Continuación de la sesión No. 130-AN-2025-2029 del pleno de la Asamblea Nacional

Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.

Primero, conocer el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Prevención, Erradicación y Sanción frente a los delitos vinculados con material de abuso sexual infantil, Ley Infancia Segura.

Reconociendo la importancia de este proyecto de ley, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es un delito execrable que destruye vidas, proyectos de vida, da heridas profundas y no puede encontrar indiferencia y tolerancia desde el Estado. Por eso, toda iniciativa que busque prevenir estos delitos, proteger a las víctimas y sancionar a los responsables merece nuestra atención y un debate serio. La protección de la infancia no debería dividirnos, es una causa que debe unirnos por encima de cualquier diferencia. Pero precisamente porque estamos hablando de niñas y niños, tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien.

No basta con tener una buena intención ni con proponer penas más altas. Necesitamos una ley que funcione, que proteja de verdad y que respete la Constitución. Quiero plantear tres observaciones para que podamos mejorar este proyecto antes del segundo debate. Primero, proteger a las víctimas no significa desconocer las garantías constitucionales. El artículo 3 plantea que la Policía Nacional y la Fiscalía puedan difundir los nombres y las imágenes de personas aprendidas en flagrancia por estos delitos. Yo entiendo y todos entendemos la indignación que provocan estos hechos y la necesidad de actuar con firmeza.

Pero una persona aprendida no es lo mismo que una persona condenada. Ojo, la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso existen precisamente para que la justicia actúe conforme a la Constitución. Así como está la propuesta de este articulado, riñe con el diseño constitucional. Y hay algo más que me preocupa. En muchos casos, el agresor pertenece al entorno familiar de la víctima. Es muy común escuchar que son tíos, primos, hermanos, abuelos, familiares, quienes incurren justamente en el delito de abuso a una víctima. La difusión de su identidad puede terminar exponiendo también al niño o a la niña, incluso cuando no se publique su nombre.

Por eso considero necesario revisar esta disposición a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y establecer las garantías judiciales que correspondan sin poner en riesgo la identidad de las víctimas. Quiero ser muy clara, porque se pueden generar contradicciones o por ahí piensen que estamos en contra de las normas. No. Respetar la Constitución no significa defender a los agresores. Cuidado. Significa construir una justicia que pueda investigar, juzgar, sancionar, ajustándonos, aunque no nos guste, a lo que dispone la Constitución de la República. Si aprobamos disposiciones que contradicen las garantías constitucionales, corremos el riesgo de que sean cuestionadas y declaradas inconstitucionales.

Y ese es un riesgo que podemos prevenir desde esta Asamblea Nacional, corrigiendo el texto a tiempo. Segundo, aumentar las penas no puede generar inseguridad jurídica ni dejar vacíos en la protección penal. El proyecto propone incrementar las penas para la producción de material de abuso sexual infantil. Comprendo la necesidad de una respuesta penal firme frente a hechos tan graves como estos. Sin embargo, también debemos revisar cómo están definidos los delitos. La reforma al artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal modifica la descripción de las conductas sancionadas.

Es necesario verificar que esa nueva redacción no termine excluyendo comportamientos que actualmente están contemplados en la ley. Porque aquí hay una contradicción que debemos evitar. Aumentar las penas, pero no reducir el alcance de las conductas que pueden ser sancionadas. Una redacción más restrictiva puede generar controversias sobre la aplicación de la ley penal y del principio de favorabilidad. No podemos ignorar ese riesgo ni esperar a que los jueces tengan que resolver problemas que nosotros podemos corregir durante el trámite legislativo. Y tercero, una víctima no está reparada mientras el material de su abuso siga circulando en Internet.

Este es un punto en el que considero que podemos avanzar mucho más. Pensemos que una niña cuya imagen ha sido utilizada para producir material pornográfico, se investiga el delito, se identifica el responsable y se dicta una sentencia. Pero la imagen continúa circulando, se comparte una y otra vez y permanece disponible en distintas plataformas. ¿Podemos decir que esa niña ha sido reparada? ¿Podemos hablar de protección integral si el daño continúa reproduciéndose en el entorno digital? Creo que no, colegas asambleístas, considero que no. Por eso propongo que trabajemos en mecanismos concretos para que cuando corresponda y mediante la orden de autoridad competente, se disponga el retiro del material, el bloqueo de su acceso y una desindexación de los buscadores.

Necesitamos procedimientos claros, plazos de cumplimiento, coordinación entre las autoridades y los prestadores de servicios digitales y mecanismos que permitan verificar que las medidas realmente se ejecuten. No basta con decir que se protegerá a las víctimas, debemos establecer cómo se las va a proteger. Y esa protección también requiere atención psicológica especializada, acompañamiento y recursos para que las instituciones puedan cumplir con sus obligaciones. Por eso debemos revisar cualquier disposición que pueda convertir las medidas de reparación en simples declaraciones sin capacidad real de ejecución. La Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligación de proteger a la infancia frente a la violencia y explotación sexual, así como de promover la recuperación de quienes han sufrido estas vulneraciones.

Esa obligación debe tener una respuesta concreta también en el entorno digital. Colegas asambleístas, no estamos debatiendo un asunto menor. Estamos hablando de la dignidad, de la integridad y del futuro de nuestras niñas, niños y adolescentes. Por eso vamos a enviar a la Comisión algunos aportes de los que he dado en este momento aquí dentro de mi intervención para poder mejorarla, de garantizar que las sanciones sean aplicables, que las víctimas sean protegidas y que la justicia no encuentre obstáculos creados por errores de nuestra propia legislación. Ojalá podamos demostrar que cuando se trata de la infancia, somos capaces de dejar a un lado nuestras diferencias y construir acuerdos que hagan bien a nuestras infancias.

El deber ser de nuestra actuación legislativa en temas de niñez es aprobar leyes que garanticen que el Estado acompañe su plena y efectiva reparación a las víctimas. Haré llegar por escrito a la Comisión mis observaciones. Hasta aquí mi intervención. Gracias, Presidenta.

La coherencia para mí es uno de los valores más importantes en la política y en la política legislativa. Y voy a decir lo mismo que dije en este pleno el 2019, cuando de forma unánime todas las bancadas en ese momento aprobaron la ley para crear un registro nacional de violadores. Pero como son las cosas en este país, porque existía una enemistad entre el asambleísta que propuso esa ley y logró una votación unánime con la ministra de gobierno de ese entonces, del expresidente Moreno, se abrió la puerta para que la Corte Constitucional haga lo que siempre hace, que es bajo el argumento del garantismo hacer de las suyas.

Precisamente por un veto que le llegó a la Corte Constitucional, porque ese gobierno, por esa enemistad, lo elevó a su conocimiento. Y por eso me quiero referir específicamente al artículo 5 que se propone en esta ley de infancia segura y a las disposiciones reformatorias. Cuando hablamos de que en el país, según las estadísticas, hay en un periodo de 10 años, 23.787 casos de violencia sexual, 6.000 de ellos cometidos por quienes están justamente en el sector educativo, no estamos diciendo nada que no pueda ser comprensible para los ecuatorianos y por supuesto para los jueces.

Y por eso, en su momento, el Registro Nacional de Violadores lo que buscaba era impedir que estas personas que tienen cercanía con los niños, ya sea en la escuela, en las academias culturales, en las academias de deporte, puedan seguir haciendo de las suyas, utilizando una posición de poder frente a menores de edad que no se pueden defender y muchas veces ni siquiera pueden levantar la voz. Tenemos, de estos delitos, 10.000 por abuso sexual, 3.000 violación, 1.000 estupro, 333 acoso sexual, en fin, de los que se conocen, porque también las estadísticas elevan esos porcentajes a niveles mucho más altos de los casos que no se llegan a conocer.

Pero la Corte Constitucional ya dio su pronunciamiento en 2019 y luego lo hizo refiriéndose a una pregunta que el Presidente de la República propuso en el 2025 para que sea consultada a los ecuatorianos. Es decir, ya hay dos antecedentes de esta misma Corte Constitucional en donde se han puesto, bajo la argumentación garantista, del lado de los que no tienen que ponerse, como son los violadores y aquellas personas que abusan de los niños. Por eso, esta ley es de una ley de infancia segura, que busca justamente la protección de los menores.

Y vamos a tomarle la lección a la Corte por una tercera vez, porque en este proyecto de ley, todos esos argumentos que se dijeron en el 2019 y en el 2025, vamos a ver si pasa una tercera prueba. Y quiero decir, mencionarles a ustedes lo que la Corte dijo cuando se tumbó la ley REVAS, la ley que establecía el Registro Nacional de Violadores, que por cierto existen muchos países. Ustedes vayan a España para trabajar, le exigen en este tipo de trabajo cercanos a niños, un certificado sobre este tema.

En Colombia, lo mismo, y con Corte Constitucional también allá. Pero aquí parece que el bicho este del huoquismo se ha quedado presente en sucesivas integraciones de la misma Corte. Yo realmente no sé ahí qué varía, porque los jueces entran nuevos y siguen pensando igual a los anteriores. Dijo la Corte en 2019, sobre este registro de violadores, el alcance es muy amplio, incluye a los condenados por cualquier delito contra la integridad sexual de menores. El concepto es vago, la relación directa con niños y adolescentes, decía la ley y cuestionó la Corte.

No hay evidencia de que existan informes de reincidencia de estas personas, cuando en efecto existe reincidencia, pues el que se salió con la suya en un primer momento y no fue sancionado, lo vuelve a cometer. No puede haber una doble sanción, no puede dejarse a las personas sin trabajo. Eso fue justamente uno de los argumentos de la Corte del 2019 para tumbarse esa ley. Lo mismo en el 2025. Bueno, en esta ley que se propone hoy de forma acertada, se reduce el ámbito, con lo cual me encantaría que sea mucho más amplio el ámbito de restricción para estas personas que cometen delitos contra los menores.

Pero vamos a tomarle, como digo, la lección por tercera vez a la Corte. El alcance se deja circunscrito a delitos que están relacionados en tres momentos con el material del uso explícito pornográfico de menores de edad. Vayan ustedes a ver cuántos operativos, incluso los que se detienen a delincuentes, narcotraficantes, cuando entran a las computadoras y a los celulares, además tienen material de menores explícito y pornográfico. Que no se podía inhabilitar a las personas que habían cometido esto. Bueno, en este proyecto de ley, en las disposiciones reformatorias primera, se establece claramente, en una reforma al artículo 60 del Código Orgánico Integral Penal, la inhabilitación para ejercer actividades laborales que impliquen contacto directo con niñas, niños y adolescentes, que se apliquen sentencias condenatorias de ejecutoriadas, que también fue otro de los cuestionamientos en ese momento de la Corte.

Usted no puede romper la presunción de inocencia antes de que exista una sentencia ejecutoriada condenatoria. Bueno, ustedes saben en este país cuánto se demora una sentencia ejecutoriada condenatoria. Hasta eso, el perpetrador de estos delitos hace de las uñas. Pero ya sabemos que la Corte, por ese argumento, se tumba a leyes. Así que, al menos en este proyecto de ley, se salva ese tema. Y además, la reforma al artículo 60,1 del Código Orgánico Integral Penal, para que en los casos en los que se imponga una condena por delitos vinculados con material de abuso sexual infantil, el juez competente ordene la inclusión de las personas con sentencia en este registro.

Que para que no se ofendan los jueces, o para que no se ofendan los perpetradores, no será público. En fin, señores asambleístas, yo creo que la Asamblea ha defendido en el pasado una ley que lamentablemente se cayó. Y hoy tiene la oportunidad, no de tratarla en toda su amplitud, porque como les digo, hay que cuidar también qué pasa con el control posterior. Pero al menos, ese artículo lo ha presentado de forma muy clara y técnica la Comisión, y yo creo que es positivo. Tenemos que saber que en una lucha desigual, tiene que estar el Estado siempre del lado de los indefensos, siempre del lado de los vulnerables, siempre del lado de los niños, que además hay que protegerlos, como hemos hecho aquí en unas sucesivas leyes, no sólo de perpetradores que deberían en algún momento en este país tener pena de muerte, o castración química, lo que también la Corte ha cuestionado, sino una protección y una prevención para evitar que este tipo de delitos sigan perpetrados.

Gracias, señora Presidenta.

Señora Presidenta, muchas gracias por el uso de la palabra, compañeros y compañeras legisladores. Creo que hay una percepción, una sintonía que nos convoca a todos a mancomunar un criterio respecto de que los niños, las niñas y los adolescentes tienen que ser tratados como lo que son, un grupo de atención prioritaria. Bueno, en esta dirección no hace mucho debatimos el tema de lo que significa contrarrestar la operatividad de las bandas que reclutan en este caso a adolescentes y que en cierta forma la obligación nuestra fue precisamente aprobar esta normativa a efectos de generar este cumplimiento de un deber constitucional y legal que debemos actualmente.

La ley Baxa, en función de algunos argumentos que me parece interesante destacarlos, creo que con esto algunos penalistas se han pronunciado, indicando de que hemos incurrido en el populismo penal para generar una especie de afecto respecto de los problemas sociales que tiene actualmente la sociedad ecuatoriana. Más allá de esa determinación o de esa posible dirección que tendría esta Asamblea, si es necesario que nosotros cuando hablamos de conductas que tengan que ser restringidas y que a más de aquello tengan que ser sancionadas, podamos hacer un uso exclusivo de la hermenéutica.

Porque es interesante aquello cuando hacemos la construcción de la norma penal, ya para complementar la existencia de varios delitos, ya para crear o implementar de manera autónoma conductas que vamos a prohibirlas. Y yo había indicado esto porque cuando se habla de los tres elementos en el proyecto de ley, se está hablando de la prevención, se está hablando de la erradicación y se está hablando de la sanción. Entendería que la última, la de sanción, tiene que ver precisamente con la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, estamos precisando la relación cíclica que tiene la conducta de quienes utilizan, en este caso lo que significa la pornografía infantil.

Primero, de quién la produce o quiénes la producen. Segundo, de quiénes la comercializan. Y tercero, de quiénes la adquieren. Esto en alguna onología con el tema de las sustancias sujetas a fiscalización, decimos quién la produce, quién la comercializa, quién la transporta y finalmente quién la consume. Yo creo que aquí, en algún momento del debate anterior, ya se habló un poco del fenómeno patológico que tienen las personas para quienes les genera una autosatisfacción respecto del consumo de este material de pornografía. César Becari establecía que, en todo caso, siempre desde la criminología moderna, no es lo adecuado implementar normas o tipos de delitos para sancionar, sino más bien lo idóneo, lo adecuado, siempre es tratar de prevenirlos antes que castigarlos.

Lógico está que la retribución y la venganza no pueden, en este caso, ser el elemento sobre el cual se puedan establecer las condiciones con las cuales actúa el Estado con su facultad punitiva. Y cuando hablamos de producción, de fabricación, nosotros tenemos que establecer la consecuencia respecto de la gradualidad que puede tener el dolo. ¿Qué es el dolo? Y es la mala fe, el conocimiento pleno de que esa conducta inadecúa normas morales y sobre las cuales quienes producen, quienes como tal, generan la producción de material pornográfico, indudablemente que la percepción del trastorno psicológico de esta persona tiene un enlace en la relación para generar una afectación a un grupo de atención prioritaria.

Quienes distribuyen, quienes comercializan, a sabiendo de que la normativa que establece tanto aquellas reglas de la trata de personas y que son aplicables en determinados casos, de acuerdo a 1.24 del Código Orgánico Integral Pinal, estamos hablando de que actúa con evidente dolo, con evidente conciencia, al momento que genera una red y la operatividad para iniciar los procesos de comercialización, de distribución y de venta. Pero de aquel que genera la actividad del posesionamiento, es decir, que adquiere el material pornográfico que relaciona niños, niñas y adolescentes, me parece que tiene una determinación sobre la cual sí, vuelvo al primer capítulo de la prevención, es decir, estamos hablando de una persona que alimenta el sistema de quien comercializa y de quien produce, es decir, el consumidor final, por no decirlo mucho menos el psicópata, el que tiene este tipo de desviaciones patológicas.

Entonces, en esta construcción me parece que sí es exacto la precisión de que la concurrencia para cometer un delito ya en lo pragmático o de quien abusa de un menor, es porque primero se instuyó alimentándose visualmente de videos, de fotos, de pornografía. Y que esta persona que se alimenta con esta desviación, se vuelve, en este caso, el sujeto activo para cometerlo con quién, con los centenados, con los cejados, con cualquier niño o niña que forma parte del círculo social. Entonces, poder generar esa determinación sobre una característica propia que la ciencia lo determina como la pedofilia, me parece que sí es una enfermedad que en un enfoque de quién consume, del que está abajo, de quién posee, de quién consume, de quién alimenta, es interesante establecer que la excitación o el placer que sienten estas personas va básicamente por el primer eje del proyecto de ley, que es el capítulo 2, que es el de la prevención.

¿Para qué? A partir de la prevención, nosotros podamos, en este caso, ir armonizando el cumplimiento de lo que dispone el artículo 34 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que entre lo medular establece que los estados signatarios, en relación a todos los elementos que tengan como relación proteger, en este caso, a los niños, en espectáculos y en materiales pornográficos, nace la obligación a través del protocolo facultativo para exigir que los estados, a más del cumplimiento de este deber, tengan precisamente la garantía para que no se proceda a la producción, a la distribución, a la difusión, a la importación o a la exportación, a la oferta-venta.

¿Por qué? Porque estas personas que están en el nivel medio son los que comercializan, son los que tienen un propósito económico y que son los que ponen a facilidad de las personas que tienen este tipo de desviación para generar, en este caso, un mercado de abasto, es decir, que se comercializa, se compra y se vende. Entonces, la incitación a la coacción, la explotación del niño y la explotación como tal en relación en espectáculos pornográficos no viene dado, sino precisamente con la normativa que actualmente tenemos en función del artículo 91 y que versa respecto de los eventos de captación, de transporte, de traslado, de retención o que se reciba.

Sin embargo, sí, la normativa al momento de determinar la sanción posibilita el hecho de que nosotros podamos graduar en relación a muchos verbos rectores sobre los cuales debamos sancionar efectivamente a las personas que ejecutan y quienes practican con conciencia y voluntad, porque en el análisis de la construcción de los elementos del tipo penal hablamos de que son personas que son conscientes de lo que hacen y lo hacen con voluntad. Entonces, las acciones de fotografiar, de filmar, de grabar, de producir, de reproducir, de editar cualquier tipo de material visual, tiene por objeto el conocimiento pleno y tiene que ser sancionado con severidad.

Yo a veces no comparto mucho el tema de las penas duras, pero sin embargo en este tipo de situaciones respecto de quienes ejecutan este tipo de eventos, sí, la pena tiene que ser drástica, la pena tiene que ser dura. No comparto mucho el espectro del populismo penal, pero sí, si queremos cuidar a nuestros niños tenemos que hacerlo así. Lo refirió Esteban al momento de hacer su exposición y sí, aquel abusador, aquel que comete el delito de naturaleza sexual contra un niño, una niña, un adolescente, si no se lo castiga, en los estudios criminológicos, patológicos de esta persona, existe un 80% de probabilidad que lo vuelva nuevamente a cometer.

Y ahí, la garantía de generar una medida restrictiva de libertad con severidad, sí, es acertada. Y la determinación de la simulación con la utilización de inteligencia artificial, sí, también debe sancionarse, porque el propósito tiene precisamente satisfacer en este caso la necesidad de un perturbado, de un morboso, de alguien que actúa sobre ese líbido para generar una satisfacción a través de este tipo de herramientas. Y sí, también debe ser sancionado. Entonces, al momento de describir los elementos objetivos, cuando hablamos de la conducta del nuevo rector, del sujeto activo y pasivo en relación a quién produce y quién comercializa, creo que sí, deben ser las penas severas, porque los que comercializan son los que permiten la reproducción de este tipo de material.

Y son los que contaminan, al igual que las sustancias sujetas a fiscalización, como lo he dicho, son los que permiten este proceso de comercialización. Y sí, la determinación del dolo en estos dos grupos de actores, sí, debe ser fuerte, debe ser tenaz. Finalmente, Francisco Carrara, cuando hablaba en las determinaciones muy, muy, muy alusivas al tema de lo que significa la escuela clásica en materia penal, determinía que el delito no nace necesariamente de la infracción, sino en función de factores sobre los cuales construida la norma, la violenta.

Y que sobre aquello, la biología y la psicología propia del criminal, tiene que nacer en función de la determinación concreta de a quién vamos a sancionar, por qué vamos a sancionarlo y cómo vamos a sancionarlo. En la línea del capítulo 2, se había determinado que sí, que la medida que adecua en este caso es la prevención, que es donde debemos centrar la atención. No digo que en relación a quién posea no deba ser sancionado, debe ser sancionado. Pero aquí el principio de proporcionalidad es básico para determinar que el contexto cultural del ecuatoriano, del latinoamericano, es posiblemente diferente a la que puedan tener otros contextos culturales.

Y que hablando de los rasgos de personalidad, la psicología asociada, los trastornos psicológicos, los problemas psiquiátricos inclusive que pudieran tener, tiene que ser sobre la base de la prevención. Entonces aquí es la sociedad, la familia, el Estado, y me parece que también un factor o un actor importante es la iglesia. Porque la iglesia es la que permite en todo caso hablar de estas conductas morales que están estigmatizadas precisamente porque causan un daño a los grupos más vulnerables. Las juntas de protección cantonales, los sistemas nacionales educativos, los sistemas nacionales de salud.

Cuando hablamos de salud, por supuesto la salud mental de estos consumidores, de estos que se abastecen de este tipo de material, tiene que generar una concurrencia de una política del Estado que con el propósito de prevenir se pueda generar una cultura diferente respecto de la percepción de la sexualidad. Y finalmente, con esto termino el señor presidente, es en relación a que sí, los proveedores de telecomunicaciones, por supuesto, deben ser los primeros que deben en este caso ser focalizados por parte de la política que debe implementarse para poder a partir del control que tienen ellos, poder bloquear todo lo que significa cualquier medio que permita comercializar o permita publicitar.

Esto dentro de la línea de prevención. Con estos argumentos y los otros que remitiré oportunamente a la comisión que espero sean tomados en cuenta, finalizo mi exposición. Gracias, señor presidente.

Creo que en estos puntos siempre vamos a tener coincidencia, es realmente primordial que cada institución del Estado y en la vía judicial, cada juez, cada fiscal y cada funcionario actúe siempre bajo el principio de ser garante de la vida y proteger a nuestras niñas y a nuestros niños. Y en eso esta legislatura tiene que ser implacable, implacable con aquellos monstruos que destrozan la vida de los niños y que dejan huellas durante toda su vida. Con esta gente perversa hay que aplicar todo el peso de la ley y no se debe tener contemplaciones.

Desde que llegué a esta Asamblea Nacional, presidente, en el 2021, una de mis principales causas ha sido promover proyectos de ley, trabajar con el enfoque de la protección integral a nuestras niñas, a nuestros niños, sobre todo en estos casos de abuso sexual, que incluso es un tema que lo hemos venido trabajando, como mencionaba, desde el primer día y también en conjunto con distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan también enfocados en la protección. Por eso hemos revisado este proyecto y voy a estar de acuerdo en la mayoría de los temas.

Lo primero, con la exhibición de los detenidos. Sé que después la Corte saldrá a decir que no, que esto no es lo viable jurídicamente, pero creo que en delitos como este debe existir exhibición de los rostros de estos monstruos. También quería mencionar que en el año 2024, presidente, yo presenté un proyecto de ley. El 22 de julio del 2024, presenté un proyecto de ley que se denomina Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para Sancionar la Violencia contra la Integridad e Indignidad Sexual de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Violencia Sexual Institucional.

Con fecha 23 de julio del 2024, presenté este proyecto de ley que fue construido con distintas organizaciones sociales que tiene más de 20 artículos y varias disposiciones transitorias. Entre ellas, en esa época y que este proyecto de ley está calificado por el Consejo de Administración Legislativa, pero que no ha sido tratado en la actual Comisión de Justicia, allí ya nosotros presentamos esta propuesta de que en un plazo no mayor a 180 días, la Fiscalía General del Estado diseñe e implemente el Registro Único Provisional de Presuntos Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes y también el Registro Único Permanente de Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes Sentenciados.

Es decir, nosotros en esta propuesta planteamos que haya dos registros, tanto el provisional como también el definitivo y también que se cree una Comisión de la Verdad. Adicional a eso, dentro del proyecto de ley, nosotros también presentamos que se creen estos tipos penales a partir del artículo 174, delitos contra la integridad sexual, que es la pederastia, la pederastia con distribución de material pornográfico a niñas, niñas y adolescentes, la pederastia por corrupción de niñas, niños y adolescentes, la pederastia por abuso sexual, la pederastia por violación, la pederastia por utilización de niñas y adolescentes para exhibición pública con fines de naturaleza sexual, también la pederastia por contacto por medios electrónicos con finalidad sexual con niñas, niños y adolescentes, la pederastia por oferta de servicios sexuales con niñas, niños y adolescentes por medios electrónicos, la pederastia por consumo de material pornográfico con niñas, niños y adolescentes, la pederastia institucional, la pederastia incestuosa, además de otras disposiciones que también se incorporaron aquí y lo que tiene que ver con la violencia sexual institucional y la violencia sexual clerical.

Y parte también de este trabajo que nosotros hemos venido realizando y que coincide incluso con parte del proyecto que hoy estamos debatiendo es el registro de agresores, que si bien es cierto aquí solo consta en este proyecto un solo registro de sentenciados, por lo que sugiero se recoja parte de esta propuesta que presentamos de allá dos registros, tanto el provisional como también el definitivo y también coincide con la inhabilitación de estas personas para que no puedan tener cercanía con las niñas y con los niños que pueden incluso ser víctimas de gente como esta.

Luego también, presidente, dentro de estas disposiciones, como bien acababa de mencionar, ojalá se pudiera hacer una unificación o se pudiera también abordar parte del proyecto que nosotros hemos presentado y que, digo, ha estado congelado en la Comisión de Justicia y hasta el momento no se le ha dado el trámite y la celeridad que se necesita en estos casos. Además, dentro de ese proyecto nosotros recogíamos lo que manifestó la Defensoría del Pueblo, que ya se determinó también en otro informe sobre más de 52 mil 51 casos registrados y solo el 4.15% de colegas legisladores tienen sentencia.

Es decir, que un niño en el Ecuador es violentado cada hora con 94% de impunidad y 547 casos en esa época no habían sido denunciados por el Ministerio de Educación. Y asimismo, otra de las peticiones que nosotros tenemos acá es que se conozca en este pleno el informe que la Comisión de Niñez levantó después de un proceso de fiscalización de violencia sexual institucional y clerical en el que se recibieron las comparecencias de distintas instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo y también el Consejo de la Judicatura.

Y como mencionaba, parte de las causas por las que estoy aquí en esta Asamblea Nacional es la protección de la infancia. Presentamos nosotros también en el año 2024 un proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial en el que planteábamos exista justicia especializada, policía especializada, fiscalías especializadas para prevenir y combatir y juzgar con todo el peso de la ley este tipo de delitos. Lamentablemente entiendo que hubo una desaveniencia por parte de la función ejecutiva porque incorporaba tanto estas propuestas de crear justicia especializada como otras y fue vetado totalmente.

Allí las organizaciones y quienes vienen defendiendo estas causas esperaban que hubiese sido un veto quizás parcial. Luego presenté nuevamente este proyecto de ley para que no se unifique y lamentablemente el anterior presidente de la Asamblea con fecha 16 de julio del 2025 dijo que no podían calificar y aquí está, no calificaban este proyecto de ley que nuevamente insistíamos que exista justicia especializada, presidente, para prevenir y combatir los delitos relacionados de violencia sexual y proteger a nuestros niños manifestando que no habían recursos públicos y que esto incrementaba el gasto.

Ojalá estas propuestas luego se recojan y también quiero finalizar indicando que yo estoy de acuerdo con la castración química. Yo estoy de acuerdo con la castración química. Ojalá en algún momento en el Ecuador haya también esa legislación de avanzada. Estoy de acuerdo con el registro de agresores sexuales. Ojalá la corte luego no nos salga con estas novelerías de defender a los abusadores, a los violadores, a estos monstruos que se los digo de forma clara y contundente terminan destrozando y dañando la vida de las personas por toda su existencia.

Así que ojalá se puedan recoger, presidente, estos aportes y que de esa forma tengamos un proyecto de ley que salga en consenso desde la comisión que en este momento están llevando a cabo el mismo. Gracias, presidente.

Es una obligación. Señor Presidente, colegas legisladores y a todos quienes nos ven a través de los diferentes medios de comunicación, buenas tardes. Actuar oportunamente frente al abuso exige prevenirlo y garantizar que las víctimas reciban atención y acompañamiento. Este informe aborda la prevención, la investigación y la sanción de los delitos vinculados con el material de abuso sexual infantil, junto con la protección y la reparación de las víctimas. Por ello, expreso mi reconocimiento al trabajo que viene realizando la Comisión de Transparencia y la labor de su Presidente y proponente de este proyecto, la asambleísta Diana Jacome, ya que el tratamiento de este proyecto de ley nos permite discutir cómo deben responder las diferentes instituciones frente a este tipo de violencia infantil.

Para lo cual, con el afán de contribuir y en el marco de este primer debate, me permito presentar algunas observaciones que permitan ejecutar la protección prevista en la ley. En el artículo 2, cuya denominación se refiere al ámbito y a las garantías de aplicación, propongo desarrollar expresamente otro artículo con dichas garantías, como el interés superior de niñas, niños y adolescentes, la confidencialidad, la protección de datos, la atención diferenciada y la prohibición de revictimización. Estos conceptos y principios buscan orientar tanto la investigación como la atención de las víctimas y las actuaciones administrativas.

En el artículo 4, sugiero fortalecer la prevención mediante la participación expresa de los servicios de desarrollo integral, los establecimientos de educación y los servicios de salud. Estas medidas buscan brindar herramientas para identificar señales de riesgo, reportar los hechos y activar las rutas de protección. En el artículo 46, numeral 1 de la Constitución, se establece la protección integral a los menores de 6 años. Estamos hablando de aquellos niños que todavía no tienen, incluso están recién aprendiendo a escribir y leer. Es por esto que, en consecuencia, los mecanismos de prevención y atención deben responder a su desarrollo, a sus formas de comunicación y su dependencia de las personas responsables de su cuidado.

Yo quiero hacer un énfasis en algo. Los niños son los más vulnerables y tenemos una gran responsabilidad nosotros como adultos y muchísimo más nosotros quienes estamos aquí legislando. He escuchado el argumento que han presentado cada uno de los legisladores y han utilizado la palabra prevención, cada uno en sus discursos y totalmente de acuerdo con ello. Por eso, apoyo este proyecto. Si es de seguir haciendo observaciones a lo largo del desarrollo de este proyecto, lo seguiré haciendo porque creo que los niños, niñas y adolescentes merecen ser acompañados en todas las etapas de su vida para que sean adultos de bien.

Y me permito felicitar el trabajo que viene realizando el Gobierno Nacional con el liderazgo de nuestro presidente Daniel Novoa porque si hablamos de que él viene realizando un trabajo en relación a los jóvenes, el que más puede dar muestra de todo esto ha sido él. El que ha dado la mano a nuestros jóvenes ha sido el presidente Daniel Novoa. Y un punto a tocar es el trabajo que viene realizando el Ministerio de Gobierno que mantiene servicios de protección integral y 17 centros violeta con atención psicológica, social y jurídica en donde se han registrado 183.939 atenciones entre 2024 y julio del 2026 dirigidas a víctimas de violencia de distintos grupos incluidos, nuestros niños, niñas y adolescentes.

También la erradicación con operaciones contra el abuso sexual infantil digital. El 22 de julio del 2026 la Policía Nacional ejecutó el operativo Gran Fénix 45 en coordinación con Interpol y Our Rescue, 10 personas detenidas por su presunta vinculación con la comercialización de material de abuso sexual infantil. Esto se traduce en acciones concretas en coordinación con organismos internacionales y policías de otros países. Porque la dignidad e integridad de niñas, niños y adolescentes no van a quedar en la impunidad. Y definitivamente con este proyecto apoyamos todo el trabajo que ya viene realizando el Gobierno Nacional y lo seguiremos haciendo y apoyando desde aquí desde la legislatura todo aquello que vaya a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Gracias. Gracias.

Señora Presidente, colegas asambleístas y sobre todo al pueblo ecuatoriano que nos está viendo y escuchando en estos momentos. Quiero comenzar mi intervención con un par de preguntas. ¿Cuánto vale la inocencia de un niño, colegas asambleístas? ¿Y cuánto dolor puede soportar una madre que descubre que su hijo, a quien creía que está salvo por estar dentro de su propia casa, ha sido víctima de abuso y de explotación sexual a través de una pantalla? Imaginen por algo una niña que llega de su escuela a su hogar, que deja su mochila, abraza a sus padres, y luego de eso se va a su cuarto para poder andar en su celular.

Los padres de ella creen que está bien, que no le va a pasar nada por el simple hecho de que está en su propio domicilio. Pero la familia a veces no sabe que detrás de esta pantalla se esconde alguien que está dispuesto completamente a destruirle su dignidad, su tranquilidad y, por supuesto, su inocencia. Porque hoy, asambleístas, el peligro no siempre llega tocando la puerta. El peligro también llega a través de un mensaje, de una imagen, incluso a través de una solicitud de amistad. Y cuando hablamos de abuso sexual infantil, no estamos hablando solo de archivos, estamos hablando de niños, niños de carne y hueso, de vidas marcadas por el sufrimiento y de una infancia que jamás debió de ser vulnerada.

Por eso estamos aquí, debatiendo esta ley. Porque tiene un propósito fundamental, prevenir este tipo de delitos, fortalecer sus investigaciones, sancionar a aquellos responsables y, por supuesto, garantizar la protección y reparación a las víctimas. La ley tiene puntos muy importantes que las voy a nombrar. Primero, sanciones más severas a aquellas personas que producen y difunden este tipo de material de abuso sexual infantil. Principalmente, aquellas que están dentro del entorno familiar. Porque no hay traición más dolorosa que aquella que proviene de quien tuvo la obligación de proteger.

Segundo, la ley también reconoce una amenaza que hoy en día avanza con pasos muy grandes. La inteligencia artificial. Hoy en día, con la tecnología, se pueden crear imágenes, videos, con tan solo una foto de un niño. Primero, cuando aquello puede servir para educar, para innovar y para crear oportunidades, pero jamás puede servir para que la foto de un niño se convierta en una herramienta de explotación. Tercero, y no menos importante, se plantean herramientas también para perseguir a aquellos que se esconden detrás de las pantallas. Cuarto, esta ley no se limita a castigar.

Esta ley también busca la forma de proteger y de reparar. Contempla atención médica y psicológica de manera inmediata. Contempla medidas de protección frente al agresor. Contempla ese acompañamiento jurídico. Acceso a la educación y mecanismos para recuperar los derechos que una vez fueron vulnerados. Y esto es fundamental, colegas, porque si bien una sentencia castiga al responsable, sí, pero no borra el miedo que estas personas malévolas han dejado en una niña, las pesadillas de un niño y el sufrimiento que han ocasionado en muchas familias. La justicia no debe terminar cuando el culpable entra a prisión.

La justicia también debe acompañar a la víctima para que la víctima también vuelva a vivir sin miedo. Y yo quiero que reflexionemos en algo, todos aquí. Los niños no conocen de nuestras peleas políticas. Los niños no saben lo que hace una bancada, lo que es una mayoría, lo que es una minoría. Un niño lo únicamente que quiere es estudiar, jugar, estar con sus padres y crecer en un ambiente seguro. Y para culminar, señor presidente, quiero terminar recordando algo que a veces muchos de nosotros olvidamos cuando hacemos política.

La infancia dura apenas unos años, pero las heridas que nosotros dejamos sin atender puede acompañar a una persona durante toda una vida. Y algún día, quienes hoy son niños, ocuparán nuestros lugares. Y ojalá recuerden una infancia llena de oportunidades y no de miedo, porque protegerlos a ellos también es proteger el futuro de nuestro país. Que ninguna niña pierda su tranquilidad y que ningún niño sufra en silencio esperando justicia. Porque proteger la infancia no solo es una obligación constitucional, es ante todo una obligación completamente humana. Y de mi parte, felicito a la Comisión de Transparencia, felicito a la Presidenta Diana Jacome y por supuesto felicito a aquellos asambleístas que votaron a favor y no en abstención de este informe.

Le devuelvo la palabra, señor presidente. Muchas gracias.

Estamos claros que proteger a la niñez exige mucho más que debatir y aprobar nuevamente otra ley de castigo con un nombre claro atractivo como este. El propio informe de la comisión señala que las conductas que se pretenden regular ya están sancionadas en el artículo 103 y 104 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, no existe un vacío legal para sancionar estos delitos. De la misma forma, en la exposición de motivos de este informe justifica la necesidad de actualizar la legislación y fortalecer la investigación, la prevención, el acompañamiento y reparación conforme a los compromisos internacionales sobre ciberdelitos.

Pero no demuestra que necesitamos otra ley separada que repita disposiciones. Debemos fortalecer el Código Orgánico Integral Penal y las normas de protección existentes, evitando la dispersión y también la inseguridad jurídica. He señalado permanentemente que ninguna ley de castigo por sí sola resolverá el problema social. Mientras el gobierno no combata la pobreza y la desigualdad, ni garantice seguridad, salud, vivienda, trabajo, las familias seguirán desprotegidas. No basta con aumentar penas después del daño ocasionado. Hay que actuar antes para prevenir. Las personas necesitan protección de sus derechos sociales, económicos, humanos, colectivos, de naturaleza, así como oportunidades para vivir con dignidad y seguridad, no solamente promesas de cárcel y uso de fusil.

Sin embargo, me voy a permitir hacer algunas observaciones relevantes, las mismas que aspiro sean acogidas en la comisión. Primero, es importante impedir las condenas mediáticas. Ya vimos al médico Ricardo Maigón expuesto, esposado ante las cámaras y después se informó que los médicos quedaron libres sin formulación de cargos porque no tenían elementos que incrimine su participación en el cometimiento de algún delito. También vimos presentar como un golpe al crimen la incautación de armas de colección en Monteserrin. Después, fiscalía no formuló cargos en esa audiencia y el detenido recuperó su libertad.

Y así podríamos seguir enumerando varios de estos casos similares. Por ello, es necesario tener claro que una cámara no reemplaza una prueba, ni una rueda de prensa reemplaza una sentencia. Por eso, el artículo 3 debe incorporar las garantías exigidas por la Corte Constitucional en sus sentencias. Es decir, debe existir solicitud fiscal fundamentada, autorización judicial debidamente motivada y respeto a la presunción de inocencia. Investigar es una obligación, presentar anticipadamente a una persona como culpable es un abuso. Segundo, es necesario también que revisemos el registro y la inhabilitación automática.

La Corte Constitucional en uno de los dictámenes declaró inconstitucional el proyecto REBAS por afectar la igualdad, la rehabilitación y la reinserción social. Asimismo, cuestionó la indeterminación y la falta de justificación de un registro confidencial. Por ello, el artículo 5 y la disposición reformatoria primera deben precisar la duración del registro y la inhabilitación. Las actividades restringidas para el condenado, el acceso a los datos, etc. Proteger a la niñez exige medidas eficaces y proporcionales, pero debe guardar coherencia con la Constitución, con la jurisprudencia y los precedentes constitucionales.

Finalmente, es necesario proteger de inmediato y reparar realmente el daño a las víctimas. Los artículos 10 al 13 deben señalar con precisión qué institución actuará, en qué plazo y cómo coordinará la atención. La ayuda médica y psicológica urgente no pueden esperar una sentencia ni depender de una orden judicial. El artículo 78 de la Constitución de la República exige protección y reparación sin demoras, evitando exámenes repetidos, innecesarios, que revictimicen a las niñas y a los niños. Debemos garantizar acompañamiento continuo y retirar el material de las plataformas preservando las pruebas.

No basta con castigar al agresor, hay que detener la difusión de las imágenes y ayudar a las víctimas a recuperar su vida. Colegas asambleístas, esta asamblea vuelve a discutir una ley de castigo, situación que está bien. Sin embargo, quiero señalar que aquí los proyectos de protección y desarrollo están siendo relegados. El Ejecutivo vetó iniciativas sobre lactancia materna, empleo joven, personas adultas mayores, seguro social campesino, reactivación agropecuaria y pesca y registro de resoluciones de la justicia indígena sobre tierras. La Asamblea también archivó los proyectos de ley de obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, reforma la ley de fomento artesanal.

Además, no se aprobó la ley de derechos y empoderamiento de las mujeres rurales, entre otros, si tenían errores. Debíamos haberles corregido, pero las necesidades y los derechos de las personas y de los pueblos no se archivan ni se vetan. El país exige seguridad, pero también salud, educación, trabajo y vivienda. Multiplicar penas mientras se incumplen esos derechos evidencia el fracaso del Estado y del gobierno para proteger a la sociedad. Debemos legislar con la misma determinación para garantizar los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza.

La seguridad exige justicia penal y justicia social. No midamos nuestra... No midamos nuestra...

No digo por cuántas penas aumentamos, sino por cuántas leyes aprobamos para garantizar los derechos del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, presidente, y todos.

que como parte o miembro de la Comisión son necesarias dentro del tratamiento y el debate de esta ley, puntualmente, estimados ecuatorianos. A ver, nadie puede ni siquiera pensar que está a favor de la trata de niñas y niños, nadie. No tiene razón lógica. El ser más preciado para un padre, para una madre, para un abuelo, para un hermano, para un vecino son los niños, las niñas, los adolescentes. Juventud, divino tesoro, bien dice uno de los refranes que generalmente utilizamos y ocupamos. Pero hay que saber combatir la delincuencia, la trata de niñas y niñas con política pública que sea efectiva.

Hay que saber también señalar con punto y coma a quienes infringen y cometen un delito. Esta asamblea no ha dicho esta boca es mía o mira para otro lado por conveniencia cuando vemos en un escenario de pre-campaña a una candidata levantarle la falda a una niña o decirle que se levante para darle un regalo. Por Dios, eso no podemos legitimar y debería también ser sancionado. Ah no, que tiene 19 años. O sea, qué capacidad no. O sea, por tener 19 años entonces ya no es delito.

No dimensionamos, aparte de que eso es una falacia, haya tenido 19, 20, 21 años que permitan para darle un regalo, lo que pasa es que se levante un vestido. Dice mucho de esa persona, candidato, candidato, que está buscando un voto. Porque termina denigrando a la mujer, al niño, al ser humano. Ah no, como es aliado, ahí sí no digo nada, no pasa nada, ni se hable de eso. No es correcto. No tapemos lo ilegal, lo inmoral, únicamente porque dice ser ahora aliado o aliado de ustedes.

No está bien, no es correcto. Toda acción que vaya en contra del bienestar de los niños, niñas, adolescentes, venga de donde venga, tiene que ser totalmente rechazado y tiene que ser sancionado, estimados legisladores. Solo así dignificaremos el ejercicio político. Preocupa que en el artículo 3, en relación a las aprehensiones por el delito fragante vinculados en materia de abuso sexual, se exhiba el rostro de los presuntamente involucrados. Y más allá de lo que podamos decir, o que se diga de que no está bien, que se exhiba no más, la presunción de inocencia, asambleístas.

No podemos caer en populismo penal. Entonces no podemos nosotros terminar diciendo de que se debe validar de que fue capturado en delito fragante, ya entonces ya se le considera que también es delincuente o cometió un delito y que se le exhiba el rostro. Porque ahí hay una particularidad que no estamos valorando. Sí sabían, legisladores, que aproximadamente el 80% de los victimarios son familiares cercanos a la víctima. Si terminan exhibiendo, más allá de que sea culpable, está poniendo en riesgo la integridad de ese menor. Porque para las redes tenemos una velocidad inmensa.

Pues no, ah no, él es el tío entonces de la agredida. Y le exponemos a la víctima por populismo. No estoy queriendo que me aplaudan, sino estoy únicamente dejando sentado aquí la necesidad que en la misma comisión señalaron e indicaron de que se tiene que manejar de una manera adecuada y técnica para no terminar sobreexponiendo a la víctima. Por el grado, muy probablemente, de familiaridad que tenga y por mostrar o enrocharle a un presunto violador, delincuente o que es parte de estos grupos que están vinculados a la pornografía infantil, terminemos exponiendo a niño o niña agredido o la víctima.

Entonces, esos temas yo creo que es necesario observar y las hemos enviado ya a la comisión, las observaciones correspondientes. Yo considero, y no me cansaré de decir, la tecnología bien utilizada en buena hora, pero en el capítulo 4 de las obligaciones de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, las empresas vienen a llevarse hasta plata con el servicio que da. Pero no podemos simplemente dejar señalando de que se realizará el bloqueo dinámico y temporal a los prestadores de servicios de telecomunicaciones de los accesos a direcciones IP, dominios, URL y cualquier otra dirección para aquellos casos en los que se identifique contenido de materia de abuso sexual infantil por orden de autoridad judicial.

Costemos de raíz los canales por donde termina circulando el material pornográfico. A parte del servicio que están dando los operadores, los prestadores de servicio, deben tener una mayor exigencia, tener un control permanente que haga de que no se comercialice con la facilidad que hoy se ve, los videos y todo lo relacionado a la pornografía infantil. Entonces es necesario hacer un ajuste a estos artículos para que asuman una mayor responsabilidad los prestadores de telecomunicaciones. Porque en la misma comisión decían, comparecientes, si se le bloquea el código IP, los dominios del URL y a la vuelta de la esquina liberan nuevamente o generan otro y siguen comercializando.

No estamos costando el problema de raíz, pues. Lo lógico es tener mecanismos y yo planteaba en una ley que también se trató en la comisión y que fue aprobada pero que no consideraron, acá se podría poner. El acceso de las niñas, niños y adolescentes a las plataformas y redes de acceso a todos estos temas que se ven disfrazados a través de juegos, a través de videos o de influencers para los niños debe ser restringido. Ningún niño, niña, adolescente, menor de 16 o de 15 años debería tener el mínimo acceso ni con control paretal, porque los niños nacen hoy día con un chip y enseguida si usted le pone el control paretal, yo soy padre también, a Dios gracias, buscan la manera para ingresarse a las plataformas que como un anuncio les sale un juego gratis y por ahí empiezan a extorsionar, empiezan a operar estas bandas que provocan el daño a las niñas, niñas y adolescentes.

Los prestadores de telecomunicaciones deben comprometerse, investir y hacer un mayor control para que no sean estos mecanismos por los que se comercializa, se difunde y se amplifica la pornografía y el abuso de las niñas, niños y adolescentes. Presidente, puntualmente esto es lo que quería exponer a usted, tengo que agradecerle por darme la palabra ya que la Presidenta cada que pido parece que me vota al último de la lista y nunca me da, pero usted sí es demócrata. Gracias, buenas tardes.

Este es uno de los temas más controversiales y sensibles que estamos tratando en este pleno. Al hablar de la protección de los niños, niñas y adolescentes, he pedido un punto de información respecto al registro provisional y el registro definitivo. En el caso del registro provisional, estamos hablando de gente que no tiene sentencia. Y en el caso del registro definitivo, ya son personas que han sido sentenciadas. Además, este registro, y sé que este tema va a ser un debate profundo, a mi criterio tiene que ser público.

Porque cuando estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, no puede ser un registro que únicamente tengan acceso ciertas personas. Tiene que ser público para que todas las madres, todos los padres, todas las familias que tenemos niños pequeños, podamos entrar y conocer quiénes son los potenciales abusadores que pueden hacer daño de nuestros hijos e hijas. Además, señor Presidente, creo que es fundamental hacer una profundización en el tema de inteligencia artificial. Es terrible cómo los niños, sobre todo aquellos que acceden a juegos, acceden a meta, a una serie de aplicaciones de redes sociales, que concuerdo, no tiene que acceder ningún niño, pero hasta por temas educativos, acceden, hay trampas.

Y no estamos hablando de la dark web, estamos hablando del internet común y corriente, donde hay trampas y los niños pueden ser víctimas de pornografía infantil. Porque ellos, lamentablemente, en sus pequeños cerebros, quieren acceder a un juego y pueden ver cosas que son terribles para su vida. Señor Presidente, nuevamente, este registro debe ser público. Muchas gracias.

Cada una de las observaciones que hagan los colegas asambleístas a la comisión y los esperamos también en la mesa de diálogo, de debate, porque eso es importante. Eso permite precisamente enriquecer este proyecto normativo que lo que busca es encontrar los mejores mecanismos precisamente para la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes y evitar que aquellos depravados que utilizan diferentes fachadas traten de vulnerar sus derechos. En ese sentido, reitero a todos ustedes, quienes quieran aportar con esta ley, bienvenidos. Y sí, vamos a ser severos, no vamos a declinar ante una ley que lo que busca es protegerlos.

Y coincido, el registro va porque va para el Ecuador, porque ese registro va a proteger a nuestros niños, que quede de un lado esa ideología que trata de opacar la niñez de nuestro país, que sepan que aquí hay legisladores que los van a proteger y nosotros no vamos a claudicar en esta lucha. Muchísimas gracias.

Se toma nota, señor presidente, se suspende la sesión siendo las 14 horas con 36 minutos.

TVL y la Radio de la Asamblea Nacional presentaron Asamblea en Pleno.