🕒 0:00 María Verónica Iñiguez Gallardo (100%)

Verónica Íñiguez. Muchas gracias, señora Presidenta. En este pleno de la Asamblea Nacional no creo que exista un solo legislador o legisladora que pueda oponerse a la prevención y erradicación del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, por lo menos no en esta parte del hemiciclo. Sin embargo, lo que nosotros estamos tratando ahora en este debate está muy lejos de provocar de que esto suceda. Un niño que aprende primero el precio de la extorsión más que el valor de un libro no llegó allí por accidente. Un adolescente que ve en una banda criminal como un refugio, ingreso o pertenencia tampoco nació derrotada. Pero eso es lo que pretenden hacernos creer con este proyecto de ley. Levantar una nueva cortina de humo que permita lavar la cara a algunos cuantos y que escondan la realidad que tiene este país. ¿Quieren vender esta ley como una respuesta integral? A lo largo de todo el texto se usa esta palabra con tal holgura y comodidad. No solo esta, otras como integral, transversal, sistémica, protectora incluso. Pero señores del oficialismo allá afuera, el país, a ese que no quieren conectar a ustedes, realmente lo que se les ofrece y reciben es otra cosa. Reciben escuelas con menos docentes, hospitales con menos médicos, barrios tomados por la delincuencia, familias empujadas a la precariedad y niños obligados a crecer en territorios donde los delincuentes llegan mucho antes que el Estado. Claro que hay que prevenir el reclutamiento de niños y niñas. Como dije, aquí en esta parte del hemiciclo estamos de acuerdo. Claro que hay que sancionar a quienes los están utilizando para vigilar, matar, transportar droga, extorsionar o servir de algún escudo penal. Esta urgencia no está en discusión. ¿Saben lo que está en discusión aquí? Es la hipocresía de presentar una ley de protección integral mientras debilitan a las instituciones que realmente tienen que protegerlos. Pretenden reformar 11 cuerpos legales, 11 cuerpos legales. Hablan de educación, salud mental, deporte, cultura, gobiernos locales, seguridad, protección digital, alertas tempranas y hasta aumento de penas. Todo eso aquí. Sobre el papel, cualquiera diría, esto es un gran avance en la materia, sobre todo para nuestros niños, niñas y adolescentes. Se parecería una gran maquinaria realmente de la protección. Pero una maquinaria que carece de presupuestos, sin docentes, sin psicólogos, sin médicos, trabajadores sociales, ni equipos, ni protección comunitaria, termina convertida no únicamente en una retórica legislativa. Dicen que la escuela va a ser el espacio de la prevención. Pero este mismo año les voy a dar las cifras. La Unión Nacional de Educadores denunció la desvinculación de docentes en medio año lectivo. Habla de un déficit superior de 64 mil docentes y más de 40 mil maestros con contrato temporal o nombramiento provisional. Así no se construye la prevención. Así lo que hacemos es dejar a la escuela sin espalda para sostener a sus estudiantes. El discurso oficial que se utiliza aquí dice que los docentes deben detectar señales de riesgo, activar rutas, acompañar emocionalmente, evitar la deserción y proteger a los estudiantes que están siendo amenazados por bandas criminales. Pero al mismo tiempo estamos precarizando a la educación, a los maestros. A una niña en riesgo no la protege un formulario como pretendemos hacer aquí, la protege un sistema educativo robusto, con escuelas equipadas, con docentes, con psicólogos. La realidad del sistema educativo ecuatoriano es lamentable y les voy a seguir dando cifras. Más de 450 mil niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años están fuera de las escuelas y colegios. En el año lectivo 24-25 se registraron más de 19 mil abandonos, mientras que en el 23-24 fueron más de 73 mil. El gobierno podrá escribir todas las rutas de protección que desee. Pero no olvidemos esta cifra, casi medio millón de niños están fuera de la escuela. Son casi medio millón de vidas más que están expuestas en las calles, al miedo, a la economía ilegal y al reclutador. Dicen que habrá salud mental para las víctimas, pero en salud pública ocurre exactamente lo mismo que en educación. El diario Primicia solo hace un par de semanas reportó despidos médicos o, como dijo el ministro Burbano, desvinculaciones en hospitales públicos, notificaciones sin evaluación previa según los denunciantes. Más de 100 médicos desvinculados de acuerdo con reportes preliminares y una proyección de 900 despidos, según los médicos consultados. ¿Así pretenden mejorar la salud y la salud mental? Entonces, dígamoslo aquí con claridad. No se puede prometer ningún tipo de salud mental comunitaria para los niños que son reclutados, mientras se siga recortando el personal en salud. No se puede hablar de recuperación psicológica, mientras los hospitales no tienen capacidad suficiente para atender lo más básico. Esta contradicción todavía es más grave cuando vemos las condiciones sociales y vamos a seguir con cifras. El mismo INEC dice que la pobreza por ingresos llegó al 22% en 2025, la ruralidad llegó al 38%, la pobreza extrema rural llegó al 20%, mientras que la pobreza multidimensional ya superó el 42% a nivel nacional y alcanzó el 67% a nivel rural. Señoras y señores, estas son las cifras que deberían preocuparles, porque estas cifras son las que explican por qué una promesa criminal puede entrar tan rápido a ciertos hogares. Donde falta ingreso, donde falta cuidado, donde falta el Estado, la banda parece con dinero, protecciones falsas y pertenencia. El empleo, otra de las aristas más que pretenden, con la que pretenden engañarnos. En diciembre 2025, apenas el 38% de la población ocupada tenía un empleo adecuado. En el área rural, este solo fue el 21%. En otro empleo pleno, llegó al 33% a nivel nacional y al 40% en la ruralidad. Esto significa que las familias ecuatorianas están sobreviviendo, subsistiendo y aquí nosotros queremos decirles que vamos a cuidar de ellas sin tener un solo presupuesto para que esto pase de esa forma. La organización criminal no seduce desde la nada, entra por las grietas de la economía. Entra donde el padre no consigue un empleo estable, donde la madre sostiene sola a su hogar, donde el adolescente abandona la escuela, donde el barrio ya está pagando vacunas, donde el celular del reclutador tiene más respuestas que Carondelet o las oficinas de ciertos asambleístas. Ese fenómeno no se combate únicamente con cárcel, se combate disputando el territorio allá afuera, se combate disputando la economía, la escuela, la salud y el futuro. La violencia ya está encima de la niñez. Más datos de la UNICEF. La UNICEF nos dice que la tasa de homicidios de niñas, niños y adolescentes aumentó en 640% en cuatro años. Eso es alarmante. Ecuador cerró el 2025 con 50.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa más alta de toda la historia de este país y un logro completo del nuevo Ecuador. Ese es el ambiente en el que se pretende aplicar esta falsa promesa de ley. Esta ley pretende combatir el reclutamiento con papeles, la entrega de responsabilidades a instituciones que el propio gobierno ya viene debilitando. Si no, díganos, ¿quién fusionó los ministerios? ¿Quién desapareció? El Ministerio de la Mujer desapareció a la educación superior, a su cartera de Estado. ¿Así es como pretendemos nosotros cambiar la realidad? Subir penas es muy fácil, decirlo es muy fácil, pero poner la plata, poner los equipos, la salud, educación y protección real allá en el territorio, eso es lo que realmente cuesta y demuestra la voluntad política que deberían tener. Además, y me voy acercando al final, hay un riesgo político muy grande y es que una ley mal implementada puede terminar vigilando a niños y a niños y adolescentes en lugar de protegerlos. Si no, escuchen los discursos que se han planteado aquí. Jóvenes asesinos, se dijo. Eso es lo que se pretende hacer con esto. Normalizar una condena anticipada en lugar de remediar las condiciones sociales que hacen vulnerables a nuestros niños, niñas y adolescentes. La solución, parte de la prevención y para eso necesitamos un Estado presente, Estado en la escuela con docentes estables, Estado en el centro de salud con médicos y medicinas, Estado en el barrio con deporte, cultura y espacios seguros, Estado en la familia con empleo, ingresos y protección social. Estado en los territorios rurales, Estado antes de que el reclutador aparezca con una moto, un billete y una amenaza. Así que, señoras y señores, no nos engañemos, tratemos de verdad una ley que vaya a proteger a través de la voluntad política, porque nadie lo detiene al presidente de la República, de que haga efectiva su voluntad política y de los recursos necesarios para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias, señor.