🕒 0:06 Saadin Alfredo Serrano Valladares (100%)

Señor Presidente, compañeros legisladores, jamás me opondré, ni me opuesto ni me opondré a iniciar procesos de fiscalización porque es nuestra obligación constitucional pero principalmente moral. Vengan de donde vengan. Esa ha sido la línea mía y de nuestro partido. No importa quién lo proponga, hay que darle adelante siempre y cuando esté dentro de las competencias que nos compete como la primera función del Estado. Señor Presidente, yo coincido plenamente con las aseveraciones hechas por el compañero asambleísta Nando. Sin duda alguna se están cometiendo una serie de irregularidades en estos organismos municipales. Por ello es que el gobierno incluso ha intervenido ya dos agencias de tránsito, la de Manta y la de Durán, justamente como consecuencia de todas estas arbitrariedades, actos de corrupción que se cometen allí. Por lo tanto, señor Presidente, al concepto es imposible, puedo ponerse. Hay razón para fiscalizar y obviamente yo siempre estaré de acuerdo con la fiscalización. ¿Cuál es el gran problema que tenemos, compañeros? Es que la Asamblea Nacional no tiene competencia legal ni constitucional para entrar a fiscalizar a los gobiernos autónomos descentralizados. Ese es el gran problema que tenemos. La Constitución de la República, señor Presidente, es clara. Nosotros tenemos facultad para fiscalizar al Ejecutivo, al Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura, a la función de transparencia, a la función electoral. Pero no tenemos la facultad constitucional de fiscalizar a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Por qué? Porque la propia Constitución les da a los gobiernos, a los diferentes niveles del Estado, de gobierno del Estado, les da la facultad de fiscalizar a los cuerpos colegiados. En este caso, la Junta Parroquial, el Consejo Municipal y el Consejo Provincial. A ellos les corresponde la fiscalización. Y claro, les da incluso la Constitución, el artículo 1238, autonomía política a los gobiernos autónomos descentralizados. El COTAF, el Código de Ordenamiento Territorial, va aún más allá. Cuando en el artículo 56 define lo que es un consejo cantonal. Y ahí justamente les dice que es el órgano creado para fiscalizar y legislar. El mismo COTAF, en el artículo 57, le da las atribuciones al Consejo Cantonal. Y el artículo 58 del mismo COTAF, le dice cuáles son las atribuciones de los concejales. Y esa es justamente, aparte de legislar, fiscalizar. Señor Presidente y compañeros legisladores, imagínense en el precedente que sembraríamos esta vez, queriendo intrometernos en las facultades que no nos corresponden a nosotros. Ya vería yo mañana la respuesta de los gobiernos autónomos, no sé, pues pidiendo la comparecencia del municipio de Oña, qué sé yo, pidiendo la comparecencia del Ministro de Salud al Pleno del Consejo. Sí, pues si la Asamblea fiscaliza a los municipios, los municipios también van a querer fiscalizar a la función ejecutiva. Justamente para ello se crea la ley y la Constitución que marca la cancha del accionar que tiene cada una de las funciones del Estado y las atribuciones. Claro, nosotros, por lo tanto, estamos obligados a cumplirlos. Yo sí creo que debe, puede, y más bien le hago esta sugerencia al proponente de este proyecto, que en vez de pedir que se vayan a fiscalizar a las dependencias municipales, que no hay cómo hacerlo, más allá de requerir información, hasta allí pueden llegar, no va a haber respuesta. Más bien pedir, exigir, por las denuncias que yo coincido que ha hecho aquí el asambleísta proponente, que sea la Fiscalía, que sea la Contraloría, que sea la UAFE, la que inicie en estos procesos de fiscalización en esas instituciones, que sea la Agencia Nacional de Tránsito, porque así como intervinieron a Durán, y está bien, y así como intervinieron a Manta, y está bien, también intervengan en otras dependencias municipales que manejan el tránsito. Pero no nos corresponde, señor Presidente, a nosotros fiscalizar a los gobiernos autónomos descentralizados, al menos mientras no cambiemos, mientras está vigente esta Constitución. Y no iniciemos un precedente terrible, señor Presidente y compañeros legisladores. El precedente de que hoy comenzamos nosotros con los municipios, y luego los municipios también van a responder. Y lo otro, si iniciamos este proceso, pensemos que se aprueba este proceso, no nos contestan, no nos responden, y ¿cómo queda la Asamblea Nacional? Seamos eficientes en esto, pero más que nada respetemos la Constitución y la ley. El cariño y consideración que guardo por el asambleísta proponente, me obliga a hacerle esta propuesta. No vayamos por el lado de los gobiernos seccionales, porque no es nuestra competencia. Vayamos por la UAFE, la Fiscalía, la Contraloría, la Agencia Nacional de Tránsito, porque a ellos justamente es a quien corresponde legal y constitucionalmente. Y cuando a nosotros nos corresponda fiscalizar, tenemos que hacerlo. Siempre hemos votado nosotros a favor de los procesos de fiscalización, aunque no se aprueben. Vengan de donde vengan. Esa línea la vamos a seguir manteniendo, pero eso sí, respetando la Constitución y la ley, para que mañana más tarde también nos respeten a nosotros, compañeros. Respetemos para que nos respeten. Y así mañana más tarde no nos veamos en un conflicto de que si la Asamblea fiscaliza a los municipios, de pronto los municipios también van a querer fiscalizar a la Asamblea. Cuidado, siempre hay una línea, y es la línea de los límites que están establecidos en el marco legal vigente. Las líneas de las atribuciones y competencias que tiene cada institución del Estado. Y nosotros, como primera función del Estado, estamos obligados a respetarla. De manera que, ojalá se cambie el proyecto de resolución y se elimine el tema de los gobiernos autónomos, y más bien vayamos por el lado de las instituciones que realmente deberían hacer este tipo de fiscalización. Caso contrario, señor presidente, no podemos respaldar nosotros este proyecto, porque, insisto, estaríamos actuando en contra de nosotros mismos, estaríamos actuando en contra del derecho, y estaríamos actuando lo más importante, en contra del Estado de Derecho. Señor presidente, compañeros legisladores. Gracias. Gracias.