🕒 0:16 Sara Noemi Cabrera Chacón (75%)

Gracias presidente, un saludo cordial a todos los legisladores, a mi pueblo querido, a mi pueblo orense, mi saludo fraterno y solidario, que sepan que desde este curul vamos a seguir trabajando por todos los ecuatorianos para tener una mejor calidad de vida. El gobierno nacional ha decidido descargar toda la incapacidad fiscal sobre los territorios y sobre la gente más pobre del país. Nos hablan de sostenibilidad y de eficiencia del gasto público, pero lo que realmente proponen es menos obra pública, menos servicios, menos derechos para los ciudadanos que viven en los barrios, en las parroquias rurales y en los cantones olvidados de nuestra patria. Este proyecto de ley busca reformar profundamente el COTAC, por eso el CAL de manera forzada lo ha calificado como urgente en materia económica sin que jurídicamente responda a una emergencia nacional, sino más bien a una nueva decisión política del gobierno de Daniel Novoa que busca deliberadamente debilitar a los gobiernos locales. Somos claros, señores legisladores, no hay sostenibilidad posible cuando se paraliza la obra pública local, no hay eficiencia cuando se reducen competencias, cuando se imponen restricciones sin alternativas o cuando se pretende gobernar desde la comodidad desconociendo la realidad de los territorios. La verdadera ineficiencia no está en los municipios ni en las prefecturas, está en el gobierno, cuyas decisiones son tomadas sin planificación y sin voluntad de inversión social. Este proyecto de ley no garantiza un solo kilómetro nuevo de vías rurales, no garantiza agua potable ni alcantarillado, no garantiza centros comunitarios, mercados ni infraestructura básica. Al contrario, condena a los gas a la asfixia financiera obligándolos a escoger entre pagar nómina o atender a su gente. ¿Eso es gobernar? No, eso es abandonar al pueblo. Las consecuencias sociales de esta ley son evidentes. Menos obra pública significa menos empleo local, menos dinamización económica, más pobreza y más desigualdad territorial. Significa que las comunidades rurales seguirán esperando años por servicios básicos mientras el gobierno le retira de los territorios, ampliando las brechas de desigualdad social. El desarrollo no se construye recortando presupuestos, se construye invirtiendo, no se construye debilitando a los gobiernos locales, se construye fortaleciendo su autonomía y su capacidad de respuesta. Lo que han hecho últimamente los gobiernos a falta de atención del gobierno nacional en el sistema sanitario, como por ejemplo. Y aquí tocamos la médula de esta reforma que es inconstitucional porque contraviene el artículo 11, numeral 8 de la Constitución, desconociendo el principio de no regresividad de derechos al afectar directamente la prestación de servicios públicos esenciales. Menos inversión significa recortar derechos ya conquistados por la gente. Es inconstitucional porque este proyecto se disfraza de urgente en materia económica sin cumplir requisitos establecidos en el artículo 140 de la Constitución para ser declarado como tal. El presidente de la República, como ya es costumbre, arbitrariamente utiliza esta figura para evitar el debate profundo y democrático que arbitrariamente lo ha venido haciendo. Esta reforma necesita un análisis profundo. Este proyecto también es inconstitucional porque atenta contra el artículo 271 de la Constitución que dispone que los GAT deben recibir al menos el 15% de los ingresos permanentes y no menos del 5% de los ingresos no permanentes del presupuesto general del Estado. De forma predecible, oportuna y automática contraviene además lo dispuesto en el artículo 238 del COTAP, el cual reconoce la autonomía política, administrativa y financiera de los GAT. Y es un proyecto políticamente ilegítimo porque responde a una lógica de centralismo autoritario donde el gobierno de Daniel Novoa pretende controlar los territorios debilitándolos financieramente, castigando la diversidad política y silenciando a las autoridades locales que no se alinean al poder. Este proyecto no busca ordenar el gasto, busca disciplinar políticamente a los GAT, no busca eficiencia, busca subordinación, no busca sostenibilidad, busca que el dinero que falte para generar obra pública lo pague la gente. Les recuerdo asambleística del oficialismo, el pueblo no nos eligió para administrar recortes, nos eligió para defender derechos, nos eligió para cuidar los territorios y nos eligió para poner límites al abuso del poder. La exigencia del cumplimiento estricto puede forzar a los GAT, al desempleo local, a la reducción de programas sociales, al cierre de unidades productivas municipales, agua potable, saneamiento, programas de construcción y mantenimiento de sistemas de agua potable y alcantarillado, que ya son deficitarios en varias zonas rurales y urbanas, salud comunitaria, salud preventiva, atención primaria, que son financiadas por cantones y parroquias ante la ausencia de la cobertura estatal directa. Infraestructura vía local, vialidad rural, urbana, conservación de caminos y puentes que conectan con las comunidades aisladas, servicios sociales básicos, eliminación de centros de atención social para niños, para personas de la tercera edad, para personas con discapacidad, programas de apoyo técnico a microempresas y servicios de educación formal. Las provincias más afectadas, ¿quiénes son? Pastaza, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, Napo, cuyas transferencias estatales representan el 98% del presupuesto. Las provincias de alta ruralidad, como Bolívar, Chimborazo, Cañar, Loja, que tienen un gasto corriente altísimo, derivado de la asistencia rural. Y Chincha y Azuay, en donde han desarrollado programas de atención social, salud, educación y de atención a víctimas, forzando el cierre de estos centros. Estos servicios son críticos y no simplemente obra pública, sino derechos materiales que impactan directamente la calidad de vida de la gente más pobre. Por lo expuesto, necesitamos que el gobierno lo escuche fuerte y claro. No se gobierna ajustando el presupuesto. No se gobierna debilitando los territorios. Y no se gobierna ignorando la Constitución. El Ecuador necesita inversión pública, justicia territorial y un Estado que esté presente donde más lo necesita. No un Estado que se retire y los abandone. Por la autonomía de los territorios, por la dignidad, por el buen vivir de nuestra gente, este proyecto debe ser archivado. Gracias.