Muchas gracias, señor presidente, colegas asambleístas, ciudadanía del Ecuador. Quiero iniciar esta intervención diciéndole al asambleísta Serrano que efectivamente tiene toda la razón cuando se refiere a que los usuarios del sistema financiero terminan siendo perjudicados. Hemos sacado cuentas rápidamente y hemos visto que no es cualquier monto menor el que la banca perjudica a los usuarios. Son millones de dólares porque son miles y miles de usuarios. Nosotros desde la Asamblea Nacional difícilmente podemos permitir que eso suceda, difícilmente podemos permitir que se perjudique a miles y miles de ciudadanos ecuatorianos. No lo vamos a hacer, no vamos a dejar que esto tenga esa ruta, tengo ese camino. Por eso quiero felicitar a mi compañera Nathalie Farinango por traer al Pleno este tema que es importantísimo para la colectividad, importantísimo para la ciudadanía. Este proyecto de ley responde a un objetivo innegociable, poner a los ciudadanos por encima de cualquier interés. Nuestra gestión sigue una hoja de ruta clara y comprometida. Tras haber aprobado la ley de educación financiera para brindar herramientas a los hogares, emprendimientos y jóvenes, hoy debatimos un complemento indispensable. Porque cuando hablamos del sistema financiero no estamos hablando únicamente de bancos, tasas, contratos o números. Estamos hablando de seres humanos, de familias que buscan salir adelante, de jóvenes que persiguen sus sueños a través de llegar a créditos. Y que ciudadanos muchas veces deben firmar documentos sin entender cuánto, por qué o bajo qué condiciones van a pagar. Por esta razón, compañeros asambleístas, es imprescindible establecer las reglas de juego claras. Que generen seguridad jurídica y obliguen a las entidades financieras a transparentar los créditos. Ningún ciudadano puede aceptar que los costos reales de una deuda le sean ocultados antes de firmar esta documentación. La claridad no es una concesión de la banca, es un derecho que tenemos todos los usuarios. Y estamos aquí para equilibrar la balanza y acabar con la vulnerabilidad que provocan las letras pequeñas en contratos interminables. Con esta normativa prohibimos de manera tajante el anatocismo. Basta ya del cobro ilegal de intereses sobre intereses. Además, dejamos sentado que los intereses de mora deben calcularse únicamente sobre las cuotas vencidas e impagas. Jamás sobre el capital que aún no ha vencido. No podemos permitir que las familias ecuatorianas sean ahogadas financieramente en sus momentos más difíciles. Ningún ciudadano bajo ningún concepto puede aceptar que los costos reales de una obligación financiera no sea comunicada de manera clara y transparente, previo a contraer su obligación. Y es importante que las tasas de interés, los costos asociados y entender de manera absolutamente clara cuánto corresponde a capital y cuánto corresponde a intereses. Esto con el objetivo de que el ciudadano pueda entender, comparar y decidir con información real. ¿Cuál de todas las opciones es la más adecuada para la realidad de su economía personal, empresarial o familiar? Y generar confianza, mejorar la competencia y proteger las dos partes. Que quede claro, esto no busca obstaculizar al sistema financiero, al sector financiero. Busca justicia. Se trata de que quien debe pagar, pague. Pero quien cobra, lo haga de manera justa y transparente. Un mercado financiero equilibrado genera confianza. Y la confianza es el motor que permitirá crecer a los emprendedores y a las pequeñas empresas que muevan y que mueven nuestra economía. Colegas asambleístas y pueblo del Ecuador, el discurso cualquiera arma retóricas para vender humo y vivir del cuento diario. Nosotros estamos aquí para legislar sobre las realidades del día a día con soluciones auténticas. Mi palabra, señor presidente. Gracias, asambleísta.