🕒 0:06 Nathaly Estefanía Farinango Delgado (100%)

Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a los colegas legisladores presentes y buenas tardes, por supuesto, a la ciudadanía ecuatoriana que nos mira a través de los medios legislativos y medios que hacen cobertura. Primero quiero iniciar felicitando los puntos tratados en el día de hoy en el Pleno, como el punto anterior, la ley orgánica de agilización para la adopción. Creo que es importante que las instituciones del Estado, la primera función del Estado en el ámbito de sus competencias pongan en el centro a nuestros niños, niñas y adolescentes, sobre todo los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Y allendo al punto del debate, señor presidente, colegas legisladores, la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control ha realizado un trabajo técnico, jurídico, en el que se ha priorizado, como siempre, la relevancia institucional del Estado y la eficiencia de la administración pública en el marco del informe para primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos, de iniciativa del ex procurador general del Estado, doctor Íñigo Salvador. Este proyecto, presentado en el año 2019, responde a una realidad jurídica e institucional bastante distante a la que vivimos actualmente. En aquel momento se sostenía, y quizás con razón, que el informe previo en materia de contratación pública había generado un relajamiento en el procedimiento contractual. Sin embargo, la experiencia acumulada durante estos años nos permite afirmar que esta tesis no refleja completamente la realidad y que muchos de estos problemas fueron solventados también en reformas que se dieron durante estos años, como la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que aprobó esta Asamblea Nacional en este periodo legislativo. Adicionalmente, en el mes de diciembre del año 2025, la Procuraduría General del Estado presentó un proyecto de ley, proyecto de ley orgánica de la Procuraduría General del Estado, que calificó al Consejo de Administración Legislativa y lo remitió a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de esta Asamblea Nacional. En este proyecto ya se desarrolla toda la figura de control legal de actos y contratos, con un enfoque más actualizado a nuestra realidad. El llamado informe de pertinencia, que buscaba cumplir una función de control previo, no logró consolidarse con un mecanismo eficiente porque implicaba la revisión exhaustiva de expedientes completos, generando cargas administrativas innecesarias y ralentizando procesos que requieren agilidad. Hoy en día, las tendencias modernas en control público apuntan que no es necesario revisar todo, sino identificar riesgos específicos mediante herramientas tecnológicas e interoperabilidad institucional. En este contexto, aprobar este proyecto, colegas legisladores, ciudadanía que nos mira, no representaría un avance, sino un claro retroceso. Implicaría reintroducir un modelo de control que ya ha demostrado limitaciones frente a necesidades actuales del Estado y sus instituciones. No podemos ignorar, además, el impacto estructural que tendría su implementación. La Procuraduría General del Estado requeriría un incremento significativo en recursos. Más personal, más procesos, mayor inversión tecnológica. Y aquí surge una pregunta. ¿De dónde saldrían todos estos recursos si actualmente no constan dentro de una asignación presupuestaria que permita cubrir estos valores? La alternativa, como se leyó también en el informe que hizo referencia al señor Secretario General de la Asamblea Nacional, podría ser trasladar estos costos a usuarios del sistema, es decir, a los proveedores del Estado, encareciendo así la contratación pública de nuestro país. Otro aspecto preocupante que contiene el proyecto de ley es el diseño institucional que propone. Se plantea dentro de la misma Procuraduría General del Estado, existen instancias que emitan control previo y otras que realizan control posterior. ¿Esto qué significa? Que generaría un evidente conflicto. La institución podría convertirse en juez y parte, abriendo la puerta a inconsistencias y debilitando la seguridad jurídica. Así también, la incorporación de un requisito adicional en la fase precontractual, como el informe previo, no haría más que ralentizar los procesos. En lugar de facilitar la gestión pública, introducir mayores tiempos de espera, afectando la ejecución de obras, servicios y adquisiciones que son esenciales para la ciudadanía ecuatoriana. Los riesgos son claros. Estancamiento administrativo, dilución de responsabilidades, incluso posibles espacios para la discrecionalidad o prácticas indebidas como la extorsión, al pedir estos informes previos. Pero no solo hablamos de eficiencia o gestión, también estamos ante un problema de legalidad. El proyecto implica un aumento en el gasto público, lo cual, según nuestro marco constitucional, y muchos hacían referencia en el anterior proyecto de ley, es una iniciativa que corresponde exclusivamente al presidente o presidenta de la República. Por lo tanto, su validez legislativa es cuestionable desde su origen, desde su proponente. Finalmente, es importante recordar que la Procuraduría General del Estado es un organismo dependiente de la función ejecutiva, y como tal debe regirse por las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público. Cualquier reforma debe respetar este marco normativo y fortalecer, no debilitar la institucionalidad. El Pleno de esta Asamblea Nacional debe centrarse en los desafíos que actualmente tenemos. Avanzar hacia mecanismos de control modernos, eficientes y transparentes. Por estas consideraciones, el informe para primer debate, aprobado por unanimidad por todos los miembros de la Comisión, en donde recomienda ya su archivo, se ha puesto a consideración de este Pleno de la Asamblea Nacional, y esperamos que todos los legisladores votemos en coherencia, como también se votó en la comisión, pidiendo y aprobando este informe, y pidiendo el archivo del mismo. Muchísimas gracias, señor presidente.