Muy buenos días, señora presidenta, colegas legisladores, un abrazo especial a todo el pueblo ecuatoriano. Creo que todo lo que se haga para cumplir y hacer cumplir el artículo 30 de la Constitución, y esto es tomar a la vivienda como un derecho, vale la pena empujarlo, pero hay que hacerlo de una manera responsable y sobre todo buscar los mecanismos para que sea ejecutable. No solamente hablamos de un derecho, sino de un sueño, de un padre de familia que de alguna manera buscamos cobijar, cubrir a nuestras familias. Por ende, la vivienda siempre tendrá ese rostro humano que vale la pena, que lo empujemos desde la Asamblea Nacional. Países como Francia, Alemania, Austria, ya desarrollan vivienda social impulsada desde el sector privado. En los Países Bajos, el 30% de la vivienda social es gestionada incluso a través de organizaciones sin fines de lucro. Es positivo que haya un aporte por parte del área privada para la consecución de la construcción de vivienda social, entendiendo de que sería favorable que lo haga el Estado, para eso se pagan los impuestos, debería haber una política de Estado para poder hacer estas construcciones, pero entiendo esto es un atajo debido a los temas que evidentemente los tiene como problema hoy el país, en temas climatológicos o en cuestiones de reactivación económica, que entiendo esa es la razón de ser de este proyecto. En Ecuador existen empresas y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que para reducir su impuesto a la renta, de hecho ya tienen algunas normativas similares para proyectos que tienen que ver con el deporte y la cultura. Ya existe esta normativa, pero esto se lo hace a través de proyectos que los aprueban las carteras de Estado. ¿Y qué quiero decir con esto? Lastimosamente la burocracia, el exceso de papeles, hace de que estas normas muchas veces no se cumplan. Y es allí donde el reglamento a esta normativa es el que tiene que ser clave para que se realice un proceso sencillo, no tan burocrático, para que evidentemente se pueda dar a luz estos proyectos de interés social. La cartera de Estado que va a estar a cargo de la aprobación de estos proyectos debe tener los planos, el tipo de materiales, los diseños que deben acoplarse también a personas con discapacidad, es decir, tener un modelo tipo que permita de alguna manera evitar la discrecionalidad o sobrecosto que se podría utilizar por parte de ciertas empresas que podrían, entre comillas, intentar beneficiarse ilícitamente. Debemos tomar en cuenta que dentro del reglamento también se tiene que asentar en algo importante y esto es que las viviendas que se van a construir se lo hagan con la mano de obra local, de la localidad. Que se deba también articular con las municipalidades y que se pueda de alguna forma sectorizar porque los planes de uso y gestión del suelo que tienen los municipios determinan los espacios de expansión urbana y ellos, de acuerdo a su planificación, es la que determinarán el lugar donde se deban construir las viviendas. Mucho mejor si se hacen construcciones en vertical, es decir, edificaciones, para evitar que las ciudades colapsen y que de alguna manera los suelos de expansión urbana puedan ser mal utilizados por parte de algunas alcaldías, construcciones en zonas de riesgo o evitar también hacinamientos. Eso es fundamental, que el Estado de alguna forma tenga espacios físicos, es decir, que sectorice y priorice para que esto realmente tenga una urgencia económica y se pueda motivar la urgencia económica. ¿Qué quiero decir con esto? Que debe existir ciertos parámetros de los lugares donde se van a construir estas viviendas en base a la necesidad poblacional y en base también a los desastres naturales o a las emergencias que se hayan suscitado en las distintas provincias del Ecuador. Y también, evidentemente, que exista con esa motivación de reactivación económica, por ejemplo, que se busquen los espacios donde hay esa necesidad. Y ahí quiero asentar en algo importante, y es que se lo deba hacer en las zonas de frontera. La economía de mi provincia en estas últimas semanas ha sido destrozada. Miles de familias vienen siendo afectadas por la guerra arancelaria mal concebida. Estibadores, transportistas, profesionales del comercio exterior hoy hacen parte de las estadísticas del desempleo. Mi provincia se muera, se está muriendo y hay indolencia, no existe diálogo. Por ende, creo que es importante que esta asamblea deba exhortar al gobierno nacional resolver inmediatamente este problema, que ya no es arancelario, hoy es humanitario. Por eso creo que es importante que dentro de esta norma se busque que estos espacios que hemos sido afectados por cuestiones de carácter de desastres naturales o cuestiones económicas, busquen esa reactivación económica a través de la construcción de vivienda social. Yo no creo que nadie estemos en contra de que se procesen estos mecanismos, pero que se los hagan de una manera adecuada, de una manera planificada y que las empresas tengan claras las reglas de juego para que puedan acceder a este beneficio. Eso no está mal, que lo hagan, que construyan, pero que las carteras de Estado también busquen los mecanismos flexibles para que se pueda realmente ejercer ese mecanismo y ese derecho que, entre comillas, se aperturaría en esta normativa. Es fundamental que todo lo que hagamos, todo el corazón que le pongamos a nuestra legislación, dé efectos positivos en la ciudadanía ecuatoriana. Como lo he manifestado, existen ya leyes que hemos legislado de manera similar, incluso en temas también que tienen que ver con la seguridad pública. Ya hemos, de alguna manera, flexibilizado nuestro brazo para empujar y ayudar a que el gobierno continúe esa labor. Es su modelo. Yo creo un poco más en el Estado, pero si es que han tomado esa decisión, pues estaremos acá para poder respaldar. Lo importante es que esto llegue a un término final positivo, es decir, que las empresas realmente construyan buenas viviendas de calidad y que satisfagan la enorme necesidad de vivienda social en coordinación con las municipalidades, evidentemente con aquellas que sí planifican, porque sí hay alcaldes que han mal utilizado la planificación o la falta de planificación para hacer construir en zonas de riesgo sin que nadie les diga nada. Ya tendremos tiempo para poder evaluar el tema de la Secretaría de Ordenamiento Territorial que la estamos analizando en nuestra comisión y vamos a poder debatir con el asambleísta Molina. Nadie busca que el Estado se haga cargo de la planificación de lo que deben hacer las alcaldías. No, lo que se busca pelear es contra aquellas municipalidades que desarrollan mal o que buscan por satisfacciones electorales que la gente construya y bajo ese sueño de una construcción de una vivienda termine construyendo en una zona de riesgo o en una zona inadecuada para sus familias. Eso es lo que estamos buscando, cuidar, proteger a la familia ecuatoriana y en eso estaremos vigentes. Más allá de la cuestión ideológica, creo que el Ecuador nos necesita y para eso estamos. Muchísimas gracias, señora presidenta.