Sesión virtual No. 119-AN-2025-2029 del pleno de la Asamblea Nacional

de este día.

Secretario, cierre el régimen.

correspondientes. Se cierra el registro.

Se instala la sesión número 119 AN-2025-2029, señor secretario, de lectura del artículo 3 del reglamento de multas por ausencia y atrasos de las y los asambleístas y del artículo 10 numerales 10 y 11 del reglamento de sesiones virtuales y de teletrabajo.

se instala la sesión 119 AN 2025-2029, siendo las 9 horas con 19 minutos. Con su autorización, señora presidenta, procedo a dar lectura de los artículos solicitados. Artículo 3. Asistencia. Las y los asambleístas tienen la obligación de asistir a las sesiones del Pleno y de las comisiones especializadas en la fecha y horas señaladas en la respectiva convocatoria. En el caso de las sesiones virtuales, las y los asambleístas deberán mantener encendida la cámara de su dispositivo durante toda la sesión. La inocervancia de esta disposición será considerada falta injustificada y dará lugar a la sesión correspondiente.

La Secretaría General llevará el registro detallado de las asistencias y atrasos de las y los asambleístas en las sesiones del Pleno. De igual forma, las y los secretarios relatores de las comisiones especializadas registrarán las asistencias y atrasos en sus respectivas sesiones. Artículo 10. Procedimiento para las sesiones en modalidad telemática. Las sesiones en modalidad telemática del Pleno, del Consejo de Administración Legislativa y o de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales se desarrollarán conforme al siguiente procedimiento. 10. Las y los asambleístas deberán mantener encendida la cámara de su dispositivo durante toda la sesión.

11. Las y los asambleístas deberán utilizar uno de los fondos virtuales de videoconferencia institucionales establecidos por la unidad administrativa correspondiente. Hasta aquí la lectura de los artículos solicitados, señora Presidenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!

Gracias, señor secretario. Por favor, den lectura de la convocatoria.

Con su autorización, procedo a dar lectura a la convocatoria. Por disposición del asambleista Michel Manchino Ravila, presidente de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a los asambleistas a la sesión 119 AN 2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día domingo 30 de agosto de 2026 a las 9 horas en modalidad virtual con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primero, himno nacional de la República del Ecuador.

Segundo, conocer y resolver respecto al informe de fiscalización a los contratos suscritos por la empresa pública estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEGP, con las compañías Porgen Industries, LLC y Astral Technical Management SAS. Hasta aquí el texto de la convocatoria, señora presidenta.

Señor secretario, por favor informe si se han presentado solicitudes de modificación del orden del día.

Cumplo con informar, señora Presidenta, que no contamos con solicitudes de modificación del orden del día para la presente sesión.

Gracias, señor secretario. Demos inicio con el primer punto.

Himno Nacional de la República del Ecuador.

Secretario, siguiente punto del orden del día.

Conocer y resolver respecto al informe de fiscalización a los contratos suscritos por la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador, CLGP, con las compañías Progen Industries LLC y Austral Technical Management SAS.

Señor secretario, por favor dé lectura del memorando respectivo y del informe en su parte resolutiva, el mismo que será parte del acta de la presente sesión.

Con su autorización, señora Presidenta, doy lectura del memorando AN-CTPC-2025-0492M. Asunto, informe de fiscalización de PROGEN-ATM, Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. De mi consideración, por disposición del asambleista Diana Jacome, Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, en mi calidad de secretario relator, junto al presente de conformidad con el artículo 32 del reglamento de comisiones, remito el informe de fiscalización a los contratos suscritos por la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CLGP, con las compañías PROGEN-Industries y Austral Technical Management.

Aprobado por esta mesa legislativa en la sesión ordinaria 043, realizada el día viernes 19 de diciembre de 2025, a las 20 horas, en modalidad virtual, a fin de que continúe con el trámite correspondiente. La asambleísta ponente del informe es la asambleísta Diana Jacome Silva, Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. De conformidad con el artículo 31 del reglamento de comisiones especializadas permanentes y ocasionales, se adjunta el informe de minoría de fiscalización a los contratos suscritos por la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CLGP, con las compañías PROGEN-Industries.

Gracias.

y Austral Technical Management, presentado ante la presidenta de la comisión, suscrito por los asambleístas Guido Andrés Mendoza Andrade, Blasco Remijo Lunar Évalo y Josefina Germania Romero. Atentamente, Francisco Larrea, secretario, relator. De acuerdo con su disposición, señora presidenta, procedo a dar lectura al informe en la parte resolutiva. Séptimo, recomendaciones. La Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social recomienda remitir el presente informe de fiscalización a los organismos de control pertinentes para que, en el ámbito de sus competencias, ejecuten las acciones que en derecho correspondan respecto de los hechos evidenciados en los procesos de contratación emergente de Salitral, Quevedo y Esmeraldas, respectivamente.

Siguiente recomendación. Requerir que los organismos de investigación penal y control de responsabilidades administrativas y civiles culposas, continúen con los procesos de investigación abiertas, identifiquen a los presuntos responsables públicos y privados, y ejecuten las acciones que correspondan para garantizar sanción a los responsables y la reparación al Estado. De conformidad con el artículo 32 del reglamento de comisiones, se envía el presente informe al señor Presidente de la Asamblea Nacional para los fines pertinentes. Noveno, asambleísta ponente. La asambleísta Diana Angélica Jacómez Silva, Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, es la ponente del presente informe.

Hasta aquí la lectura de los solicitados, señora Presidenta.

Se abre el debate. Tiene la palabra la asambleísta Diana Jacome.

Señora presidenta, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano que nos observa a través de las diferentes plataformas de la Asamblea Nacional, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, siguiendo el proceso establecido en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, realizó la fiscalización a los contratos suscritos por la empresa pública estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC-EP, con las compañías Progen y Austral Technical Management. Es necesario establecer que este proceso de fiscalización, desde que ejerzo yo el cargo como presidenta de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, se desarrolló a partir del 18 de junio del 2025 hasta el 19 de diciembre del 2025.

Dicho esto, señores asambleístas, procedo a exponer los antecedentes de este caso. La fiscalización inició el 25 de marzo del 2025 en el periodo legislativo en el que era presidenta la asambleísta Viviana Veloz y a partir del requerimiento de información realizado por el asambleísta Barreto, dirigido al gerente del Banco Central de aquel entonces respecto a los pagos efectuados por Progen a los contratos de generación eléctrica. En atención a esta solicitud de información, el 22 de abril del 2025, el Consejo de Administración Legislativa, presidido en ese entonces por la asambleísta Veloz, resolvió remitir la documentación a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, para que se realice el proceso de fiscalización previsto en el artículo 75 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

En este orden de ideas, colegas, tenemos que el jueves 1 de mayo del 2025, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, en aquel momento presidida por el asambleísta Patricio Chávez, abocó conocimiento del proceso de fiscalización. De lo señalado, anteriormente se desprende que el inicio de la fiscalización de la asignación de competencia a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social y el abocó conocimiento del respectivo proceso de fiscalización fueron efectuados en el anterior periodo legislativo 2023-2025. Con esto quiero dejar claro que esto inició en el periodo anterior.

Realizada esta precisión, señores asambleístas, ciudadanos, cabe mencionar que una vez instalada la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2025-2029, la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, en sesión realizada el 11 de julio del 2025, aprobó realizar la fiscalización de los contratos suscritos entre SELEC, Comprogen y ATM. No obstante, toda vez que la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, en virtud de los hechos previamente señalados, ya había prevenido el conocimiento del proceso de fiscalización en estricta aplicación del artículo 26, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dispone, quiero abrir comillas para leerlo de manera clara, cuando una comisión legislativa provee el conocimiento de un proceso de fiscalización y control político, ninguna otra comisión podrá requerir la competencia de autoridades o servidores sobre la misma materia o asunto.

En ese sentido, se solicitó al CAL, al Consejo de Administración Legislativa, que dirima la competencia entre ambas comisiones. El CAL, en ejercicio de las atribuciones legales que le competen, con resolución del 20 de junio del 2025, dispuso que la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social es la competente para continuar con el proceso de fiscalización respecto a los contratos suscritos con PROGEN y ATM. Frente a estas circunstancias, considerando lo establecido en el artículo 26, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y lo dispuesto por el órgano legislativo competente, la comisión procedió a continuar con el proceso de fiscalización de los siguientes contratos.

El contrato emergente número TPI-CON-0062-24, suscrito el 2 de agosto del 2024, entre la Unidad de Negocio Termo Pichincha de CLGP y con la compañía PROGEN. El contrato emergente número TPI-CON-0067-24, suscrito el 2 de agosto del 2024, entre la Unidad de Negocio Termo Pichincha de CLGP con la compañía PROGEN Industrias. Y también el contrato emergente número SELEG-EP-EGVS Esmeraldas-002, suscrito el 9 de agosto del 2024, entre la Unidad de Negocio Electro Guayas de SELEG-EP con la compañía Austral Technical Management S.A. Señores asambleístas, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social en la ejecución del proceso de fiscalización realizó requerimientos de información en las entidades públicas involucradas, así como también solicitó comparecencias de las autoridades públicas relacionadas con la firma de los procesos de contratación.

En tal sentido, en cuanto a los requerimientos de información, cabe indicar que el 26 de junio del 2025, la Comisión solicitó a CLGP los contratos emergentes de generación de energía eléctrica para Salitral, Quevedo y Esmeraldas, firmados con las compañías PROGEN y Austral Technical Management S.A., respectivamente. De la misma manera, el 25 de julio del 2025, la Comisión requirió a la Contraloría General del Estado los informes números de NA4-0031-2025 y de NA4-0027-2025 relacionados con los exámenes especiales realizados a los contratos emergentes de generación de energía eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas, que he dado conocimiento en esta exposición.

El 22 de agosto del 2025, la Comisión pidió al Ministerio de Energía y Minas que señale qué acciones se han ejecutado respecto a los procesos de contratación emergente para la generación de energía en Salitral, Quevedo y Esmeraldas. Asimismo, el 20 de noviembre del 2025, la Comisión solicitó al Ministerio de Energía y Minas informe cuál es el estado actual de los procesos de contratación emergente para la generación eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas. Por otro lado, respecto a las comparecencias, es pertinente manifestar, y que quede claro, que se requirió las comparecencias de quienes participaron en la firma y la administración de los procesos de contratación emergente para la generación eléctrica de Salitral, Quevedo y Esmeraldas.

Mediante oficios de 30 de junio de 2025 y el 1 de julio de 2025, la Comisión requirió la comparecencia de las siguientes personas. A esta Comisión de Transparencia comparecieron los señores Fabián Calero Freire, en calidad de gerente de Selec-EP de aquel entonces, el señor Bayron Orozco Moreno, en calidad de gerente de la Unidad de Negocios Termo Pichincha de Selec, de aquel entonces, quien firmó los contratos emergentes de generación eléctrica para Salitral y Quevedo con Progen, conforme consta en la documentación, y el señor Manuel Enrique Barberán Cedeño, en calidad de gerente de la Unidad de Negocios Electro Guayas de aquel momento, quien firmó el contrato emergente de generación eléctrica para Esmeraldas con ATM, conforme todo esto consta en la documentación que llegó a esta comisión.

Mediante oficio de 7 de julio de 2025 y de 8 de julio de 2025, la comisión solicitó la comparecencia de las siguientes personas. Luis Uxia Guanotáxic, en calidad de administrador del contrato emergente para la generación eléctrica en Salitral, Ángel Vinicio Benalcázar Sánchez, en calidad de administrador del contrato emergente para la generación eléctrica en Quevedo, y Carlos Alfonso Cali Pereira, en calidad de administrador del contrato emergente para la generación eléctrica en Esmeraldas. En igual sentido, toda vez que la Contraloría General del Estado había realizado exámenes especiales a los procesos de contratación emergente que estaban siendo fiscalizados, el 4 de agosto del 2025, la comisión pidió la comparecencia del señor Contralor General del Estado a fin de que exponga en esta comisión los resultados y los hallazgos encontrados en los exámenes realizados por esta institución de control.

En este sentido, del examen realizado, al contenido de la información recabada, así como del análisis de las comparecencias recibidas, se pudo observar los siguientes, señores asambleístas, ciudadanos. En primer lugar, se verificó que las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación emergente para la generación de energía eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas fueron objetos de examen especial por parte de la Contraloría General del Estado que a la fecha 19 de diciembre del 2025, en que se aprobó el informe de fiscalización por esta comisión, ya había establecido responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal en contra de las personas y servidores públicos involucrados en este tema.

Cabe recalcar, en los informes de examen especial practicados por el organismo de control y en las declaraciones por parte del señor Contralor General del Estado en su comparecencia a esta comisión de transparencia, constó que no se establecieron responsabilidades administrativas, civiles culposas o indicios de responsabilidad penal en contra de las autoridades de rango ministerial establecidas en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador. En segundo lugar, se constató que las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación emergente para la generación de energía eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas se encuentran en investigación por parte de la Fiscalía General del Estado en el sistema de justicia, que es el órgano competente para impulsar la acción penal y recabar los elementos de convicción suficientes para alcanzar, señores, las sanciones que en derecho correspondan en materia penal frente al presunto cometimiento de delitos por parte de las personas y servidores involucrados en los procesos de contratación emergente de generación de energía eléctrica.

Por lo tanto, tomando en cuenta los hechos evidenciados en el informe de fiscalización que aprobó la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social el 19 de diciembre del 2025, se recomendó lo siguiente, mucha atención, remitir el informe de fiscalización a los órganos de control pertinentes para que en el ámbito de sus competencias ejecute las acciones que en derecho correspondan respecto de los hechos evidenciados en los procesos de contratación emergente de Salitral, Quevedo y Esmeraldas, respectivamente. Requerir que los organismos de investigación penal y control de responsabilidades administrativas y civiles culposas continúen con los procesos de investigaciones abiertas, indiquen a los presuntos responsables, sean estos públicos o privados, y ejecuten las acciones que correspondan para garantizar la sanción a los responsables y la reparación al Estado.

Es importante aclarar que el proceso de fiscalización cuyo informe, señores, que se debate el día de hoy, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, fue desarrollado por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social en el periodo comprendido entre el 18 de junio del 2025 al 19 de diciembre del 2025. En ese sentido, quiero decirles a todos ustedes que fue el Estado, que fue el Estado y este gobierno quien activó las acciones jurídicas, tanto a nivel nacional como internacional, para identificar a los responsables, sancionarlos y reparar al Estado.

Que eso quede claro, que fue este gobierno quien activó todas las acciones pertinentes para ubicar a los responsables. Aquí nadie puede quedar impune. Quien haya violado la ley debe responder, y los recursos que correspondan recuperarse deben entregarse a los ecuatorianos. Eso es fiscalización, señores. La Asamblea, nuestra comisión, cumplió con su deber y con su responsabilidad de fiscalización. Ahora corresponde, Contraloría, Fiscalía, Sistema de Justicia, continuar con su trabajo para encontrar a los responsables. Nosotros vamos a seguir vigilantes para que las investigaciones lleguen hasta el final y que dé con los responsables, porque nadie puede burlarse del Estado, nadie puede burlarse de los ecuatorianos, quienes hemos asumido una responsabilidad de ser funcionarios públicos, sean estos privados o públicos, autoridades de elección o autoridades de confianza, deben entender que cada centavo del pueblo ecuatoriano se honra y se respeta.

Por lo tanto, instamos nuevamente, así como lo hicimos en nuestro informe de fiscalización, que se cumpla con rigurosidad todo lo que corresponda en derecho para dar con los responsables que hayan faltado a la confianza de este gobierno y de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Antes de culminar, por favor, de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mociono al Pleno de esta Asamblea Nacional, apruebe el informe conforme la resolución que se adjuntó. Muchísimas gracias, señora presidenta, señores asambleístas ecuatorianos.

Un saludo a todos nuestros compañeros asambleístas y a toda la ciudadanía que nos ve por las diferentes plataformas de la Asamblea Nacional. Bueno, yo quiero empezar mi intervención diciendo que qué bueno que después de casi nueve meses se trate los informes de mayoría y de minoría respecto a los contratos que hicieron un perjuicio al Estado por casi 100 millones de dólares. No estaba escuchando atentamente a la asambleísta Diana Jacome, dando un poco el cronograma y cómo se hizo este proceso de fiscalización, que desde mi punto de vista fue muy superficial, ya que nosotros tenemos que entender que el 4 de junio, en la sesión número dos.

Cuando en la comisión se nos citó para poder analizar y aprobar el cronograma de trabajo de dicha sesión, de dicha comisión, se aprobó un cronograma dejando al lado el pedido de información de Lenín Barreto, del compañero Lenín Barreto, respecto a los pagos que había realizado el Estado ecuatoriano a las empresas de Projeto. Recuerdo claramente que el asambleísta Isaac mocionó que de manera rápida se pueda aprobar este cronograma, dejando a un lado el tema de Projeto. Una vez que se da esto, la Comisión de Garantías Constitucionales, presidida en su momento por el asambleísta Jaime Estrada, aboca conocimiento por pedido de Lenín Barreto para empezar una verdadera fiscalización.

Bien lo decía el asambleísta Jacome, que desde su presidencia se solicitó alcalde con fecha 18 de junio, si no me falla la mente, que se decida a qué comisión pertenece este proceso de fiscalización. Y como ustedes sabrán, dentro de la Comisión de Participación Ciudadana somos tres asambleístas de la Revolución Ciudadana, uno de los socialcristianos y prácticamente seis votan siempre con el gobierno. Y hay que dejar claro porque nuevamente el proceso de fiscalización regresó a la comisión de la cual yo soy parte. Y aquí yo quiero decir que dentro de todo el proceso que se realizó, un proceso muy superficial, tengo que decirlo con mucho respeto, apenas tuvimos tres sesiones, apenas tuvimos tres sesiones y seis comparecientes.

En varias ocasiones la compañera Germania Romero solicitó mediante moción que se llamara a comparecer también a los ministros implicados, por lo menos para que den la explicación al pueblo ecuatoriano de qué había pasado con estos recursos. Y nuevamente la bancada oficialista siempre se opuso para que vinieran esta gente a dar la cara. Entonces, dentro de este proceso de fiscalización tuvimos algunas cosas no raras, pero que sí dejaban a la duda. Recordemos que por la prensa se filtró un chat entre Inés Manzano y Calero hablando del proceso de fiscalización que se iba a llevar en la comisión.

Y en el momento cuando nosotros hacíamos las preguntas, tengo que decirlo claro, los asambleístas de ADN hacían una causa de centro gol con las personas que iban a comparecer. Preguntas, incluso empezaron a preguntar cosas como de Toachi Pilatón, que no tenían nada que ver con el proceso de fiscalización. Aquí también salió el tema del famoso asambleísta que estaba dibujando.

palabra el asambleísta Jorge Chamba.

colega presidenta, buenos días, colegas asambleístas, buenos días al país que nos está observando. Con relación a conocer y resolver respecto del informe de fiscalización de los contratos suscritos por la empresa pública estratégica Corporación Eléctrica de la Cuerza LGP con las compañías Progen y Industrial Technical. Es importante decir al país que la Comisión de Control Transparencia y Participación Ciudadana llevó a cabo seis sesiones, no dos como dijo el colega que me antecedió en la palabra, con un número importante de comparecientes que formaron parte de la contratación correspondiente, entre ellos el señor Fabián Mauricio Calero Freire, viceministro de Electricidad y Energía Renovable y gerente de SELEC, señor Bayron Fernando Orozco Moreno, es gerente encargado de la unidad de negocios de Termopichincha de SELEC.

Señor Manuel Enrique Barberán Cedeño, gerente encargado de la unidad de negocios de Electroguayas. Señor Luis Javier Pusca Guanotacip, administrador del contrato emergente número TPI CON 0062-24, suscrito por la empresa pública SELEGP, unidad de negocios de Termopichincha con la compañía PROGEN, señor Carlos Alfonso Cali Pereira, administrador del contrato emergente número SELEG, EP, GU, Esmeralda, guión 02, suscrito por la empresa pública SELEGP. También compareció el señor doctor Javier Mauricio Torres Maldonado, contralor general del estado. Siempre estuvimos presentes los diez asambleístas que conformamos esta comisión y cada uno tuvo el tiempo suficiente para hacer todas las preguntas con relación al tema de esta contratación por el caso PROGEN.

En esta comisión forman parte tres colegas de la bancada del corregio y no solamente estamos presentes los colegas de la bancada ADN, también hay colegas de otras tendencias políticas, es decir, tratamos con absoluta responsabilidad del tema tan delicado. El país debe saber que la empresa PROGEN es contratista del estado hace más de veinte años, es decir, que no nace con este gobierno, para salvar cualquier duda en beneficio de esta empresa. Es importante que el país sepa que una de nuestras funciones, colegas presidentas, como asambleístas, es exactamente la de fiscalizar.

Por lo tanto, así lo hemos hecho. El señor presidente de la república ha hecho un público que no va a tolerar sinvergoncerías de nadie. Y si algún miembro de este gobierno cometiese algún error, tendrá que pagar las consecuencias de sus errores cometidos. Yo no he escuchado decir a ningún presidente de la república, vamos a recuperar el dinero perdido. No ha habido a través de la historia política en este en este país, un presidente que haya dicho señores, caiga quien caiga, tendrá que pagar las consecuencias de sus errores.

Cualquiera que forme parte de este gobierno no va a hacer quedar mal al presidente y hacer quedar mal este gobierno. Nosotros quienes desde la Asamblea Nacional formamos parte de este bloque, también cuidamos de una manera muy importante que las cosas así se vayan dando. La justicia debe caer con todo el peso de la ley para todos aquellos que han cometido errores. Nosotros como parte importante de esta comisión estaremos atentos y cuidadosos de que las cosas así se vayan dando. Es importante, colega presidenta, que el país sepa que esta asamblea, que esta comisión, al mando de la abogada Diana Jacome, ha hecho todo lo posible y lo imposible para poder determinar mediante este informe final que las cosas se las hagan de la mejor manera.

Será la justicia la que determine el grado de culpabilidad, pero aquí no se puede meter en el mismo saco a todo el mundo, no aquellos que la oposición quisiera que vengan. La oposición quiere que vayan hasta el presidente de la república, en el caso de la república. Es normal que la oposición maneje de esa forma, ¿verdad? Para querer ganar una narrativa que ha quedado demostrada hasta la saciedad de quienes conformamos parte de esta bancada, siempre estaremos atentos a que no se cometan errores como otros gobiernos lo han hecho.

Yo no he escuchado decir a ningún presidente de la república como Daniel no fue así. Señores, vamos a recuperar el dinero que se robaron. Yo nunca escuché. Yo he trabajado con varios presidentes de la república. En la época de Febre Cordero también hubieron casos de corrupción, pero yo jamás escuché a Febre Cordero decir, señores, vamos a recuperar la plata que se robaron en los casos de corrupción. Yo no escuché al presidente, expresidente Correa, decir, vamos a recuperar la plata y caiga quien caiga. Vamos a culpar quienes se robaron la plata de las empresas que se repotenciaron o de la fantasma, el fantasma de esta empresa que hicieron en Manaví, donde solamente quedó todo en relleno.

Esta empresa venezolana que gastó ese gobierno una cantidad enorme de dinero. Yo no escuché jamás decir, vamos a recuperar la plata que se invirtió y se botó a la basura, un dinero que hoy le hace tanta falta al país. Yo no he escuchado decir a ningún presidente que en casos de corrupción, caiga quien caiga, nadie se va a salvar. Yo no he escuchado decir a un presidente de la república en este país en casos de corrupción, vamos a recuperar el dinero que se robaron. Ni he visto tampoco un presidente que presente una denuncia internacional.

Como si lo hizo este presidente valiente, Daniel, no fue así. Fue el primero que presentó las denuncias nacionales e internacionales. Entonces, aquí no se está solapando sin vergonzaría de nadie, ni tampoco nosotros lo vamos a hacer, querida presidenta. Felicito a la presidenta de mi comisión, Diana Hacom, por la exposición clara a través de todas las sesiones que hemos realizado. Es decir, que los colegas de la bancada del corrismo tuvieron el tiempo suficiente para hacer sus aportes, para preguntar, igual que lo hicimos todo y cada uno de nosotros.

Señores, hemos hecho más de seis sesiones, han comparecido más de veinte personas. Ahora nosotros, ya como conclusión, ya entregamos el informe final con la presidenta Diana Hacom en la cabeza y que sea la justicia la que determine el grado de culpabilidad de cada uno de ellos. De la misma manera, el Contralor General de la Nación, que viene haciendo un trabajo excelente, también el señor Contralor compareció en nuestra comisión. Entonces, aquí las cosas se las han hecho con transparencia. Eso hay que decir al país. Las cosas las hemos hecho con transparencia.

Este gobierno es un gobierno transparente. Es un gobierno del pueblo y por el pueblo que optimiza los recursos. Por ello, desde la Comisión de Control, Transparencia y Participación Ciudadana, hemos cumplido con los ecuatorianos. Gracias, colega presidenta. Gracias, colegas asambleistas, por el uso de la de la Comisión de Control. Gracias, colegas asambleistas. Gracias, colegas asambleistas. Gracias, colegas asambleistas.

el mismo saco. El asambleísta Guido Mendoza.

Señora Presidenta, me permito certificar que el señor asambleista Aguido Mendoza no se encuentra en la sesión.

Gracias, señor secretario. Continuemos. Tiene la palabra la asambleísta Germania Romero.

Presidenta, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. Hoy vengo a defender el derecho del pueblo ecuatoriano a conocer toda la verdad. No podemos cerrar una fiscalización política cuando todavía existen preguntas fundamentales que esta comisión decidió no hacer. Si no todo lo contrario, la mayoría subordinada decidió encubrir a los responsables de la corrupción. No podemos decirle al Ecuador que hemos investigado completamente un caso cuando los principales responsables políticos de la conducción del sector energético no fueron llamados a comparecer ante esta comisión. Por múltiples ocasiones, si lo pueden certificar, pedí la comparecencia de los ministros Luque y Manzano.

Sin embargo, siempre los votos de ADN lo negaron e incluso la presidencia de la comisión, que podía llamarlos a comparecer, nunca lo hizo. ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué le tienen miedo a dar la cara? No podemos utilizar la ausencia de esas comparecencias para concluir que no existe responsabilidad política. Esto no es fiscalizar, esto es investigar a conveniencia. Y luego pretenden convertir esa investigación incompleta en una absolución política. Presidentas, colegas asambleístas, si realmente les importa la verdad y el país, les exhorto a que esta sesión virtual se suspenda y sea convocada de manera presencial lo antes posible en el pleno de la Asamblea Nacional.

y se han recibido en comisión general, Luque y Manzano, para que le den la cara al país, ya que no le dieron la cara a la comisión de transparencia, participación ciudadana y control social. Colegas asambleístas, el informe de mayoría nos dice que no se desprenden actos o omisiones imputables autoridades que puedan configurar responsabilidad política. Pero yo pregunto, ¿cómo llegamos a esta conclusión si no escuchamos a quienes tenían la responsabilidad política de dirigir el sector energético? El informe de minoría deja constancia de que solicitamos que comparezcan autoridades como Roberto Luque, Inés Manzano y otros funcionarios vinculados con la conducción del sector.

Esas solicitudes no prosperaron, insisto, de manera frontal. Dichas solicitudes fueron descaradamente negadas por los asambleístas de ADN. Entonces pregunto al país, ¿cómo se puede declarar inocente políticamente a alguien a quien ni siquiera se le hizo la investigación política? Se pretende justificar la ausencia de responsabilidad política diciendo en esencia que Contraloría no determinó responsabilidad política contra los ministros. Pero colegas, Contraloría no tiene esa competencia. La Contraloría puede determinar responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal. La responsabilidad política corresponde a esta Asamblea Nacional. Es increíble cómo abusan de la ignorancia para para encubrir la corrupción.

La Contraloría hizo su trabajo. La fiscalía debe hacer el suyo. Y nosotros tenemos que hacer el nuestro. No le quieran ver la cara al pueblo ecuatoriano, por favor. Respeten la investidura sagrada que el soberano les entregó. Porque aquí no estamos hablando de un error administrativo menor. Estamos hablando de contratos millonarios. Estamos hablando de progenia ATM. Estamos hablando de una crisis energética que llevó al Ecuador a soportar apagones y una enorme afectación económica y social. Estamos hablando de hallazgos de control que son extremadamente graves. en el caso progenia.

Compañeros, el informe de minoría recoge que Contraloría determinó indicio de responsabilidad penal y recomendó responsabilidades administrativas con más de ciento treinta mil dólares y responsabilidades civiles por aproximadamente sesenta y nueve punto seis millones de dólares. En salitral, según lo recogido en el informe, se pagó el setenta por ciento del valor contractual, sesenta y nueve punto cincuenta y ocho millones de dólares, sin evidencia técnica suficiente para acreditar adecuadamente el cumplimiento del primer hito. En Quevedo, según lo recogido en el informe, se pagó el setenta por ciento del valor contractual, sesenta y nueve puntos.

158 millones de dólares.

sin evidencia técnica, suficiente para acreditar adecuadamente el cumplimiento del primer hito. En quevedo, nuevamente, aparecen problemas relacionados con la acreditación de la capacidad técnica y económica de progenio. Y hasta se identifica un pago realizado a nombre de AstroBrixa S.A. sin que se justificara adecuadamente su relación contractual con progenio. Y en ATM, la situación tampoco es menor. El informe de minoría recoge que se redujo injustificadamente la potencia mínima requerida de 100 a 90 megavatios. Que se permitió utilizar equipos de hasta 7 años cuando el requisito era de 4.

Que se modificaron condiciones de pago. Que se aceptaron generadores con especificaciones que no correspondían al sistema requerido. Y que se realizó un pago superior a 53 millones de dólares correspondiente al segundo hito. Entonces, yo pregunto, compañeros, ¿de verdad vamos a decirle que...

Asambleísta, su tiempo terminado, por favor, tiene 30 segundos.

¿Cuánta dimensión? Esto es, señores asambleístas, hoy tenemos que decidir qué tipo de asamblea queremos ser, una asamblea que cura la corrupción o una asamblea que con transparencia le da respuesta al país. Por eso, colegas, no aprobemos la impunidad. En el Ecuador nadie está por encima de la ley. Al pueblo ecuatoriano le debemos decir...

Señora Presidenta, me permito certificar que el asambleista Guido Mendoza se encuentra en la sesión.

Por favor, informe cuánto tiempo intervino en la primera intervención.

Señora Presidenta, me permito informar que el asambleista Guido Mendoza intervino por lazo de 3 minutos y 59 segundos.

Tiene la palabra el asambleísta Guido Mendoza por el tiempo que le queda pendiente.

Muy amable, señora presidenta, por darme nuevamente la palabra. Bueno, ante el altercado que pasó, súper raro porque yo no me salí de la sesión de sumo. Bueno, les estaba diciendo dentro de la cronología, del cronograma que hablé de cómo se había llevado en la comisión, que dentro de este proceso de fiscalización se dieron cosas que a la voz pública fueron muy raras, ¿no? Como el tema de que se filtró un chat entre Inés Manzano y Calero, donde se hablaba de cómo se iba a manejar el proceso de fiscalización a un estilo de centro gol con los asambleístas del gobierno, ¿no?

Les decía que también desde este proceso de fiscalización, pues, nació el famoso asambleísta que estaba dibujando mientras Calero hablaba de un tema tan difícil para el Ecuador. Y también a nosotros se nos coartaba muchas veces la palabra. Recuerdo claramente que en una sesión llevada a cabo el 19 de diciembre en la noche, así también de manera virtual, cuando nuestro compañero Blas Coluna, en su intervención, quería mostrarle un video a los ecuatorianos de cómo Luque había ido a ver los motores. La presidenta en ese tiempo no le dio la oportunidad, incluso dejaron el audio abierto del Zoom y se escuchó claramente que no le iba a permitir pasar el video.

Entonces, todas estas inconsistencias nosotros las planteamos dentro de este debate porque el informe de mayoría prácticamente es un copia y pega de lo que dijo el Contralor General del Estado. Yo repito, tres sesiones, seis personas que fueron a explicar, nunca fueron los ministros, a pesar que nosotros los solicitamos.

Enleísta, su tiempo terminado tiene 30 segundos, por favor.

Y esto no puede pasar. Por eso, presidenta, una vez que he mencionado todo esto, por medio de ETS voy a hacer llegar la moción donde desde la Revolución Ciudadana pedimos que se apruebe el informe de minoría para que los ministros implicados en ese tiempo de todo esto que pasó puedan ir también al pleno y a explicarle al Ecuador qué fue lo que pasó. Muy amable, presidenta, mi palabra.

Señora presidenta, muy buenos días, queridos colegas legisladores, pueblo ecuatoriano. A ver, yo creo que hay temas en los que vamos a estar de acuerdo definitivamente. Yo creo que aquí nadie está buscando la impunidad y eso tiene que estar claro. Los asambleístas que me precedieron en la palabra mencionaron algo clarísimo. Dirección y rectoría. Y estas son palabras que tenemos que tener clarísimas, clarísimas dentro del presente informe e investigación que se está realizando sobre este tema. En este caso, yo creo que no se deben de admitir ni consignas políticas, sino la ley, la constitución, la prueba, la competencia, la responsabilidad.

Porque se ha intentado instalar una idea bastante cómoda. Básicamente que quien no acompaña una conclusión política protege a alguien y no funciona así. Tenemos que basarnos en la ley, ley que la oposición ha respaldado y ha dicho que es la mejor del mundo mundial. Entonces, si en su momento crearon una constitución con Chávez GPT, hoy por hoy no se pueden quejar de que esa misma ley le dé a los ministerios rectoría, les dé a los ministerios supervisión del entorno como tal del sector y no responsabilidad sobre los contratos.

Entonces, vamos ahora sí a la parte técnica, porque aquí se ha dicho de todo, pero no vamos a la parte técnica realmente importante que está dentro del informe que en este caso el asambleísta Jacómez nos ha presentado. Y eso es lo que tenemos que revisar. Hay cosas en las que vamos a estar de acuerdo. De hecho, los asambleístas mencionaron, lo vuelvo a decir, que básicamente los hallazgos que conocemos están documentados. El contrato de Esmeraldas redujo la potencia de 100 a 90 megavatios, es correcto. Austral tenía un capital aproximadamente de 260 dólares, es correcto.

Se identificaron dos generadores con una frecuencia de 50 hertz frente a los 60 hertz del sistema ecuatoriano y se pagaron 53 millones de dólares luego de una inspección que no incluyó el plan de prueba requerido, es correcto. Hasta ahí estamos bien, pero vamos pensando quién fue el responsable de eso. Los ministros, que según la ley no son responsables, más bien son responsables en este caso de decir, contrátense por emergencia, estos son los parámetros de la emergencia, hagan su trabajo empresas públicas. Porque las empresas públicas, según nuestra maravillosa ley, pueden contratar de manera autónoma y tienen autonomía financiera, jurídica y demás.

Es decir, hasta ahí, un mando medio manda más que un ministro. Eso para que los ecuatorianos lo sepan. ¿Les parece ridículo? A mí también, pero esa es la ley que defienden los que sabemos. Sigamos. En el caso Progen no se acreditaron debidamente ni la experiencia ni la capacidad técnica y, en este caso, la economía del proveedor. Estamos de acuerdo. La clasificación de la experiencia se sustentó con firmas no verificadas y se pagaron 69 millones y 580 mil dólares por el primer hito del contrato salitral, sin contar evidencia.

Bien, ¿quién pagó ese valor? ¿Los ministros o la tesorera y la gerencia de la unidad? La tesorera y, en este caso, quien administraba el contrato y la gerencia de la unidad. Que quede claro para los ecuatorianos. Seguimos viendo que los mandos medios mandan más que un ministro. Vamos a seguir. Definitivamente, estos hallazgos que se encuentran dentro del presente informe son gravísimos. La Contraloría ya estableció responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal. En ningún momento se está hablando de responsabilidad política. Este es el órgano administrativo sancionador jurisdiccional para cualquier funcionario público que maneje recursos públicos.

Ellos están cumpliendo su trabajo y nosotros tenemos que verificar a través del proceso político las responsabilidades. Pero no nos podemos olvidar, señores, de la lógica. Si 2 más 2 es 4, ¿por qué quiero hacerlo 5? ¿En qué parte del informe están mencionando los ministros? No pueden. ¿Por qué? Porque, repito, la ley maravillosa que tenemos le da más poder a un funcionario mando medio que a un ministro. Entonces, si el ministro no puede contratar, no puede sugerir quién tiene que ser el que gane el contrato, no puede revisar el contrato porque solo la ley le da rector y supervisión del sector, no podemos tampoco inventarnos el agua caliente.

Continuando con esto, el artículo 212 de la Constitución atribuye a la Contraloría a la Facultad de Terminar Responsabilidades Administrativas, Civiles, Culposas e Indicio de Responsabilidad Penal. El artículo 195 encarga a la Fiscalía la investigación penal y el ejercicio de la acción pública. Aquí quiero hacer una precisión. Contraloría no suelve ni condena políticamente a un ministro, como lo decía, es potestad de esta Asamblea. Por ello, cuando el informe señala que de los exámenes de Contraloría no se desprende responsabilidad política de las autoridades, según el artículo 131, debemos entender que estos exámenes constituyen, como lo decía, una evidencia técnica para nuestra valoración, no es una decisión vinculante sobre responsabilidad política, pero es una base técnica para analizar lo que ha pasado.

Repito, no nos podemos inventar el agua caliente. El 22 de mayo del 2026, Fiscalía formula cargos contra 21 personas por presunto peculado, relacionado con los contratos de Salitral y Quevedo. El 20 de agosto, la Corte Nacional mantuvo, en este caso, las medidas cautelares contra 12 procesados. Son procesados, no condenados. Aquí debe coexistir dos principios, cero impunidad y el cero prejuzgamiento. Tampoco podemos reducir este asunto a un ámbito netamente penal, porque también hay que recuperar los valores. Desde mi formación tributaria, yo les puedo decir que considero indispensable también que en estos contratos se involucraron proveedores extranjeros, importación de grupos electrógenos, facturas internacionales, packing lists, transferencias al exterior e incluso observaciones respecto del beneficiario de determinados pagos.

Por lo tanto, la trazabilidad debe llegar hasta la declaración aduanera, el valor declarado, los cereales, el año de fabricación, el importador de registro, el IVA, el ISD, las retenciones aplicables y el beneficiario final de las transferencias. Ahí es donde también tenemos que enfocarnos, en el tema de la famosa ruta del dinero. También tenemos que recordar que el ex ministro de Energía, Roberto Luque, le solicitó a Contraloría el examen especial de los contratos de emergencia, que fueron delegados a la unidad de negocio SELEC-EP, EP, Empresa Pública.

Como ya lo decía, y es importante recalcar a los ecuatorianos que las empresas públicas, repito, tienen esta autonomía. En esta gravedad de irregularidades, tampoco nos autoriza a trasladarlas sin sustento a una autoridad que no ejecutó los actos contractuales. El artículo 131 de la Constitución exige un cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución y la ley para establecer responsabilidad política, básicamente. El artículo 154 determina que a los ministros les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área que está a su cargo y es pedir los actos administrativos necesarios para su gestión.

¿En qué parte le dice que tiene que contratar? En ninguna. El artículo 315 reconoce a las empresas públicas ecuatorianas. Y aquí está la trampa que dejaron hecho los que hoy se están quejando. El artículo 315 reconoce que las empresas públicas tienen responsabilidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión. Señores, eso es lo que está mal, que un mando medio tenga más posibilidad, responsabilidad que un ministro. Eso es lo que está mal, pero repito, les encanta decir que tenemos una ley maravillosa. Aquí está su ley maravillosa.

Entonces la responsabilidad debe caer en quien tenía la competencia, en quien intervino en la decisión y quien ejecutó el acto correspondiente. Nos guste o no, porque es la ley que ustedes tanto defienden y es lo que deberíamos de cambiar. Sí, pero es la ley que ustedes tanto defienden. Entonces creo que teniendo claro esto, fiscalizar es exigir parte de que los hechos.

Asambleísta, su tiempo terminó. Por favor, tiene 30 segundos.

Listo, señora presidenta. Creo que ha sido extremadamente claro en que este informe dice quién tuvo la responsabilidad. En que el artículo de la ley que tanto defienden es claro y que básicamente un mando medio tiene más capacidad que un ministro. No podemos juzgar a quien no tuvo responsabilidad en el momento de contratar. Pero esto no quiere decir que el informe está a favor de la impunidad. La ausencia de una responsabilidad política acreditada bajo el artículo 131 no se extingue. No reduce ni prejuzga las responsabilidades administrativas civiles y contractuales.

Vamos y tenemos que recuperar el dinero, pero que se juzgue a los verdaderos responsables. A funcionarios que dejaron entramados, que tienen en este caso desde la época del correísmo sus respectivos nombramientos definitivos y son los que le siguen robando al país. Y que cuando nosotros pusimos una ley que quería evaluar a todos estos delincuentes, pusieron la demanda de inconstitucionalidad, no permitiendo evaluarlos porque les conviene mantenerlos en el sector. Aquí no vamos a hacer o vamos a favorecer la impunidad, pero tampoco nos vamos a inventar responsabilidad a quien no la tuvo.

Pongámonos a leer la ley y síganla defendiendo como tanto les gusta, que es lo que permite que sigan robando. Los que queremos cambiarla, seguiremos luchando por cambiar la ley. Muchas gracias, señora presidenta.

Esa fue la intervención del asambleísta Sergio Pérez. Señor secretario, certifique si la moción presentada por la asambleísta Diana Jacome ha sido ingresada por escrito.

Sí, señora presidenta, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría.

Señores asambleístas, consulto si tiene apoyo la moción. Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación.

Procedo a dar lectura a la moción, Memorando ANJSDA 2026-01-54M. Asunto, moción para aprobar el informe de fiscalización a los contratos suscritos por la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CLGP con las compañías Progen Industries y Austral Technical Management. De mi consideración, con respetuoso saludo, me permito solicitar dentro de la sesión 119 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para este día domingo 30 de agosto de 1926 a las 9 horas en modalidad virtual, de conformidad a lo establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en relación al segundo punto del orden del día, el cual tiene por objeto conocer y resolver respecto del informe de fiscalización a los contratos suscritos por la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CLGP con las compañías Progen Industries y Austral Technical Management en calidad de ponente, presento la siguiente moción, que el Pleno de la Asamblea Nacional apruebe el informe de fiscalización a los contratos suscritos por la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CLGP con las compañías Progen Industries y Austral Technical Management conforme el contenido de la resolución adjunta, consentimiento de disquería a consideración atentamente Diana Jacome, asambleísta.

Me permito dar lectura a la parte resolutiva. La Asamblea Nacional en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales resuelve artículo 1, aprobar el informe de fiscalización a los contratos suscritos por la Empresa Pública Eléctrica Corporación Eléctrica del Ecuador CLGP con las compañías Progen Industries y Austral Technical Management Management de 19 de diciembre de 2025, elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Transparencia Participación Ciudadana y Control Social y acoger sus conclusiones y recomendaciones. Artículo 2. Disponer que la Secretaría General de la Asamblea Nacional remita el informe de fiscalización a los contratos suscritos por la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CLGP con las compañías Progen Industries y Austral Technical Management, a la Contraría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado, para que en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales adopten las acciones que en derecho correspondan sin perjuicio de cumplimiento de las recomendaciones específicas contenidas en el informe de fiscalización.

Hasta aquí la lectura de los solicitados, señora Presidenta. Señoras asambleístas, por favor, registrar su participación en las currules electrónicas de existir alguna novedad e informar a esta Secretaría.

Me permito informar, señora presidenta, que contamos con 146 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Diana Jacome. Señores asambleístas, por favor consignar su voto.

Operador, presidente, los resultados. Señora presidenta, me permite informar que de un total de 146 asambleístas presentes contamos con 80 votos afirmativos, 63 votos negativos, 0 blancos y 3 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Diana Jacome.

Señor secretario, certifique si existen puntos adicionales en el orden del día de la presente sesión.

Señora Presidenta, cumplo con certificar que se ha agotado el orden del día.

Se clausura la presente sesión.

Se toma nota señora Presidenta, se clausura la sesión siendo las 10 horas con 34 minutos.