🕒 0:00 Nuria Susana Butiñá Martínez (100%)

Gracias, señor presidente. Buenas tardes con todos. He escuchado con atención a quienes me han precedido en la palabra y veo que prácticamente todos tienen claridad de la importancia de una ley que va a proteger a la naturaleza como sujeto de derecho y la importancia de tener mecanismos claros de control y de procesos. Sin embargo, teniendo aquella claridad, la propia ley cambia su esencia desde su nacimiento y la cambian poniendo justamente un nombre que pretende disfrazar la protección, el permitir, el sancionar, el disponer con una normativa clara, dándole a la gobernanza como un término decorativo que pudiese ser usado en estricta decisión de una política pública, más no de un marco normativo. ¿Y por qué digo que es sumamente grave que se pretenda establecer la gobernanza del espacio marino costero como un tema de gobernanza y no como una norma clara, con políticas claras, con sanciones determinadas y con un organismo rector que responda, no que lo deje abierto? Esta normativa abre las puertas justamente a que el día de mañana, diciendo que están hablando de gobernanza y existiendo ley y existiendo ente que maneje la gobernanza, no suceda nada. Y me voy a referir específicamente, y presidente, le pido que no me interrumpa diciendo que estoy cambiando el tema, cuando en el Ecuador hace una semana se robaron 13 millones de datos sensibles de ecuatorianos, 13 millones. ¿Y quién es el organismo que ejecuta la gobernanza? ¿Dónde está el Ministerio de Telecomunicaciones? ¿Dónde está la Dirección Nacional de Registros Públicos, que tiene norma orgánica para determinar la protección de los datos primarios de los ecuatorianos, como lo es el del Registro Civil, que ahora andan fuentes de datos y espejos de datos regados en plataformas externas, violentando nuestros derechos y nuestra seguridad jurídica? De tal suerte que cuando se habla de gobernanza no se puede simular una ley tan delicada que tiene que ver con la vida, con los derechos de la naturaleza para dejar puertas abiertas a esta necesidad de control, de superintendencias, de actuar de manera independiente, no siendo juez y no siendo parte. Gobernanza no puede significar, queridos compañeros, burocracia sin responsabilidad. Gobernanza no puede ser un mecanismo para desplazar la protección efectiva de la naturaleza. Las comunidades costeras y la pesca artesanal no pueden quedar sin una norma que proteja sus actividades y gobernanza tampoco puede convertirse en excusa para crear o disimular una institucionalidad inexistente, sin límites claros, sin competencias definidas y sin seguridad jurídica. Aquí están nuestras líneas rojas. Una ley ambiental debe proteger, prohibir cuando corresponda, sancionar con claridad y garantizar derechos. Si no lo hace, deja de ser una norma de conservación y se convierte apenas en una declaración política con nombres bonitos y contenido insuficiente y vacío. No se puede llamar conservación a una ley que habla mucho de gobernanza y muy poco de protección real. Muchas gracias.