Sesión No. 135-AN-2025-2029 del pleno de la Asamblea Nacional

Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio, saludar a todos los cuencanos y azuayos que nos escuchan en estos momentos, también saludar a todos los ecuatorianos. Claro que sí, justamente el día de hoy quiero contarles a todo el Ecuador quiénes son estas hormiguitas chugas. Son personas, lamentablemente, que son vulnerables, son personas de la tercera edad, son madres solteras, y justamente el problema que nosotros hemos encontrado es que existe tercerización laboral. ¿Y por qué lo decimos esto? Porque existen personas que están 20, 30, 16, 15 años bajo esta modalidad de tercerización, y justamente cuando se acaba este contrato de uno a dos años, justamente es cuando tienen que rogar estas empresas tercerizadoras para que las contraten nuevamente.

Quiero agradecer también el día de hoy a la Comisión del Derecho al Trabajo, porque justamente ellos acudieron a la ciudad de Cuenca para escuchar de primera mano lo que está pasando en la ciudad de Cuenca con las hormiguitas chugas. Y justamente es en ese día cuando levantaron su voz mujeres valientes, trabajadoras valientes, para contar la triste realidad en la que están viviendo. Y lo que decían las, cuando ellos reclamaban las hormiguitas chugas, lo que les decían las tercerizadoras es que tengan paciencia, pero lamentablemente no vivimos de paciencia.

Se tiene que pagar esos sueldos que lamentablemente pasaban años y meses sin pagarse adecuadamente. Entonces, justamente el problema jurídico no es nada complicado. El artículo 327 de la Constitución ya establece que está prohibida la tercerización y justamente la contratación tiene que ser de manera directa y bilateral. El mandato constituyente 8 también, lo voy a repetir porque lo había dicho en algunas ocasiones, el reglamento, el artículo 3, inciso final, que todas estas actividades de limpieza de calles, veredas y mantenimiento de parques no son actividades complementarias, esa es la actividad principal del EMAC y justamente se tiene que contratar a las hormiguitas chugas de manera directa y bilateral.

Sí, lo que concluye este informe son cinco recomendaciones en concreta, entre ellas y las más importantes está que se deriva a la Contraloría General del Estado para que se haga un examen especial a estos contratos, a la Fiscalía, también para que se investigue, porque también existieron denuncias de acoso sexual, de cobros de multas, también exigimos al Ministerio de Trabajo que también inspeccione, también exigimos a la EMAC que justamente acabe con un proceso y un estudio que prometieron ya hace algunos meses y les contraten directamente a las hormiguitas chúas.

Lo que sí hacemos también el día de hoy es un llamado a las autoridades de turno, a las nuevas autoridades de la EMAC, a las nuevas autoridades de la Municipalidad de Cuenca que ya no tienen excusas, existe el informe, existe la ley, existe la Constitución y sobre todo tienen los recursos y esta plata, este dinero que podría pagarse directamente a las hormiguitas chúas, lamentablemente se están llevando las tercerizadoras, esta red de contratistas, eso nada más.

Claro que sí, quiero decirles a las hormiguitas chugas, a estas personas que no están solas, ya la Comisión del Derecho al Trabajo le dio la razón. Ahora esperemos que el día de hoy este Pleno de la Asamblea Nacional esté a la altura de también hacerlo, porque justamente nosotros siempre estaremos pendientes de que se cumplan sus derechos laborales.

Muchísimas gracias.

riendos, con la paciencia no pagamos las deudas en los bancos, con la paciencia no pagamos, no llenamos la barriguita de nuestros hijos.

Mariela Logroño.

Bueno, es un tema que a los cuencanos, a los azuallos, nos ha llenado de solidaridad, debo decir. ¿Por qué razón? Porque no es un tema que venga de ahora, es un tema que viene desde hace mucho tiempo atrás. Nuestras trabajadoras del barrido, del aseo de las calles de Cuenca, conocidas cariñosamente como las hormiguitas chúa, son seres humanos, pero no han sido tratados como tales. Las administraciones de turno se han dedicado a sacarse las fotitos con ellas, a decirles que las hormiguitas por aquí, por acá, pero en realidad lo que estaba pasando es que estaban viviendo una situación de precarición laboral muy difícil, dependían siempre del contrato que viene cada dos años para saber si les vuelven a contratar o no, bajo una angustia, una incertidumbre, no saber cuál va a ser su futuro, con familias que están detrás de ellas, sin beneficios sociales, con atrasos en sus pagos, la última mala experiencia en Cuenca fue un contratista de estos que tercerizan estos servicios, no les había pagado y de hecho no les debe algunos meses.

Hemos tenido que hacer cruzadas locales de algunos actores políticos para poder ayudarles con víveres, materiales de educación y más, porque es una situación muy compleja. Esta fiscalización que promueve el compañero Antony Becerra la felicito, asambleísta joven de un cantón muy chiquito que ha puesto todo su corazón, su chungo como digo yo, para poder sacar adelante un ejercicio de fiscalización como este para nuestras hormiguitas.

A ver, primero, creo que queda claro el marco jurídico, lo que pretendía Antony Becerra es demostrar que efectivamente una actividad de esta naturaleza no se puede tercerizar de ninguna manera, es un atentado a los derechos laborales. Segundo, que los órganos de control hagan una investigación que ya no nos corresponde a los asambleístas, ahí entra Contraloría, por supuesto Fiscalía, porque hay núcleos de contratistas que extrañamente han ganado siempre una suerte de monopolio que se ha formado ahí, y en ese sentido lo que estamos nosotros haciendo es presentándoles un informe que además le va a servir al municipio de Cuenca y a la empresa pública de aseo de Cuenca para que empiece a trabajar en un plan de reinserción paulatina de las hormiguitas hacia la planta como tal de la empresa pública.

Es algo histórico, que se lo haga con toda la responsabilidad del caso, que se tomen el tiempo necesario para hacer los estudios y que finalmente estos seres humanos trabajadores de nuestra ciudad que los llenan de orgullo tengan el tratamiento que se merece.

Claro, es un precedente. Como todo informe, cuando tratas de un caso, se entiende que todo lo que se ha discutido se debe aplicar analógicamente en otros casos similares. Así que, si es que existen esos casos en el resto del país, pues en buena hora por los trabajadores, por sus derechos laborales, por sus familias y su futuro.

Mi mensaje lleno de cariño a las trabajadoras del aseo de nuestra ciudad de Cuenca, mis amadas hormiguitas chua, nunca les defraudamos, hemos estado desde el día uno y aquí hay un informe que será y les hará justicia finalmente.

Muchísimas gracias.

Número 135 AN 2025-2029, señor secretario, por favor de lectura de la convocatoria.

Se instala la sesión 135 AN 2005-2029, siendo las once horas con dos minutos. Con su autorización, señora presidenta, procedo a dar lectura a la convocatoria. Por disposición del asambleista Michel Macheno Dávila, presidenta de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo doce, numeral tres de la ley orgánica de la acción legislativa, se convoca a los asambleistas a la sesión 135 AN 2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día jueves 29 de octubre de 2026 a las 10 horas 30 en la sede de la función legislativa con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

Primero, himno nacional de la República de Ecuador. Segundo, conocer y resolver respecto al informe de fiscalización de presuntos casos de tercerización e intermediación laboral y cualquier mecanismo de contratación indirecta utilizados por determinados gobiernos autónomos descentralizados municipales a través de sus empresas públicas, resolución 2025-2029-090. Tercero, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de reformatoria a la ley orgánica de juventudes unificado. Hasta aquí el texto de la convocatoria, señora presidenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!

Señor secretario, por favor informe si se han presentado solicitudes de modificación del orden del día.

Cumplo con informar, señora Presidenta, que sí contamos con una solicitud de modificación del orden del día para la presente sesión presentada por el asambleísta Javier Ordóñez.

Señor secretario, por favor de lectura del cambio del orden del día solicitado por el asambleísta Javier Ordóñez.

Procedo a dar lectura al memorando AN OFMX 2026-01-62M. Asunto, solicitud de cambio de orden del día en la sesión del Pleno 135 AN 2025-2029. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta a la República del Ecuador, de conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Asociación Legislativa, solicito se modifique el orden del día de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional 135 AN 2025-2029 a fin de que se incorpore como punto del orden del día lo siguiente. Solicitar, analizar y contrastar la información de entidades públicas competentes sobre los procesos de autorización, regulación y control y seguimiento de las actividades de explotación de áridos y pétreos en canteras ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito.

Adjunto a las firmas de respaldo conforme lo determina la Ley Orgánica de la Asociación Legislativa. Atentamente, Javier Ordóñez, asambleísta.

Tiene la palabra el asambleísta Javier Ordóñez.

De lectura del artículo 408 de la Constitución de la República.

Autorizado.

Procedo a la lectura del artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador. Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y en general los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas, así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución.

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad. Hasta aquí la lectura del artículo solicitado.

Muchas gracias, señor secretario. Lo acabamos de escuchar, los recursos naturales no renovables y los yacimientos minerales son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado ecuatoriano. Es decir, y para quienes nos escuchan, aunque encontremos una mina de oro en el mismo patio de nuestra casa, el oro del subsuelo no es nuestro, es del Estado ecuatoriano, le pertenece a todos los ecuatorianos. Y el artículo 264 del mismo documento obliga a los municipios a regular, autorizar, controlar la explotación de áridos y pétreos. Pero la autonomía municipal no significa ausencia de control ni inmunidad frente a fiscalización, más aún cuando se está hablando del Estado ecuatoriano, de los recursos que le pertenecen a todos los que vivimos aquí.

Y bien, ¿tienen ustedes idea, y señora Presidenta, no sé si usted sepa, cuánto material se extrajo de las canteras de Quito en el 2023? Según el Plan Metropolitano de Desarrollo, más de 2.2 millones de metros cúbicos de áridos y pétreos fueron extraídos. Esto equivale, y esta cifra la tuve que contrastar una y otra vez porque suena increíble, a 228.000 viajes de volquetas cargadas de piedra, arena, material pétreo y seguramente otros minerales como material aurífero. Imaginen semejante cantidad de volquetas, una detrás de otra. ¿Cuánto billete está involucrado?

La dimensión de esta actividad exige controles absolutamente rigurosos. Y aquí debemos dejar algo que debe ser muy claro. ¿Qué está sucediendo en Quito? Porque en julio del 2024, seis explotaciones mineras fueron clausuradas en Pintag, cerca de la Reserva Ecológica Antisana. Y una de ellas ya había sido clausurada previamente. Pero sus sellos, por reiteradas ocasiones, fueron retirados. Entonces, si ni siquiera una clausura garantiza que se respete la prohibición de explotación, ¿qué garantiza? Que no haya explotación ilegal o grave afectación a un territorio que alberga, y escúchese bien, fuentes de agua, ecosistemas, comunidades que dependen de estos frágiles ecosistemas.

¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Qué se hizo al respecto? En octubre de ese mismo año, ante las denuncias de afectación al patrimonio arqueológico de Catequilla, el alcalde de Quito no le quedó otra opción que ordenar, verificar estas actividades y los permisos que tenían. Pero, ¿dónde se han dado o dónde están los resultados de esta disposición? Y tengo muchos más ejemplos que los vamos a dar más adelante, porque todos son muy preocupantes. Los vamos a tratar si es que este pedido del orden del día es, de cambio del orden del día es aprobado.

Sin embargo, les quiero adelantar algo. Aquí también está involucrada la minería ilegal, que alimenta economías criminales, que amenazan la seguridad nacional, señora Presidente y compañeros. Ya no estamos hablando solamente de canteras de piedra o de arena, estamos hablando de recursos naturales, de protección ambiental, de control territorial y de financiamiento, escúchese bien, al crimen organizado. Y por la gravedad de estos temas debemos preguntarnos, ¿quién controla? ¿Quién inspecciona? ¿Quién verifica las clausuras? ¿Cuánto se recauda? ¿Y qué coordinación existe para impedir que continúen estas actividades ilegales? Más aún.

Asambleísta tiene 30 segundos para...

Esto cierro, señor presidente. Más aún, si hay 228 mil viajes de volqueta, ¿qué está haciendo la ATM? ¿Sí supieron lo que pasó con un vigilante de tránsito que fue detenido por ser líder de los lobos? Creo que no hace falta ser más explícito ni alargarme en este punto, señora presidente. Cuando usted considere, solicito que tome votación para que se considere que se incorpore esto en el cambio del orden del día. Muchas gracias.

formar a esta Secretaría.

Me permito informar, señora presidenta, que contamos con 145 asambleístas registrados. Se pone a consideración el cambio de orden del día presentado por el asambleísta Javier Ordóñez. Señores asambleístas, por favor consignar su voto.

Señor Operador, Presidente, los resultados. Señora Presidenta, me permite informar que un total de 145 asambleístas presentes contamos con 85 votos afirmativos, 58 votos negativos, 0 blancos y 2 aprehensiones. Ha sido aprobado el cambio de orden del día presentado por el asambleísta Javier Ordóñez.

Señor secretario, incorpore el cambio del orden del día presentado por el asambleísta Javier Rodóñez como cuarto punto para la presente sesión.

Se toma nota, señora Presidenta.

Demos inicio con el primer punto.

Primero, himno nacional de la República del Ecuador.

de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se suspende la sesión para declararnos en Comisión General. Señor Secretario, por favor de paso a esta comisión.

Con su autorización, señora Presidenta, se suspende la sesión, nos declaramos en comisión general. Se invita a ingresar al Pleno de la Asamblea Nacional al señor Jorge Machumbra.

Asimismo, se invita a pasar al asambleista José Fernando Nantipia.

por parte de la Asamblea Nacional. Y difusión de la música amazónica.

Se reinstala la sesión. Siguiente punto del orden del día, señor secretario.

Segundo, conocer y resolver respecto al informe de fiscalización de presuntos casos de tercerización e intermediación laboral y cualquier mecanismo de contratación indirecta utilizados por determinados gobiernos de autónomos descentralizados municipales a través de sus empresas públicas. Resolución 2025-2029-090.

El informe íntegro remitido por la comisión será parte del acto de la presente sesión.

Con su autorización, señora Presidenta, procedo a dar lectura al memorando ANCTSS 2026-0224-M. Asunto. Envío informe de fiscalización sobre presuntos casos de tercerización e intervención laboral y cualquier mecanismo de contratación indirecta utilizados por determinados gobiernos autónomos descentralizados municipales a través de sus empresas públicas. De mi consideración, por medio del presente, le extiendo un atento y cordial saludo. Tengo el agrado de dirigirme a usted por disposición del asambleísta Aigne Ricalde, Presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, y en mi calidad de secretaria relatora, con el fin de remitir el informe de fiscalización sobre presuntos casos de tercerización laboral e intervención laboral y cualquier mecanismo de contratación indirecta utilizados por determinados gobiernos autónomos descentralizados a través de sus empresas públicas.

Con la votación detallada de los asambleístas efectuada en la sesión 095, el mismo que se remite para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Atentamente, María Palacios González, Secretario Relator.

Por la Comisión del Derecho al Trabajo. El reglamento de este mandato establece expresamente que estas labores no son actividades complementarias y que el personal que las realiza debe ser contratado de forma directa. Además, sólo el gobierno municipal y de manera excepcional puede delegar el servicio a la iniciativa privada conforme el artículo 283 del COTAD. Segunda, sobre la tercerización laboral de MAP-EP. El reglamento de este mandato establece el servicio a la iniciativa privada y de haberlo hecho mediante procesos de contratación pública no cambia esta conclusión. Corresponde al Ministerio del Trabajo y Desarrollo Humano verificar cada contrato y determinar las responsabilidades a que hubiera lugar.

Tercera, sobre las condiciones laborales y la seguridad social en MAP-EP. Existen indicios de incumplimiento de obligaciones salariales y de seguridad social por parte de contratistas de MAP-EP. Respaldados en parte por sanciones de la autoridad laboral a los dos consorcios encabezados por la misma persona que concentró las tres zonas urbanas de barrido y constan denuncias de presunto acoso, cobros indebidos y desvinculaciones tras accidentes que deben investigarse. Cuarta, sobre la contratación pública y la vinculación entre contratistas de MAP-EP. Existen indicios de que la contratación del servicio de aseo se concentró en un número reducido de núcleos familiares y societarios.

Quinta, sobre la supervisión y el control de los contratos de MAP-EP. Existen indicios de debilidades de la administración y supervisión de los contratos por parte de MAP-EP y según la información remitida por la Contraloría General de Estado, no consta que alguno de los 16 contratos, todos suscritos después del 31 de mayo de 2023, haya sido objeto de control posterior. Noveno, asambleísta ponente. La Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social resuelve que el asambleísta ponente ante el Pleno de la Asamblea Nacional sea el asambleísta Egner Recalde.

Hasta aquí la lectura, señora Presidenta.

Él no.

remuneraciones

Gracias, señora Presidenta, colegas asambleístas, ecuatorianos y sobre todo cuencanos y azuayos que nos están escuchando en estos momentos. Muy buenos días. Hoy debatimos este informe que es fundamental para nuestra querida ciudad de Cuenca. Este proceso empezó ya hace algunos meses y quiero agradecer a la Comisión Especializada del Derecho al Trabajo por ir hasta la ciudad de Cuenca y constatar de primera mano lo que está pasando con las hormiguitas chivas. Ese día, mujeres valientes, trabajadoras valientes levantaron su voz ante la Comisión y denunciaron la triste realidad en la que están viviendo el día de hoy.

Pasaron meses y meses sin un sueldo y justamente cuando ellos querían reclamar algo lo único que les decían los contratistas es que tengan paciencia. Una mujer con cuatro hijos, con 19 años de vivir bajo esta modalidad de tercerización, no puede vivir de paciencia. Con paciencia, colegas asambleístas, no se pagan los arriendos, no se pagan los créditos, no se pagan los útiles escolares de sus hijos y no se paga el alimento que tienen que llevar a sus hogares. Y si llegaban tarde, uno o dos minutos, les multaban con 70 a 80 dólares.

Y les daban estos guantes que tenían que durarles meses, pero en menos de 15 días ya estaban así, en este estado. Guantes de tela, que se ve ahí bien en la cámara. Guantes de tela para poder manejar la basura. Qué injusto. Y cuando no les llegaban estas herramientas, tenían que poner de su sueldo, que tampoco llegaban. Ahí está la ironía de este caso. También quiero denunciar otro caso, Manuel Cajamarca. Esta persona sufrió un accidente laboral. Y en vez de recibir una atención oportuna, lo que recibió fue un despido.

Lo más injusto de todo esto es que existen personas que llevan 16, 20, 24 años, 15 años bajo esta modalidad de tercerización y cada que se acaban estos contratos, tienen que acudir a las empresas tercerizadoras para que por favor, y rogarles a las empresas tercerizadoras, que por favor las contraten nuevamente. No tienen estabilidad laboral. Y, colegas asambleístas, este caso en concreto no es difícil. Es algo sencillo. No es solamente cuestión de sentarse y revisar el ordenamiento jurídico ecuatoriano. El artículo 327 de la Constitución de la República del Ecuador ya establece que la contratación tiene que ser de manera directa y bilateral.

Asimismo, el mandato constituyente 8, en su reglamento, en el artículo 3, inciso final, que yo ya lo he dicho varias veces en el Pleno, lo he dicho en varias ocasiones en entrevistas, pero lo voy a repetir porque parece que algunos no entienden. Todos los trabajos de aseo y limpieza de calles, veredas y mantenimiento de parques no son actividades complementarias. Esa es la actividad principal del EMAC y la contratación tiene que ser de manera directa y bilateral. No hay donde perderse, no hay excusas. Así lo explicó también, ante la Comisión Especializada del Derecho al Trabajo, el doctor Fernando González, quien es experto en derecho laboral, catedrático y conocido en la ciudad de Cuenca, y concluyó que si una empresa pública fue creada para limpiar una ciudad, no puede esta a su vez delegar esta competencia para que limpien terceras empresas.

Eso está prohibido. Y también la exgerente de la EMAC, la señora María Caridad Vázquez, prefirió renunciar, prefirió huir como su jefe, y también prefirió no dar la cara y se escudaba en un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado del año 2009. Pero, colegas asambleístas, ningún pronunciamiento, ninguna ordenanza está por encima de la Constitución. Y pese a que también la Procuraduría General del Estado, en el año 2013, ya emite otro pronunciamiento, como lo estamos diciendo ahora. Ahora bien, cambiaron de gerente, pero no se cambió las prácticas.

¿Quiénes son los nuevos adjudicados de estos contratos? Los mismos de siempre. Aquí tenemos el primer contrato de la zona A. Se le adjudicó al señor Teodoro Ordóñez, por más de 414 mil dólares. Aquí tenemos el contrato adjudicado. Y anteriormente ya se le adjudicó a esta misma persona un contrato de más de 900 mil dólares. Sumando el contrato actual, con el contrato anterior, el señor Teodoro Ordóñez se va llevando más de 1.3 millones de dólares. Aquí tenemos el otro caso de la zona B. Adjudicado a la señora Verónica Serrano León, por también más de 414 mil 900 dólares.

A esta señora también ya se le adjudicó anteriormente un contrato de 389 mil dólares y también formaba parte de un consorcio llamado Obreco Limpio, en donde también se le adjudicó más de 800 mil dólares. Sumando todos estos contratos, vemos que da más de 1.6 millones de dólares. Y el contrato también de la zona C. Nelly Morocho. También se le adjudicó un contrato por más de 562 mil dólares. Esta persona también ya tenía anteriormente un contrato que se encargaba de la recolección del centro histórico, por más de 1.6 millones de dólares.

La señora Nelly Morocho se va llevando también casi 2.2 millones de dólares. Qué lindo, ¿no? Cambian los contratos, pero siguen siendo las mismas personas. Colegas asambristas, hagamos una cuenta sencilla. Ningún contratista hace su trabajo de gratis. Tienen una utilidad, tienen una ganancia. Entonces, si la propia EMAC dice que contratar así es más barato, ¿de dónde está saliendo esa ganancia para las empresas tercerizadoras? Aquí les digo, salen de los sueldos que llegan tarde, salen de las multas, salen también de los seguros que no están siendo pagados, y salen también de los implementos que nunca llegan.

Yo pregunto, ¿es justo abaratar costos a costa de la dignidad de nuestra gente? No lo es, y no lo digo solo yo, porque ahora el informe que estamos yendo a votar el día de hoy, concluye, sobre todo la comisión, que la EMAC incurrió en tercerización. Y que haberlo hecho mediante concurso público no lo vuelve legal, por eso recomienda, entre algunas cosas y las más importantes también, a la Contraloría General del Estado que se haga un examen especial de todos estos contratos, pero también a la Fiscalía General, perdón, a la Fiscalía, porque existen denuncias de acoso sexual, y también para que se investigue el cobro de multas.

A ustedes, queridas hormiguitas chubas, quiero decirles que no están solas. Ya la Comisión del Derecho al Trabajo les dio la razón por escrito, y ahora esperamos que este Pleno de la Asamblea Nacional esté a la altura de también hacerlo. De manera especial, quiero dirigirme a mis colegas asambleístas por la provincia de la SUAY, que votemos a favor de las hormiguitas chubas. Quiero agradecer a mi colega asambleísta Adrián Castro, porque conjuntamente se ha hecho también un análisis que al día de hoy servirá como anexo para este informe.

Quiero agradecer a Gerardo Machado, porque en algunas ocasiones ya ha votado a favor de que se fiscalice este tema, y que se termine de una vez por todas con la tercerización laboral. Demostrando así que esto no tiene que ver con banderas ni tintes políticos. Ya lo ha hecho un compañero de su bancada. Finalmente, también quiero hacer un llamado a las nuevas autoridades de la EMAC, a las nuevas autoridades de la Municipalidad, y decirles que ya no tienen excusas. Tienen el informe, tienen la ley, tienen la Constitución, y sobre todo tienen los recursos.

Esa plata, que debería pagarse directamente a las hormiguitas chubas, se están llevando los contratistas, se están llevando las redes de contratistas y las empresas tercerizadoras. Por eso exigimos a la EMAC-EP que contrate de manera directa y bilateral para, de una vez por todas, cortar de raíz este negocio. Pongan fin a la tercerización laboral de estas personas que todos los días madrugan para mantener limpia nuestra ciudad. Cuenca, el Azuay y todo el país estará pendiente de que sí lo hagan. Muchísimas gracias por todo, señora Presidenta. Mi palabra.

Hoy se cumple una semana de secuestro de Luisa González. Libertad para Luisa González. Las hormiguitas chúas, por supuesto que tienen derecho.

Señores asambleístas, permítanme un momento asambleístas, señores asambleístas, el Pleno de la Asamblea Nacional no es un espacio de proselitismo político, hagan el favor de respetar al pueblo ecuatoriano y hagan el favor de respetar el Pleno de la Asamblea Nacional.

pueblo cotoriano y especialmente a las trabajadoras de aseo de Cuenca, a nuestras queridas hormiguitas chugas. Hoy estamos hablando, no estamos hablando simplemente de un informe, estamos hablando de mujeres, trabajadoras, de familias que dependen de un salario y de los derechos del Estado que tienen la obligación de garantizar. Cuando escuché a las hormiguitas en la Comisión de Trabajo, conocí esa realidad dolorosa, sueldos atrasados, aportes alíes que no parecían registrados e incertidumbres sobre la continuidad de sus empleos. Eso obviamente es inaceptable. Quienes todos los días limpian nuestras calles y contribuyen a la salud pública merecen estabilidad laboral, social, respeto y dignidad.

Mi posición es clara, la tercerización en estas labores debe terminar. Quien limpa la ciudad merece trabajar con derechos y garantías. Ya lo hicimos en la Revolución Ciudadana, eliminar la tercerización. Esta postura tiene un fundamento en la Constitución, en el mandato constituyente 8 y en su reglamento. No se trata de una conveniencia política, sino de un cumplimiento de la ley. Sin embargo, colegas, defender a las trabajadoras también significa actuar con responsabilidad. Por eso, no puedo respaldar un informe en términos que se ha presentado. Debemos recordar que se le deben al gobierno de Cuenca, al municipio, más de mil millones de dólares.

También debemos recordar el famoso mandato 70-30, donde los recursos cada vez merman no solamente al municipio de Cuenca, sino a todos los GAT, tanto cantonales como provinciales del país. Y que quede claro, no estoy en contra de las trabajadoras, estoy en contra de una causa justa que se sustente en procedimientos que debilitan los derechos que debemos proteger. ¿Por qué no acompaño este informe? Primero, porque la Asamblea tiene la obligación de fiscalizar, pero no puede sustituir las competencias del Ministerio de Trabajo, que debe verificar contratos y que determine responsabilidades correspondientes.

Segundo, porque no podemos ampliar el alcance de una resolución sin establecer reglas claras. Se requiere modificar criterios aplicables a estas actividades y hagámoslo con transparencia, seguridad jurídica y planificación. Tercero, porque toda denuncia debe sustentarse en pruebas verificables y respetar el debido proceso. No podemos convertir indicios en certezas sin señalar responsabilidades, sin escuchar a los involucrados. Cuarto, porque una fiscalización pretende establecer criterios para municipios del país y debe tener un alcance general, no solamente definirse hacia uno. Objetivo equitativo, no limitarse a uno solo sin explicar los criterios de selección.

Y quinto, porque el informe no garantiza lo más urgente, cuando serán contratados formalmente las trabajadoras, con qué recursos y bajo qué cronograma. Las trabajadoras no viven de informes, ni pagan sus cuentas con promesa. Necesitan respuestas concretas, compromisos que se cumplan. Por eso, propongo a este Pleno que se exigan cuatro acciones inmediatas. Al Ministerio del Trabajo, en diez días, realice las inspecciones pertinentes. Alíes, que verifique los aportes y garantice el cumplimiento. Y a la EMAP, EPSEP y al municipio de Cuenca, que en quince días presenten un plan de transición hacia la contratación directa del personal de barrido con cronograma financiamiento definido.

Y a la Contraloría General del Estado, que practique un examen especial en los contratos correspondientes. La política debe servir para transformar la vida de la gente, no para producir documentos que terminen archivados. La fiscalización debe generar soluciones y no convertirse en un obstáculo para alcanzarlas. Mi compromiso con las hormiguitas chudas permanece intacto. Defender sus derechos significa exigir salarios y aportes cumplidos. Estabilidad laboral y responsabilidad determinadas conforme a la ley. No más promesa para los trabajadores del aseo, no más incertidumbre para sus familias. Queremos justicia laboral directa y derechos garantizados.

Muchísimas gracias.

Señora Presidente, por el uso de la palabra, hablar de derechos de los trabajadores. Realmente en este punto he escuchado al colega Becerra hablar de todas las irregularidades que se vienen dando en la contratación de estas empresas que prestan el servicio de limpieza. Pero quiero hablar específicamente desde el punto de vista de la humanidad. ¿Por qué creen que estamos trayendo este tema aquí en la Asamblea? Miren, la campaña y la política tienen que quedar de lado cuando hablamos de principios de humanidad. Así que las hormiguitas chúas a los colegas legisladores de la bancada de ADN.

Porque seguramente en el municipio de Cuenca no se los estaba atendiendo. Bueno, hoy se trata este tema y lo primero que tenemos que hacer es ponernos la mano en el corazón. Hemos sido, a lo largo de la historia de la Asamblea, y ya lo dije en alguna ocasión, se han llamado a los congresistas payasos porque no somos resolutivos. Es el momento de tomar las riendas y resolver, dar soluciones. Se avecina el fenómeno del niño, por no decir que ya está presente. Se les ha pasado por la mente cómo salen a trabajar esta gente, hablando de guantes de tela para recoger basura, vidrios con las manos, expuestos a todo lo que se les espera durante todo el tiempo que va a durar el fenómeno del niño.

Principio de humanidad. El informe que presenta la Comisión de Derecho al Trabajo es una respuesta para reconocer y dignificar su trabajo. En ese sentido, y como miembro de la Comisión, entendiendo que debemos cumplir con el tema de tercerización, que se debe respetar, pero por encima están los derechos humanos. Uno de los puntos que quiero resaltar tiene que ver con la tercerización laboral, que ya se habló y se dijo que está prohibida por el mandato constituyente. Número 8, en las actividades propias habituales del empleador. Si una empresa pública municipal fue creada para limpiar las calles y mantener los parques, debe contar con personal contratado directamente para cumplir esas labores.

Tema que ya lo hicieron en referencia tanto el colega Becerra como el colega Castro. Esta emergencia tiene un sentido muy concreto. Que las hormiguitas chúas tengan un empleador que responda por el pago completo y puntual de sus sueldos, por sus aportes a la seguridad social y por su protección cuando se enferman o sufren un accidente de trabajo. Y justamente ahí se conectan las dos conclusiones de este informe que presentó la Comisión. En el caso de los contratistas de MAC-EP, se identifican indicios de incumplimientos salariales y de seguridad social.

Además de denuncias de presunto acoso, cobros indebidos y desvinculaciones después de antecedentes laborales. Esto exige completar las inspecciones pendientes, investigar las denuncias y determinar las responsabilidades que correspondan. Cada sueldo atrasado afecta a una familia que necesita todos los servicios básicos, su alimentación. Dentro de las mesas, las reuniones que tuvieron en la Comisión se les escuchó. Y el miedo a ser despedidos, se presentaron con mascarilla para evitar que tengan represalias contra ellas. Ellas necesitan pagar sus servicios básicos, arriendo, comer y enviar a sus hijos a estudiar, como cada uno de nosotros.

Cada aporte incumplido compromete la protección de una persona que puede necesitar atención médica urgente en muchos casos. Por eso, luchar contra la terciarización y exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales forman parte de una misma responsabilidad. Garantizar que quienes cuidan las ciudades puedan vivir de su trabajo con dignidad y tranquilidad. Creo que lo que ya mencionaron los colegas de Cuenca, queda claro cuál es el camino a seguir y la responsabilidad que tenemos nosotros como asambleístas. Quisiera seguir, pero creo que quedó clara mi postura. Hasta aquí mi palabra, señora Presidenta.

Muy buenas tardes, Presidenta, colegas asambleístas. Quiero empezar esta intervención felicitándola al colega Anthony Becerra por la iniciativa que tuvo para tratar este tema dentro del Pleno de la Asamblea Nacional y por supuesto una felicitación a la comisión en la cabeza de su presidente y a los demás miembros comisionados que tomaron este caso con la seriedad que amerita el mismo. Compañeros asambleístas, hace un año estábamos, todos los que estamos aquí presentes en la ciudad de Cuenca recordarán ustedes, en donde muchos de los que están acá en el Pleno de las diferentes bancadas estuvimos en la condecoración a nuestras hormiguitas Chúa, algunas recicladoras y por supuesto un reconocimiento a la labor que ellas hacían.

Como dijo Anthony, incluso colegas de la bancada de la oposición ese día tomaron la palabra, de hecho lo han hecho en medios de comunicación para apoyar y empujar este proceso de fiscalización porque saben perfectamente que esto no es político de hecho no es un tema que le atañe a esta administración y mucho menos es un tema que debía corregirse desde el año 2008 estamos hablando de 18 años no estamos hablando de un tema político para empezar por eso les quiero pedir así como lo hizo Anthony Becerra que en esta ocasión consigamos el apoyo a nuestras trabajadoras a las trabajadoras de la CEO de Cuenca millones en contratos, millones pero quien barre tu calle el día de mañana no sabe si es que le van o no le van a renovar ese contrato cada dos años estas personas a las que les llamamos con mucho cariño hormiguitas pero que son las trabajadoras de la CEO de Cuenca están bajo el estrés y la expectativa de saber si es que su patrono o tercerizador le va o no le va a renovar su contrato están con el miedo y el temor porque detrás de ellas hay educación, familia, arriendo, servicios y demás me admira que compañero Roque Ordoña esté riéndose mientras converso de este tema que pena, que pena Roque tema de nuestra ciudad, en verdad le digo no es justo no Roque, esto no se hace cuando hablamos de las hormiguitas pero eso además te digo porque nos conocemos que apoyes este proceso de fiscalización no te burles no te burles en este tema Roque pero si es necesario que nos pongamos en manos este momento de la ley y la justicia y si es que le atribuyó la ley y la justicia a esta asamblea para que haga ejercicios de fiscalización me parece que lo más justo es que miremos ese informe en dos partes la primera de ellas el análisis legal y constitucional que han hecho no los asambleístas han hecho expertos en la materia y el segundo que tiene que ver con los contratos detrás de aquello no estamos hablando de poca cosa colegas asambleístas perdónenme que lo diga así detrás de esta situación como lo dije desde un principio hay gente que hace un año levantó la voz y que nos dijo señores, están atrasando el sueldo no tenemos beneficios sociales no tenemos bonificaciones no tenemos absolutamente nada si es que el día de mañana por A o B razones en ese ejercicio de agacharse todos los días de dañarse la espalda de estar bajo el sol la lluvia, el polvo se enferman y algo pasa y alguna afección laboral tienen a los dos años ya no le contratan y resulta ser que se quedan sin trabajo porque además es gente adulta mayor hace un par de años tratamos acá el caso Furukawa no hubo bandera política nos pusimos todos de acuerdo son temas casi casi de esclavitud y tenemos que ponernos del lado correcto colegas asambleístas insisto nuevamente si es que fuera un tema de campaña no lo hubiésemos tocado desde hace un año esto viene tratando la comisión desde algunos meses atrás hemos ido a Cuenca para poderles asistir a las personas con algunos víveres útiles escolares porque resulta que estos sinvergüenzas a los que se les terminaron los contratos no han tenido la frontalidad no han tenido que dar la cara para pagarles sus sueldos son meses que no han cobrado y por lo tanto yo no voy a ir tanto al plano de lo técnico yo este rato voy a apelar a su corazón colegas asambleístas yo esperaba de todo corazón como lo dijo Antón hace un momento incluso relevando el nombre de uno de nuestros colegas que ese día decía efectivamente esto no es un tema político ¿cómo puede ser posible que hoy día vayamos en contra de las hormiguitas?

ahora mismo estoy hablando con Doña María una de las líderes de ellas y este momento que está siguiendo la transmisión en vivo le dije con confianza antes seguramente saldrá por unanimidad Doña María qué pena qué pena que se escuchen voces de que eso no ocurra sería nefasto para este pleno de la asamblea nacional eso sí constituye un acto político terrible olvidándonos de lo que está pasando con nuestras trabajadoras tan mal les trataron compañeros asambleístas que cuando lanzaban un concurso público en una subasta inversa electrónica en donde todo el mundo tiene que ir pujando a la baja estos consorcios y no hablo de todos pero al menos un par de ellos lo que hicieron fue rebajarse tanto el presupuesto que si ustedes hacen el cálculo del presupuesto para los sueldos ni eso les alcanzaba con qué iban a pagarles y ahí es en donde bien dijo el colega Anthony Becerra les multaban por un minuto de retraso multa multa multa y multa más allá de esos perdóneme que lo diga no tiene ni nombre pues si Anthony muestró las fotos de con qué indumentarias y herramientas trabajan estas personas en nuestras calles Cuenca colegas asambleístas es la ciudad más limpia del país y no necesariamente por un constructo cultural que lo hemos añorado y lo hemos ido conservando los cuencanos desde que nacemos en cuidar que nadie vote algo en las calles de basura la otra mitad le pertenece a nuestras recicladoras de base y a nuestras hormiguitas chua llamadas con cariño hormiguitas pero no son ni hormiguitas ni cucarachas son seres humanos y detrás de ellas hay familias compañeros asambleístas les escucharon en la ciudad de Cuenca cuando pidieron la palabra les escucharon llorar en la ciudad de Cuenca cuando fue la comisión allá hace pocos meses y hoy sería terrible que voten en contra de un tema que no es político sino humano presidenta le hago un llamado cordial y afectuoso a esta asamblea nacional al pleno y a todos los compañeros asambleístas para que en este punto del orden del día se pongan las manos en el pecho en el corazón y votemos a favor de la moción de que se apruebe este informe muchísimas gracias presidenta y colegas que se apruebe la moción de que se apruebe la moción de que se apruebe

presentada ha sido ingresada por escrito.

Sí, señora presidenta, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría.

Procedo a dar lectura y tomar votación de la moción presentada. Memorando ANCTSS-2026-0228-M. Asunto, moción de aprobación de resolución dentro del segundo punto del orden del día. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta de la República del Ecuador, respecto a la convocatoria a la sesión 135 AN-2025-2029, convocada para el jueves 29 de octubre de 2026 a las 10 horas 30, tengo a bien proponer la siguiente moción para que sea sometida a votación. Aprobar el contenido de la resolución, la cual en su parte pertinente resuelve. Artículo primero.

Aprobar el informe de fiscalización de presuntos casos de tercerización y intermediación laboral y cualquier mecanismo de contratación indirecta utilizados por determinados gobiernos autónomos centralizados municipales a través de sus empresas públicas. Resolución 2025-2029-090, elaborado por la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social y acoger sus conclusiones y recomendaciones. Artículo segundo. Disponer que la Secretaría General remita el informe de fiscalización de presuntos casos de tercerización y intermediación laboral y cualquier mecanismo de contratación indirecta utilizados por determinados gobiernos autónomos descentralizados municipales a través de sus empresas públicas.

Resolución 2025-2029-090, elaborado por la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social y su anexo al Consejo Cantonal de Cuenca, al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca, a EMAC-EP, a la Contraloría General del Estado, al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, al Servicio Nacional de Contratación Pública, a la Superintendencia de Competencia Económica, a la Fiscalía General del Estado, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, al Servicio de Rentas Internas y a las Superintendencias de Compañías, Valores y Seguros y de Economía Popular y Solidaria para que en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales adopten las acciones pertinentes sin perjuicio del cumplimiento de las recomendaciones específicas contenidas en dicho informe.

Se adjunta al presente memorando la resolución correspondiente, con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, Echner Recalde, Presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social. Hasta aquí la lectura de la moción, señora Presidenta, señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las corrupciones electrónicas, de existir alguna novedad, informar a esta Secretaría.

139 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Egner Recalde. Señores asambleístas, por favor consignar su voto.

Señor operador, presente los resultados. Señora Presidenta, me permite informar que un total de 139 asambristas presentes contamos con 85 votos afirmativos, 4 votos negativos, 0 blancos y 50 abstenciones. Por lo tanto, ha sido aprobada la moción presentada por el asambrista Egner Recalde.

La ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de juventudes unificado.

Señor secretario, por favor dé lectura del memorando respectivo y del informe en su parte resolutiva.

GDI 2026-0107-M. Asunto, remisión del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de juventudes unificado. Reciba un atento y cordial saludo por disposición del asambleísta Jaime Estrada, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Me permito remitir el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de juventudes unificado, aprobado en la sesión 052, el 29 de abril de 2026, a fin de que se continúe con el trámite en el pleno de la Asamblea Nacional.

Atentamente, Denis Arregui, secretario relator. Memorando a N-CGDI 2026-0231-M. Asunto, notificación y solicitud de cambio de ponente del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de juventudes. De mi consideración, reciba un cordial y atento saludo por medio del presente en mi calidad de presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos de la Interculturalidad. Me dirijo a usted para informarle sobre una particularidad respecto de la sustanciación del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de juventudes.

Como es de su conocimiento, el asambleísta que venía actuando como ponente del mencionado proyecto de ley, presentó su renuncia irrevocable a la Asamblea Nacional. Con este antecedente y considerando que mediante convocatoria dispuesta por usted en su calidad de presidenta de la Asamblea Nacional, se ha convocado a la sesión 135 del pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día jueves 29 de octubre de 2026 a las 10 horas 30. En este sentido, y en estricto apego a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, comunico a usted que esta comisión designó como nuevo ponente al asambleísta Roque Ordóñez, con el propósito de que asuma la presentación y defensa de este importante informe ante el Pleno de la Asamblea Nacional.

Por lo expuesto, solicito a usted que se sirva brindar las facilidades procedimentales pertinentes y considera esta notificación para los fines de registro y conducción de la sesión plenaria. Atentamente, Verónica Iniguez, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. De acuerdo con su disposición, señora presidenta, procedo a dar lectura al informe en su parte resolutiva. Sexto, conclusiones. A. Reconocimiento de la diversidad juvenil. El análisis evidencia que la juventud ecuatoriana es un grupo heterogéneo atravesado por múltiples desigualdades sociales, económicas, territoriales, étnicas y de género.

Por ello, las políticas públicas deben ser integrales, interculturales y sensibles a las realidades diferenciadas de las juventudes. B. Adecuación del marco normativo. Las reformas propuestas a la ley orgánica de las juventudes responden a la necesidad de actualizar y fortalecer el marco jurídico para garantizar de manera efectiva el ejercicio de los derechos de las personas jóvenes conforme a los principios constitucionales, la normativa internacional y los desafíos contemporáneos. C. Enfoque de derechos y acciones afirmativas. El proyecto incorpora principios de no discriminación e igualdad, así como medidas de acción afirmativa que promuevan la inclusión y la reducción de brechas socioeconómicas, especialmente para jóvenes en situación de vulnerabilidad, juventudes diversas y con discapacidad.

D. Promoción del desarrollo integral. Se amplía y fortalecen los derechos de las personas jóvenes en materia de educación, salud mental, trabajo digno, acceso a la cultura, tecnologías de la información, vivienda y participación social, garantizando condiciones para su desarrollo integral y el ejercicio pleno de la ciudadanía. E. Impulso a la empleabilidad y emprendimiento juvenil. Las reformas proponen mecanismos concretos para promover la inserción laboral juvenil, el reconocimiento de prácticas y pasantías como experiencia profesional, el acceso preferencial a créditos y programas de emprendimiento y la implementación de cuotas progresivas de empleo juvenil tanto del sector público como privado.

F. Participación y corresponsabilidad. Se destaca la importancia de la participación activa de las juventudes en los procesos de formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas, así como la corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno y las entidades privadas en la garantía de los derechos juveniles. G. Referencia a buenas prácticas internacionales. El informe toma como referencia experiencias exitosas de otros países, valorando la importancia de la transversabilidad, la digitalización, la creación de políticas y el seguimiento participativo como elemento clave para una política de juventud efectiva y sostenible.

H. Sostenibilidad y evaluación del impacto. G. Se reconoce la necesidad de establecer sistemas de monitoreo y evaluación para asegurar la eficacia y continuidad de las políticas de juventud, superando la discontinuidad institucional y garantizando la rendición de cuentas. G. Séptimo, recomendación. G. La Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad recomienda y solicita a la Presidencia del Legislativo poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de las Juventudes Unificado.

G. Hasta aquí la lectura de los solicitados, señora Presidenta. G. Gracias.

Gracias, señora Presidenta. Un saludo cordial a todos mis colegas asambleístas. No puedo quedarme callado de lo que pasa en este Pleno de la Asamblea Nacional, en donde hay asambleístas que tienen patente de corso, así lo llaman, ¿no?, y que tienen miedo al salir de esa puerta para afuera. La gran diferencia, la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros caminamos tranquilamente por nuestras calles. Nosotros, señora Presidenta y compañeros, y me voy a dirigir sobre todo a los jóvenes, queridos jóvenes, con quienes hemos venido socializando este proyecto de ley, que indudablemente viene de la Comisión de Garantías Constitucionales.

Quiero agradecerles a todos nuestros compañeros y hay que decirlo que este proyecto de ley viene desde la comisión anterior, que ya lo venían trabajando. Realizamos más de 30 encuentros a nivel nacional, en donde pudimos recabar las diferentes inquietudes, necesidades de los jóvenes. Los jóvenes no necesitan bonos de campaña, los jóvenes necesitan política pública, Los jóvenes necesitan empleo juvenil real. Y es así que voy a explicar muy detenidamente el contenido de este proyecto de ley, en donde se habla sobre el tema de la seguridad social, sobre las prácticas pre-profesionales, sobre el emprendimiento y los créditos de educación, sobre el beneficio estudiantil, sobre el tema de la salud mental, sobre la protección y participación juvenil y en el derecho de los jóvenes.

Recibimos a varios jóvenes de las diferentes universidades. Y voy a mencionar de manera muy particular de mi universidad de Cuenca, de la que somos, entiendo yo, algunos asambleístas de aquí. Y claro, cuando los jóvenes reclaman, por ejemplo, el tema del presupuesto, el tema de la autonomía universitaria, muchos cañan, pero nosotros sí les escuchamos. Y es así que se habló de varios temas, por ejemplo, en varios encuentros que tuvimos con la Federación de Estudiantes Universitarios, en donde estos encuentros, donde hubo una participación más de 600 jóvenes, en Cuenca, en Manta, en Quito, en Río Bamba y en otras ciudades.

En Cuenca, por ejemplo, conversamos con la joven Heidi, quien nos contó lo difícil que ha sido buscar su primer empleo. Y ese problema que parece a veces tan sencillo de enunciar, tiene una crueldad bastante particular. No estudia, hace sus prácticas, prepara sus carpetas, toca puertas, y cuando aparece una vacante, ¿qué es lo que le piden a los jóvenes? Experiencia. ¿Qué experiencia puede tener un joven recién graduado de la universidad que tiene 22, 23 años? Esos son los temas que nosotros, desde la Comisión de Garantías Constitucionales, lo estamos resolviendo.

¿De dónde va a sacar una experiencia un joven si para darle un trabajo primero le exigen haber trabajado? Eso no es falta de ganas, es una puerta cerrada, y si la ley no ayuda a abrirle, entonces, ¿para qué estamos legislando sobre los jóvenes? Por eso, el proyecto de ley reconoce las prácticas pre-profesionales, las pasantías, las otras actividades formativas, como la experiencia laboral. En el artículo 10, por ejemplo, hablamos del trabajo digno, la estabilidad, la remuneración justa, y la seguridad social. En varias disposiciones hacemos referencia, proponemos, por ejemplo, la cuota de contratación juvenil, tan importante en las empresas públicas y privadas, con un 50% de trabajadores, hasta alcanzar un 30% bajo las condiciones de la ley.

Eso va de la mano junto con incentivos de aporte patronal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobre hasta los dos salarios básicos por un máximo de 12 meses. También se prohíbe que estas contrataciones se iban para reemplazar a trabajadores estables. El objeto es aumentar la nómina de los jóvenes. No estamos planteando que a un joven se le contrate en poseer joven y se le pague menos, ni siquiera que se saque a trabajadores por poner a otro. Estamos hablando de abrir plazas nuevas con derechos y de que el primer empleo sea el verdadero comienzo.

Ahora bien, si hablamos de oportunidades, también es importante hablar de qué se está invirtiendo el dinero público. El gobierno ha puesto sobre la mesa el programa Jóvenes en Acción. Si sumamos las cuatro ediciones, las cifras difundidas de recursos ejecutados bordean cerca de los 900 millones de dólares. Ojo, no estoy diciendo que todo ese monto está desembolsado, pero si es la forma o la manera como el gobierno nacional pretende impulsar la actividad de los jóvenes. Un programa de apoyo puede venir y servir para resolver una urgencia, pero si después de unos meses el joven vuelve al mismo punto sin empleo, sin experiencia reconocida, sin posibilidad de estudiar, el problema de fondo sigue aquí.

Cuando desde el gobierno nacional y varios gobiernos anteriores le quitan el presupuesto a las diferentes universidades. ¿Qué es lo que hacen nuestros jóvenes? Terminan saliendo por la frontera del Darién o se vuelven presa fácil de los grupos organizados. Eso es lo que nosotros no queremos en este proyecto de ley. Y cuando hablamos de política pública es importante también decir que quienes quieren atender el problema hay que resolverlo de una manera adecuada. Y es así que durante todo este proceso que hemos venido trabajando desde la Comisión de Garantías Constitucionales establece, por ejemplo, el tema del emprendimiento y el tema de los créditos que promueve créditos preferenciales, tasas accesibles y programas de financiamiento para emprendimientos juveniles.

Plantea que los créditos de emprendimiento juvenil no dependan del historial crediticio. ¿Qué historial crediticio puede tener un joven? Me pregunto. Ninguno. Establece un programa de capacitación, asesoría y formalización empresarial en incentivos para jóvenes rurales y en situación de vulnerabilidad. Cuando hablamos de educación superior y beneficios estudiantiles ¿qué es lo que promueve? Se promueve, por ejemplo, las becas por la excelencia académica apoyo económico, política pública para garantizar el ingreso permanente y evitar que nuestros jóvenes sean presa fácil de la delincuencia organizada. Muchos de los jóvenes en algunos encuentros nos hacían referencia de reconocer las tarifas reducidas del transporte urbano en diferentes ciudades del país.

Muchos de los jóvenes dejan de ir a la universidad porque se dedican indudablemente al tema del trabajo o para llevar la papa a su casa. 703.806 jóvenes accedieron a la educación superior en la época de la Revolución Ciudadana. Son datos que indudablemente cuando nosotros caminamos día a día con los diferentes sectores hay gente agradecida porque realmente se construyó una política pública encaminada al bienestar de los jóvenes. Cuando uno de los capítulos hace referencia a un tema tan sensible como es el tema de la salud mental y la protección en el cual se reconoce que la atención integral de salud mental incluyendo prevención, detección oportuna, rehabilitación y acompañamiento psicológico.

Propone también implementar una estrategia nacional para la prevención del suicidio juvenil que tenemos datos alarmantes y mucho más en estos últimos tiempos. Incorpora disposiciones para prevenir la violencia física, psicológica, sexual, digital e institucional así como garantizar la inclusión de los jóvenes con discapacidad. Cuando hablamos de la participación juvenil y los derechos colectivos hacemos referencia que se fortalece la participación de las organizaciones juveniles que ahora en varios decretos en varios reglamentos del Ministerio de Educación hace todo lo contrario. prohíbe que los diferentes jóvenes puedan tener espacios de capacitación y de formación.

Es importante que desde la desde esta Asamblea Nacional le demos un mensaje claro a los jóvenes a los jóvenes para construir una política pública una política pública encaminada al bienestar a la capacitación a la formación para que estos jóvenes no hablemos de que son sean el futuro los jóvenes ya son el presente los jóvenes deberían ser la capacidad que puedan tener irreverentemente para poder tomar sus decisiones y en este proyecto de ley indudablemente va al beneficio de los jóvenes. Hasta aquí mi palabra señora Presidenta muchísimas gracias.

Nathalie Farina.

Gracias señora Presidenta, buenas tardes con los colegas legisladores, buenas tardes igual con la ciudadanía ecuatoriana que nos mira y que nos escucha, sobre todo este importante debate. Hay debates que se hacen para el registro, hay otros debates que por la importancia del sector que se legisla deben quedar para la historia. Y este a pesar de ser un informe para primer debate, tiene que ser de los segundos. Porque hablamos de los jóvenes, del presente y futuro del país, hablamos de los jóvenes de sucumbíos, de pichincha, de azuay, que quizás salen de las universidades y no encuentran un primer empleo.

Hablamos de los jóvenes que quieren iniciar un emprendimiento y no encuentran las oportunidades en las instituciones financieras porque no tienen el historial crediticio. Para ello legislamos hoy y lo hemos hecho desde que llegué a esta Asamblea Nacional, más joven aún, cumplido recién 24 años. Aprobamos la primera ley económica urgente, la ley de eficiencia económica y generación de empleo juvenil, que ya daba beneficios tributarios a los jóvenes de entre 18 a 29 años y más si salían esos jóvenes de las universidades públicas del país. ¿Y qué pasó con esa ley?

Según los registros del Servicio de Rentas Internas, ese fue el beneficio tributario más utilizado por las empresas, dando una muestra que cuando legislamos con claridad, el país sí responde. Sabemos también que aún hay mucho por hacer por la juventud, porque tengan acceso a un primer empleo, porque tengan acceso a un primer crédito. Miles de jóvenes viven atrapados en ese círculo absurdo también, de que no les dan un crédito porque no tienen historial crediticio y obviamente no tienen historial crediticio porque no les dan un crédito. Desde la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control ya habíamos visto ese problema.

Por eso en el informe de primer debate que ya conoció este pleno de la Asamblea Nacional, ya propusimos una tasa de inclusión financiera para este sector de la sociedad ecuatoriana, para los jóvenes. Eso se ratificará en el informe para segundo debate que se presentará también hasta ante este pleno de la Asamblea Nacional. Yo llega una reforma de ley de juventudes y quiero decirles con todas las letras, sí, la respaldo en espíritu, porque este proyecto, leyendo el informe que presentan ante este pleno, sí recoge las voces de varios jóvenes del país.

Y topa temas trascendentales, reconoce la salud mental, la vida libre de violencia, la inclusión de las juventudes con temas de discapacidad, las prácticas pre-profesionales como experiencia real, que son deudas históricas y es justo que esta Asamblea Nacional las asuma. Pero, colegas legisladores, precisamente porque creo en esta ley, no voy a aplaudirla nada más en silencio, porque a los jóvenes no nos sirven leyes que suenen lindas, pero que solo se queden en una promesa rota con sello oficial. Por eso, respetuosamente presento ante la comisión que tramitó este proyecto de ley, o que está tramitando este proyecto de ley, observaciones para que las analicen técnicamente y que puedan ser acogidas, para que una ley no solo quede en un poema bonito, sino que realmente puedan ser aplicables.

Primero, es necesario que se establezca en la ley una cuota de acceso al trabajo que se pueda cumplir. El proyecto obliga a que el 30% de la nómina de toda empresa con 50 más trabajadores sea joven, triplicando el actual 10% que ya establece la ley. Además, exige que cada contratación juvenil sea un incremento neto a la nómina y una multa con salario básico unificado por cada joven faltante. Pero es importante que para que esto sea aplicable, hacer un estudio de cómo la ley actual ha estado sirviendo, si es que esto no ha excluido a los jóvenes de ser contratados.

Por ende, propongo una cuota progresiva diferenciada por tamaño y sector con alternativas de cumplimiento como la formación dual y las prácticas pagadas. Segundo, el empleo estable y jóvenes no desechables. Hoy el Estado cubre el aporte patronal del contrato juvenil, si el trabajador permanece 12 meses. El proyecto lo reduce a 3. 3 meses es justo el tiempo para contratar, cobrar el beneficio y reemplazar al joven por otro. 4. Mantengamos la exigencia de estabilidad y concentrémonos en el apoyo al primer empleo, y en quienes hoy no estudian ni trabajan.

5. Coherencian con nuestras propias leyes. Lo decía, creo que el que ya se esté tramitando también dentro de la Comisión de Régimen Económico y Tributario una tasa inclusiva para que los jóvenes tengan acceso a un primer crédito, debía también analizarse y así tener coherencia con lo que se quiera aprobar en esta reforma de la Ley de Juventud. 6. Porque si creamos una antonimia jurídica, evidentemente va a permanecer el Código Orgánico, Monetario y Financiero, por su calidad de orgánico, pero también por su especificidad. 7. Señora Presidenta, colegas legisladores, no hago estas observaciones para frenar la ley.

Además, también hay que revisar el problema de inconstitucionalidad con el artículo 135, a ver si los beneficios que se les van a dar a los jóvenes realmente tienen un informe de impacto presupuestario por el Ministerio de Economía y Finanzas. Porque esa capacidad exclusiva de incremento presupuestario es exclusiva dentro de la iniciativa legislativa del Ejecutivo. Así que es importante también hacerlo. Y lo decía, no hago estas observaciones para frenar ningún proyecto de ley. Lo hago para blindarla, para que cuando se publique en el registro oficial, no sea un trámite más, sino el comienzo de oportunidades reales para los jóvenes de nuestro país.

Y es algo que lo hago con total responsabilidad, porque les decía, leí el informe que presenta la Comisión ante este Pleno de la Asamblea Nacional. Y en ello hacía referencia a un joven que no veamos esta ley con una bandera política en específica. Porque tiene razón, la juventud no tiene un color partidario. Hay jóvenes allá, hay jóvenes acá, hay jóvenes en todo el país. El desempleo no pregunta por qué bancada votaste. La falta de oportunidades golpea igual a la costa, a la sierra, a la Amazonía y a Galápagos.

Y este Pleno ha demostrado, en pocas ocasiones, pero ha demostrado que puede ponerse de acuerdo en lo que sí necesita el país. Construyamos juntos, mayoría, minoría, una ley que no lleve la firma de un partido, sino la huella de toda una generación. Los jóvenes no nos piden poemas en un papel, nos piden oportunidades reales. Respaldemos una ley que sea aplicable, financiable y medible. Una ley que no solo nombra a los jóvenes, sino que impacte positivamente la vida de ellos. Porque legislar para jóvenes no es aprobar una ley más generosa, es aprobar una ley que sí les llegue, que sí les cambie las vidas.

Gracias señora Presidenta, devuelvo la palabra. Gracias. Gracias.

Colegas legisladores, a nuestros hermanos migrantes y sobre todo a nuestras juventudes en América Latina.

Como decía Nelson Mandela, la juventud hoy es el motor del cambio del mañana. Si le damos las herramientas, transformarán el mundo. Nuestra tarea hoy no es ser tutores de las juventudes ni hablar por ellos. Nuestra tarea histórica es garantizar el terreno fértil para que sus voces retumben con mucha fuerza en cada una de las tomas de las decisiones. Hoy también agradezco a quienes son parte de las juventudes en América Latina, Caribe y África, porque se han tomado el tiempo de analizar esta ley y enviar algunas observaciones.

Imaginen a una joven que llegó al Ecuador huyendo de la violencia. En el camino perdió sus documentos. Tiene derecho a estudiar, a recibir atención en salud, a trabajar con dignidad. Pero le exigen una cédula, que no tiene porque la perdió evidentemente, y queda totalmente desprotegida. Su derecho existía. Lo que le faltó fue una obligación clara para quien debía garantizarla. Por eso solicito que esta reforma a la Ley Orgánica de las Juventudes en el artículo 14 incorpore garantías exigibles para las personas jóvenes en situación de movilidad humana.

Las observaciones que se sustentan en esta intervención las remitiré por escrito a la Comisión. En este proyecto se reconocen avances significativos en empleo, en educación, en salud mental, en participación, pero advierten que mencionar a las personas migrantes no garantiza que sean beneficiarios de este proyecto de ley y no elimina tampoco las barreras que ellos enfrentan. Y es, con esto hablo de jóvenes extranjeros, jóvenes refugiados, solicitantes de protección internacional, retornados, víctimas del desplazamiento interno, y hablo también de los jóvenes ecuatorianos en el exterior, de las familias separadas, víctimas de la migración.

Sus situaciones jurídicas son distintas, pero también son titulares de estos derechos. La Constitución en el Ecuador lo dice con claridad. El artículo 9 reconoce a las personas extranjeras los mismos derechos y deberes que a las personas ecuatorianas. El artículo 11 prohíbe discriminar por condición migratoria. El artículo 40 rechaza que un ser humano sea considerado ilegal por haber migrado. El artículo 392 encarga al Estado de proteger a las personas en movilidad humana. La cooperación internacional puede apoyar esta tarea, pero el Estado siempre tiene que ser, es el responsable y debe ser el que garantiza el cumplimiento de estos derechos.

Ninguna condición migratoria autoriza humillaciones, violencia, amenazas, ni condiciones de custodia incompatibles con la dignidad humana. La prohibición de la tortura, de los tratos crueles, inhumanos o degradantes es absoluta. La seguridad pública y el control de fronteras deben ejercerse dentro del límite. Propongo que el artículo 14 disponga prevenir estos actos. Activar atención médica psicosocial y jurídica inmediata. Garantizar canales seguros de denuncia con protección frente a represalias. Y asegurar una investigación imparcial. Sanción y reparación integral. La asistencia a una víctima no puede condicionarse a que se denuncie o se colabore con una investigación.

La Convención contra la Tortura prohíbe expulsar a una persona cuando hay razones fundadas para creer que ésta sufriría tortura. Y nuestra Constitución prohíbe expresamente las expulsiones colectivas. Eso exige evaluar cada caso, informar con claridad, asegurar la defensa e interpretar cada caso como haga falta. Ninguna institución, ningún programa dirigido a jóvenes puede servir para ejecutar una devolución que vulnere estas garantías. La equidad también se decide en una ventanilla. Propongo admitir los documentos reconocidos legalmente y habilitar acreditaciones alternativas o provisionales cuando el servicio lo permita. En educación, necesitamos garantizar la continuidad de los estudios, evaluar mecanismos que puedan darles las equivalencias cuando sea imposible obtener los certificados con respecto a la calidad académica o a la autonomía universitaria.

En trabajo, la Corte Interamericana, en su opinión consultiva 18, estableció que la situación migratoria irregular no elimina los derechos nacidos de una relación laboral. Y en salud, la atención debe ser integral, con consentimiento informado, confidencialidad y protección de los datos personales. Las reglas propias de la niñez migrante no se trasladan automáticamente a toda la juventud, pero alcanzar la mayoría de edad tampoco debe interrumpir el acompañamiento educativo, sanitario o psicosocial de estos jóvenes. Y para nuestros compatriotas en el exterior, la orientación, la asistencia consular y firmeza diplomática ante posibles abusos, esta posición será más coherente si garantizamos aquí un trabajo digno a quienes llegan a nuestro territorio.

Por eso es necesario que las garantías del artículo 14 sean de aplicación directa desde la vigencia de la ley. Que las juventudes, movilidad humana, salud, educación, trabajo y gobiernos locales actúen de forma coordinada con responsables bien identificados. Que las instituciones acepten documentos alternativos o provisionales o se motive también una negativa por escrito cuando así sea necesario. Que haya supervisión independiente de los espacios de atención, custodia y un mecanismo de queja con respuesta a corto plazo. Que cada año se publiquen indicadores de cumplimiento con protección de datos personales y se rinda cuentas ante esta asamblea.

Por todo esto solicito que la Comisión incorpore estas garantías al artículo 14 y que se establezca un protocolo institucional en 180 días. Con plazos de atención, mecanismos de queja, indicadores públicos que protejan los datos personales. Nosotros debemos legislar para que una persona joven pueda estudiar, pueda trabajar, recibir atención y pedir protección sin que su origen la condene a la exclusión. Que ninguna institución tolere la crueldad y que ninguna víctima se quede sin respuesta. Muchas gracias.

Un saludo fraterno para el pueblo orense y para todos los ecuatorianos. Actualmente tenemos una ley de juventudes que no cumple con las expectativas, los problemas y desafíos actuales de los jóvenes. En un contexto marcado por la violencia, el desempleo y la falta de oportunidades formativas, el desplazamiento interno por el riesgo de los jóvenes a ser captados por las bandas criminales, madres que buscan proteger a sus hijos y además por las políticas públicas deficitarias. En el 2026, las aprehensiones y muertes de menores de edad alcanzan su nivel más alto de los últimos ocho años, con 1982 detenciones de adolescentes entre enero a julio, lo que representa un incremento del 22%.

Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, más del 50% de los jóvenes ocupados en nuestro país trabajan en el sector informal sin estabilidad laboral ni beneficios de ley. Además, 580 mil jóvenes de entre 15 a 24 años se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad al no poder estudiar ni trabajar. La falta de recursos es la principal barrera que obliga a casi el 28% de ellos a abandonar las aulas universitarias. En el ámbito de salud, enfrentamos una crisis institucional porque nuestros jóvenes no pueden acceder a los servicios de salud mental y ni se diga de servicios comunitarios y ambulatorios.

Nuestros jóvenes atraviesan afectaciones en la salud mental debido a las problemáticas, principalmente territoriales, la desesperanza de su futuro con dificultades para construir un proyecto de vida, crisis económica, miedo constante a perder la vida, conductas autodestructivas como el consumo de alcohol y otras drogas, ideación suicida, autolesiones, la violencia sexual que sufren en su mayoría nuestras niñas y adolescentes. La presente reforma reconoce a la salud mental como parte fundamental de la salud integral y propone la creación de una estrategia nacional para la prevención del suicidio juvenil garantizando atención médica y oportuna y acompañamiento psicológico en los centros educativos y sanitarios.

Ningún joven puede quedarse fuera de las aulas de clase por su situación económica. Esta ley establece becas totales y parciales por mérito académico y vulnerabilidad económica en los niveles técnicos, tecnológicos y de pregrado y posgrado, acompañadas de mecanismos de permanencia estudiantil con criterios transparentes para evitar que nuestros jóvenes dejen sus estudios a mitad de carrera. También debemos preparar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes para los empleos que ya están surgiendo y para los que todavía no existen. Por ello, proponemos que la Autoridad Educativa Nacional en el marco de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y del Círculo Nacional fortalezca progresivamente el bachillerato de competencias digitales, las tecnologías de la información y comunicación, la programación y otras herramientas tecnológicas con especial atención a quienes proyectan continuar carreras tecnológicas, técnicas.

Esta formación debe estar acompañada de docentes capacitados, conectividad y equipamiento. No basta con incluir contenidos si no existen condiciones para aprender. La inclusión también debe ser efectiva para los jóvenes con discapacidad. Proponemos garantizar que su educación en instituciones públicas sea gratuita en todos los niveles que integran el sistema educativo, incluida la educación superior pública con los apoyos a ajustes razonables, accesibilidad y recursos necesarios para asegurar el ingreso, la permanencia y la culminación de sus estudios. Esta medida se sustenta en los artículos 28, 47 y 48 de la Constitución, así como en la Ley Orgánica de Discapacidades y la Norma Educativa Aplicable.

Y la seguridad también se construye con oportunidades en los barrios y sectores de mayor exposición a la violencia, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, las organizaciones comunitarias y las entidades competentes deben impulsar programas sostenidos de deporte, recreación, cultura y uso seguro del tiempo libre. El objetivo es que las niñas, niños y adolescentes jóvenes encuentren espacios de pertenencia, acompañamiento y desarrollo, y que las bandas delincuenciales no encuentren en la falta de alternativas una puerta de entrada para reclutarlos. Esta política debe articularse con la Constitución de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación.

Respecto al ámbito laboral, abrimos caminos concretos para la independencia económica de las juventudes. ¿Cuántas veces un joven busca trabajo y le exigen años de experiencia que nadie le ha permitido adquirir? Para solucionar este problema, esta propuesta reconoce formalmente las prácticas profesionales, pasantías como experiencia laboral, computable, facilitando el acceso al primer empleo digno y garantizando mecanismos de financiamiento para proyectos productivos, emprendimientos juveniles, tanto en el sector urbano como en el rural. Esta oportunidad debe llegar a los territorios donde existe también actividad extractivista, zonas de influencia de espacios portuarios.

Proponemos que mediante la aplicación educativa territorial y convenio entre instituciones de educación técnica y tecnológica y las empresas que desarrollan actividades mineras, actividades extractivistas y portuarias, se promueva una oferta pertinente de carreras técnicas, capacitación certificada, prácticas formativas y mecanismos transparentes de vinculación laboral para jóvenes en las zonas de influencia. Los convenios deben respetar las competencias de las autoridades educativas y de educación superior, la normativa laboral y ambiental y los derechos de las comunidades. No se trata de sustituir obligaciones públicas ni de garantizar empleo sin concurso o sin requisitos, sino de vincular la formación con oportunidades reales y priorizar, conforme a la ley, el desarrollo de capacidades y acceso al trabajo digno en el propio territorio.

Señores asambleístas, este proyecto consagra el principio de corresponsabilidad. Una familia que motiva y guía puede fortalecer un sueño, pero solo un Estado responsable y garante de derechos puede convertir ese sueño en una realidad tangible. No estamos buscando sustituir la valiosa labor de los padres, estamos exigiendo que el Estado les entregue las herramientas públicas necesarias para proteger e impulsar a sus hijos. Además, el programa nacional dirigido a los jóvenes, incluidos jóvenes en acción, debe contar con reglas públicas, criterios objetivos, transparencia, evaluación, rendición de cuentas y ejecutarse dentro de un marco jurídico vigente.

Su diseño y aplicación deben observar la Constitución de la República, especialmente en el artículo 11 y 39, la Ley Orgánica de Juventudes, el Código Orgánico Administrativo, las normas presupuestarias y de control de gasto público y los decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales que regulen cada periodo del programa. En el caso específico de jóvenes en acción, su operación no puede responder a periodos electorales. Tiene que comprender un plan transversal que garantice la verdadera capacitación y aprendizaje, así como una real inserción laboral. Pero las leyes aprobadas en esta asamblea no pueden quedarse en palabras escritas en un papel.

Por eso, desde esta curul hago un llamado directo y enérgico al gobierno nacional para que invierta con urgencia y responsabilidad en la juventud del Ecuador. Necesitamos políticas públicas reales y presupuestos garantizados para la educación pública, la salud integral, el empleo digno, hasta cuándo vamos a permitir que la falta de oportunidades condene a nuestra juventud. Si el gobierno no invierte hoy en nuestros jóvenes, seguiremos presenciando con dolor la fuga del talento humano más grave de nuestra historia y la migración masiva de miles de jóvenes que arriesgan sus vidas en fronteras lejanas porque su propio país no les abrió las puertas.

Colegas legisladores, las decisiones políticas se miden por sus resultados. Cada joven que obligamos a emigrar o que empujamos a la informalidad no es una estadística aislada, es el testimonio del fracaso de un Estado que pretende la inacción. Por lo tanto, preguntémonos esta mañana con absoluta honestidad, vamos a seguir condenando a nuestra juventud y sobrevivir al margen o asumiremos la responsabilidad histórica de garantizarles un país con futuro. El Ecuador no se construirá mientras le sigamos dando la espalda a quienes tienen la energía para levantarlo. La respuesta política ante este reto no admite demoras, compañeros legisladores.

Muchas gracias, presidenta.

Los jóvenes somos el futuro del país y yo me pregunto qué pasa pues con nuestro presente. Porque mientras nos dicen que nosotros somos el futuro, también hay jóvenes en este momento que no pueden pagarse la universidad, que terminan la carrera y no consiguen un trabajo digno, que quieren emprender y que no pueden acceder a un crédito o que necesitan atención psicológica y no la encuentran. Por eso el día de hoy quiero plantear algo sencillo y es de que no podemos exigirle a los jóvenes que construyen un futuro cuando nosotros estando aquí no podemos darle las oportunidades de hacerlo hoy.

Y lo digo como joven, la más joven de la bancada de la revolución ciudadana, como política, pero también lo digo como ciudadana. Me enorgullece participar en este debate y quiero reconocer el trabajo de la Comisión de Garantías Constitucionales en el desarrollo de esta iniciativa. Y desarrollaré y argumentaré la importancia de cinco puntos fundamentales dentro de este proyecto. Primero, un tema que no podemos dejar de lado y es la salud mental. A los jóvenes les decimos sí, que estudien, que se preparen, que sean independientes, que salgan adelante, pero ¿qué pasa cuando la presión económica, la inseguridad, la violencia o la discriminación hacen que todo se vuelva demasiado?

La salud mental no puede ser un tema que acordamos únicamente cuando ocurre ya una tragedia. Por eso el artículo 19 de esta reforma plantea fortalecer la prevención, la detección temprana, la atención especializada y la reducción del estigma, además de contemplar, por supuesto, una estrategia nacional para prevenir el suicidio juvenil. Este reto es que las medidas puedan pasar a la acción y que se traduzcan también en atención accesible y en profesionales disponibles. Yo soy integrante de la Comisión del Derecho a la Salud y qué mejor manera también de poder ahora fortalecer este proyecto de ley hablando de la prevención, con una coordinación, por supuesto, del Ministerio de Salud Pública, las instituciones educativas y las organizaciones juveniles que también tienen que ser parte, por supuesto, de manera activa en este debate.

Porque no basta con decirle a los jóvenes que pidan ayuda, sino que tenemos que garantizar que cuando la pidan encuentren una respuesta. El segundo tema, por supuesto, es algo que se ha tratado acá, el empleo juvenil. Y hay una contradicción y es que muchos jóvenes conocen, buscan trabajo y te piden experiencia, pero ¿cómo consigues experiencia sin esa primera oportunidad? No obstante, la disposición reformatoria primera propone una cuota mínima del 30% de personal joven en empresas privadas o con 50 o más personas vinculadas dentro de este entorno laboral.

Y esta medida puede ampliar el acceso al empleo, pero debemos procurar que no quede en un simple porcentaje por cumplir sobre el papel, sino que podamos tener en cuenta que si un joven se ha preparado durante años para ejercer su profesión, también pueda tener condiciones laborales dignas, una remuneración justa y acceso a la seguridad social. Porque de cada 100 jóvenes en edad para trabajar, más de 65 se encuentran con empleo precario. Es decir, no aportan alíes ni reciben al menos una remuneración básica unificada. Y el empleo no representa solamente un ingreso, sino que representa independencia, autonomía y posibilidad de construir un proyecto de vida.

El tercer punto es algo muy importante, la educación superior. Y para muchos estudiantes la dificultad no es solo conseguir un cupo en las universidades, sino cubrir gastos de transporte, alimentación y vivienda, porque incluyen muchas distancias a veces. Y por eso las becas, las residencias universitarias, los comedores y apoyos estudiantiles son fundamentales. Y la gratuidad, por supuesto, que abre las puertas a la educación superior, pero necesitamos condiciones que permitan a los estudiantes permanecer en las aulas hasta graduarse, especialmente quienes viven en sectores rurales o con familias de menores ingresos.

¿Y qué hace el gobierno frente a esta realidad? Pues recorta el presupuesto en las universidades. Y presenta como gran solución supuestas becas de apenas 828 dólares por una sola vez. Y si dividimos ese monto entre tres años mínimo, que tiene una carrera tecnológica, por ejemplo, no llega ni siquiera a los 25 dólares mensuales. ¿De verdad creen que con eso un joven puede sostener sus estudios, pagarse sus pasajes o construir un futuro? Mientras Daniel Novoa se pasea en un Rolls Royce, hay jóvenes que ni siquiera pueden pagar el bus que los lleva a estudiar a las universidades.

Y el cuarto punto es el emprendimiento y el acceso al crédito. En Ecuador hay jóvenes con ideas y capacidad para crear sus propios negocios, pero muchas veces no cuentan con el financiamiento ni el acompañamiento necesario para poder empezar. Y es por eso que debemos impulsar herramientas que les permitan desarrollar estas iniciativas. Sin embargo, hay una distinción que debemos hacer. Emprender debe ser una opción, no una obligación ante la falta de empleo, porque muchos quieren ejercer su profesión, trabajar en una empresa, investigar o desarrollar una carrera también en el sector público.

Y el quinto tema es la participación juvenil, y aquí hablo también desde mi experiencia. Sé lo que significa abrirse camino en la política siendo joven. Sé lo importante que es encontrar espacios donde nuestras ideas puedan debatirse y nuestros conocimientos puedan aportar a las decisiones públicas. Finalmente, esta propuesta aborda la protección también frente a la violencia digital y de género, así como también la inclusión de jóvenes con discapacidad. Porque no podemos hablar de igualdad de oportunidades mientras sigan existiendo barreras que limiten la posibilidad de estudiar, de trabajar, de expresarse o de participar libremente.

Lo que ocurre en los entornos digitales, por supuesto, que también tiene que acarrear consecuencias reales, y la inclusión debe reflejarse en condiciones concretas de acceso y participación. Aplaudo esta propuesta, pero también debemos exigir políticas públicas. Nos dijeron que estudiar era una de las formas para salir adelante, que si nos preparábamos, que si nos esforzábamos, que si conseguíamos un título, íbamos a tener mejores oportunidades y podríamos construir nuestra propia vida. Pero, ¿qué pasa cuando terminamos de estudiar y el trabajo no llega? ¿Qué pasa cuando nos piden experiencia para darnos esa primera oportunidad?

Y ahí llega una promesa que no se está cumpliendo. Porque el problema no es que los jóvenes no quieran trabajar o que no se esfuercen, o que no tengan oportunidades. El problema es que el mercado laboral no logra absorber sus capacidades y los empuja al desempleo, a la informalidad, a la precariedad y también, por supuesto, a la migración forzada. Esa incertidumbre posterga la independencia, los proyectos de vida y también puede afectar la salud mental. Y la responsabilidad del gobierno no es solo pretender engañarnos con un bono disfrazado de cualquier programita en campaña electoral para que nuestro talento, en este caso, sea considerado.

Porque si hablamos de talento, hay que hablar de algo que pueda cambiar el desarrollo y sobre todo el desarrollo productivo del país. Muchas gracias.

saludarles a los jóvenes de nuestro país, invitarles a que estén atentos frente al tratamiento de esta iniciativa legislativa. Y esperemos que concluyamos luego del segundo debate aprobando y no le demos la espalda a la juventud. Desafortunadamente aquí ya se archivó, por ejemplo, la ley dirigida a fortalecer a las mujeres rurales. Esperemos que eso no ocurra. El pueblo ecuatoriano está atravesando una situación verdaderamente crítica, sin salud, sin educación, con una seguridad que no ha sido garantizada, no hay empleo, o sea, estamos mal en el país. Pero ¿quiénes han sido los mayores perjudicados en esta crítica situación del país?

Han sido los jóvenes, los jóvenes que han estudiado, están con su título bajo el brazo y resulta que salen en busca de un empleo y no lo consiguen. Porque desde el Estado se está fallando, es el Estado el que debe garantizar con la creación de empleos y no se lo ha hecho. Por eso, yo llamo desde ya que exista el suficiente compromiso para aprobar esta iniciativa posteriormente. Claro, con los aportes, sugerencias y observaciones de todos los legisladores y también escuchándose a los jóvenes del campo y de la ciudad, indígenas, no indígenas, afroecuatorianos, montubios y todos.

Una familia hace grandes esfuerzos para que su hijo o su hija termine sus estudios, pero cuando se gradúa no encuentra trabajo, le exigen experiencia sin darle la oportunidad de adquirirla. Y si quieren prender, ustedes han visto que desafortunadamente enfrentan requisitos totalmente difíciles de cumplir y trámites engorrosos. Así, miles de jóvenes ven frustrados sus sueños, sus aspiraciones, pese a todo el esfuerzo de él y también de sus familias. Por eso, el 19 de marzo del 2024, me permití presentar un proyecto de ley para garantizar los derechos de los jóvenes.

Han pasado más de dos años. Sí, se están demorando también aquí desafortunadamente. Hay que agilitar, poner más esfuerzos, porque no pueden los jóvenes seguir esperando, no pueden seguirse postergando los proyectos de vida de los jóvenes. Agradezco a la Comisión de Garantías Constitucionales por presentar este informe, que ha sido unificado y, de hecho, ha sido acogido también la iniciativa que nosotros presentamos y que fue construida con los jóvenes de mi querida provincia Bolívar y del resto del país. La situación que atraviesan los jóvenes es totalmente grave.

Según el INEG, en mayo del 2026, apenas el 34.6% de los jóvenes de 18 a 29 años trabajan, es decir, tienen un empleo adecuado. El subempleo alcanza el 22.6% y el desempleo el 7.9%. Muchos jóvenes quieren seguir estudiando, pero sus familias no pueden apoyarles, porque no tienen dinero para pagar el transporte, la alimentación, los arriendos. Por eso se ven obligados a abandonar sus estudios. El apoyo del Estado sigue siendo insuficiente. No basta con pedirles que se esfuercen. Debemos garantizarles las condiciones para que puedan estudiar y salir adelante.

Este informe propone medidas importantes para los jóvenes, para que puedan trabajar, estudiar y emprender. No resuelve todos sus problemas, pero contiene respuestas totalmente concretas que debemos fortalecer y hacer realidad. En empleo, se propone reconocer las prácticas y pasantías como experiencia laboral para facilitar el acceso al primer empleo. Se establecen medidas de contratación juvenil con igualdad de remuneración, con beneficios y también la seguridad social, sin sustituir a trabajadores estables. Se busca abrir nuevas oportunidades y evitar que la contratación juvenil se utilice para precarizar el empleo. Para quienes quieren emprender, se plantean créditos preferenciales de largo plazo y con tasas accesibles.

Se propone permitir que los propios proyectos productivos respalden el financiamiento sin exigir bienes como garantías para emprendimientos juveniles o asociativos. Además, incluye capacitación, asistencia técnica, trámites simplificados y espacios de comercialización, priorizando a jóvenes en situación de vulnerabilidad. En educación, se contempla becas totales o parciales por excelencia académica con criterios de equidad e inclusión. También se propone mejorar progresivamente residencias, comedores, guarderías, bibliotecas y otros servicios de apoyo, especialmente para estudiantes con dificultades económicas. Se añaden tarifas reducidas de transporte terrestre para jóvenes que acrediten su condición de estudiantes y medidas para ampliar la conectividad con prioridad en sectores rurales y de difícil acceso.

En salud, se plantea atención integral de salud mental, prevención, tratamiento y acompañamiento. Junto con una estrategia nacional para prevenir el suicidio juvenil. Yo no sé si ustedes no caminan en territorio, pero está cada vez incrementándose los suicidios en los jóvenes. ¿Qué está pasando? ¿Quién está dando seguimiento a eso? Y esos temas deberíamos también fiscalizar en este espacio. Estas propuestas deben traducirse en servicios y oportunidades reales. Su cumplimiento, de hecho, necesita recursos, coordinación y seguimiento para que los derechos puedan ejercerse en la vida cotidiana. También se plantea el derecho a vivir sin violencia y establece medidas de accesibilidad y apoyo para jóvenes con discapacidad.

Insisto, escuchemos a las organizaciones juveniles, a los estudiantes, recojamos todas las propuestas para mejorar esta iniciativa. Nuestro acuerdo debe convertirse en recursos y acciones que les permitan estudiar, trabajar y emprender. Los jóvenes necesitan oportunidades. Ahora y nuestra responsabilidad es lograr que este proyecto sea aprobado y luego que entre en vigencia, que se cumpla a cabalidad por mejores días y con dignidad para la juventud. Muchísimas gracias.

Muchas gracias, señora Presidente. Recorriendo territorio, vengo yo de la provincia del Guayas y en cada lugar que he visitado en esta labor como legisladora, escuchando las voces de los diferentes sectores a los que corresponde mi distrito como tal, tuve la oportunidad de recibir abrazos de muchas personas que fueron beneficiadas con las becas que puso a disposición el presidente Daniel Novoa. Entre esas, las becas Futuro Femenino, que justamente son becas completas para carreras técnicas y tecnológicas. Estamos hablando de personas que están, en este momento están todavía, algunas están cursando todavía sus estudios y terminando una carrera para también ser parte del sustento de sus hogares.

Entonces, yo no puedo hacer de menos todo el esfuerzo, el trabajo que viene realizando nuestro presidente Daniel Novoa, porque se ha puesto prácticamente la camiseta y ha agarrado la bandera de la juventud. Esta asamblea, podemos decir también que desde nuestra bancada hay muchos jóvenes que se están enfrentando en esta posición como legisladores. Mi respeto para todos estos chicos también, que les toca venir a medirse con gente que ya tiene muchísima experiencia en la legislatura, y eso es de felicitar. Bueno, tomando como referencia los proyectos que ya viene impulsando el presidente Daniel Novoa en pro de la juventud y rescatando sus derechos a través de diferentes figuras, como ya lo mencioné, permitiéndoles a ellos laboralmente insertarse.

Y obviamente desde mi posición como legisladora, consciente de la responsabilidad que tenemos de asegurar que estos beneficios se sostengan en el tiempo, como ya también lo he escuchado en algunas intervenciones. En diciembre del 2025 presenté el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de las juventudes y que hoy se conoce en primer debate ante este pleno. Partiendo del artículo 39 de la Constitución de la República, que hace referencia al acceso que deben tener los jóvenes a una actividad laboral, en el proyecto que presenté, hago énfasis en el artículo 7, sobre la importancia de incorporar de manera expresa las prácticas pre-profesionales y experiencia formativa, permitiendo que estos jóvenes no solo adquieran la experiencia requerida para llevar a cabo una actividad con mayor seguridad, confianza en sí mismos, sino que además esta experiencia se plasme en su hoja de vida.

En cuanto al resto del articulado que se encuentra en mi propuesta, atiende a dimensiones que también influyen en sus oportunidades. Los artículos 2 y 3 incorporan el reconocimiento de las distintas condiciones de desigualdad y fortalecen la participación juvenil en las políticas públicas. El artículo 4 desarrolla la ciudadanía y la protección en el entorno digital. El artículo 6 aborda la educación integral en sexualidad. Y el artículo 8 propone fortalecer la atención en salud mental. Por su parte, el artículo 9 reconoce el emprendimiento y la innovación con medidas como la simplificación de trámites y el acceso a capital semilla.

El artículo 10 incorpora la participación juvenil en la acción climática y la educación para el desarrollo sostenible. El proyecto reconoce así que la inserción productiva requiere formación, salud, participación y condiciones para desarrollar iniciativas propias. Es así, colegas legisladores, que abrir estos espacios adquiere importancia para que los jóvenes aprendan, adquieran experiencia y puedan avanzar hacia su primer empleo. Considero, y lo he dicho en anteriores debates, nuestra responsabilidad y obligación como legisladores debe ser que un joven encuentre dónde poner en práctica lo que sabe y cómo seguir aprendiendo para que sea un adulto de bien y encuentre su camino con enfoque, disciplina y con la convicción de poder seguir desarrollándose como todo un profesional a futuro.

Gracias, señora Presidenta.

Quiero iniciar mi intervención extendiendo un cordial saludo a los jóvenes de nuestro país que lamentablemente son un sector que está pagando las consecuencias de la indolencia, de la falta de salud, de educación, de trabajo. No es un dato que me lo invento, voy a tratar de, en el contexto, posicionar alguna información. Sin embargo, el día de hoy, en el marco del debate de este proyecto de ley reformatoria, de la ley orgánica de juventudes, quiero felicitar a la comisión y ojalá, de entrada quería decirle, ojalá no le pase lo mismo que a la ley orgánica para garantizar los derechos y promover el empoderamiento de las mujeres rurales.

Esta es una ley que, de entrada, tiene un enfoque para garantizar los derechos de los jóvenes en nuestro país. Me siento orgulloso también de haber presentado varios proyectos de ley que hoy han sido recogidos en una gran parte en este informe y que, sin duda alguna, poder trasladarlos y poder tener la posibilidad de debatirlos. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de hablar, por ejemplo, del establecimiento de la cuota de empleo juvenil en el sector privado? Un tema sumamente importante. La participación estatal para el aporte patronal del IES.

La reducción de las tarifas en transporte urbano interprovincial para los jóvenes estudiantes. La participación de las organizaciones juveniles. Y esto es sumamente importante en la construcción de la política pública. El acceso a la conectividad digital y el reconocimiento a las prácticas preprofesionales como experiencia laboral válida. Creo yo que estos son temas que nos abren las puertas a los jóvenes, abre las puertas a los jóvenes para salir de esas puertas cerradas que el adultocentrismo mantenía. Pero, sin duda alguna, hay que hablar de datos y de cifras.

581 mil 046 jóvenes ecuatorianos entre 15 y 24 años de edad ni estudian ni trabajan en el Ecuador. Creo yo que esta responsabilidad que desde la Asamblea Nacional tenemos es sumamente importante ante la ausencia y el vacío de un gobierno que pueda darle una respuesta a los jóvenes. Que ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho el Ejecutivo? Aquí han hablado muchos sobre el tema del plan temporal de jóvenes en acción. Y quiero solo darles un dato. Creo yo que el pretender posicionar una narrativa de reactivación económica mediante propaganda y programas como este, es un error.

Es un error que se traduce en un tiempo y un espacio reducido, que no resuelve un problema estructural que tienen los jóvenes en nuestro país. Estamos hablando de la salud, de la educación, de la posibilidad del trabajo, como he señalado. Y yo ahí quiero también decirles a los jóvenes que no se dejen engañar. Solo les voy a dar un dato. El cronograma oficial para este programa, adivinen el primer pago, ¿cuándo se va a hacer? El 30 de octubre, o sea, ahora. Y el segundo desembolso, por casualidad, se va a hacer dos días antes, dos días antes de que se cierre el proceso electoral de las votaciones.

Esto es el 27 de noviembre. Es lamentable que se utilice estas herramientas que se tratan de posicionar como una herramienta política electoral que además se va a extinguir, como pasó anteriormente, este 31 de diciembre. Frente a esto, quiero ratificar mi respaldo al trabajo realizado por la comisión, pero también quiero hacer algunos aportes que en los proyectos de ley que presenté no han sido recogidos y aspiro que lo analicen los compañeros. Primero, la estabilidad frente a la informalidad, y esto es sustancial, frente a un gobierno que nos habla de bonos temporales en campaña electoral, hablar de la estabilidad frente a la informalidad es sumamente importante.

Es una respuesta real como política pública dentro de una norma que puede canalizar una solución estructural. Y ahí, por ejemplo, hablar de las pasantías que deben tener un límite estricto entre tres y seis meses, proponemos que si las pasantías se prolongan por más de seis meses, el empleador esté obligado por ley a otorgar un contrato indefinido sin periodo de prueba. Segundo, la jornada flexible y los derechos plenos. Ahí, quiero señalar en forma expresa que exigimos una jornada de cuatro a seis horas diarias con prohibición expresa de horas suplementarias, garantizando permisos académicos, porque es fundamental que esta solución también sea parte o una solución integral con el tema de salud.

Todo pasante debe recibir una retribución económica proporcional justa basada en el salario básico y su obligación, la obligación y la obligatoriedad de su afiliación al Seguro Social. La tercera, cuotas obligatorias. Las instituciones públicas también deben vincular obligatoriamente un porcentaje de pasantes, que a mi criterio no podría ser menos del 30 por ciento, desde los 50 trabajadores o más, y desde el ente rector del trabajo se deben incrementar. Algo que hemos planteado y que nos parece fundamental, que es el sello empleo joven como un incentivo al sector público y privado para el compromiso con el trabajo a los jóvenes.

Colegas asambleístas, creo que es sumamente importante señalar también que los ministerios ahora están llenos de planes que se han quedado en las gavetas, sin recursos y lamentablemente sin la posibilidad de resolver este problema grave. Nuevamente, quiero felicitar a los compañeros de la Comisión de Garantías Constitucionales por este informe y nuevamente, como decía al inicio, aspiro que este proyecto de ley no corra la misma suerte que la ley orgánica para garantizar los derechos y promover el empoderamiento de las mujeres rurales. Y que ojalá sumemos en esta propuesta para poder garantizar los derechos de esos más de 500 mil jóvenes que ni trabajan ni estudian en este momento.

Muchísimas gracias, señorita Presidenta.

Presidenta, colegas asambleístas, y sí, conversando un ratito sobre ya se viene nuestro feriado en Cuenca, más bien hacerles una invitación a todos los colegas para que vayan a disfrutar de nuestras fiestas de independencia, sobre todo quienes podemos caminar con la conciencia tranquila, que no tenemos que huir a México, que no tenemos que andar ocultando nuestro patrimonio, que no nos allanan, en fin, invitados todos a Cuenca, colegas. Y ahora sí, en materia de fondo, primero sumarme a las propuestas de todos los compañeros legisladores, este tema sí era fundamental.

Muchas de ellas que, de hecho, las habíamos conversado antes de este pleno y que se encuentran presentándose ya por parte de los diferentes asambleístas en la comisión respectiva. Es irónico lo que pasa en la Asamblea Nacional y en este pleno. Hace no... ¿qué será? Media hora que acabamos del punto anterior hablando sobre empleo y ahora tratamos sobre la ley de empleo. ¡Qué ironía! Se abstuvieron en el punto anterior. Es increíble, pero cierto. Al contrario de lo que ustedes hacen, yo sí voy a presentar un aporte porque es indispensable unir este punto con el anterior.

Yo sí voy a pedir, y lo haré llegar por escrito, para que no solamente nuestras recicladoras y nuestras hormiguitas chúas de Cuenca y las de todo el país tengan opción de beneficiarse de esta ley en todo lo que se establece en cuanto a privilegios, en todo lo que se establece en cuanto a incentivos. De 18 a 29 años, pero también las hijas e hijos de nuestras recicladoras y nuestras hormiguitas chúas de base. Ojalá no se vayan a abstener de recibirme los aportes. Irónicamente, el artículo 10 de este proyecto dice así textualmente.

Evitar toda forma de discriminación. ¡Qué fácil, colegas que han propuesto esto! ¡Qué fácil es decirlo, no? Pero qué difícil ponerlo en práctica. O más bien dicho, qué fácil ha sido para ustedes abstenerse como siempre. Ojalá, insisto nuevamente, colegas asambleístas, que los aportes que se presenten desde esta curul no sean también motivo de abstención, porque yo sí voy a proponer lo que ustedes acaban de escuchar. En buena hora, Presidenta, y los aportes que se han presentado por parte de la bancada que se hagan realidad en esta comisión.

Muchísimas gracias, colegas asambleístas. ¡Gracias!

Una vez que ha finalizado el debate, se dispone que el proyecto de ley retome a la comisión pertinente para la elaboración del informe para segundo debate. Señor secretario, siguiente punto del orden del día.

Se abre el debate. Tiene la palabra el asambleísta Javier Ordóñez.

En noviembre del 2025 las autoridades encontraron una planta clandestina, o sea, una planta ilegal de procesamiento de oro dentro de una vivienda en Calderón, en plena zona urbana, cerca de tiendas, cerca de farmacias, cerca de iglesias, cerca de una escuela. Las investigaciones determinan que inclusive podría ser material aurífero proveniente de fuentes de extracción cercanas, según las autoridades, es decir, el distrito metropolitano de Quito y sus alrededores. Y durante el 2026 los antecedentes más bien empeoran. En marzo, dos operativos en el sector de la Armenia, vía Calakalí, permitieron encontrar 571 sacos de material aurífero.

Once personas fueron detenidas durante el primer operativo. Y nuevamente, ¿de dónde creen que provenía este material extraído? Y aunque el municipio, en mayo, salió a decir que 151 mil hectáreas del Chocó Andino contaban con monitoreo permanente de tipo ambiental, adivinen qué. Resulta que en agosto, en pacto, junto al río Chirape, una intervención militar va y localiza tres campamentos de minería ilegal, dos retroexcavadoras, ocho motobombas y 275 galones de combustible. Y lo más grave, inteligencia militar informa que de esas instalaciones se generaban recursos para los lobos.

Sí, señores, escúchense bien, el temible GDO llamado los lobos. Por ello, el 28 de julio del 2026, la UAFE, Unidad de Análisis Financiero, Económico, informó sobre una investigación de presunto lavado de activos relacionados con minería ilegal en Quito, en el distrito metropolitano. Y sobre todo, relacionado con este grupo delincuencial. Esto nos conduce a un aspecto que no es especulación. Esto es una lucha, y es una lucha, como lo dije en el pleno anterior, entre Quito y la mafia. Y aunque la investigación penal le corresponde a Fiscalía, el control tiene autoridades competentes.

Todos, escúchense bien, todos los entes involucrados deben estar llamados en esta fiscalización que voy a proponer. En el caso del municipio, éste debe responder por su obligación y por sus omisiones en el control del suelo, establecimientos y explotación de áridos y pétreos, y todo lo que se le relaciona. Inclusive, en temas de la circulación de volquetas que mencioné al inicio, muchas sin matrícula, muchas sin revisión técnica, muchas con otras anomalías, como por ejemplo, el que nadie tiene la certeza de lo que realmente están llevando cuando transportan material.

Y aquí hay otro aspecto que no podemos dejar de lado, el daño ambiental. Cuando hablamos de esta minería ilegal, no estamos hablando únicamente de las máquinas, de los sacos de material, de lo que extraen, del combustible, o del mismo dinero que financia el crimen organizado en el Ecuador. Estamos hablando también de ríos, de quebradas, de fuentes de agua, de suelos, de bosques y comunidades que pueden terminar pagando las consecuencias de esto. ¿Quién verifica si las actividades ilegales extractivas están afectando las fuentes de agua? ¿Quién? ¿Quién verifica o quién determina si existe contaminación?

¿Quién comprueba si se cumplen las medidas de prevención, de reparación y de remediación ambiental? Si ni siquiera se ha podido hacer que respeten un sello de clausura. Estoy seguro que quienes en otros plenos, en otra ciudad, defendieron a ultranza a Quinsacocha, bajo ninguna circunstancia se pueden oponer a un pedido como este. Eso sería doble moral y creo que eso no va a pasar. Falta de una verdadera responsabilidad con el medio ambiente, más aún si la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce este derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano.

Y cuando una explotación es clausurada, ¿quién verifica que no vuelva a operar? Ya lo vimos, no pudieron. ¿Quién controla que los sellos no sean retirados como ya pasó? ¿Quién comprueba que el daño ambiental no continúe después de una intervención? Les he demostrado, queridos compañeros, el ente competente no está cumpliendo la función a cabalidad. Con tantos indicios de actividades de minería ilegal, con tantos indicios de extracción ilícita de recursos no renovables, que son propiedad de todo el pueblo ecuatoriano según la Constitución, y no solamente de la ciudad de Quito o solamente de un alcalde, sino de todos los ecuatorianos.

Y con tantos indicios de generación de grandes ingresos y capitales para organizaciones criminales que tienen al país en la cuerda floja, es obligación de esta Asamblea Nacional actuar. Y por ello necesitamos información verificable y, sobre todo, que sea responsable y claramente determinada. No podemos aceptar que frente a antecedentes de esta gravedad las excusas busquen impunidad. Y quiero decirles a quienes pensarían en votar en contra, voten a favor, fiscalicemos juntos, demuestren que estamos equivocados, demuestren que no es así. Vamos, háganlo, demuéstrenle al país si es que hay o no hay compromiso, o con quién hay compromiso.

Finalmente, señora Presidente, solicito que cuando usted considere pertinente, se tome votación para que sea la Comisión Permanente de Seguridad quien inicie un proceso de fiscalización serio, responsable, junto a quienes quieran participar, porque esta votación de hoy va a determinar quién está con Quito y quién está con la mafia. Gracias, señora Presidente.

la secretaría. Señores asambleístas, ¿tiene apoyo la moción? Señora secretaria de lectura de la moción presentada y tome votación.

Así que sí existen puntos adicionales en el orden del día.