pidió la palabra hace pocos minutos. Gracias, presidente. Muy buenos días con todos y todas. En concordancia con varias de las observaciones planteadas por los compañeros legisladores, considero que este debate debe llevarse adelante respetando los principios fundamentales de la función legislativa. El principio de la unidad de la materia, la técnica legislativa, la seguridad jurídica y las demás garantías normativas que exigen nuestra norma constitucional. Los proyectos que dieron origen a esta reforma fueron presentados para atender problemas concretos que afectan a miles de ecuatorianos, entre ellos la protección de los ahorros de los depositantes, la restitución de recursos en procesos de liquidación, la regulación de los intereses de mora y el establecimiento de facilidades de pago para personas y familias que enfrentan dificultades económicas. Ese fue el espíritu de las iniciativas que fueron calificadas y unificadas. Sin embargo, veo que durante el trámite legislativo se han incorporado disposiciones que modifican de manera sustancial el régimen del mercado de valores, el mercado extra bursátil, los mecanismos de negociación financiera, los depósitos de compensación y liquidación, entre otros temas que no formaban parte de los proyectos originales y que merecen un debate específico, transparente y especializado. Por ello, debemos ser responsables. Una norma que contiene disposiciones importantes para proteger a los usuarios y consumidores del sistema financiero no puede convertirse en un vehículo para introducir reformas que responden a una agenda distinta, vinculada a la liberalización y flexibilización de los mercados financieros, impulsada históricamente por organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y respaldada, por supuesto, por los grandes grupos económicos que operan el mercado de valores y el mercado extra bursátil. No podemos permitir que una ley concebida para proteger a los ciudadanos termine siendo utilizada para favorecer intereses particulares. La Asamblea Nacional tiene la obligación de legislar con transparencia y respetando el principio democrático de manera que cada reforma sea debatida por sus propios méritos y no incorporada de forma indirecta en proyectos cuya finalidad es otra. Pero también debemos reconocer que, incluso depurada la norma de aquellas disposiciones ajenas a su objeto, aún queda pendiente un problema estructural que afecta a millones de ecuatorianas, las excesivas tasas de interés que cobre el sistema financiero. Hoy, miles de pequeños productores, agricultores, artesanos, comerciantes, emprendedores y familias trabajan únicamente para pagar intereses. El crédito, que debería ser una herramienta para impulsar la producción, el empleo y el desarrollo, se ha convertido para muchos en una carga que limita su crecimiento y los mantiene permanentemente endeudados. Imagínense, en el año 2025, sólo la banca tuvo una ganancia récord neto de más de 900 millones de dólares. Por eso, considero que esta reforma debe avanzar hacia una discusión mucho más profunda sobre la reducción de las tasas de interés. ¿Cuándo vamos a analizar ese tema? ¿Cuándo vamos a demostrar esa voluntad política de legislar y beneficiar a los millones de ecuatorianos que tienen que vivir con créditos tras créditos y pagando intereses exorbitantes? Eso debería preocuparnos. Es necesario también trabajar en la democratización del crédito y el acceso a financiamiento justo y oportuno para los sectores productivos y populares del país. No basta con regular los intereses de mora. Debemos revisar también los costos financieros que están asfixiando a quienes producen y generan empleo y sostienen la economía nacional. Legislemos para la gente, no para los mismos grupos de poder financiero que han tenido grandes ventajas desde esta primera función del Estado. protejamos a los usuarios del sistema financiero, respetemos la técnica legislativa y construyamos una norma coherente, transparente y orientada al interés público. Gracias, Presidente.