🕒 0:00 Segundo Manuel Choro Duchi (100%)

la palabra al asambleísta Manuel Choro. Señora presidenta, compañeros y compañeras asambleístas, ciudadanos que nos escuchan expresar un profundo saludo a cada uno de ustedes. Permítanme comenzar con una certeza que creo que compartimos quienes estamos en este pleno. El dolor emocional de un niño no entiende los colores políticos ni espera que nos pongamos de acuerdo. Avanza mientras nosotros debatimos. Las cifras oficiales son contundentes según la Organización Panamericana de Salud. La tasa de suicidios en adolescentes ecuatorianos de 10 a 19 años es de 7.5 por cada 100 mil habitantes, frente a 4.7 en Colombia y 1.1 en Perú. No hablamos de estadísticas abstractas, hablamos de vidas tempranas perdidas, cada uno con un hombre, con una familia y con un proyecto que no pudo cumplirse. Frente a esta realidad, la Constitución no nos deja espacios para la duda. El artículo 44 consagra el principio del interés superior del niño. El artículo 32 reconoce la salud, incluida la salud mental, como derecho. Y el artículo 45 ordena proteger su integridad física, psicológica y emocional. Legislar esta materia no es una opción política, es el cumplimiento de un mandato constitucional que llevamos demasiado tiempo postergado. En territorios como la provincia del Cañar, este problema tiene un rostro muy concreto. Según el Banco Central del Ecuador, Cañar es una de las cuatro provincias que concentra el 72.7 por ciento de las remesas que ingresan al país. Y nuestros cantones, Suscal, El Tambo, Biblián y Cañar se ubica año tras año entre los de mayor recepción per cápita del Ecuador. Esas cifras no son un logro económico, son la medida silenciosa del costo humano de nuestras familias, divididas por migración y de una niñez que crece aprendiendo a extrañar. A esa herida se suma una brecha que atraviesa el país. Nuestras zonas rurales no cuentan con psicólogos suficientes en las escuelas ni con rutas claras de atención. La salud mental sigue siendo en la práctica un derecho negado a los sectores más vulnerables, lo que contradice el principio de igualdad que mantiene el artículo 11 de nuestra Constitución. Este proyecto de ley cambia la lógica con la que el Estado ha atendido este tema. Pasa de la reacción a la prevención, incorpora la psicoeducación en las mallas de las unidades educativas, articula al código de la niñez y de la adolescencia con la ley orgánica de la salud mental y suma una mirada integral, comunitaria e intercultural. Reconozco con honestidad que este texto se puede perfeccionar. Hay que delimitar el rol de los practicantes de psicología, precisar las fuentes de financiamiento y evitar la duplicidad. Pero esas mejoras técnicas no pueden detener una respuesta que nuestra niñez espera desde hace demasiado tiempo. Legislar implica asumir responsabilidades y hoy esa responsabilidad es avanzar. Compañeras y compañeros, este debate es profundamente humano. Detrás de esta propuesta normativa existe un niño, una niña que hoy carga un silencio, un peso que ningún adulto podría sostener. Por eso, compañeras y compañeros, proteger la salud mental de la niñez y de la adolescencia no es una obligación jurídica, es una responsabilidad con el futuro del país. Muchas gracias, señora presidenta.