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Brígida Lucía Pozo Moreta (100%)
Gracias, señora presidenta, compañeros asambleístas, a la ciudadanía que nos escucha. Bueno, ya lo han dicho mis compañeros legisladores, realmente acogernos al Tratado de Comercio de Armas, más allá de ser un tema de cooperación internacional, ahora es nuestra responsabilidad como legisladores. El comercio de armas desde hace décadas ha sido uno de los negocios más lucrativos del mundo y uno de los menos regulados, y esta combinación ha venido alimentando la violencia, el conflicto, el crimen organizado. El Estado ecuatoriano ha tomado acción, activó el procedimiento correcto, la Corte Constitucional dentro del ámbito de sus competencias hizo lo propio, revisó, analizó la propuesta y emitió ya su dictamen que se convierte en un precedente vinculante para que hoy, en calidad de asambleístas, nosotros podamos activar nuestro mecanismo de legislación. De acuerdo al dictamen de la Corte Constitucional 5-25-TI-25, de 2 de octubre del 2025, la Corte constata que los artículos 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 14 del Tratado implican la obligación del Estado ecuatoriano de adecuar su normativa interna para cumplir con las obligaciones internacionales que se contraerán. ¿Qué quiere decir, compañeros legisladores? Que hoy no estamos únicamente tratando el adherirnos al Tratado sobre Comercio de Armas, sino asumir la responsabilidad de legislar y reformar la normativa vigente en función de lo que determina el Tratado de Comercio de Armas. Y bueno, esto implica que nos comprometemos también a trabajar por nuestro pueblo, por la ciudadanía, para mantener un control regulado, homologado, con estándares que nos permitan obtener cooperación internacional, transferencia de información para evitar que el crimen organizado siga aprovechando estas brechas, siga creciendo, permeando en nuestras líneas de frontera. Y hoy hablo como asambleísta de la provincia del Carchi, porque esto también beneficia directamente a nuestra sentinela norteña y al otro lado también de la frontera ecuatoriana. En el caso de la línea fronteriza con Colombia, el hermano país ya aprobó su Tratado de Comercio de Armas, el cual fue presentado en octubre del 2024 y ya entró en vigor. Entonces, para nosotros es una oportunidad de poder acoger este tratado, fortalecer la seguridad y que dentro de esta legislación se pueda actualizar, se pueda frenar los vacíos que cuentan el tema de regulación de tratados, perdón, de comercialización de armas. ¿Qué es lo que queremos nosotros, compañeros legisladores? Honrar el trabajo que ha realizado el Ejecutivo, el Estado ecuatoriano. La Corte Constitucional también ha emitido un dictamen con dos puntos importantísimos que no requieren en este momento una interpretación política. Los dos puntos más importantes sobre los que se pronunció la Corte Constitucional es que el Tratado de Comercio de Armas es constitucional en su forma y en su contenido. No nos estamos nosotros enfrentando a un tema de inconstitucionalidad porque ya tenemos un dictamen de la Corte. Y el trabajo exige adecuar la normativa interna. Entonces, les invito, compañeros legisladores, a que seamos coherentes con la necesidad que tiene nuestro país de fortalecer la cooperación. Recuerden que el Tratado también determina que, por sobre todas las cosas, está la soberanía que tenemos como ecuatorianos para habilitar un régimen, una regulación con estándares de cooperación internacional, pero siempre prevaleciendo nuestra soberanía, nuestra realidad como ecuatorianos. Así que vamos a enfrentar al crimen organizado, fortaleciendo las herramientas jurídicas que nos habilita la normativa legal vigente. Vamos a trabajar ahora la etapa que nos corresponde de legislar en función de promover una regulación coherente en el Tratado de Comercio de Armas. Mi palabra, señora Presidenta.