🕒 0:07 Roque Martín Ordóñez Quezada (100%)

Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes ya a nuestros colegas asambleístas. Se ha escuchado varios temas en los que sí puedo coincidir lo que decía mi colega asambleísta sobre la reforma al sistema judicial, sobre los enriquecimientos ilícitos. Aquí en el Pleno de la Asamblea hay asambleístas alternos que deberíamos investigar. ¿Cómo es posible que inicialmente con un capital de 50 mil dólares haya comprado Gala Medios por más de 2 millones 600 mil dólares? ¿Cómo es posible que en el Ecuador, que atraviesa una de las crisis de seguridad más graves en su historia, en el año 2025, se consolidó como el país más violento de la región, con 8 mil 847 homicidios, es decir, 50.1 homicidios por cada 100 mil habitantes? Según reportes del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, una cifra dolorosa que nos ubica entre los países con mayor criminalidad a nivel nacional. Frente al avance del crimen organizado, debemos entender algo fundamental, no habrá seguridad ciudadana sin instituciones judiciales fuertes, independientes y capaces de actuar sin presiones políticas ni amenazas criminales institucionalizadas. No hay seguridad, la seguridad va de la mano con la inversión, no hay paz social posible sin una justicia fuerte, independiente y cercana a la gente. Porque una justicia, lejos del territorio que obliga a las familias a recorrer horas para presentar una denuncia o acceder a una audiencia, es una justicia ausente. Y donde el Estado está ausente, crece la impunidad, crece la inseguridad. Por eso el debate sobre esta reforma no puede reducirse a una estrategia de propaganda o a un discurso mediático de modernización. El verdadero desafío es cómo fortalecemos la institucionalidad judicial del país. Lamentablemente, la forma en que se estructuró este informe, dejan serias dudas sobre su verdadera intención. Existían cinco proyectos unificados que debían analizarse de manera integral con la amplia participación de las diferentes bancadas. Sin embargo, la Comisión decidió concentrarse únicamente en una propuesta. Dejando a lado las diferentes visiones, eso debilita el debate democrático y demuestra que no se busca un consenso nacional, sino una imposición. En la propuesta de reforma, nos ofrece una gran transformación en el papel. El discurso, el papel, aguanta todo. Sin embargo, la implementación de las nuevas unidades al servicio judicial, que deberían estar en plazos ya listos para el aplauso, e incluso se ofrecen expansión de nuevas unidades judiciales. Pero hablemos con realismo, ofrecer infraestructura y tecnología sin el financiamiento real es demagogia pura, porque lo que busca el sistema judicial, la institucionalidad a nivel nacional es presupuesto, jueces, protección, fiscales. Ya algún colega asambleísta hablaba sobre la deficiencia de jueces que tenemos a nivel nacional, sobre la deficiencia de fiscales que tenemos a nivel nacional, sobre la deficiencia de servidores judiciales a nivel nacional y sobre la carga procesal en los diferentes juzgados a nivel nacional. Mientras el proyecto dibuja un sistema judicial ideal, la realidad en los territorios nos golpea con datos contundentes. Hoy faltan 800 jueces a nivel nacional. Escúchenme bien, 800 jueces a nivel nacional. Existe una carga procesal interminable por la falta de atención, por la falta de presupuesto, de quienes están llamados a dar atención a los judiciales por parte del Consejo de la Judicatura. Y lo que es más indignante, debido al abandono estatal, a no tener el presupuesto en el sector de justicia, los propios operadores deben costear de su bolsillo los gastos de su despacho. Esa es la realidad que vive el sistema judicial a nivel nacional. Compras para sacar copias, para comprar CDs, para comprar carpetas, hojas, esferos, incluso para los servicios básicos. Porque no hay la decisión política e institucional de este gobierno, que ya va a cumplir tres años al frente del país. Este abandono no es solo logístico, es también moral e institucional. Entre 2020 y 2025 se registraron 40 atentados, 40 atentados contra la vida de operadores de justicia, 4 asesinatos de jueces, 12 asesinatos de fiscales, 3 asesinatos de funcionarios judiciales, 6 asesinatos de funcionarios de fiscalía, 9 intentos de asesinatos. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y frente a este peligro, la respuesta del Estado ha sido nula, indolente, insensible y apática. Casos documentados, como el juez Carlos Serrano, evidencian un patrón alarmante cuando un operador de justicia honesto, transparente, que lamentablemente no hubo la protección por parte del Estado, por parte de la institución que estaba llamada a proteger los más altos intereses de la justicia y que no se dejó presionar ante la corrupción institucionalizada y el sola voz denunciando la corrupción interna. Lo desprotege, lo aísla y lo deja a merced de las represalias. ¿Cómo podemos exigirle a un juez que enfrente a las mafias si el propio Estado le ha dado la espalda? ¿Cómo podemos exigirle a un juez que enfrente a las mafias si el propio Estado le ha dado las espaldas? Hay temas de fondo en este proyecto que revelan el verdadero peligro de la propuesta oficialista. Uno de ellos es la designación de jueces. No hablan de transparencia, hablan de un comité académico integrado por universidades. En el discurso suena bien, pero en la práctica el texto establece que será el Vice Ministerio de Educación Superior que por sí ya tiene los problemas a nivel nacional, es decir, que el propio Ministerio de Educación tiene enormes problemas, el Ejecutivo de turno terminará teniendo finalmente la razón. El régimen disciplinario planteado corre la misma suerte al intentar flexibilizar las sanciones por dolo o error inexcusable si los candados de la jurisprudencia actual lo que están creando es una herramienta de chantaje interno. Hoy el Ecuador necesita una función judicial sólida, protegida, transparente, con presupuesto, respetada. Los jueces necesitan garantías reales para actuar contra el crimen organizado, contra la corrupción y contra las mafias sin presiones políticas ni represalias. Colegas asambleístas, la crisis que desangra el país no se supera con cálculos partidistas ni con conveniencias del momento. No podemos entregarles las llaves de la justicia al poder de turno mientras dejamos en el abandono a los jueces honestos en cada uno de los territorios. Ecuador necesita recuperar la institucionalidad judicial. Se requiere una reforma profunda que modernice la gestión y fortalezca la transparencia de los servidores judiciales. Debemos legislar para proteger las instituciones no para maquillar su olvido. Muchísimas gracias señora presidenta. Gracias. Gracias. Gracias.