🕒 0:00 Nathaly Estefanía Farinango Delgado (93%)

En mi calidad de Presidenta de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, y ponente del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero, quiero informarles, colegas legisladores, que esta propuesta tiene como objetivo principal fortalecer uno de los pilares más importantes de la economía nacional, la confianza en el sistema financiero nacional. Hemos realizado conjuntamente con los colegas legisladores integrantes de la Comisión un trabajo serio y técnico, en el que hemos recibido comparecencias generales, comisiones generales, hemos realizado mesas técnicas, y hemos recibido también la participación activa de observaciones al Proyecto de Ley por parte de los colegas legisladores y la sociedad civil. Hablar del sistema financiero no es únicamente hablar del sector bancario, del sector popular y solidario, de la economía popular y solidaria, del sector financiero público-privado mixto. Es hablar de las familias que depositan sus ahorros buscando seguridad, de los emprendedores que necesitan crédito para impulsar sus negocios, de los trabajadores que construyen su patrimonio con esfuerzo, y de los inversionistas que requieren reglas para colocar sus recursos en actividades productivas. Es por esta razón que cualquier reforma en esta materia debe tener una visión integral, debe proteger la estabilidad del sistema, pero también debe proteger a las personas que forman parte de este sistema. El proyecto de ley que hoy proponemos y ponemos a consideración de este Pleno de la Asamblea Nacional no constituye reformas aisladas dentro del Libro 1 o del Libro 2 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Es una propuesta articulada que responde a las necesidades de fortalecer nuestro marco jurídico, monetario, financiero y del mercado de valores. Incorporando mecanismos que precisamente nos permiten mayor transparencia, seguridad jurídica, eficiencia operativa y protección efectiva a los usuarios del sistema financiero nacional, depositantes e inversionistas. La economía cambia, los mecanismos de financiamiento se modernizan, aparecen nuevas formas de negociación y administración de recursos, y el Estado está en la obligación de actualizar sus herramientas jurídicas para garantizar que estos procesos se desarrollen en un marco de responsabilidad y confianza. Señoras y señores legisladores, quiero detallar a continuación los elementos centrales de esta reforma para que este debate, como tienen que ser todos los debates, se concentren fundamentalmente en aspectos técnicos y jurídicos. En primer lugar, la protección de los usuarios del sistema financiero y la necesidad de establecer reglas más claras frente al cálculo de intereses de mora. Cuando una persona adquiere una obligación financiera, debe existir la certeza sobre las condiciones que regulan esa relación. La seguridad jurídica exige que los ciudadanos conozcan cómo se calculan sus obligaciones, que existan límites claros que eviten prácticas que puedan afectar de manera desproporcionada a su patrimonio. Es así que el artículo 152, numeral 3, propone el derecho a la información y a la transparencia, en la obligación de informar la metodología de cálculos de tasas de interés, costos asociados a la operación crediticia y al desglose en los estados de cuenta entre capital e intereses. Detrás de cada crédito existe una historia, una familia que busca mejorar su vivienda, un pequeño empresario o microempresario que quiere ver crecer su negocio, un ciudadano que enfrenta una situación económica compleja que nos puede pasar a cualquiera y necesita mecanismos justos para cumplir con sus obligaciones. Por esta razón, la reforma busca fortalecer la protección legal frente al cálculo de intereses de mora y establecer condiciones que permitan el anatocismo, garantizando la aplicación de las normas financieras y que se respete sobre todo principios constitucionales como la proporcionalidad, la transparencia y la protección de los usuarios del sistema financiero. En este sentido, el artículo 194.1 propuesto en este informe señala que el interés de mora se aplicará únicamente sobre el capital vencido o impago, se prohíbe el anatocismo y se excluye el cálculo de mora sobre seguros, comisiones o gastos administrativos. Finalmente, estas reformas buscan fortalecer la supervisión y control de tarifas y comisiones financieras. En el artículo 62 del libro 1, se propone que la superintendencia de bancos tendrá una competencia reforzada para supervisar la aplicación y el cobro de tarifas y comisiones, protegiendo así, y que es el eje central de nuestra reforma, al usuario frente a prácticas indebidas, ilegales o incorrectas. Otro aspecto fundamental de este proyecto tiene relación con los socios y depositantes de las entidades financieras que han atravesado procesos de intervención o liquidación forzosa. Aquí debemos recordar algo esencial. Cuando una persona deposita sus ahorros en una institución financiera, no está entregando simplemente recursos económicos, está entregando confianza. Confianza que merece y debe ser protegida por el Estado. Durante los procesos de liquidación de cooperativas y otras entidades financieras, que en muchos casos ha conocido este pleno de la Asamblea Nacional y otros ha conocido la Comisión de Régimen Económico, los ciudadanos tienen el derecho a recibir información clara y suficiente sobre el Estado de la entidad, sobre las actuaciones que están realizando y sobre las alternativas existentes dentro del procedimiento. No necesitan siempre recurrir a la Asamblea Nacional o recurrir a otra institución cuando tienen la obligación de brindar toda la transparencia en ese proceso de liquidación. No podemos construir un sistema financiero sólido si quienes participan en él sienten incertidumbre o falta de información. Esta reforma busca precisamente fortalecer esos mecanismos con transparencia, garantizar el respeto al debido proceso y permitir que los socios conozcan sus derechos dentro de los procedimientos correspondientes. En este sentido, se propone que el artículo 318 del libro 1 del Código Orgánico Monetario y Financiero sobre este proceso de cierre de la liquidación garantice un informe final que deberá incluir conciliación de cuentas, pagos realizados, bienes transferidos y acciones de recuperación de activos y deberá publicarse para conocimiento de las depositantes, de los depositantes, acreedores, accionistas o socios pendientes de pago. El tercer eje, señor Presidente y colegas legisladores, responde a la necesidad de contar con un mercado de valores fortalecido. El desarrollo económico de un país no depende únicamente del crédito tradicional. Los mercados de valores cumplen una función estratégica al permitir que empresas, instituciones públicas y privadas puedan acceder a mecanismos alternativos de financiamiento, mientras los inversionistas encuentran espacios seguros para canalizar sus recursos. Por eso, fortalecer el mercado de valores significa fortalecer la economía nacional. Las reformas planteadas buscan modernizar aspectos relacionados con plataformas de negociación, mecanismos de compensación y liquidación, emisión y circulación de títulos de valores y demás elementos que forman parte de la infraestructura financiera del país. En este aspecto, el artículo 3 del libro 2 denominado Ley de Mercado de Valores amplía y precisa las modalidades de mercado extra bursátil y privado, fortaleciendo mecanismos de negociación de valores. Un mercado de valores eficiente genera confianza y la confianza genera inversión. Cuando existe seguridad jurídica, transparencia y reglas claras, los recursos pueden orientarse hacia actividades productivas, generación de empleo y lo que todos buscamos, crecimiento económico. Por su parte, el artículo 4 de la propuesta de reforma a la Ley de Mercado de Valores reconoce como intermediarios de valores a las casas de valores y a las entidades del sector financiero privado autorizadas. Incorporando a entidades financieras privadas como intermediarios de valores, se permite mayor capacidad operativa, respaldo patrimonial y atracción de inversiones. El Ecuador necesita fortalecer sus herramientas de financiamiento y crear condiciones para que la inversión encuentre un marco institucional, jurídico, sólido. Este proyecto apunta precisamente a consolidar un sistema financiero más articulado, más competitivo, más confiable. Es fundamental también modernizar la infraestructura bursátil. Por tal razón, la propuesta de reforma responde a la compensación y liquidación eficiente de valores, la reducción de riesgos y la mejora de la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros. El artículo 60 de la Ley de Mercado de Valores, que incluye la propuesta de reforma, fortalece la naturaleza y funciones de los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores. Así también, incorpora mecanismos bajo el principio de entrega-contrapago para reducir riesgos de la contraparte. Finalmente, un mercado de valores fortalecido canaliza ahorro hacia inversión y crecimiento nacional. Se propone que el mercado de valores funcione como puente entre ahorro e inversión productiva, facilite financiamiento empresarial, atraiga inversión extranjera y mejore la transparencia económica. Y un cuarto elemento que merece especial atención es la regulación relacionada con fideicomisos constituidos con bienes provenientes de instituciones financieras en liquidación. Un fideicomiso mercantil es una figura jurídica creada para administrar patrimonios con una finalidad determinada. Su naturaleza requiere orden, viabilidad y capacidad real para cumplir los objetivos para los cuales fueron constituidos. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que existen estructuras fiduciarias provenientes de procesos de liquidación financiera que presentan problemas de viabilidad económica al concentrar activos deteriorados, pasivos remanentes, contingencias o patrimonios deficitarios. Cuando una estructura nace sin capacidad real de cumplir su finalidad, deja de ser una herramienta eficiente y puede convertirse en una carga permanente para el sistema financiero nacional y para los mecanismos de administración y supervisión estatal. Por ello, esta reforma que planteamos plantea en su disposición transitoria tercera establecer un análisis técnico, financiero y jurídico sobre estos fideicomisos. Aquellos que tengan condiciones reales de sostenibilidad podrán continuar bajo un régimen correspondiente de supervisión y control, pero aquellos que no tengan viabilidad deberán sujetarse a los procedimientos legales aplicables, evitando mantener estructuras que no cumplen una función efectiva dentro del sistema nacional. Señoras y señores asambleístas, esta reforma tiene un propósito claro, fortalecer la confianza. La confianza es la base sobre la cual funciona cualquier sistema financiero. Sin confianza, los ciudadanos dudan en ahorrar, los inversionistas dudan en invertir, los mercados pierden dinamismo y la economía pierde oportunidades de crecimiento. Por eso, la tarea legislativa no puede limitarse a crear normas, debe crear condiciones para que las personas tengan seguridad en sus instituciones y certeza sobre sus derechos. Este informe para primer debate responde a principios constitucionales fundamentales, seguridad jurídica, transparencia, protección de derechos, solidaridad y tutela efectiva de los usuarios del sistema financiero nacional. Estamos frente a una reforma que busca equilibrar las relaciones dentro del sistema financiero, fortalecer la institucionalidad y garantizar que la actividad financiera cumpla con su finalidad constitucional de servir al interés general. El Ecuador necesita instituciones fuertes, mercados transparentes y ciudadanos protegidos. Necesita un sistema financiero que acompañe el desarrollo productivo, que genere oportunidades, que funcione bajo reglas claras. Por estas razones, invito a ustedes, colegas legisladores, a realizar un análisis constructivo. Estamos en primer debate. Un análisis propositivo, serio sobre esta propuesta de una reforma. Sus aportes deben contener algo fundamental, algo que nos debe unir a todos, la visión país, la responsabilidad con el pueblo, el pueblo ecuatoriano, entendiendo que detrás de cada norma existen ciudadanos que esperan respuestas y exigen la responsabilidad de sus legisladores. Gracias, señor presidente. Devuelvo la palabra.