Gracias, señor presidente. Primero que nada, saludar a todos los asambleístas presentes y a todo el pueblo ecuatoriano que nos miran a través de los medios digitales. Esta ley del día de hoy que se está debatiendo tiene una gran importancia para nuestro país, la ley orgánica de la eutanasia. Nace de una lucha profunda, humana y una decisión histórica por parte de la Corte Constitucional, sentencia 067, impulsada por la valentía de Paola Roldán. Esa sentencia reconoció que cuando una persona sufre una enfermedad grave o incurable, puede tener una muerte digna. Pero ¿de qué muerte digna hablamos si a veces no existe la responsabilidad y la obligación del Estado? Por eso es importante y aquí como reitero y acojo cada una de las palabras de los colegas asambleístas que han mencionado que estamos legislando en realidad por una sentencia histórica y sobre todo para dar dignidad a aquellas personas que sufren de esta enfermedad o una enfermedad incurable. Porque actualmente se vive una grave crisis hospitalaria, desabastecimiento, falta de cuidados paliativos y la dificultad de acceso, atención oportuna para cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas. A inicios del 2026, el propio seguimiento de abastecimiento ha mostrado que la red pública necesitaba 765 tipos de medicamentos e insumos. Igual manera, sólo apenas 256 contratos se han concretado, dejando a la mayor parte de requerimiento sin cobertura efectiva. Y ahí es donde nosotros, como legisladores, vemos cada ecuatoriano, cada ecuatoriana que necesita atención médica. Y existe sobre todo recursos, pero el Estado está ausente al requerimiento de cada ciudadano. A eso se suma la crisis del IES, que cerró en el 2025 con más de 716 millones pendientes de pagos a prestadoras externas y clínicas privadas. Reportaron que atendían sólo al 70% por deudas acumuladas. Tampoco podemos ignorar la realidad cotidiana de miles de familias ecuatorianas que ni siquiera han logrado obtener una cita médica a tiempo. Filas interminables y la gente mendigando por medicina, como sucede aquí en la provincia de Pichincha, en el Hospital Andrade Marín. Esta ley que se está construyendo, con aportes de diferentes sectores, reconoce que el Estado tiene la obligación de garantizar cuidados paliativos integrales y que personas deben de recibir la información clara sobre esas alternativas antes de decidir. Desde esa perspectiva, quiero dejar claro mi posición, al menos como asambleísta de la provincia de Pichincha y del movimiento Pachacuti, esta ley se debe fortalecerse y no debilitarse. Por eso es que mi posición personal va a ser siempre a construir con aportes de diferentes actores para seguir fortaleciendo esta ley y dar dignidad a aquellas personas que lo necesiten. Es importante que puedan incorporarse aquellos principios que no están considerados, por eso es que desde el despacho mío he enviado varios aportes que puedan acogerse y podamos seguir fortaleciendo esta iniciativa de ley. Que se incorpore el principio de interculturalidad en el artículo 4, porque no basta hablar sólo de autonomía, de dignidad y no discriminación, si omitimos que el Ecuador es un estado intercultural, plurinacional, las decisiones sobre la vida, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte no se viven igual en todos los territorios ni en todas las culturas. Segundo, el segundo aporte tiene que ver con la celeridad y no la obstaculización del procedimiento. Segundo, no podemos permitir que el reglamento se convierta en una puerta para sumar requisitos o trabas. Tercero, se refiere a la objeción de conciencia. Aquí debemos ser responsables del proyecto que conoce la objeción de conciencia individual, sin embargo todavía falta una precisión clave. No existe objeción de conciencia institucional. Sería importante de considerar estos aportes para poder seguir enriqueciendo este proyecto de ley. Esta ley aplicará únicamente cuando una persona padece de un sufrimiento extremo. Ya no existe cura, la situación es irreversible de forma libre e informada. Ha decidido sobre el final de su vida. Debemos avanzar con esta ley, con humanidad y respetando la voluntad de una persona que no tiene condiciones dignas. Pero la responsabilidad y la obligación siempre va a ser por parte del Estado. Hasta ahí, señor presidente. Gracias. Gracias.