parte de la Amazonía, las empresas petroleras, las empresas mineras y todas aquellas que generan operatividad en la zona, sería la oportunidad más adecuada para que el engranaje con lo que es el Ministerio de la Amazonía, que tiene dentro de sus líneas de inversión el de vivienda, y articulando con el sistema descentralizado en las obligaciones que como competencia exclusiva o concurrente pudieran generar los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales, sea el ente rector quien pueda diseñar una política especial que permite, en este caso, a los amazónicos poder beneficiarnos de este importante proyecto. Entonces, bajo esta perspectiva, siempre haciendo eco de esta correlación o de articulación de gobernabilidad, si vamos a aprobar este instrumento de ley, lo importante también sería que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas, pueda diseñar una política en donde los legisladores que concurramos en esta propuesta podamos ser también los fiscalizadores respecto de la delimitación de una línea que permita en la trazabilidad de este proyecto decir que debe existir algún tipo de atención diferenciada para los amazónicos y de esta manera poder garantizar este derecho fundamental que es el propósito del espíritu de este proyecto de ley. Bajo esa perspectiva, señor presidente, advierto de que en lo posterior, una vez que fuere aprobada, pues se generarán los procesos de fiscalización a efectos de que, con la concurrencia, desde luego, de todos los compañeros amazónicos que aprobemos este proyecto de ley, podamos visibilizar la aplicación de los principios constitucionales del 249, el 250, 259 y fundamentalmente la aplicación de lo que significa la ley de la Amazonía. Mi palabra, señor presidente. Muchas gracias.