🕒 0:07 Gerardo Eugenio Machado Clavijo (100%)

Muchas gracias, señor presidente, por permitirme el uso de la palabra. Compañeras y compañeros asambleístas, en un momento de mucha tensión en el país por lo que está pasando y la necesidad de que todos nosotros quienes amamos la libertad y la justicia tengamos el derecho a disentir y a reclamar por lo que está pasando en nuestro medio y de que pensamos que injustamente están siendo condenados personas inocentes que tienen otro punto de vista respecto a lo que está pasando en nuestro Ecuador. Señor presidente y compañeros legisladores, hoy no discutimos únicamente un proyecto de ley de carácter técnico, hoy debatimos algo mucho más profundo, la arquitectura de seguridad que sostendrá la continuidad del Estado ecuatoriano en la era digital. La evidencia regional es clara, América Latina y el Caribe arrastran un rezago estructural en materia de ciberseguridad frente a los estándares globales. Estudios comparados demuestran que mientras bloques como la OTAN reconocieron el ciberespacio como un dominio estratégico de defensa hace muchas décadas atrás, nuestra región aún se encuentra en una fase formativa con capacidades institucionales desiguales y vulnerabilidades persistentes. Esta brecha no es académica, se traduce en riesgos reales para la seguridad nacional, la estabilidad económica y los derechos ciudadanos. Desde Tacurul quiero ser claro, no nos oponemos a que el Estado se fortalezca, por el contrario coincidimos en una premisa fundamental que recoge este proyecto, no hay transformación digital sin ciberseguridad. No podemos permitir que el Ecuador siga siendo un territorio donde el crimen organizado y los actores maliciosos operen con mayor sofisticación digital que nuestras propias instituciones públicas. Pero precisamente porque entendemos la gravedad del problema, nuestro deber como oposición responsable es advertir los riesgos, señalar los vacíos y exigir los candados democráticos necesarios para la operación de esta ley. Este proyecto acierta al definir la ciberseguridad no como un asunto meramente informático, sino como la garantía de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios esenciales. Ese enfoque es el correcto. Sin embargo, nos preocupa la concentración de facultades regulatorias del control y sanción en este entre-rector. El Mintel, la experiencia comparada, demuestra que quien diseña la política pública no puede ser al mismo tiempo juez y parte de su fiscalización. Las auditorías técnicas y las facultades de control previstas en este proyecto deben ejercerse con criterios objetivos, transparentes y verificables y siempre en coordinación, nunca en sustitución de la Autoridad de Protección de Datos Personales. Bajo ninguna circunstancia, una auditoría de seguridad puede convertirse en una puerta trasera al acceso de datos privados de la ciudadanía. La ciberseguridad debe proteger sistemas, no erosionar los derechos de los ecuatorianos. Señor Presidente y compañeras y compañeros asambleístas que me prestan atención, quiero detenerme en el punto más sensible de este proyecto. El artículo 13 de este proyecto reforma el régimen de telecomunicaciones y clasifica servicios como el Internet satelital de órbita bajo, baja como infraestructura crítica digital y servicios esenciales. Entendemos su importancia estratégica. Estas redes garantizan conectividad rural, continuidad institucional y respuesta ante desastres. Pero seamos honestos con el país. La categoría de infraestructura crítica, entre comillas, otorga al Estado un poder de intervención excepcional. Aunque el texto no habilita expresamente la desconexión arbitraria ni el espionaje, sí crea capacidades técnicas regulatorias que en contextos de conmoción interna o estados de excepción podrían ser interpretadas de forma expansiva bajo el argumento de seguridad nacional. La seguridad de la infraestructura no puede convertirse en pretexto para el control del flujo de información ni de la ciudadanía. Por ello exigimos que la reglamentación del artículo 13 incorpore límites normativos claros, criterios técnicos y objetivos y contrapesos institucionales efectivos. Así es, compañeros de la bancada de la Revolución Ciudadana que me escuchan, la supervisión debe ser técnica para evitar que los servicios se caigan y nunca política para decidir quién se conecta y quién no. La ciberseguridad debe brindar la conectividad de los ecuatorianos, no ponerla en riesgo. Colegas asambleístas, hemos hablado de satélites, redes, protecciones, pero la ciberseguridad no se sostiene sólo con la tecnología, se sostiene con las personas. Las experiencias más avanzadas de la región nos enseñan que la seguridad digital es también un problema de confianza institucional y cultura ciudadana. Las instituciones permanecen, las personas pasan y nuestro deber es dejar un Estado más sólido y una democracia más fuerte. Las reformas educativas incluidas en este proyecto son un paso en la dirección correcta. Yo debo felicitar aquí a la comisión y a la dirección porque nos han incluido a personalidades que fueron a enseñarnos cómo nosotros podemos solicitar que a través del Ministerio de Educación desde las escuelas y colegios y por supuesto en las universidades se enseña la ciberseguridad en nuestro medio. Pero debemos decirlo con claridad, enseñar a usar tecnología no es lo mismo que formar ciudadanía digital. Necesitamos que nuestros niños y jóvenes comprendan que la tecnología no es neutra, que la ciberseguridad no es sólo proteger una contraseña, sino proteger su dignidad frente al acoso, la violencia, el chantaje telefónico digital. Si reducimos la ciberseguridad al control estatal, tendremos ciudadanos vigilados y ese es el peligro de esta ley que se pueda aprobar como está establecido en su artículo 13. Si reducimos la ciberseguridad, repito, al control estatal, tendremos ciudadanos vigilados. Si apostamos por la educación digital, tendremos ciudadanos libres, críticos y capaces de protegerse a sí mismos. Esa es la diferencia entre un Estado que desconfía de su gente y una democracia moderna que la fortalece. Para concluir, señor presidente y compañeras y compañeros asambleístas que se han dignado a atenderme el día de hoy, este proyecto tiene avances que reconocemos la creación de la central digital de riesgo a nivel nacional, la obligación de reportar incidentes del reconocimiento del hacking ético regulado, son herramientas necesarias para que el Ecuador deje de ser vulnerable en el entorno digital. Pero nuestro respaldo no será automático, nuestro voto será condicionado a que la seguridad no se construya sacrificando nuestros derechos. aprobamos una ley que enfrente al cibernético, al ciberdelito, si aprobamos, está una ley que proteja hospitales, energía y sistemas financieros. Sí apoyamos, pero no aprobaremos ni una sola disposición que debilite la privacidad, habilite la vigilancia sin control judicial o convierta a la ciberseguridad en una herramienta de persecución, no a la persecución en el país. Que la tecnología sirva para proteger y liberar, nunca para vigilar y oprimir. Muchas gracias, señor presidente.