🕒 0:08 Mónica de Jesús Salazar Hidalgo (100%)

Muchas gracias, señora Presidenta, compañeros asambleístas, buenas tardes. Esta es mi primera intervención del año 2026 y qué bueno que sea en el marco de una ley que me llega profundamente. No sólo como legisladora, sino como una mujer que está vinculada a la producción agrícola toda su vida. Particularmente en mi provincia, Los Ríos. Mi trabajo legislativo desde el día uno fue enfocado específicamente hacia proyectos de resoluciones, propuestas legislativas, proyectos de fiscalización siempre encaminados a beneficiar a las comunidades rurales, a las asociaciones, a las mujeres rurales y a los pequeños y medianos productores. Porque son ellos los que siembran con esperanza, pero cosechan con incertidumbre. Por eso lo digo con claridad y sin rodeos. Este proyecto de ley orgánica de desarrollo agropecuario no puede ser una simple declaración de derechos o convertirse en un catálogo de buenas intenciones. No podemos permitir que esta ley se convierta en un texto que se escucha y suena bien en el papel, pero que todavía deja desigualdades históricas que han venido sucediendo mucho atrás y se continúa manteniendo en la ruralidad ecuatoriana. Colegas, esta ley debe ser una herramienta real, con reglas claras, con incentivos efectivos, con una protección concreta de los recursos naturales que sostienen nuestra producción. Durante décadas el país ha hablado de la importancia que tiene la agricultura, pero ha tratado como un invitado secundario al sector rural, como un invitado secundario cuando se trata de analizar el desarrollo nacional. Y la agricultura debe de saberlo y lo voy a enfatizar el día de hoy, no es un apéndice de la economía del Ecuador, la agricultura es su base. Y por eso debemos de entender que sin el trabajo del campo no hay alimentos y sin alimentos no hay ciudades, es decir, que sin agricultura no hay nación. Por ello voy a referirme a varios temas fundamentales que tiene este proyecto o esta propuesta de ley, fundamentándome en cifras oficiales y datos verificables que evidencian la necesidad de fortalecer aún más esta propuesta de texto legislativo. Primer tema, la agricultura familiar y campesina. En Ecuador existen aproximadamente 425 mil unidades productivas agropecuarias que constituyen a la agricultura familiar y campesina. Pero deben saber que aproximadamente un 88% de estas, es decir, 370 mil UPAs, se establecen en un terreno de 0, algo hasta 20 hectáreas, llegando a un promedio o dando un promedio de 8 hectáreas. Y de acuerdo al MAC, entre el año 2020 y 2025, se incorporaron 97 mil personas productivas al sello de la agricultura familiar campesina. Siendo las provincias de Guayas, Los Ríos, Mi Provincia, Loja, Chimborazo, las provincias con mayor número de registro. Estos datos revelan una realidad innegable, compañeros. La mayoría de la producción agrícola en nuestro país se genera en pequeña y mediana escala. Y los productores no pueden ser considerados actores secundarios, actores marginales. Deben de ser considerados sujetos prioritarios de la política pública y no retórica. En este punto, es imprescindible recordar que la Ley Orgánica de Alimentación Escolar ya reconoce esta prioridad, estableciendo en su artículo 21 que el 35% de la contratación pública debe de venir de la agricultura familiar campesina. Un mandato claro, pero que lamentablemente en la práctica está dejando mucho que desear. Porque se confunde a la agricultura familiar campesina con otras categorías de economía, diluyendo así su participación y su oportunidad de participar en los mercados institucionales. De ahí nuestra obligación, que en esta ley debemos de blindar esa protección que tiene actualmente ese sector. Como segundo punto, me voy a referir a las mujeres rurales como parte integral del desarrollo agropecuario. Las mujeres rurales, compañeros legisladores, no somos cifras astrautas. Somos el corazón productivo del campo. Según datos oficiales del MAD, el 69% de las mujeres rurales se dedican a actividades vinculadas a la agricultura, a la pesca, a la ganadería. Sin embargo, y lo digo con mucho dolor y mucha tristeza, y el pueblo ecuatoriano lo debe de saber, apenas un casi, ni siquiera llega al 5%, hemos podido alcanzar la educación superior. Y un lamentable 11% apenas ha alcanzado sus estudios de la secundaria. De acuerdo al Registro de la Agricultura Familiar Campesina del 2024, este sector, es decir, la agricultura familiar campesina, es liderado por mujeres en un 70%. Y de acuerdo a las mismas cifras, en el primer trimestre nos determinan que 71.000 mujeres rurales aproximadamente se vieron beneficiadas de la Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales. ¿Con qué? Con capacitación, con asistencia técnica, con instrumentos productivos. Pero seamos realistas, compañeros legisladores. Eso, eso no alcanza. No alcanza y esas ayudas no son suficientes. Porque las mujeres rurales siguen enfrentando menor acceso a la tierra, menor acceso a créditos, menor participación en mercados, una persistente invisibilización en estadísticas y en políticas públicas. Este proyecto de ley reconoce esta realidad. En varios artículos, les puedo decir que, por ejemplo, de lo que estuve leyendo en el artículo 21 y en el artículo 22, habla de la distribución equitativa de los instrumentos de producción. Habla de la equidad en el sector agroproductivo. Habla en su artículo 29 también esta propuesta de ley de un apoyo integral a las mujeres y jóvenes del sector agropecuario. Pero cuando se trata de mujeres rurales, lo hace de una manera muy generalizada. Y por un lado está bien, porque nosotras, las mujeres rurales, ya tenemos una propuesta de ley en esta Asamblea Nacional que fue presentada por mi persona. Y aquí quiero hacer un paréntesis y dirigirme a la Comisión de Garantías Constitucionales, donde reposa este proyecto de ley orgánica para garantizar los derechos y promover el empoderamiento de las mujeres rurales que yo presenté. Y que está a la espera de su segundo informe para que este Pleno de la Asamblea Nacional le dé por fin a las mujeres rurales una herramienta jurídica válida para garantizar nuestros derechos y promover nuestro empoderamiento. Ese plazo venció en diciembre, señores de la Comisión de Garantías Constitucionales. Pero adicional a eso, es decir, que si el plazo venció en diciembre, ustedes están en deuda con las mujeres rurales del país. Pero adicional a eso, deben agregarle que cuando estuvimos haciendo el desarrollo de la agenda legislativa, este proyecto de ley se denominó prioritario. Tengo la esperanza, y con firmeza y con respeto se los digo, que espero que se encauce lo más rápido este informe para el segundo debate con la responsabilidad institucional que nuestro rol amerita. Pero más que todo, la celeridad que las mujeres rurales merecemos. Y espero, y de verdad espero no equivocarme, que esta demora no obedezca a conflictos políticos. Porque que lo sepa el país que esa comisión está presidida y tiene una amplia mayoría correísta. Y tal vez como yo ya no soy correísta, de pronto no quiero creer que ese sea el motivo por el cual el proyecto de ley no sale. Estoy hablando, las mujeres rurales no pueden seguir esperando. Es decir, que la Comisión de Garantías Institucionales tiene que cumplir con su trabajo y tiene que cumplirle a las mujeres rurales. Como tercer punto, he establecido a los pequeños y medianos productores. Los pequeños y medianos productores, compañeros legisladores, son el motor silencioso de la agricultura. Realmente ellos sostienen los mercados locales, generan el empleo rural y garantizan alimentos frescos a la mesa de todos. Sin embargo, enfrentan crédito escaso o caro, asistencia técnica intermitente. Asambleísta, su tiempo ha terminado, tiene 15 segundos. Intermediación abusiva y precios inestables. Qué raro, porque yo practiqué mi discurso tres veces y estaba dentro del tiempo. Pero en tal caso, voy a terminar, señora Presidenta, con su permiso, con estos dos últimos puntos que me preocupan mucho. La intermediación abusiva y los precios inestables. Este proyecto de ley no trata de forma clara cómo se va a hacer un control real de la intermediación y tampoco de los pagos de los precios justos y a tiempo, que es lo que están esperando los agricultores. Voy a remitir mis observaciones de manera escrita y por el bien de la ruralidad de nuestro país, espero que sean acogidas. Muchísimas gracias.