🕒 0:00 Marcos Humberto Alvarado Espinel (75%)

Tiene la palabra el asambleísta Humberto Alvarado. Muchas gracias y buenos días a quienes nos ven a través de los medios legislativos. Un abrazo a mi hermosa provincia de Los Ríos que ha dado buenos resultados para esta revolución ciudadana. El proyecto de ley orgánica de repetición que hoy debatimos, tal como está redactado, realmente no sirve. No sirve para recuperar el dinero del Estado. No sirve para castigar a los corruptos y peor, sirve para garantizar una impunidad. Todos sabemos que hay un problema grave en el país. El Estado ecuatoriano ha pagado miles de millones de dólares en indemnizaciones por culpa de funcionarios que actuaron mal, ya sea por negligencia o por corrupción directa. Y ese dinero nunca se ha recuperado. Nunca vuelven a las arcas públicas. Los responsables quedan libres mientras el pueblo paga las consecuencias. Esto obviamente tiene que cambiar. Y nuestra posición es obviamente recuperar el dinero que se han llevado a través de las malas acciones. Estamos todos de acuerdo que necesitamos una ley de repetición fuerte, clara que funcione de verdad. Pero aquí está el problema. Esta ley no es la herramienta. Esta ley es una cortina de humo que nos va a hacer creer que estamos haciendo algo cuando en realidad estamos dejando las cosas por igual. Una ley mala genera falsas esperanzas, confunde a la gente y al final protege a quienes dice perseguir. Bueno, podemos revisar los vacíos técnicos que se encuentran en la ley. Primero, los plazos de prescripción son un chiste. Este proyecto dice que la acción de repetición prescribe en cuatro años. ¿Saben lo que significa eso? Que después de cuatro años se acabó, no se puede hacer nada. Pero resulta que la Contraloría tiene siete años para encontrar a responsables. ¿Ven la contradicción? El Estado tiene siete años para investigar, pero solo cuatro años para cobrar. Eso es darle ventaja desde el principio al corrupto. Además, la ley dice que si la máxima autoridad inicia el proceso de repetición, tiene que ser sancionada en dos años. Pero si la acción prescribe en cuatro, ¿cómo podemos exigir que actúe en dos? Esto no tiene ningún sentido. Segundo, los plazos para actuar son imposibles de cumplir. La ley da 45 días para hacer el análisis interno, 60 días para presentar la demanda y tres días para la audiencia. Tres días. ¿Alguien cree que eso en realidad sea posible? Estamos hablando de casos complejos que requieren revisar miles de documentos, analizar responsabilidades y determinar quién hizo qué, cuánto se perdió y cómo se perdió. Y todo esto en 45 días. Esto es simplemente irreal. No estamos legislando para una realidad de fantasía. Todo debe funcionar perfecto. Estamos legislando para un Ecuador real, donde las instituciones reales que tenemos con sus limitaciones y sus problemas. Estos plazos no son rigurosos. Son trampas porque cuando no se cumplen y no se van a cumplir, los abogados de los corruptos van a decir, miren, no se respetó el plazo. Esto no es válido. Y hasta ahí llegó todo. Tercero, la ley está mal escrita. Y esto no es un detalle menor. En el artículo 9 usan la palabra término en unas ocasiones y en otra plazo para referirse a lo mismo. Esto de un lado habla de procedimiento contencioso, administrativo y en otro procedimiento de sumario. ¿Cuál es? Porque no son lo mismo. Una ley confusa es una ley inútil. Los abogados defensores van a aprobar, aprovechar cada error para cada contradicción, cada ambigüedad, para difamar y dilatar los procesos de sus clientes. Nosotros y el Estado vamos a terminar perdiendo caso tras caso. Si aprobamos esta ley, este proyecto, ¿saben qué va a pasar? Vamos a salir en las noticias diciendo que aprobamos una ley contra la corrupción. Va a haber aplausos, declaraciones, titulares, pero en cinco años esta ley no va a haber recuperado ni un solo centavo. Cuando veamos que todos los casos prescriben, cuando los corruptos sigan libres, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que la ley no funcionó, pero en realidad es que nosotros sabíamos del principio que no iba a funcionar. Y aún así, aprobamos. Eso nos convierte en cómplices. Yo no quiero ser un cómplice más de la impunidad. Propongo formalmente que archivemos este proyecto, que lo archivemos reconociendo que no está bien hecho y que nos comprometamos aquí a construir una nueva ley desde cero, pero haciéndola bien esta vez. ¿Qué significa hacerla bien? Significa trabajar con la procuraduría, con expertos, con gente que sepa derechos administrativos, de procesos judiciales. Significa establecer plazos de prescripción que sean más largos que los de la Contraloría, no más cortos. Significa dar plazos procesales, que sean exigentes, pero que se pueden cumplir. Significa escribir una ley clara, sin contradicciones y sin ambigüedades. Y significa incorporar herramientas modernas, embargos preventivos, cooperación entre instituciones, mecanismos ágiles de recuperación de activos, una ley del siglo XXI y no una ley del pasado. Voy a defender la institucionalidad del Estado ecuatoriano con todo. Voy a defender los servicios públicos honestos que trabajan cada día por el país. No podemos aceptar leyes que parezcan duras, pero que en el fondo protegen a responsables. El pueblo ecuatoriano merece recuperar hasta el último centavo que le han robado. Archivar este proyecto no es rendirnos, es todo lo contrario, es negarnos a aprobar algo que no sirve, es tener valentía, es decir, esto está mal, hagámoslo bien desde un principio. Compañeros y compañeras, la historia nos va a jugar por cuántas leyes aprobamos, nos va a jugar por esas leyes que sirvieron para algo. Y si aprobamos este proyecto sabiendo que tiene problemas, vamos a ser responsables cuando fracase. Tengamos el coraje de ser honestos. Este proyecto necesita rehacerse. La urgencia de actuar no puede hacernos aprobar cualquier cosa, porque aprobar una ley mala es peor que no aprobar nada. Por eso les pido su respaldo para archivar este proyecto y comprometernos en construir en el menor tiempo posible una verdadera ley de repetición que funcione, que recupere los recursos, que castiga a los culpables. El Ecuador merece eso y nosotros tenemos la responsabilidad de darse. Muchísimas gracias. Hasta es mi palabra, señor presidente.