🕒 0:07
Valentina Centeno Arteaga (100%)
Gracias Presidente, colegas asambleístas. El día de hoy hemos venido a debatir sobre un proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial que principalmente lo que plantea es una forma eficiente de distribución de los recursos públicos, los recursos de la gente, por parte de los municipios y de las prefecturas. Y esta regla que está vigente desde el 2011 establece que el 70% del total del presupuesto de los municipios y prefecturas debe invertirse en obra pública, en infraestructura y en servicios básicos. En atención al cumplimiento de la competencia exclusiva que tienen los municipios y las prefecturas de acuerdo a lo que establece la Constitución para atender los servicios básicos y las necesidades prioritarias de los ciudadanos. Y el 30% restante debe invertirse en gasto corriente. Entiéndase cómo, roles de pago, funcionarios, entretenimiento y demás gastos. Esto responde a una lógica de eficiencia, responde además a una lógica de justicia social con la ciudadanía. Para que primero se prioricen las necesidades básicas de agua potable, líquido vital, alcantarillado y luego el gasto corriente, como dije, el pago de funcionarios y de sueldos. Y la verdad es que existe una realidad que muchos alcaldes y prefectos de nuestro país, no todos, pero muchos de ellos no quieren contar. Primero hablemos de agua potable. En el Ecuador todavía tenemos cerca de 4 millones de habitantes, 4 millones de ecuatorianos que no tienen acceso al líquido vital. Y esta es una realidad completamente grave que sobre todo afecta a las poblaciones más vulnerables. Y lo voy a decir el día de hoy, cómo esto ha afectado a la desnutrición crónica infantil de nuestras niñas y nuestros niños. Pero antes de hablar de la falta de agua potable, además, quienes sí recibimos agua, quiero que ustedes sepan que de acuerdo a la Agencia de Regulación y Control, el 71% de la población en este país recibe agua de baja calidad. Eso quiere decir que 12 millones de ecuatorianos al día de hoy recibimos agua no potable en nuestras llaves, en nuestros hogares. Eso significa que los alcaldes están fallándole a 12 millones de ecuatorianos al incumplir con su responsabilidad de dotar de agua potable, agua limpia, agua libre de contaminación. Y ahora hablemos de las cifras de esta provincia en la que nos encontramos sesionando el día de hoy, de la provincia de Guayas, cantones como Alfredo Vaquerizo Moreno, en Guayas, con 25.000 habitantes. 17.000 no tienen acceso a agua por parte del municipio. Eso significa el 72% de la población del cantón. Durán, 303.000 habitantes. 126.000 de ellos no tienen acceso a agua potable. Eso significa el 42%. La mitad de la población de Durán todavía en pleno 2026 no tiene agua por parte del municipio. Salitre, 68% no tiene acceso a agua. Simón Bolívar, 50% no tiene acceso a agua. Y así me puedo quedar horas hablando solo de la provincia de Guayas. Mi provincia, ni qué les cuento. Cantones como El Medo, en el norte de Manaví, de 10.000 habitantes, 8.000 no tienen agua. El 80% de la población. Paján, un cantón en el sur de Manaví, 78% no tiene agua. Esmeraldas, lo mismo se repite. En cantones como El Hoy Alfaro, Río Verde, Puerto Quito, 50% de la población no tiene agua por parte del municipio. Y en la Amazonía los datos son aún más alarmantes. Ahora hablemos de alcantarillado, otra de las competencias exclusivas de los municipios. 58.9% de los ecuatorianos no tienen alcantarillado. Uno de cada dos ecuatorianos no tenemos alcantarillado. Eso significa que uno de cada dos ecuatorianos tiene agua en posada, agua en las calles, agua contaminando el suelo y que en época invernal tiene graves inundaciones que afectan al desarrollo de la ciudad. No tener alcantarillado además es un problema de salud pública porque previene enfermedades. Y nuevamente las consecuencias las asumen las niñas y los niños. La desnutrición crónica infantil en nuestro país asciende al 19%. Los cantones más afectados, las provincias más afectadas, Chimborazo, Bolívar, Santa Elena, Guayas, Pichincha. Y voy a dar un dato de la Amazonía. Porque de acuerdo a las cifras que obtuvimos del INEC en la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil, vemos la cantidad de familias que tienen niños de 5 años viviendo en sus hogares que reciben agua contaminada con la bacteria E. coli, que significa desnutrición crónica infantil. Y los porcentajes más alarmantes se registran en Pastaza, Napo, Zamora, Chichipe, Guayana, Santiago. Más del 50% de los hogares con niños de menos de 5 años reciben agua contaminada con la bacteria E. coli. El oro, Bolívar. Y aún así vemos que muchos alcaldes siguen ofreciendo más conciertos, más entretenimiento por millones de dólares. Aquí lo que hablamos es poner en orden las prioridades. Y voy a hablar de las competencias exclusivas, porque es importante diferenciar. La Constitución establece en el 264 que es competencia exclusiva de los municipios prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos y actividades de saneamiento ambiental, entre otros. Luego, además, se establecen otras competencias que son entendidas como las competencias concurrentes o complementarias a las competencias exclusivas. Y esto se da con una responsabilidad compartida y coordinada, de acuerdo al COTAT, con el gobierno central. Y hoy voy a refrescar un poco la memoria, porque nosotros establecemos que es importante reorganizar, poner orden a cómo se está distribuyendo el recurso público para que el 70% se invierta en obra y en servicios y el 30% se invierta en gasto corriente. Pero bajo ningún supuesto estamos limitando, o en ninguna parte del proyecto, queda prohibida la inversión en infraestructura educativa por parte de los alcaldes. Yo quiero que, por favor, Secretaría, pase un proyecto, una noticia periodística del 2013. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!
🕒 8:00
Valentina Centeno Arteaga (100%)
En el 2013, de acuerdo al telégrafo, dice la noticia que el ministro de Educación de la época, Augusto Espinosa, se reunía con cinco delegados de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Para qué? Para analizar el estado de la infraestructura educativa. Y el secretario de Estado en esa época, en el 2013, le recuerda a los alcaldes que está prohibido que gestionen o inviertan en educación. Ya que eso es competencia del estado central y ya no de las entidades seccionales. Otra nota del 2013 dice, el Ministerio de Educación pide a Cabildos transferir fondos para obras. No solo estaba prohibido para los alcaldes que inviertan en infraestructura educativa, sino que además les decían, si usted quiere invertir en una escuela, tiene que pasarme la plata a mí, como gobierno central, y yo puedo invertir en esa obra de educación. Eso es vulneración a la autonomía. Eso es una vulneración realmente a la descentralización. Yo me pregunto dónde estaba la prefecta de Pichincha, Paula Pagón, en esa época, cuando se establecían ese nivel de prohibiciones a los alcaldes, para que no inviertan en infraestructura educativa. Era asambleísta, miembro de la comisión de GATS, de gobiernos autónomos descentralizados. ¿Y dónde estaba el alcalde de Pagón, en esa época, cuando se prohibía a los municipios invertir en educación? Era secretario nacional de planificación, además presidente del consejo de competencias, que regula justamente las competencias concurrentes de los municipios. Aquí nosotros no hemos venido a prohibirle la inversión en educación, ni en salud, ni en programas sociales a nadie, como sí lo hacían ustedes en el 2013. Nosotros lo que decimos es que si quieren invertir, inviertan de manera eficiente. 70% en obras públicas, sin beneficios y precios.
🕒 10:21
Valentina Centeno Arteaga (100%)
excesivo tienen muchos municipios. Porque como digo, esta norma no es una norma nueva, existe desde el 2011. El problema es que nadie la ha cumplido. De acuerdo a los reportes del Ministerio de Economía y Finanzas, los municipios en su generalidad invierten el 64% de su presupuesto en gasto corriente. Y ya he dicho en el primer debate, el ranking de municipios que más invierten en gasto corriente, que invierten hasta el 180% de su presupuesto en gasto corriente. Esta es la injusticia que queremos cambiar. Solo que en el 2024 los GATs destinaron 953 millones de dólares para gasto corriente. Mil millones de dólares en el 2024 para sostener estructuras burocráticas. Aquí nadie cuestiona el trabajo de los funcionarios honestos que hacen su trabajo y cumplen su deber. Aquí lo que estamos cuestionando es una dimensión de gasto corriente frente realmente a la realidad que vive nuestro país. Cuando hay comunidades que no tienen agua potable, cuando hay barrios que viven entre aguas hervidas, cuando hay vías destruidas, destinar mil millones de dólares a engrosar estructuras políticas es definitivamente un problema político y moral. Eso no es una prioridad técnica. Y es una señal de que aquí en este país las prioridades están mal ordenadas. Nuevamente, otro dato. Para quienes dicen que se pone en riesgo el trabajo de algunas personas. Quizás tenemos que ver también los sueldos dorados de algunos municipios. El municipio de Quito, un director de comercio, gana 4.300 mensuales. 1.500 dólares. Y son algunos directores que tiene el municipio. Mientras que en el Ministerio de la Producción, un director del mismo rango gana 2.400 dólares. Quizás si sincerizan esos rubros de sueldos, sostener la nómina que dicen que está en riesgo. Sinceran. Tenemos una oportunidad de hacer justicia con el país. Tenemos una oportunidad de corregir la forma en la que se está invirtiendo el gasto público para que se invierta en servicios para la gente, para que se invierta en obra pública. Y creo que la Asamblea debe hacer lo correcto. Debe poner primero al agua, debe poner primero al alcantarillado, debe poner primero al pueblo. Cuando se invierte bien, la dignidad se construye. Y hoy más que nunca, el Ecuador necesita construir un futuro. Muchas gracias.