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Nuria Susana Butiñá Martínez (100%)
compañeros asambleístas y a los agricultores y ganaderos de mi patria les digo. Antes de iniciar esta ponencia, quiero hacer un punto de aclaración con la presidenta de mi comisión a la cual yo soy parte. La invitación de la reunión a la que usted se refiere, estuve presente a través de medios telemáticos por una justificación médica debidamente entregada. Y no duró más de cinco minutos aquella reunión que fue hecha en el Oro Verde. Quiero con todo respeto advertir que no se hace un trabajo en territorio desde el Oro Verde sin conocer las verdaderas necesidades de los campesinos, de los montuvios, de los cholos, de los indios, de los negros, codo a codo en el campo. Dicho eso, ahora sí inicio mi ponencia en el tiempo que tengo y voy a hacerlo con una historia sencilla y no se preocupen compañeros asambleístas, esto no es un show ni tampoco es un montaje teatral. Es una historia sencilla que tiene que ver con la vida de nuestros campesinos día a día en el campo, que seguramente en este hemiciclo todos las han conocido y lamentablemente la hemos normalizado. Y hoy tenemos la oportunidad histórica de cambiar lo que está mal y de corregir a través de una ley que recoja un objeto, ámbito de aplicación y especialmente un mecanismo, un cómo solucionamos los problemas de la gente del campo. La historia habla de un pequeño productor, se levanta a las 4 de la mañana, seguramente acompañada por su mujer, sus hijos, van al campo, siembran, ponen insumos, cosechan, pagan deudas, buscan el transporte y cuando llega el día de la cosecha, ¿qué pasa con el precio? No lo deciden, el precio se lo imponen. ¿Y cómo se llama esta ecuación? ¿O quién gana en esta ecuación? El intermediario que compra barato y vende caro, el gran productor que por su escala y control termina siempre imponiendo el precio y este esquema se normaliza. Y la ignorancia constitucional nos ha hecho escuchar en las diversas comisiones que es el mercado el que debe regular el precio. No, señores, no es el mercado. Este esquema de asimetrías golpean una y otra vez a los pequeños productores. Cuando el Estado conoce una desigualdad estructural y no actúa para solucionarlo, incurre en una omisión constitucional. Y yo había pedido que me dejen presentar unas imágenes que hablan de dos cosas, unos artículos constitucionales que no deben de ser olvidados ni advertidos por ningún legislador y menos en temas de soberanía alimentaria y un modelo de sistema. ¿Cómo solucionamos para que esta ley que ha sido debatida a través de seis meses con apertura en la Comisión de Soberanía Alimentaria no sea letra muerta y que venga a solucionar realmente el precio mínimo de sustentación, que es el grave problema que tienen nuestros agricultores? El artículo 13 garantiza el derecho de la población a alimentos sanos, suficientes y nutritivos y obliga al Estado a promover la soberanía alimentaria. El artículo 281, veo que no me van a poner lo que solicité, pero en todo caso no hay problema, lo digo. Si es posible que me pongan las láminas, Presidenta.
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Nuria Susana Butiñá Martínez (100%)
El artículo 281 declara, mientras ustedes sigan, porque quiero llegar al modelo de gestión, que es lo importante, el cómo vamos a solucionar el problema de los precios mínimos de sustentación. El artículo 281 declara la soberanía alimentaria como un objetivo estratégico y obligación del Estado y ordena expresamente a proteger al pequeño y mediano productor, a evitar prácticas monopólicas y especulativas y a regular el mercado cuando sea necesario para garantizar ese derecho. El artículo 284, numeral 1 y 2, impone a la política económica la obligación de asegurar una distribución equitativa de ingreso y riqueza. Y el artículo 304, obliga a proteger la producción nacional frente a distorsiones del mercado. El artículo 401 establece que Ecuador se declara libre de cultivos y semillas transgénicas. Desde el punto de vista jurídico, la falta de precio mínimo de sustentación tiene consecuencias directas y ya lo han advertido mis compañeros que me han precedido en la palabra. Lo ha dicho Luis Fernando, lo ha dicho el asambleísta Serrano, mi compañero Báez, Marianita, y todos advierten el problema. Pero volvemos otra vez a cómo hacemos que esta ley no sea una ley de letra muerta y que tenga, contenga un mecanismo a través de un sistema con organismos y con competencias claras para que sea obligatorio, vinculante, verificable, con autoridad clara y especialmente con control efectivo y sanción a quienes lo incumplieren. Hemos participado en estas comisiones y entre mis observaciones, lo he dicho repetidamente, se necesita crear un sistema con los organismos o las instituciones relacionadas como Agricultura, Secretaría de Planificación, Producción, Ministerio de Financias, Agencia y Regulación Fitosanitaria, INEXCEPS, y que funcione como funciona una estructura reglada, con quórums mínimos de instalación, con resoluciones expresas, con fórmulas técnicas, con cálculos de costos, con peridiosidad definida, con control, inspección, sanción, registros y datos. Cuando llega el momento de tomar una decisión, todo el mundo se lava las manos, señores, y dice, ah no, gobernemos entonces bajo decretos, y eso no soluciona el problema de la gente. Necesitamos una ley clara, debidamente estructurada, con competencias definidas y con mesas técnicas, no con estas sesiones que no asumen ninguna responsabilidad, con un sistema en que la firma de cada uno de los integrantes sea su responsabilidad. Solamente teniendo una ley, con la firma de responsabilidad de quienes integran el sistema, podremos lograr un gran paso y un avance hasta esa falencia que tiene que ver con que no existen precios de mínima sustentación y que son totalmente discrecionales. Volvemos al punto, se ha hablado mucho del censo agrícola, y efectivamente no tenemos data, y si no tenemos data, no tenemos trazabilidad, y si no tenemos trazabilidad, no tenemos controles, y si no tenemos controles, no hay sanciones, y si no hay sanciones, se vuelve un ciclo repetitivo, y siempre paga el plato roto, el pequeño y el mediano, el agricultor y quien vive del campo. Gobernar, señores, no es perseguir ni distraer, gobernar es servir. Y yo quiero hacer eco de las palabras que tuvo, intentó decirlas y le callaron a mi compañero Baez. Yo también hoy me siento indignada, con frustrada y con una impotencia muy grande ante la voracidad de un poder cuando atropella la Constitución, cuando hace allanamientos al inocente y cuando no nos permite legislar. Dicho esto, señores, creo que las observaciones que he presentado coinciden con muchas de las observaciones que he escuchado a los diversos representantes de la población desde sus curules, pero hay que estructurar mecanismos claros. Si no hay un sistema que sigue el orden de las ponencias más adelante, porque ahí están los artículos, que funcione de manera articulada y con competencias claras, estaremos hablando otra vez de una ley que en papeles se aprueba, pero que no soluciona el problema de la gente. Con esto cierro, señores asambleístas, concluyo diciendo que una ley sin garantías no protege a nadie. Sin precios justos no hay soberanía alimentaria. Y sin soberanía el pueblo no come. Y si el pueblo no come, se destruye la patria. Muchas gracias. Tiene la palabra la asambleísta Liliana Durán. Gracias.