Buenos días con todos. Muchísimas gracias, estimada presidenta. Saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de este medio. Un abrazo solidario. Mi provincia de Los Ríos, justamente me encuentro aquí en Baboyo, una situación complicada por las inundaciones y por la falta de atención del gobierno a este sector tan importante. Hoy quiero decirme a ustedes, no solo como representante de la Asamblea, sino como un profesional de la construcción, soy arquitecto. Toda mi vida he trabajado con planos, con cemento, con ladrillos y sobre todo con las familias pobres en un desarrollo en Quevedo de más de 300 viviendas. Por eso cuando nos mandan un proyecto económico urgente con un título que al final resulta conmovedor, ley para incentivar la construcción de vivienda de interés social, uno dice, claro, qué maravilla, por fin, por fin vamos a tener una solución para la gente que no tiene vivienda. ¿Quién podría oponerse a una casa propia? Pero compatriotas, compañeros, asambleístas, como siempre nos pasa y nos ha pasado. Y hemos visto con esta ley tributaria que se dio también para el tema de seguridad, ¿qué ha pasado? ¿Hubo algún registro, alguna fiscalización con respecto a quienes donaban armas, donaban camionetas para el tema de la seguridad? No hemos visto hasta ahora realmente un resultado claro con respecto a esto. Yo creería que acá, porque el liberar de un pago a un impuesto y donar una vivienda, vamos a tener garantía de que vamos a tener en el país vivienda nueva para nuestra gente. ¿Qué va a pasar con las personas que viven en sectores de alto riesgo? ¿Se le va a poner una vivienda nueva ahí para mantenerlos en ese nivel de riesgo, inundaciones? Lo que no veo aquí realmente es un plan claro para poder desarrollar, y más aún, una incompetencia en un gobierno que a través de un ministerio, que debería ser el ministerio de vivienda, una planificación para que entregar vivienda social, le entregan a un empresario que no sabe dónde tiene que hacer o colocar la vivienda, y de esta manera el gobierno nacional se lava las manos. Incapacidad se llama eso, falta de planificación, y de esta manera vamos dando tumbos y entubos para liberar un derecho, una obligación tributaria de empresarios a costillas de quienes necesitan realmente una vivienda. Pero aquí realmente es donde hablo como arquitecto, le digo la verdad que un proyecto ignora el mayor problema de Ecuador no es solamente la falta de viviendas nuevas, el verdadero drama es el hacinamiento, como ya lo dicen los compañeros anteriores, de vivienda precaria. No existe dentro de este proyecto realmente una renovación o una rectificación de una vivienda. Se entrega una vivienda en sectores donde no hay alcantarillado, se entregan viviendas donde hay asentamientos regulares. Entonces, ¿qué estamos realmente desarrollando para poder mejorar las condiciones de las familias ecuatorianas y de esta manera rehabilitar? Aquí es lo que nos encontramos realmente en otra trampa tributaria. Esta ley no da ni un solo centavo, no da ni un centavo de incentivos realmente para poder lograr que las empresas puedan desarrollar una vivienda digna. Porque no existe una planificación. Creando primero el derecho para las viviendas de sectores vulnerables no existe. Se está creando primero el beneficio tributario para el que dona, pero el pobre queda al final de la cadena de los favores. El gobierno nos vuelve a meter una privatización en cubierta. El Estado quiere invertir. No quiere hacer una obra pública ni construir viviendas sociales. Prefiere renunciar a cobrar los impuestos y dejar que el derecho a la vivienda, a la buena voluntad, sea en el sector privado. Nosotros no negamos la crisis habitacional que sufre el país. Por supuesto que necesitamos que la gente tenga casas, pero nos oponemos a que se resuelva con una ley mal enfocada, mal focalizada. El discurso en la televisión sobre desarrollo habitacional para la gente que menos tiene, pero privatiza el derecho en el servicio de renta interna a través de donarle, entregarle las facilidades a la empresa pública. Pero aquí en esta ley exigimos que para el segundo debate se deban incluir algunas correcciones, pero no solamente negar, sino aportar a lo que estamos debatiendo en este primer debate. Primero, que el incentivo se amplíe a las famosas soluciones habitacionales. Es decir, que sirva también para rehabilitar, para poner alcantarillado, para mejorar las casas precarias que ya existen, que no solo sea para hacer conjuntos nuevos. Hay que atacar al déficit cualitativo, no solamente al cuantitativo. Segundo, transparencia total. El pueblo tiene derecho a saber qué empresa dejó de pagar sus impuestos, cuánto le costó esa renuncia al Estado, y si esa casa llegó verdaderamente a una familia de extrema progresa o se usó para pagar favores políticos. Tercero, que se establezca una ley, una sanción dura de reversión de beneficio tributario, si se descubre que la donación no llegó a quien realmente lo necesitaba. Cero viveza criolla. Seguiré defendiendo desde la arquitectura, que sirve para construir, para generar economía, dignidad. Y mi compromiso con mi bancada es que cada bloque, cada ladrillo que promueve el Estado sirva realmente para darle calor a las familias más pobres del país y no para realmente agustar cuentas bancarias de lo que ya tienen todo. Hasta ahí mi intervención. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.