🕒 0:00 Roberto Fernando Jaramillo Martínez (75%)

La palabra el asambleísta Fernando Jaramillo. Gracias, señora Presidente. Bueno, este tema no se trata o no es una preocupación aislada. Una investigación realizada por Primicias y publicada por Spondilus InfoLab revisó los registros públicos justamente de las declaraciones patrimoniales que constan en la Contraloría General del Estado. De acuerdo con esa investigación, se analizaron las declaraciones de 225 alcaldes y 23 prefectos del país, identificándose 79 casos de variaciones patrimoniales relevantes. Cuando revisamos los casos concretos, las cifras son aún más preocupantes y más alarmantes. Tenemos el caso del prefecto de Baburra, Richard Calderón. Y con la veña, señora Presidente, por tratarse de datos numéricos, voy a dar lectura en cuanto a que es indignante, por ejemplo, de que este señor en el 2023 declara un patrimonio de 780 mil 723 dólares, y en el 2024 reporta, pero mucho ojo, 576 mil 395 dólares, y en 2025 504 mil 877 dólares. Es decir, en apenas dos años, porque también justamente no tiene o no puede investigarse solo el incremento patrimonial injustificado, sino también el decremento inusual injustificado. Por supuesto que sí. Esta disminución equivale a más del 35%. Richard Calderón debe responder, además, por las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado que tiene en la provincia de Imbaburra, por financiación al terrorismo, señores, financiación al terrorismo. Estas cifras exigen una explicación clara, documentada y verificable. Su patrimonio se redujo porque está escondiendo, tal vez, sus bienes por medio de testaferros o está evadiendo sus obligaciones tributarias en el país. O es que acaso su patrimonio se redujo por financiar actividades terroristas y desestabilizadoras en contra del gobierno. Ya lo vamos a saber. Debe revisarse dentro del marco de la ley, no solamente una simple declaración juramentada, sino tiene que analizarse y muy claro, y esto va para todos los alcaldes y prefectos, porque por ahí escuché de que se nombre a todos, a todos, a todos. Operaciones, transferencias, bienes, empresas y activos que pudieran estar vinculados a sus familiares y a su entorno, verificarse también si existen movimientos o transacciones de incrementos patrimoniales que requieran una explicación legal, documentada y transparente. Tenemos también, que pena por mi provincia de Imbabura, el caso de la alcaldesa de Otavalo, también Anabel Hermosa Acosta. Tenemos el caso del alcalde de Urcuquí, Jorge Manrique Alomía. Ya no digo coincidencialmente de la Revolución Ciudadana, porque ya han hecho del peculado, el enriquecimiento ilícito, su marca registrada. Tenemos el caso de mi comisacista Norio, por el que doraban y se rasgaban las vestiduras aquí, ahora ya no dicen nada, no, porque rato mata relato. Ahí están las investigaciones de la Fiscalía, ahí están, vaya y revisen las investigaciones. El alcalde de Esmeraldas, según sus declaraciones patrimoniales juradas presentadas ante la Contraloría, declaró en 2023 un millón cuatrocientos cuarenta y dos mil trescientos dólares americanos. Un año después, es decir, en el 2024, declara cuatro millones trescientos catorce mil cuatrocientos veintiséis dólares. Es decir, en apenas doce meses, tiene un incremento de tres millones de dólares. ¿A qué ciudadano con poco de sentido común va a poder explicar de dónde sacó tres millones de dólares? Este hecho cobra aún mayor relevancia, porque sí, en un allanamiento realizado, este señor fue detenido el 3 de junio del 2026 y es investigado por una investigación de presunto de abado de activos iniciado a partir de un informe realizado por movimientos inusuales e injustificados por la unidad de análisis financiero. También constan otros casos que requieren una revisión rigurosa. El caso, por ejemplo, de Álvaro Antonio García Hontaneda, alcalde de Espíndola, también por la Revolución Ciudadana, que pasa de declarar ciento diez mil dólares en dos mil veintitrés para el dos mil veinticuatro declarar doscientos setenta y seis mil doscientos noventa y tres dólares. Es decir, su patrimonio declarado aumenta en un ciento cincuenta y uno por ciento. Tenemos también el caso de Joffre Pómez Herrera, prefecto de Sucumbíos, también por la Revolución Ciudadana. Pasó de trescientos dieciséis mil cien dólares declarados en dos mil veintitrés a cuatrocientos tres mil ciento cincuenta y ocho y un dólares y en dos mil veinticinco un aumento de ochenta y siete mil cincuenta y un dólares en dos años, equivalente a un crecimiento superior al veintisiete coma cinco por ciento. Tenemos, y no podíamos dejar de mencionar, el caso emblemático, yo creo, de Aquiles Álvarez. También, cuando nos referimos a este señor, a este alcalde, según sus declaraciones patrimoniales presentadas en la Contraloría del dos mil veintitrés, declaró siete millones setecientos treinta mil dólares americanos, en dos mil veinticuatro cinco millones ochocientos y en dos mil veinticinco siete millones cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos tres dólares. Es decir, entre el dos mil veinticuatro y dos mil veinticinco su patrimonio volvió a crecer en más de un millón quinientos mil dólares, pero no podemos dejarlo aislar el hecho de la investigación del caso Goliada, donde se está investigando un presunto lavado de activos por alrededor de setenta millones de dólares, señores, setenta millones de dólares. Estos informes habrían sido recogidos por la UAFE, en donde también se ha podido determinar transferencias de alrededor de seis millones de dólares, transferencias que se habían hecho a su madre y a su esposa. Dentro de esto, y existe dentro de la Fiscalía y dentro de las investigaciones previas que se habían realizado, porque no son datos que yo me vengo a inventar aquí a la Asamblea Nacional, también constan que habría adquirido bienes en Santa Helena, departamentos de San Borondón, que no se encuentran registrados en sus declaraciones patrimoniales. Y al mejor estilo de los jeques de Dubái, vehículos de alta gama, como por ejemplo, uno de los pocos vehículos que voy a mencionar, un Mercedes Benz, valorado en trescientos cincuenta mil dólares que se encuentran registrados a su nombre. Qué vergüenza, ¿no? Los ciudadanos que trabajan todos los días, que pagan sus impuestos, los que se levantan sus mañanas para sacar adelante a sus hijos, escuchar que una persona, un alcalde electo, tenga un vehículo de trescientos cincuenta mil dólares. Qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, sigamos. Cada una de estas variaciones debe tener una explicación legal, verificable y documentada. Y si esa explicación no existe, los organismos de control tienen la obligación de actuar. El servicio público no es un blindaje. El cargo no es patente de corso ni licencia para enriquecerse. Y la elección popular no es impunidad, señores. Mientras los ciudadanos, mientras el pueblo ecuatoriano, del que ustedes se rasgan las vestiduras y dicen todo para el pueblo, nada para nosotros, cuando es al revés. Todo para nosotros, nada para el pueblo. ¿Qué es lo que exige? Agua potable, vialidad, servicios básicos. Ellos tienen la obligación y el derecho de exigir que toda variación patrimonial injustificada, relevante de cualquier alcalde o prefecto, sea debidamente explicada, documentada y verificada. Por este motivo, dentro de este cambio del orden del día, solicitamos que la Contraloría informe si es que existen, en este caso, auditorías o exámenes especiales, a la unidad de análisis financiero, si se han identificado operaciones inusuales, movimientos financieros que ameriten, seguimiento y reportes a la Fiscalía General del Estado dentro de sus competencias, que indique si existen investigaciones o instrucciones justamente por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, delitos relacionados con el manejo de recursos públicos, al servicio de rentas internas, que revise si existe coherencia entre los bienes declarados y los ingresos reportados, las obligaciones tributarias que quienes ejercen cargos de elección popular. Por eso, señora Presidenta, hoy esta asamblea debe estar una señal firme de que la política no puede ser un negocio, los recursos públicos no pueden ser la puerta de entrada para el enriquecimiento personal. Quien haya construido su patrimonio de forma legal deberá demostrarlo con documentos y con transparencia, pero quien no y quien haya utilizado sus cargos y sus funciones para enriquecerse personalmente y multiplicar su fortuna a costa del dinero del pueblo ecuatoriano que es sagrada, tendrá que responder con todo el peso de la ley. Señores, aquí esta bancada de ADN, el presidente Daniel Novoa, está del lado de la gente honesta, del comerciante, del campesino, del maestro, quienes pagan todos los días sus impuestos y que exige que estos recursos públicos sean administrados con decencia. No más patrimonios inexplicables, no más impunidad en el Ecuador. Señora Presidenta, solicito que se someta a votación este cambio del orden del día y esta resolución. Muchas gracias a todos ustedes.