🕒 0:00 Milton Javier Aguas Flores (75%)

Milton Aguas. Muchas gracias, señor presidente, colegas legisladores, a todo el pueblo de la provincia de Galápagos y el país. Galápagos presente aquí en la Asamblea Nacional, debatiendo una ley muy importante, gracias al señor presidente de la República, Daniel Noguas Asim, por preocuparse por las necesidades básicas de nuestro pueblo. Colegas legisladores, estamos en el año 2026 y aún hablamos de nuestros territorios, de falta de agua potable, del cantarillado, de gestión de residuos sólidos. Con este proyecto de ley se acabaron los despilfarros de los GATS, ahora se exige lo que exige la gente, servicios básicos de calidad. Nosotros vivimos en Galápagos y tuvimos el bochornoso titular internacional y en todos los medios de comunicación nacional que el GAT municipal San Cristóbal votaba directamente al mar sin tratamiento las aguas negras, afectando la salud de los galapagueños y turistas que nos visitan y haciendo un atentado contra la naturaleza. Veo con optimismo este proyecto de ley que puede beneficiar directamente a mi pueblo, el pueblo de la provincia de Galápagos, también fortaleciendo la institucionalidad. ¿Y por qué, colegas asambleístas, para que tengan en contexto? Galápagos tiene dos instituciones muy importantes, que es el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos y la dirección del Parque Nacional Galápagos, que funcionan con autonomía, como lo hacen los GATS. Es importante que se tome muy en cuenta que estamos hablando de un régimen especial establecido en la Constitución de la República del Ecuador. Y como lo hicimos en la Ley de Áreas Protegidas, sería muy importante excluir al Consejo de Gobierno de Galápagos de este importante proyecto de ley. Por otro lado, la Constitución reconoce a la provincia de Galápagos como régimen especial con un modelo de gobernanza que debe asegurar la conservación de su patrimonio natural, la sostenibilidad ambiental, el bienestar de su población y el uso responsable de sus recursos. En este contexto, ahora voy a hablar del Parque Nacional Galápagos. El Parque Nacional Galápagos constituye el principal instrumento del Estado para la protección de los ecosistemas terrestres y marinos del archipiélago, así como para la regulación de las actividades que en ellos desarrollan. Sin embargo, la configuración jurídica actual del Parque Nacional Galápagos dentro de la ley orgánica del régimen especial de la provincia de Galápagos actualmente vigente no refleja adecuadamente la magnitud de sus responsabilidades ni la complejidad de su gestión. La ley lo reestructura como una unidad administrativa desconcentrada de la unidad ambiental nacional, lo que genera una incertidumbre respecto a su personalidad jurídica, su capacidad de gestión institucional, su autonomía presupuestaria y su sostenibilidad administrativa, especialmente frente a los procesos de reorganización del Estado que todos los ecuatorianos hemos visto en eficiencia actualmente del gobierno nacional del presidente Daniel Novoa. Si bien es cierto, el Parque Nacional Galápagos ha venido operando en la práctica con un alto grado de autonomía funcional, pero estos recientes procesos de fusión y reorganización de la función ejecutiva obligaron a actualizar todos los instrumentos que tienen normados en la gestión de la institución como tal, bajo el Ministerio Rector del Ambiente, lo que puso en evidencia un vacío legal y una ambigüedad normativa en la LOREC respecto a la naturaleza jurídica del Parque Nacional Galápagos. Esta situación ha generado la necesidad de contar un marco legal expreso que reconozca y garantice su institucionalidad, autonomía y capacidad de gestión, a fin de evitar interpretaciones restrictivas que puedan afectar la planificación, el talento humano, el presupuesto y la continuidad operativa del sistema de áreas protegidas de Galápagos. La experiencia comparada en la gestión de áreas naturales protegidas, así como los estándares internacionales en materia de conservación, demuestran que los sistemas más eficaces son aquellos que cuentan con identidades especializadas con personalidad jurídica, autonomía operativa y capacidad directa de regulación, control y administración de los recursos. Las Islas Galápagos, por su fragilidad ecológica y su valor estratégico, requiere un modelo institucional de esta naturaleza. Por ello, me permito poner y proponer en el presente proyecto de ley una observación puntual que tiene como objetivo reconocer al Parque Nacional Galápagos como una entidad pública especializada, dotada de personalidad jurídica propia y por fin de una autonomía técnica, administrativa, financiera y operativa que ejerza de manera directa las competencias de administración, regulación, control, sanción, recaudación y cooperación en las áreas naturales protegidas de la provincia. Esta configuración fortalece la gobernanza ambiental, garantiza mayor eficiencia de la institución y asegura la coherencia del régimen especial de Galápagos establecidos en la constitución del año 2008, que eso es lo que requiero. Adicionalmente, la reforma que estoy planteando establece un marco claro de atribuciones, representación legal y continuidad administrativa, evitando vacíos normativos que puedan afectar la ejecución de políticas públicas, la inversión en conservación, la gestión del turismo sostenible, por otro lado, y la cooperación internacional que apoya la preservación del archipiélago. Dado que la institucionalidad del Parque Nacional Galápagos incide directamente en administración de recursos públicos, en la recaudación de tributos ambientales, en la ejecución de fondos de cooperación y en la sostenibilidad fiscal del régimen especial de Galápagos, esta reforma se incorpora con el proyecto de ley económica urgente que estamos tratando en este momento, como un mecanismo idóneo para asegurar su aplicación oportuna, coherente y jurídicamente sólida. Necesitamos el fortalecimiento institucional para la conservación de Galápagos para el desarrollo sostenible de la gente, que las instituciones de Galápagos sean realmente autónomas y puedan administrar recursos provenientes de cooperación internacional, sobre todo, y no depende de fundaciones que al final del día nosotros los galapagueños no sabemos a dónde va el dinero a nombre de Galápagos, que sirva realmente para conservar, para coadyuvar, por ejemplo, a una agricultura sostenible, a educación ambiental de nuestros niños, y que sienta la población por fin directamente un beneficio. Señor presidente, colegas asambleístas, es el momento ideal para darle dignidad, dignidad a mi pueblo, a mi pueblo de la provincia de Galápagos. Hasta aquí mi palabra, señor presidente, colegas asambleístas, la voz del pueblo de Galápagos ha hablado. Muchas gracias.