🕒 0:11 Blasco Remigio Luna Arévalo (100%)

Muy buenos días, Presidente, estimados legisladores, ciudadanía que está pendiente del cumplimiento de nuestra función legislativa en la Asamblea Nacional. Ahora, traemos a debate una propuesta de ley que efectivamente busca dar una salida y solución a un problema social relacionado al proceso de adopción. Y claro, hagamos un paréntesis ahí, están una cámara, creo, aquí cubriéndome, no hace falta, vayan nomás allá, saben, están 10 cámaras, creo, suficiente con la que la Asamblea Nacional me hace la cobertura. No necesitamos fotos, necesitamos hablar con frontalidad, con objetividad y sobre todo con transparencia. Dejen nomás, ya la transmisión es suficiente. Muchas gracias. No malgasten los recursos del pueblo ecuatoriano, por favor, utilicemos bien los recursos del pueblo ecuatoriano. Busca dar una salida a un problema que está ahí, pero lo de fondo, y lo planteamos en la comisión. Y quienes acudieron a la comisión, que por cierto, ya lo vamos a dar a conocer también, fue un grupo de personas que está bien. La participación ciudadana, según la Constitución de la República del Ecuador, es un derecho y un deber de la ciudadanía hacer parte de la incidencia en la toma de decisiones. O sea, la parte, presentamos por escrito el pedido a la comisión de que les reciban. Ejemplo, doctor Juan Carlos Paz Mena, juez de la niñez y adolescencia, no fue recibido. Patricio Calero, un ciudadano que trabaja en los temas, no fue recibido. Casa de acogida de Cuenca, Carolina Verdugo, no fue acogida. Brigitte Figueroa, Casa Pacarina, tampoco fue recibida. Silvia Bustamante, trabajadora social, Hogar de Cristo, tampoco fue recibida. Si hacemos leyes sin escuchar a las otras partes, por Dios, no hay una verdadera participación ciudadana. Las comisiones están para recibir a la gente. No es ir a tomarse una foto y decir que ya estoy con los niños y los jóvenes. No, no es eso. No hagamos show mediático. Es más, estamos violando el derecho de los niños a la protección de su identidad. Solo por figurar, no está bien. Respetemos el derecho de los niños, por Dios. Yo no estoy presentando videos de que estoy abrazado a niños para decir que estoy trabajando en la ley. Respeto el derecho de los niños, empecemos respetando la ley, por favor. Y señalaba, en lo de fondo, la propuesta de ley tiene cuellos de botella. Y lo señalaron en la comisión, algunos representantes, empezando por el mismo Ministerio de Inclusión Económica y Social. Los cuellos de botella es la falta de presupuesto. ¿Saben qué tiempo se demoran los notificadores para llegar a entregar los documentos para que puedan avanzar los procesos judiciales? ¿Cuatro meses? ¿Ocho meses? ¿Qué tiempo demora un proceso de adopción por estas trabas y estos cuantos años de botella? ¿Dos años? ¿Cuatro años? ¿Seis años? Lo de fondo es la falta de presupuesto, que no lo están entregando y que lamentablemente dificulta. Otra observación que hicimos, porque acá venimos a dar a conocer y dejamos planteando, ojalá para segundo debate, es los procesos judiciales relacionados a las notificaciones. Las casas de acogida, por Dios, no cuentan con el presupuesto ni siquiera para poder cubrir ese costo de una publicación en un medio nacional. ¿Qué está pasando ahí? Falta presupuestaria. Los convenios que se firman entre Estado, gobiernos seccionales, que a propósito ahora ya ni siquiera pueden firmar directamente, porque les recortaron con la dichosa ley 70-30, la posibilidad de que utilicen recursos para dar atención, contratar personal, firmar contratos con las casas de acogida y atender a estos niños que están desprotegidos. Están desprotegidos. Entonces, ahí también la fregaron, no digo la fregamos porque yo no voté por esa ley, la fregaron. Afecta también a sus procesos de adopción, o sea, hay que decirlo con punto y coma, con nombre y apellido. Entonces, el problema de fondo radica en las trabas institucionales. ¿Qué debemos propiciar? El 238, 237, la Constitución dice efectivamente nosotros no tenemos la potestad para incrementar presupuesto. Pero debería venir, si es que tienen iniciativa propia, de parte de quien sí lo puede hacer, una motivación para garantizar la asignación de los recursos a tiempo a la judicatura, para que no tengan que ir a estar comprando del bolsillo y las resmas de papel, mucho menos tener que estar apilados los procesos de notificación. Contraten más notificadores, que tengan un trabajo específico de salir a entregar esas notificaciones y se agiliten los procesos. La norma, la ley, por exposición de algunos comparecientes, no es que está del todo mal. Los ajustes se han hecho de acuerdo, pero propiciemos un verdadero proceso de cambio. Ya quiero hacer alusión al artículo 22, que reforma el artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior. No le vendamos humo a la gente, por Dios, no le vendamos humo a la gente. Ya existe un pronunciamiento de la Corte en relación a este tema. El caso 72-24-IN, en el que declararon una ley inconstitucional por haber propiciado o buscado el incremento presupuestario, cuando no es potestad de nosotros. Entonces, si planteamos en esta propuesta que quienes cumplen 18 años sean acreedores a una beca, muy bien, de acuerdo, pero para ello no tenemos que quitarle al deportista, no tenemos que quitarle al estudiante de recursos limitados o pocos recursos económicos para acceder a una beca, para poder incluirles a ellos qué es lo que está planteando esta propuesta. Metamos en ese mismo saco a los niños mayores de 18 años. ¿Qué pasa con eso? Es simple. Aquí estamos, 151 legisladores. No vamos a incrementar el presupuesto, pero metemos aquí 20 más. ¿A quién afecta? A alguien va a terminar afectando. Es lógico, ¿qué sería? Que exista voluntad política para que se genere un incremento presupuestario como potestad del Ejecutivo para que se cubra y se atienda estas necesidades de los niños que efectivamente a los 18 años tienen que abandonar las casas de acogida y muchos de ellos no saben a dónde ir. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado fallido. Esperamos y aspiramos que para el tratamiento del segundo debate acojan la participación ciudadana y permitan que vengan a hacer los apostes profesionales, conocedores de la materia, porque yo no soy erudito en el tema, responsablemente como miembro de la Comisión me informo, analizo, planteo alternativas y observaciones y que ellos puedan coadyuvar a tener una mejor norma y una mejor ley para poder atender esa demanda de los pobres jóvenes que se quedan prácticamente sin posibilidad de tener un hogar o ver días mejores. Llegó no es el tiempo, estimado Presidente y estimados legisladores. Qué bueno que se le ha dado celeridad al tratamiento de esta propuesta de ley. Así deberían ser todas las leyes. El 19 de diciembre en la Comisión se conoció el acto más burdo de corrupción que ha tenido este gobierno, el caso Progen y ATM. Se trató un informe que fue aprobado, que evitaba la sanción de los ministros que hoy ya sabemos que tienen responsabilidad. Luque, Manzano, Huón y Calero. Allá no les gusta, allá no les gusta. Y hasta el día de hoy han pasado ya cinco meses y esta Asamblea no ha tratado. Ahí presentamos un informe de minoría que debería ser conocido y tratado, ojalá, la próxima semana para señalar las responsabilidades políticas del atraco más grande que ha tenido este país. Progen, ATM, el caso energético, el caso de corrupción más grande. Hace cinco meses y no lo hemos tratado aquí. ¿Qué pasa? Fiscalización, no impunidad. Basta ya de tapar la corrupción y que estos personajes se vayan a la cárcel del encuentro. Por corruptos. Hasta aquí mi palabra, Presidente.