Asambleísta Diego Salas- Sesión 049

Buenas tardes, señora Presidenta. Muchas gracias por otorgarnos el uso de la palabra. Colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, queridos jóvenes que nos ven, nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Cuando un joven termina sus estudios, el paso más difícil no es el examen final, ni la tesis. El verdadero examen comienza cuando busca trabajo y descubre que el mercado le exige experiencia. Pero nadie le da la oportunidad de obtenerla. Ese es justamente el problema que este proyecto intenta enfrentar. Acercar la educación al mundo productivo. Lograr que los conocimientos del aula se transformen en destrezas reales y que los jóvenes puedan entrar al mercado laboral con confianza y con un futuro mejor.

Bueno, esa intención es buena, necesaria y urgente. Pero cuando una ley nace con buena voluntad, también necesita buena técnica y sentido de justicia. Porque puede terminar provocando el efecto contrario. Y ahí es donde encontramos los principales nodos críticos de este texto. El primero es que no queda claro cuál es la relación jurídica entre el estudiante y la empresa. En la práctica, esto puede abrir la puerta a que muchos jóvenes trabajen sin remuneración o compensación alguna, ni protección social, bajo la etiqueta de formación. No se trata de poner trabas, sino de cumplir con la Constitución que en sus artículos 66 y numeral 17 y 328 establecen que nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito y toda persona que realice una actividad laboral tiene derecho a una remuneración justa y a la seguridad social, sin importar el nombre que se le dé al contrato.

Lo que el Ecuador necesita no es mano de obra gratuita, sino formación con dignidad, como ocurre en países donde el sistema dual es exitoso, como por ejemplo en Alemania, en Suiza o Austria. Los aprendices reciben una compensación económica, cuentan con seguro de salud y su formación está regulada por normas claras e importantes. Allí la empresa forma, el Estado regula y el joven aprende, pero nadie es explotado ni invisibilizado. Por ejemplo, las cifras del propio Instituto Nacional de Estadísticas de Censo son contundentes. Al mes de junio del presente año, cerca de 300.000 personas se encontraban sin empleo en el país.

Y de ese grupo, el 39.2% eran jóvenes entre 15 y 24 años, es decir, más de 121.000 jóvenes ecuatorianos sin trabajo. En julio, el desempleo juvenil alcanzó un preocupante 41.9%, evidenciando una tendencia inestable que desde el inicio del actual gobierno no ha logrado consolidar una mejora sostenible. De hecho, aunque en mayo del presente año el indicador bajó a 28.7%, volvió a repuntar con más fuerza. Sólo 3 de cada 10 jóvenes en Ecuador acceden hoy a un empleo adecuado. El resto sobrevive entre el subempleo, la informalidad o el desempleo total.

Un estudio realizado por Children International y Empleo Jógeno Ecuador confirma la gravedad de esta realidad. El 80.1% de los jóvenes encuestados manifestó estar desempleada. El 59.8% depende económicamente de sus padres. Y el tiempo promedio para encontrar un trabajo llega a nueve meses aproximadamente. E incluso, un 17.7% lleva más de dos años buscando una oportunidad laboral. Estos datos, señora Presidenta, colegas asambleístas, evidencian que el país necesita políticas efectivas para el empleo juvenil, pero siempre garantizando que la formación práctica o dual no se convierta en una nueva forma de precarización ni en trabajo gratuito disfrazado de aprendizaje.

El segundo problema es que el proyecto no se articula con los instrumentos ya existentes, como por ejemplo el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, la Ley de Pasantías, el Código del Trabajo, la Ley Orgánica del Servicio Público y la Ley Orgánica de Educación Superior. Si no se establece esa armonización, vamos a crear una estructura paralela, sin reconocimiento oficial, lo que quiera, sin control de calidad ni garantía de que esa formación tenga valor en el mercado laboral. También preocupa que los incentivos del sector privado se otorguen sin condiciones claras.

Una ley moderna como la que se está proponiendo debería priorizar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que también generan empleo, y no dejar que solo las grandes corporaciones concentren los beneficios. Y finalmente, colegas, este texto olvida una parte esencial del modelo dual. La corresponsabilidad del Estado, de las empresas y de los trabajadores. En los países donde funciona existe una gobernanza tripartita, que decide qué se enseña, cómo se evalúa y cómo se certifica. Aquí, en cambio, el Estado queda relegado. Las universidades no están plenamente integradas y los estudiantes quedan sin voz.

Asimismo, no existe una articulación entre lo que el mercado laboral y las empresas requieren de formación en las universidades, y a su vez lo que éstas demandan en la formación secundaria. Por eso, sin negar el mérito de la propuesta, es importante que la Comisión continúe con el tratamiento del proyecto, dirigiendo el análisis del texto a una discusión más técnica e incluyente, que, por supuesto, permita fortalecerlo. Este proyecto puede convertirse en una herramienta poderosa para el desarrollo del país, pero solo si se construye con equilibrio, respetando derechos, articulando sistemas y aprendiendo de las mejores prácticas internacionales, como lo mencionamos anteriormente.

Que esta ley no sea una puerta hacia la precarización, sino un puente hacia la formación con dignidad. Invito a que mejoremos el texto, a que sumemos misiones y que hagamos de esta iniciativa una verdadera oportunidad de desarrollo para nuestros jóvenes y para nuestro querido país, el Ecuador. Muchas gracias, señora Presidenta.