🕒 0:00 Milena Cristina Jácome Benítez (75%)

casos de prediabetes o diabetes, inclusive la falta de traslados de un hospital al otro. Hizo aportes al artículo 15 y solicitó que el documento retorne a la Comisión de Salud. Siguiente intervención a cargo de la asambleísta Cristina Jacome. De qué se regula, qué se tolera y qué se permite. Porque cuando el Estado no promueve entornos saludables, entonces no se está fortaleciendo la prevención y no actúa a tiempo. Y cuando no se actúa a tiempo, el Estado también falla. Y esa inacción es la que tiene consecuencias reales en la vida de miles de ecuatorianos. Este proyecto incorpora avances importantes y representa un paso necesario. Pero también debo decir algo, que aún mantiene una debilidad de fondo. Porque pretende enfrentar un problema estructural, en este caso, con respuestas que siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de esta enfermedad. Primero, la falta de precisión técnica. Puesto que ni siquiera esta ley, este proyecto de ley, puede diferenciar entre los tipos de diabetes. Por ejemplo, el tipo 2, tipo 2, tipo 1, tipo 2 o gestacional. Cuando los tratamientos por su naturaleza son completamente distintos. Y esto no constituye un detalle menor. Es una falla que puede traducirse en políticas públicas ineficientes, insuficientes y, peor aún, que pone miles de vidas en riesgo. Segundo, la ausencia de garantías reales. Ya que aquí se habla de acceso a medicamentos, pero no define qué tipo de medicamentos. No se relaciona ni siquiera con insumos, pero esta indeterminación también no asegura la disponibilidad de estos insumos esenciales, por ejemplo, como insulina, tiras reactivas o monitores continuos de glucosa. Su ejercicio, en este caso, se vuelve meramente declarativo e imposible de exigir. Y tercero, persiste una visión incompleta del problema. Porque aquí se deja de lado uno de los factores más determinantes, los entornos alimenticios. Y por ahí yo, en este caso, estoy de acuerdo con lo que dice el presidente de la comisión. Que hay que empezar precisamente por esos buenos hábitos alimenticios. Y es que aquí yo quiero también precisar un detalle. Nosotros no podemos seguir responsabilizando únicamente al ciudadano por lo que consume, mientras el Estado no asume con firmeza su obligación de regular lo que la industria produce, lo que promociona y lo que pone al alcance de millones de familias. Por eso, si la ley quiere ser verdaderamente preventiva, debe ir más allá del discurso del hábitat saludable. Y debe asumir el deber regulatorio del Estado, frente a un entorno que muchísimas veces empuja aún más al consumo de productos nocivos. En el Ecuador ya contamos con experiencia en etiquetado, por ejemplo. Y en este caso, tenemos el semáforo nutricional. Pero ya fue un avance importante que en esta actualidad merece ser reformado. Y es por eso, y en ese sentido, yo presenté un proyecto de ley que proponía avanzar hacia un sistema de etiquetado frontal de advertencia mucho más claro, directo y efectivo. Incluso, incorporando el sistema de octógonos visibles que informen de manera inequívoca cuando un producto es alto en azúcar, en sodio o en grasas. Aunque en su momento esta propuesta no fue calificada, la necesidad de esta discusión sigue más vigente que nunca. La evidencia regional demuestra que los sistemas de advertencia más claros y contundentes permiten decisiones de consumo mejor informadas y fortalecen verdaderamente la prevención. En salud pública, la información debe ser inmediata, comprensible y sobre todo útil. Por eso, este no debe ser un debate cerrado. Es una propuesta necesaria que volverá a presentarse porque proteger la salud de los ecuatorianos no puede depender de decisiones postergadas. Porque no se trata de perseguir a la industria, sino de garantizar el derecho de cada ciudadano a saber de forma clara y sin confunción qué está consumiendo. Porque prevenir también es legislar con responsabilidad. Y si de verdad vamos a hablar de coherencia legislativa, también tenemos que hablar de coherencia en la política fiscal. Porque no podemos ignorar errores como el decreto 645 del gobierno de Guillermo Lazo, en el cual se redujo impuestos a productos que no aportan a la salud pública y que, por el contrario, profundizan factores de riesgo asociados a enfermedades como la diabetes. Y eso no puede volver a pasar. Porque reducir impuestos a productos nocivos es subsidiar la enfermedad, es trasladar el costo al sistema de salud y que, en última instancia, sea una decisión regresiva. No es razonable reducir la carga tributaria a productos nocivos mientras el sistema de salud soporta luego el costo de la enfermedad. Eso no es un alivio económico, es subsidio indirecto al riesgo sanitario. Una política fiscal mal diseñada puede terminar incentivando precisamente aquello que el Estado debería desalentar. Compañeras y compañeros, la pregunta de fondo es simple, pero decisiva. ¿Vamos a seguir legislando solo para atender la consecuencia o vamos a regular también la causa? La diabetes mal controlada es una de las principales causas de daño renal crónico y cuando ese daño llega a una fase avanzada, el paciente necesita diálisis. Ahí entran las dializadoras, que son los centros o empresas que prestan el tratamiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal. ¿Y qué sucede? Sí, estos mismos centros que a nivel nacional han tenido que suspender servicios por falta del pago del gobierno nacional. Y en ese sentido, esto no son especulaciones. Aquí está la súplica viva de los pacientes que exigen al gobierno que les pague. La Organización Mundial de la Salud señala que las personas con diabetes tienen mayor riesgo de sufrir insuficiencia renal, entre otras complicaciones graves, por supuesto. Y cada paciente diabético que termina en diálisis representa una falla en el sistema de prevención. Porque aquí no podemos seguir construyendo un modelo de salud donde se descuida la alimentación, se debilita la atención primaria y luego se pretende pasar la factura más cara a las dializadoras cuando el daño ya es irreversible y digo se pretende porque ni siquiera se les paga. Por eso, mi posición es clara. Ecuador necesita una respuesta verdaderamente integral, valiente y coherente con la magnitud de este problema. Necesitamos una legislación que no se limite a enunciar buenas intenciones, sino que garantice acciones y que también hable desde la prevención y también de parte del Ejecutivo que pueda construir política pública real y suficiente para volver de esta ley algo posible. Y también que se reconozca la gravedad de la diabetes para que así se atreva también a enfrentar sus causas. Es momento, compañeros, de dejar de llegar tarde. De empezar a legislar no solo para tratar estas consecuencias, sino para prevenirlas con seriedad. Porque en esta materia, cada omisión no es solo una falla legislativa, sino también una decisión que cuesta miles de vidas. Y para finalizar, nuestro voto será en contra, debido a las múltiples falencias identificadas en este proyecto. Y cierro destacando que hay una victoria para el pueblo ecuatoriano, y es que ayer la Corte Constitucional no le dio la razón a esta bancada. Le dio la razón a los ecuatorianos, precisamente por una acción constitucional presentada por nosotros que impulsamos a favor de los pacientes con insuficiencia renal y enfermedades crónicas. Se ha dispuesto que el Ministerio de Salud Pública garantice financiamiento y atención efectiva en toda la Red Pública Integral de Salud, para que así también se actualicen protocolos para la hipertensión, diabetes y enfermedades renales. Este es un mandato que este Gobierno debe cumplir a través de la implementación de política pública. Y si nosotros debemos volver a recorrer los más de 100 hospitales que forman la Red Pública, lo volveremos a hacer hasta que al fin la crisis hospitalaria pueda dejar de existir y solucionarle la vida a cientos de miles de ecuatorianos que usan en la Red Pública Integral de Salud. Muchísimas gracias a todas y todos.