🕒 0:00 Edwin Estuardo Jarrín Rivadeneira (100%)

palabra el asambleísta Edwin Gerrín. Muchas gracias compañera presidenta, un saludo cordial a todos los compañeros legisladores. Pueblo ecuatoriano, la Contraloría General del Estado, según dispone el artículo 211 y 212 de la Constitución de la República, incluso de oficio debería investigar casos de incrementos patrimoniales de funcionarios públicos, no solamente de alcaldes, de presidentes de gastos parroquiales ni de prefectos, sino de todo funcionario público, como ocurre en mi provincia. Compañero Castro, no creo que exista un caso de mayor celeridad de incremento de patrimonio público que en mi provincia. En mi provincia, el prefecto de Moro, a sólo tres meses de su posesión, es decir, en agosto del año 2023, él se posiciona en mayo del 2023, inscribe en el registro de la propiedad del cantón Morona, cuya certificación así lo emite el doctor Peter Jaramillo Gutiérrez como registrador de la propiedad de ese cantón, que inscribe tres bienes inmuebles en la jurisdicción de la ciudad de Macas del Canto Morón, valorados en 150 mil dólares. Obviamente, según la Constitución, según el Código Orgánico Interior Penal, antes necesitábamos un informe de contraloría para que la fiscalía intervenga. Hemos presentado ya aquí en la ciudad de Quito, en la fiscalía de la corrupción, una denuncia por enriquecimiento ilícito no justificado. Y eso viene ocurriendo no solamente en mi provincia. Hay alcaldes que abusan de los recursos públicos y como a veces la contraloría no emite sus informes y sus auditorías de responsabilidad civil o penal, se largan de nuestro país. Esperan que pasen los siete años para que no se pueda investigar ni auditar las lesiones económicas que ellos causaron en contra de la jurisdicción del pueblo ecuatoriano. La Fiscalía General del Estado, compañeros, también le obliga en el artículo 195 y en el 410 del Código Orgánico Integral Penal, precisamente a cada oficio. Pero lamentablemente estas autoridades no tienen la voluntad, no tienen la capacidad para hacerlo. La contraloría lamentablemente ha estado amenazada por lo que anteriormente ocurría en el Ecuador. Recordemos la vergonzosa pasada por esa institución de Carlos Poli, también de Pablo Sely. Es por eso que ahora, ventajosamente, en la ley se faculta iniciar las acciones penales directamente desde las fiscalías. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha expuesto el asambleísta Castro y merece todo el respaldo, no solamente de los asambleístas conscientes, sino de todas las bancadas que están en este hemociclo. Indudablemente, compañía presidenta, yo creo que se deben ir sentando precedentes. Existen funcionarios públicos corruptos, funcionarios públicos que abusan de su situación para vulnerar y para utilizar recursos innecesariamente. Hace 15 días, varios asambleístas amazónicos visitamos la Contraloría General del Estado para conminar y exhortar al señor Contralor para que se inicie una auditoría por utilización de recursos públicos en la Universidad de la Hermana Provincia de Sucumbíos. Ahí sin presentar el expediente para la creación de las universidades que anhelamos la Amazonía, se utilizaron ya más de un millón setecientos mil dólares y que ahora pretenden rescindir porque esas aulas y ese espacio que supuestamente se adquirió por parte de la Universidad Estatal Amazónica no sirven para nada. Solamente sirve el terreno que no valdría ni cuatrocientos mil dólares. ¿Quién va a responder? Ante esto, tienen que haber auditorías serias, pero precisas y oportunas. Lamentablemente la Contraloría, en el caso de mi provincia, más de cinco años no presentaba una auditoría con responsabilidad civil y penal contra un sinvergüenza corrupto exalcalde que, en la ley, le ha puesto diez años de prisión, de reclusión mayor extraordinaria. Muchas gracias. Devuelvo mi palabra, señor presidente.