la asambleísta Verónica Iñiguez. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas asambleístas. La verdad, no había planificado participar dentro de este pleno, pero dada la temática y todas las barbaridades que he escuchado, creo que amerita también darle un punto de orden, de información y además que los colegas y colegas legisladores comprendan que existen varios cuerpos normativos que regulan lo que estamos tratando en este punto. Aplaudo el interés, sin embargo, por hacer una gestión de fiscalización respecto al manejo de residuos y también al control de la calidad de agua, porque es justamente lo que nosotros hemos requerido desde hace mucho tiempo dentro de todo el país.
Sin embargo, cuando se escuchan las intervenciones, queda muy claro que ese discurso se queda completamente en el papel. ¿Y por qué lo digo esto? Porque no es que no debería manejarse con bandera política, en eso estamos de acuerdo, no tenemos ni siquiera por qué pelear. Sin embargo, sí preocupa que solo se centren en las principales ciudades del país. Yo les pregunto, ¿acaso el resto de provincias y ciudades no merecen la misma importancia? ¿Acaso su preocupación no se extiende hacia el resto de la población que está consumiendo agua que no cumple con los límites permisibles?
Creo que no, ¿saben por qué? Porque aquí no les interesa realmente el agua ni los residuos, les interesa perseguir a todas las alcaldías que no se someten a los caprichos del Ejecutivo. Así es que yo les voy a decir una cosa para los colegas que me antecedieron, porque fueron algunos. Nosotros ya tenemos normativa, señoras y señores legisladores, y estoy de acuerdo con ustedes. Entonces, fiscalicemos, pero ¿saben a quién tiene que fiscalizar? Al Ministerio del Ambiente, porque es el Ministerio del Ambiente el que tiene que regular que los municipios sean los que cumplan con la normativa.
Ya tenemos normativa, señoras y señores legisladores. Tenemos un Código del Ambiente y su reglamento. Tenemos un texto unificado de legislación secundaria del ambiente. Tenemos decretos ejecutivos para hacerlo. ¿Y saben qué? Para que también lo recuerden, porque yo sé que lo saben, no es que no lo conocen. Tenemos dos entidades que se encargan de esto. Es el Ministerio del Ambiente y la Agencia de Regulación y Control del Agua. Así que, ¿ustedes quieren fiscalizar? Adelante, hagámoslo. Yo también me sumo a eso. Pero bajemos la bandera política como ustedes bien lo dicen.
Y hagámoslo en verdad porque nos interesa el pueblo ecuatoriano y porque queremos que la calidad que reciban y beben nuestras comunidades, nuestras ciudades, sea de calidad. Y eso solo lo vamos a lograr justamente cuando vayamos hacia la entidad competente y ella se encargue de dar los informes. Con esos informes sí podemos proceder a otras instancias. Pero mientras desde aquí, desde el legislativo, se pretenda hacer una fiscalización que realmente no nos compete, que es a los GAD, no estamos realmente demostrando que nos interesa la fiscalización de estos temas, sino que simplemente queremos servir a hacer una persecución política.
Así que no me voy a alargar, les dejo simplemente esto. Queremos fiscalizar, hagámoslo, pero hagámoslo de la forma correcta. Muchas gracias.