🕒 0:00 Jhajaira Estefanía Urresta Guzmán (75%)

el asamblista Yajaira Urresta. Gracias, señor presidente. Muy buenos días con los señores y señoras legisladores con el pueblo ecuatoriano. Para todo el pueblo ecuatoriano un venturoso y bendecido 2026. Siendo esta mi primera intervención en este 2026, para mí es honroso porque estamos topando un tema que no viene de la visceralidad ni tampoco de antojos políticos. Viene desde la voluntad del pueblo vertida en las urnas en el 2024-21 de abril. Este trámite electoral para nosotros los legisladores es fundamental, preciso y obviamente nos obliga a que pongamos límites, también pongamos estrategias y pongamos aquí dentro de la Casa de la Democracia un tema particular que es la seguridad. Señores legisladores, quiero ser muy puntual. El día de hoy hemos escuchado que el país necesita seguridad, trabajos y otros ejes, pero por favor, seamos organizados. El día de hoy tratamos el tema de la seguridad y a eso nos vamos a referir. Primero. Segundo, quisiera responder ante las observaciones del legislador serrano y manifestarle que el primer debate no debe ser un acto de confusión y obviamente es un acto de discusión en el pleno de la Asamblea que nos permite mejorar, corregir, integrar, fortalecer y obviamente legislar para no imponer ninguna postura, sino que todos los legisladores podamos hablar, así que no podemos molestarnos en el primer debate. Segundo, bien lo ha dicho el asambleísta yumbay, la confusión deliberada no se puede dar aquí en la primera función del Estado y por tal motivo estamos trabajando y estamos haciendo una ley para que las leyes pongan los límites para que no ocurra lo que ha pasado en 2019, 2022 y lamentablemente el paro anterior. Para continuar, la falta de la veracidad, señores asambleístas, de la información y la norma también es un delito, así que los señores asambleístas también tengamos cuidado con ello. El derecho internacional, en las Cortes Internacionales, y me permito iniciar desde ahí, a nosotros nos obliga, señores asambleístas, a colocar el artículo 11 de las prohibiciones acerca de el desarrollo de las actividades dentro de lo ordinario de un patrullaje, dentro de lo que es la policía y el ejército. Segundo, en literal B, el uso de la fuerza letal, salvo estricto, obviamente cumplimiento de los principios de necesidad, proporcionalidad y progresividad. Y aquí, el punto que se ha topado, el punto C, la vigilancia de las manifestaciones pacíficas y protestas sociales, salvo se produzcan violencias calificadas dentro del decreto ejecutivo. Señores asambleístas, lo voy a explicar con conocimiento de causa y también con conocimiento intelectual. Dentro del derecho internacional no se puede eliminar el literal C, porque habemos víctimas que no estuvimos en lugares de conflicto, ni tampoco estuvimos en la quema de la Contraloría, en los estallidos de unidades de vigilancia policial, no estuvimos en las quemas de lo que eran los invernaderos de las Rosas o la toma y la destrucción de pozos petroleros. En particular, mi caso ya está siendo analizado, porque aún no sale de la Corte Nacional, para ser llevado a Corte Internacional porque yo fui una víctima pacífica en lugar no de conflicto. Así que obviamente esto no se puede eliminar porque estaríamos afectando a las víctimas que realmente no estuvieron en lugar de conflicto ni tampoco estuvieron afectando los recursos de nuestro país. Siendo así, siendo muy clara y obviamente objetiva dentro de las manifestaciones dadas el día de hoy, en esta mañana, voy a iniciar. Por eso este proyecto, señores asambleístas, nace no de la improvisación, sino del pedido del pueblo ecuatoriano. Nace del mandato claro de nuestros mandantes, que es el pueblo en su totalidad, más del 70 por ciento de la población, el 21 de abril votó que quería una seguridad no tácita, sino una seguridad vigilada, una seguridad que construya y que esté dentro de la normativa constitucional. Obviamente que esto no libera a la fuerza, sino que la encuadra en una normativa que no habilita el abuso, sino que exige el control, la proporcionalidad y la fiscalización. Digamos con todas sus palabras, señores asambleístas. La Constitución del 2008 no autoriza la militarización de la seguridad ciudadana, autoriza de manera excepcional y bajo estrictas condiciones el apoyo complementario, cuando la realidad supera, obviamente, la normativa, la capacidad ordinaria que tiene el Estado. Y cuando la Constitución habilita, también obliga, obliga a regular, delimitar y controlar. Es un verdadero riesgo para la democracia ecuatoriana que no legislemos sobre el uso de la fuerza. El verdadero riesgo es mirar hacia otro lado y hacernos, perdónenme la palabra, los ciegos, los sordos y los mudos. Es decir, que la excepcionalidad se convierte en una costumbre. Y aquí sí quiero corregirle a la asambleísta Yumbay. No podemos normalizar la violencia, la protesta y siendo parte de ella y naciente de ella, les tengo que decir, la protesta social no es la quema de la contraloría, la protesta social no es la toma de unidades policiales, ni mucho menos atentar contra la vida de los ciudadanos, como también recordemos el pie de esa ciudadana que iba a retirar la medicación de su hija en Otavalo y lamentablemente su pie fue destruido por los manifestantes. Esta ley no crea poderes nuevos, no inventa facultades extraordinarias, ni tampoco da poderes extraordinarios a la fuerza pública como es la policía y el ejército. Hace algo mucho más importante y democrático. Ordena, encuadra, somete, controla la institución y habilita lo existente. Le pone nombre a las responsabilidades por fin. No podemos saltar el encuadre legislativo de poner una ley con nombre y apellido. Le pone plazos de las intervenciones, pone límites por fin a la fuerza para que justo no ocurra lo que pasó con los cuatro niños de las Malvinas. Aquí hay precisamente que regular, poner la seguridad interna, siendo el primer paraguas que ahora a nosotros nos llama aquí a la Asamblea Nacional, siendo una potencia ya para nosotros en este debate. La Policía Nacional y el Ejército Ecuatoriano merecen nuestro respaldo y nuestro respeto porque obviamente es quienes están enfrentando a los delincuentes, ya no solamente a ranchadores, sino extorsionadores, vacunadores, asesinos y que están cobrando la vida de nuestras familias. Estamos legislando no en una torre de marfil, señores asambleístas. Este país atraviesa una crisis de seguridad jamás antes vista, dolorosa, compleja en su totalidad. El crimen organizado ya no solamente desafía al Estado, ha penetrado todos nuestros territorios, ha corroído las instituciones y ha convertido a las cárceles ya en los centros de poder criminal. Negar esta realidad, señores asambleístas, es una falta de respeto a las víctimas y a la sociedad. Pero también sería una traición alta a la patria pensar que la respuesta puede ser un atajo autoritario. La seguridad no se construye al margen de la ley porque o si no se vuelve frágil, efímera y peligrosa. La única seguridad duradera es la que se sostiene con reglas claras, con controles efectivos y una democracia aquí, puesta aquí, en la primera función del Estado. Este proyecto busca un equilibrio, sí, difícil, pero obviamente oportuno, imprescindible. Tenemos que poner procedimientos, define competencias, exige motivaciones, activa controles, garantiza los derechos y obviamente hace un escrutinio constitucional y legislativo en las zonas más oscuras de nuestro país en temas de seguridad. Aquí el Estado de Derecho ya tiene una acción y la acción se llama normativa legal. Se permite también tener una convicción profunda en esta ley y que no va en contra de nadie. Es para todos, a favor de la ciudadanía, para protegerla y obviamente también proteger el accionar de la policía y el ejército. No podemos dar patente de corso a nadie para que asesine a nuestro pueblo, pero tampoco podemos dar patente de corso a la inseguridad, a las mafias organizadas, para que se sigan organizando y que sigan asesinando a nuestro país. Vuelvo y sostengo y con esto concluyo y agradezco la palabra, señor presidente. El espíritu de esta ley no solamente es de forma, sino de fondo. El mandato popular es la responsabilidad democrática de este proyecto y este Pleno de la Asamblea tiene la obligación, señores asambleístas, de debatir. Quienes no estén de acuerdo, de algunos artículos tenemos toda la autoridad para este día decirlo. Estar presentes en las comisiones, porque también esa es nuestra responsabilidad. Y por último, justo en esta aclaración, también decirle al asambleísta Serrano, no es cuestión de decir que es una forma antojadiza que la Comisión de la Seguridad tope el tema de militares y policías. Así lo dice la norma y la ley de la función legislativa. Cada comisión es oportuna y tiene una permanencia en cuanto a sus temas. No podemos dar el tema de policías y militares a GATS, porque estaría totalmente contrario a sus competencias. Así que, señores asambleístas, tampoco demos información negativa. 11 minutos con 20 segundos, asambleísta tiene 20 segundos para terminar su intervención. No podemos dar información impropia al pueblo y decirle, señores asambleístas, cada uno de los artículos tienen que ser pensados no de maneras partidistas, sino de manera ciudadana, familiar y ecuatoriana. Gracias, señor presidente.