🕒 0:00 Jhajaira Estefanía Urresta Guzmán (75%)

Gracias, señor presidente. Un fuerte abrazo para el pueblo ecuatoriano, para los señores legisladores. Señores legisladores, sin ánimo de ninguna ofensa, voy a actuar de manera técnica. Dentro de los documentos que la Comisión de Seguridad ha tomado lectura justamente en esta ley, hemos tomado también lectura del acuerdo ministerial del 2016, quien lo firma, y obviamente para hacer una línea del tiempo aquí en el Pleno de la Asamblea, para el pleno conocimiento de absolutamente todos qué es lo que ocurre. Lamentablemente el día de hoy hemos escuchado frases como fractura del sistema, no es un vacío legal, señores asambleístas, lamentablemente este proyecto de ley es una vergüenza académica. Iniciando desde el título, en donde se expone que es una ley que aparentemente no representa cargo sobre la Constitución. Y aquí me voy a referir. Tiene ocho infracciones legislativas, señores asambleístas. No estamos hablando de temas que se pueden subsanar por mal mecanismo de forma. No, hablamos de infracciones legislativas. Ocho en su totalidad. Este proyecto de ley es claro que lamentablemente no tuvo una lectura, no tuvo un acompañamiento, ni tampoco tuvo una asesoría jurídica. Lamentablemente, señores asambleístas, nuestro trabajo dentro de la primera función del Estado conlleva una responsabilidad superior no solamente en el tema legislativo, sino también académico, en el tema jurídico y constitucional. Pues bien, se nos plantea que es una ley interpretativa y desde ahí ya está la infracción dentro de esta lamentable ley. En realidad no interpreta absolutamente nada, cambia en forma y en fondo lo que lamentablemente ya estaba dentro de un acuerdo ministerial. Lo que hace es modificar la norma, ampliar beneficiarios y crear nuevos efectivos jurídicos. Es decir, estamos frente a una reforma encubierta, debería llamarse de esta manera. Y es inaceptable que dentro de la técnica legislativa y dentro del Parlamento ecuatoriano tengamos que incluso modificar los títulos para que pase y que esté aquí una ley que no interpreta absolutamente nada. Lo más grave es su desnaturalización y sobre todo el hecho de la inconstitucionalidad a tres artículos de la Constitución del Estado. Es importante, señores asambleístas, les voy a dar aquí una línea del tiempo para que se vea y se verifique que no es un tema antojadizo político. Lamentablemente la historia y la línea del tiempo ha marcado este lamentable hecho el día de hoy que se ha solicitado y el archivo. Primero, esto tuvo una iniciativa ministerial el 30 de septiembre del 2010. Se concluye esta iniciativa en el 2016 y lamentablemente bajo la firma del hoy asambleísta Ricardo Patiño, ex ministro de Defensa. El acuerdo ministerial MDT-2016-0144 emitido en el año 2016 mediante el cual suprime y regula determinados beneficios relacionados con las compensaciones y desvinculaciones del personal militar, es justamente en este año donde se identifica y se define un nuevo marco administrativo que posteriormente se aplica en otros casos. Por lo que estamos frente no solamente a un vacío normativo, señores asambleístas, sino que también perjudica y hace omisión al Estado ecuatoriano frente a decisiones adoptadas lamentablemente que consolidaron un régimen jurídico en el momento que se firmó en el año 2016. Sin embargo, con la publicación de esta Ley Orgánica de Personal de la Disciplina y Fuerzas Armadas, el 24 de enero del 2023 se retoma justamente esta declaratoria y se incorpora nuevamente a una disposición general undécima el derecho del beneficiario económico desvinculado con el personal militar, lo cual es beneficioso y queda vigente no solamente a partir de la enreda en vigencia de la nueva ley. Aquí quiero, señores asambleístas, topar otro tema enteramente jurídico. El principio de irretroactividad absolutamente a todas las normas acoge. Así que las situaciones jurídicas que ya se consolidaron bajo una norma vigente en su momento, bajo firma ministerial del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Trabajo, que lamento mucho al mencionar el nombre de a quien aprecio mucho, pero en su momento fue el ministro de Trabajo y también este documento reposa con ese registro, es de Leonardo Berresueta. También se habla de una realidad que genera desigualdad. Señores asambleístas, no es así. Esto es un tema técnico, es un tema jurídico y legal. Se escoge a un grupo en específico en el tiempo y se da tratamiento distinto, sin justificación jurídica válida. La igualdad no es tratar distinto a conveniencia, señores asambleístas, es respetar las condiciones jurídicas reales en todo caso y vuelvo a repetir. Se firma en el 2016, hay justamente este lapso de tiempo en donde lamentablemente personal militar fue afectado y en el 2023 se vuelve a retomar el tema con un tema desde el Ejecutivo, tal cual la norma lo identifica y se lo responde. Colegas, aquí hay que decir las cosas como son. Este proyecto, aunque puede tener una intención aparentemente legítima, jurídicamente no es viable, físicamente es irresponsable y políticamente es absolutamente peligroso. Aprobarlo sería, señores asambleístas, señor presidente, abrir una puerta al que mañana cualquier grupo exija beneficios retroactivos que se va a incumplir la norma, poniendo en riesgo la sostenibilidad del Estado, el orden jurídico y sobre todo la constitución del Estado que absolutamente todos respetamos. Aquí también se generan falsas expectativas a nuestras Fuerzas Armadas, a las cuales les abrazo y me solidarizo con ellos, porque ellos ahora son víctimas justamente de este tipo de proyectos irresponsables presentados aquí. Por tal, la política no puede basarse en ofrecer cosas que nosotros no pueden, no podemos cumplir. Segundo, que nosotros no podemos integrar nuevos beneficios económicos en ninguna ley y tercero, que tenemos que respetar lo que lamentablemente otros gobiernos, otros ministros, han firmado bajo aparentes mesas técnicas ejecutadas. Por tal, legislar tiene que ser un derecho realmente de altura. Legislar tiene que llevar una responsabilidad total y sobre todo con quienes, con los demandantes que es del pueblo ecuatoriano. Concluyo, señor presidente. No podemos confiar, señores asambleístas, en proyectos que quieran lavar la cara de quienes lamentablemente lo hicieron. No lo sé si a falta de conocimiento o qué es lo que pasó, porque vuelvo y reitero, hay una línea del tiempo. Yo sorpresa, la línea del tiempo inicia en el año 2010, en fecha 30 de septiembre. Concluye en el 2016 bajo la firma del señor asambleísta Ricardo Patiño y de un gran amigo Leonardo Berresueta, quien era ministro de trabajo en su entonces y obviamente que si hay la firma de dos ministros es porque las mesas técnicas se lo hicieron. Ahora nosotros tenemos que respetar la norma, tenemos que tener el principio de la no retroactividad, obviamente, y tener la responsabilidad legítima de legislar acuerdo a la constitución del estado sin violar ocho normas y ocho artículos de la constitución. Con ello concluyo. Gracias, señor presidente.