¿Se me escucha? Sí, se le escucha. Gracias, señora presidenta, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano que nos mira desde las diferentes plataformas digitales. Buenas noches. Antes de iniciar mi intervención, quiero hacer extensiva mis felicitaciones a todos quienes conformamos la Comisión de Régimen Económico y Tributario por el largo trabajo realizado en todas las sesiones que hemos tenido y también en las mesas técnicas. Esta noche debatimos un proyecto de ley que representa sin duda alguna un paso fundamental en la modernización y fortalecimiento de nuestro sistema tributario que es la reforma integral al Código Tributario.
Este debate forma parte del avance legal de un análisis profundo sobre la importante relación entre el Estado ecuatoriano y sus ciudadanos, entre la administración pública y quienes cumplen con sus responsabilidades tributarias. Este proyecto no es una sola simple actualización normativa, sino una apuesta para fortalecer el Estado de Derecho, la transparencia institucional y, en definitiva, la confianza ciudadana. El Código Tributario, estimados colegas, el Código Tributario vigente fue concebido en un contexto distinto y hoy exige transformaciones que otorguen certeza jurídica y eficiencia administrativa. Hoy más que nunca debemos buscar y consolidar un sistema tributario más claro, equilibrado y accesible, donde el poder del cobro estatal se combine con garantías efectivas para los ciudadanos ecuatorianos.
En relación entre el Estado y el contribuyente, debe estar sustentada en la justicia, la legalidad y la equidad directa. Una de las características principales de esta reforma, estimados colegas, es el fortalecimiento al debido proceso, donde claramente ampliamos plazos y exigimos resoluciones administrativas fundamentadas, siempre respetando el derecho a la defensa y los principios constitucionales. Las decisiones del Servicio de Rentas Internas deben sustentarse también en normas claras y justificadas. Con esta ley, estimados colegas, consolidamos una estructura sólida para que los reclamos, las revisiones, los recursos se realicen sin debilitar la potestad del Estado, sino asegurando que la motivación y la transparencia sean la base del ejercicio de ese poder.
Así evitaremos los abusos y se reemplaza la potestad facultativa extraordinaria, por un mecanismo más claro, la administración podrá iniciar una revisión de oficio o por solicitud fundamentada debidamente por el interesado en este caso. Esto, estimados colegas, estabiliza la relación entre el Servicio de Rentas Internas, SRI y el contribuyente, reconociendo la revisión no como una facultad excepcional, sino como un derecho procedente regulado. Además, en esta reforma establecemos un pláximo máximo de 180 días para dictar la resolución, generando respuestas oportunas y reduciendo la incertidumbre jurídica. En cuanto a la seguridad jurídica, este principio constitucional materializa en la reforma mediante la definición de los plazos claros, procedimientos uniformes y medios válidos de notificación.
Con ello, evitamos que algunos procesos permanezcan abiertos indefinidamente o reducimos la dependencia de las interpretaciones subjetivas, brindando así confianza a los ciudadanos. Esto, colegas, es un marco claro, reduce problemáticas y costos y permite que el Estado y los contribuyentes fortalezcan la inversión, la planificación y la confianza ciudadana. Este proyecto también nos acerca, finalmente, a un Estado moderno que apuesta por la digitalización como herramienta de eficiencia. Muestra de esto, pues obviamente son las notificaciones electrónicas y los buzones digitales que hoy en día ya son medios oficiales y que nos permiten abaratar costos, transparentar la gestión y mejorar la atención al ciudadano.
Esta reforma también nos permite reforzar los principios de ética y el servicio público. Se establecen sanciones para los funcionarios que obstaculicen los derechos de los contribuyentes, promoviendo una cultura institucional responsable y transparente. La rendición de cuentas también es una adecuada motivación de los actos y son pilares esenciales para que podamos recuperar la confianza en el sistema fiscal con un Estado completamente transparente que garantice la excelente participación y un mejor proceso. Para finalizar, estimados colegas, esta reforma no solo es para un especialista de derecho tributario, sino también para un ciudadano común que cumple y espera del Estado ecuatoriano un trabajo justo.
Modernizar el Código Tributario, colegas, es actualizar el vínculo entre el Estado y la ciudadanía en un país de reglas claras, procesos transparentes y una recaudación mejor y también una inversión mejor. Con esta reforma buscamos equilibrar la relación entre la administración y el contribuyente, fortaleciendo la equidad, la confianza mutua, un sistema muy claro, justo e incentivo en el cumplimiento voluntario y reduce la evasión, asegurando la sostenibilidad fiscal sin recurrir a medidas coercitivas que obviamente serán a beneficio del contribuyente y a garantía del Estado. Hasta aquí mi intervención, señora Presidenta, estimados colegas, muchas gracias.