🕒 0:11 Johnny Alfredo Lavayen Tamayo (70%)

Muy buenos días, señora presidenta. ¿Me puede confirmar si me están escuchando? Sí, se lo escucha, San Francisco. Muchas gracias. Iniciamos dando gracias a Dios, señora presidenta, compañeros asambleístas, medios de comunicación, a toda la ciudadanía, en especial a mis hermanos migrantes a quienes represento. He escuchado algunos comentarios que pretenden hacer creer que la fiscalización busca cuestionar la modernización de los transportes públicos de Quito. Nada más alejado de la realidad. Todos queremos un transporte digno, moderno y eficiente para la capital. Todos entendemos que una flota con más de 25 años de funcionamiento necesitaba ser reemplazada. Eso no está en discusión. Lo que hoy estamos analizando es la compra, no es la compra de los troles buses, sino la forma en que se administraron los recursos públicos y las decisiones que se adoptaron durante este proceso. Puedo afirmar con tranquilidad que este informe no responde a intereses políticos ni opiniones personales. Ese es el resultado del trabajo serio, técnico y documentado desarrollado dentro de las competencias constitucionales que tiene la Asamblea Nacional. Uno de los aspectos que más llamó nuestra atención fue comprobar que este proyecto inicialmente estaba previsto para ejecutarse mediante los procedimientos ordinarios establecidos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin embargo, posteriormente, ese esquema cambió y se decidió ejecutar la adquisición mediante un memorándum de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, conocida como ONU. Ese cambio en la modalidad de contradicción fue precisamente uno de los principales aspectos analizados por la Comisión. Ahora quiero ser enfáctico con la principal preocupación encontrada en esta fiscalización que proviene del examen especial realizado por la Contraloría General del Estado. El órgano de control determinó un presunto perjuicio económico de más de dos millones de dólares, señores, más de dos millones de dólares relacionados con costos de implementación y costos indirectos derivados del esquema utilizado. Además, señaló que se omitieron procedimientos de contradicción pública y que no se garantizó la concurrencia ni principios fundamentales como la legalidad, la eficiencia, la equinidad y el uso de recursos públicos. Frente a estas observaciones y observaciones de esa magnitud, yo quiero hacer una sola pregunta. ¿Qué debería hacer la Asamblea Nacional? ¿Guardar silencio? ¿Quedarnos callados todos? ¿O mirar para otro lado? Yo creo que no. Precisamente, para eso existe la fiscalización, porque el control político no busca reemplazar el trabajo de la Contraloría ni la de Fiscalía. Tampoco pretende condenar a nadie. Lo que busca es verificar que las instituciones públicas actúen con transparencia, que los recursos de los ecuatorianos sean administrados correctamente y que cuando existan dudas razonables, éstas sean investigadas por las autoridades competentes. También considero importante mencionar que esta comisión actuó de manera absoluta y con una buena apertura. Se convocó al alcalde del Distrito Metropolitano de Quito y al gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros para que comparezcan y expliquen las decisiones adoptadas durante este proceso. Lamentablemente, ninguno de los dos asistieron a las convocatorias realizadas por la comisión. Yo creo que la rendición de cuentas fortalece la democracia. Comparecer ante una comisión de la Asamblea no debilita a ninguna autoridad. Por lo contrario, es la oportunidad para explicar las decisiones adoptadas y generar confianza a la ciudadanía. Compañeros y compañeras, quiero terminar con una reflexión. La fiscalización no debe ser un ejercicio responsable, objetivo y transparente, siempre orientado a proteger el interés público. Por eso expreso mi respaldo al informe presentado por la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Porque cuando existen observaciones técnicas y recursos públicos comprometidos y preguntas que todavía esperan respuestas, lo correcto no es guardar silencio. Lo correcto es fiscalizar con responsabilidad, actuar con transparencia y permitir que las instituciones competentes hagan su trabajo. Muchas gracias, señora Presidenta. Hasta aquí mi intervención.